Una misión de trece organizaciones, entre ellas la Federación Internacional de Periodistas (FIP), ha valorado los primeros cambios en los medios de Hungría y reclamado garantías contra futuras injerencias políticas. Tras visitar Budapest del 4 al 6 de noviembre de 2026, la delegación pidió consultas con periodistas y sociedad civil para la siguiente fase de reformas.

Su balance destaca la reorganización de los medios públicos y la recuperación de autonomía de la agencia MTI. También reclama transparencia en la publicidad estatal y protección frente a litigios abusivos.

El alcance de la transformación aparece analizado en el informe de seguimiento de 2026 del Instituto Internacional de Prensa (IPI) y el Media and Journalism Research Center (MJRC), que cubre los acontecimientos hasta septiembre. El documento sitúa el punto de partida en la victoria electoral de Tisza, encabezado por Péter Magyar, tras dieciséis años de gobiernos de Fidesz bajo Viktor Orbán.

Según ese estudio, las modificaciones legales de junio reforzaron las garantías formales de independencia de los medios públicos y del regulador. Sin embargo, las primeras designaciones provocaron objeciones sobre su transparencia y fundamento jurídico. Dos nombramientos en los medios públicos fueron retirados después de una intervención del primer ministro, un episodio que el informe señala como muestra de la persistencia del riesgo de influencia política.

La evaluación también advierte de que permanece la concentración de propiedad acumulada durante la etapa anterior. La reducción del apoyo estatal a medios afines al antiguo Gobierno ha modificado sus condiciones económicas, pero el reparto objetivo de la publicidad pública seguía pendiente en el periodo analizado.

Nombramientos y publicidad bajo reglas verificables

El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, conocido como EMFA, ofrece criterios para valorar esas reformas. Su artículo cinco obliga a garantizar la independencia editorial y funcional de los medios públicos y una oferta imparcial y plural. Los procedimientos de nombramiento de sus responsables deben ser transparentes, abiertos y no discriminatorios, con criterios establecidos de antemano.

El artículo 25 aborda otra vía de influencia: la financiación mediante publicidad estatal. Exige criterios públicos, objetivos, proporcionados y no discriminatorios para asignar recursos. También prevé la publicación anual de los destinatarios y las cantidades gastadas, además del seguimiento por autoridades independientes. Estas obligaciones permiten examinar quién recibe dinero público y con qué reglas se distribuye.

La Comisión Europea recuerda que la mayoría de las disposiciones del reglamento se aplican desde el 8 de agosto de 2025. Entre sus objetivos figuran asimismo la transparencia de la propiedad de los medios y la protección de las fuentes periodísticas, incluidas las amenazas derivadas de programas espía.

Precisamente, la misión reclama esclarecimiento y reparación por el uso de Pegasus contra periodistas durante el anterior Gobierno. Sus conclusiones del 6 de noviembre son preliminares: las organizaciones anuncian un informe completo para los próximos meses.

  • Pie de foto
  • Hungría: delegación de la Plataforma del Consejo de Europa para la seguridad de los periodistas

DEJA UNA RESPUESTA

Escribe un comentario
Escribe aquí tu nombre