El Observatorio del Derecho a la Información nace para examinar los medios y denunciar incumplimientos legales y deontológicos. La iniciativa, con participación de universidades madrileñas, llega en un momento de retroceso de la libertad de prensa y de aplicación incompleta del nuevo marco europeo.
El derecho a la información tiene desde este 3 de noviembre de 2026 un nuevo observatorio en España: el Observatorio del Derecho a la Información (ObsInfo), que reúne a entidades profesionales y académicas para analizar el mapa mediático, elaborar informes periódicos y trasladar denuncias a las instancias competentes. Su punto de partida es un derecho que pertenece a toda la ciudadanía: poder recibir información veraz y plural.
La dirección corresponde al periodista Xosé Manuel Pereiro, exdecano del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. El comunicado anuncia la difusión de investigaciones de sus integrantes y la colaboración ciudadana, y describe una iniciativa de seguimiento y denuncia.
La participación de las universidades madrileñas
Entre las doce entidades adheridas que enumera el anuncio figuran las facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, así como la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. También se suma la Cátedra UNESCO de Investigación en Comunicación de esta última universidad.
En el consejo asesor participan Ana Yáñez Vega, decana de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, y Rainer Rubira García, decano de Comunicación de la Rey Juan Carlos. Entre sus integrantes está asimismo Carmen Peñafiel, presidenta de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), otra de las organizaciones adheridas.
Un derecho ciudadano protegido por la Constitución
El marco básico está en el artículo 20 de la Constitución, que protege tanto la comunicación como la recepción de información veraz por cualquier medio. Prohíbe la censura previa y exige que los medios públicos respeten el pluralismo. También establece límites vinculados, entre otros derechos, al honor, la intimidad y la propia imagen, y a la protección de la infancia.
La veracidad tiene un significado jurídico concreto. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, exige diligencia para comprobar los hechos antes de difundirlos, sin imponer una infalibilidad imposible. La protección de una información sobre hechos y la libertad de expresar opiniones responden a criterios distintos: discrepar de una línea editorial no acredita por sí mismo una vulneración del derecho a la información.
La independencia de quienes informan cuenta además con la Ley Orgánica 2/1997, sobre la cláusula de conciencia. Esta permite, en los supuestos previstos, solicitar la rescisión indemnizada de la relación con la empresa y negarse motivadamente a elaborar informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación sin sufrir sanción o perjuicio.
El reglamento europeo ya obliga, aunque falten instrumentos nacionales
El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) añade garantías sobre independencia editorial, protección de las fuentes, funcionamiento de los medios públicos y transparencia de la propiedad. También exige criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios para distribuir publicidad institucional. La mayor parte de sus disposiciones es aplicable desde el 8 de agosto de 2025.
La aplicación efectiva en España presenta, sin embargo, tareas pendientes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) explica que necesita una norma con rango de ley que le atribuya las competencias previstas en el reglamento. Esa carencia no suspende las obligaciones europeas directamente aplicables.
El informe de 2026 del International Press Institute y del Media and Journalism Research Center, que examina la evolución hasta septiembre, señala que seguían pendientes las reformas sobre regulación de medios y publicidad pública. Su evaluación advierte de carencias en la independencia efectiva de los medios públicos y en la transparencia de la propiedad. El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero, forma parte de ese proceso.
España retrocede en libertad de prensa
La distancia entre garantías legales y condiciones reales tiene un indicador reciente. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), España ocupa el puesto 29 de 180 países, seis posiciones por debajo de 2025. La organización vincula el retroceso con la precariedad económica y laboral, la politización de los medios, las acciones judiciales abusivas y la violencia contra profesionales.
Los promotores de ObsInfo sostienen que España constituye una excepción en el respeto al derecho ciudadano a recibir información veraz y plural. Ese diagnóstico debe atribuirse a quienes impulsan la iniciativa. Existen mecanismos de autorregulación, como la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, que atiende conflictos entre la profesión y la ciudadanía y vela por el código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). La propia comisión explica que carece de poder sancionador.
Qué puede reclamar la ciudadanía
Las vías disponibles dependen del problema. La Ley Orgánica 2/1984, reguladora del derecho de rectificación, permite a las personas afectadas solicitar que un medio rectifique hechos que les aludan, que consideren inexactos y cuya divulgación pueda perjudicarlas. La norma establece requisitos y plazos específicos; no reconoce un derecho general a imponer al medio cualquier versión u opinión.
Otra vía es el acceso a documentos y contenidos en poder de las administraciones, regulado por la Ley 19/2013 de transparencia. Cualquier persona puede solicitar información pública sin justificar su interés, con los límites legales correspondientes. Ante una denegación o falta de respuesta cabe reclamar ante el órgano de garantía competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno explica este procedimiento para los asuntos de su competencia; la Comunidad de Madrid ofrece su propia información sobre solicitudes y reclamaciones en el ámbito autonómico.
El observatorio se incorpora a ese marco con el compromiso de investigar y hacer públicos los incumplimientos que detecte. El comunicado de constitución no concreta la fecha de su primer informe ni detalla un procedimiento de recepción y evaluación de las denuncias ciudadanas. Sus próximos pasos permitirán conocer cómo convierte esos objetivos en actuaciones verificables.
El consejo asesor del Observatorio está integrado por:
Aurora Labio-Bernal, profesora titular de Periodismo de la Universidad de Sevilla.
Magis Iglesias, ex presidenta de la FAPE.
Margarita Ledo Andión, fundadora la Facultad de Comunicación de la USC. Miembro de la Real Academia Galega.
Josep Lluís Gómez Mompart, catedrático emérito de la Facultad de Periodismo de València.
Jesús Ceberio, ex director de EL PAÍS.
Juan Carlos Miguel de Bustos, Catedrático del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la EHU.
Rainer Rubira García, decano de la Facultad de CC de la Comunicación de la URJC.
Ana Yáñez Vega, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.
Ignacio Martínez Martínez, vicedecano de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.
Víctor Alonso Rocafort, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.
Paco Audije, ex miembro de la Ejecutiva de la Federación Internacional de Periodistas (IJF).
Amaia Goikoetxea, decana de la Asociación y del Colegio Vasco de Periodistas.
Carmen Peñafiel, catedrática de Periodismo de la EHU, presidenta de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC).
Cristina Peñamarín, catedrática de Teoría de la Información en la Facultad de CCII de la UCM.
Eva Aladro Vico, catedrática de Teoría de la Información, Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Facultad de CCII de la UCM.
Fernando Varela, periodista y profesor de Comunicación de la UC3M.
Marcel Mauri de los Ríos, director del Grupo PolCom de Recerca en Comunicació Política, Periodisme i Democracia (Universidad Pompeu Fabra).
Celia Díaz Catalán, investigadora del Grupo de investigación de la cibercultura y los movimientos sociales: Cibersomosaguas.com. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM).
Enrique Castelló Mayo, catedrático de Comunicación Audiovisual da USC e coordinador do GEA.
