La nueva entrega del Observatorio Trump llega al día de las elecciones legislativas con una decisión de última hora: el Tribunal Supremo ha rechazado el intento del Gobierno de Donald Trump de obligar a California a separar las papeletas vinculadas a una lista federal de más de 20.000 supuestos no ciudadanos.
La decisión mantiene las reglas ordinarias de recuento y cierra, por ahora, la vía judicial urgente. No resuelve definitivamente el litigio, no certifica la ciudadanía de todas las personas incluidas en la lista y tampoco impide investigar o procesar casos individuales de voto ilegal.
Una negativa sin necesidad de escuchar a California
La orden oficial del Tribunal Supremo ocupa una sola línea. La solicitud del Departamento de Justicia fue presentada a la magistrada y Elena Kagan, responsable de las peticiones urgentes procedentes del Noveno Circuito, y remitida por ella al pleno. El tribunal la denegó sin firma, sin explicación y sin disidencias públicas.
Según CBS News, los magistrados ni siquiera solicitaron una respuesta a California antes de resolver. Esa rapidez permite afirmar que la Administración no logró justificar una intervención de emergencia, pero no que los nueve miembros del tribunal votaran de la misma forma: la ausencia de disidencias públicas no equivale necesariamente a unanimidad.
El Departamento de Justicia había recurrido después de que el juez federal David O. Carter y un panel dividido del Noveno Circuito rechazaran obligar al Estado a localizar y separar esas papeletas. Los funcionarios electorales alegaron que hacerlo a esas alturas podía desorganizar el recuento y excluir votos de ciudadanos estadounidenses.
Associated Press recuerda que más de seis millones de papeletas ya habían sido devueltas en California. El Estado envía el voto por correo a unos 23 millones de electores registrados.
Los tribunales pasan de rechazar a prohibir
La decisión del Supremo coincidió con otras resoluciones que van más allá de negar las peticiones federales. El juez James Boasberg concedió una medida cautelar que prohíbe a Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional exigir a los funcionarios de California que aparten papeletas o modifiquen sus procedimientos a partir de las listas federales.
Boasberg concluyó que el Ejecutivo probablemente había vulnerado la cláusula constitucional que atribuye a los estados y al Congreso, no al presidente, la regulación electoral. Como explica Axios, la prohibición no impide investigar delitos ni elaborar información sobre posibles electores no ciudadanos. Impide utilizarla para imponer nuevas reglas de recuento a un Estado.
La medida fue solicitada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes y el Voting Rights Project de UCLA. Su revisión había encontrado en la lista federal coincidencias completas con al menos veintidós ciudadanos y otras 66 consideradas casi seguras.
La jueza Tanya Chutkan dictó otra cautelar contra la distribución de listas de supuestos no ciudadanos a autoridades electorales estatales y locales. Su resolución permite que el Gobierno responda a consultas individuales mediante el sistema federal SAVE, pero no que remita listados generales para provocar depuraciones o cambios de procedimiento en vísperas de la votación.
En San Francisco, la jueza Trina Thompson amplió la protección de los trabajadores electorales y ordenó que el Gobierno la informe antes de abrir investigaciones o procesos relacionados con su lista. El recorrido procesal sigue abierto: una sala del Noveno Circuito suspendió brevemente la orden, pero el pleno aceptó revisarla y dejó sin efecto esa suspensión.
Observadores sin armas ni capacidad de detener
Otro frente afecta al despliegue federal en los colegios electorales. El juez Reggie Walton rechazó sin perjuicio una petición de la NAACP después de que Justicia se comprometiera a no utilizar agentes con funciones policiales como observadores.
Walton convirtió esas garantías en condiciones judiciales: los observadores deberán desempeñar tareas administrativas o de oficina, no podrán ir armados, vestir uniforme, exhibir insignias policiales ni practicar detenciones. El Gobierno debe informar sobre cómo ha comprobado el cumplimiento de esas restricciones. El seguimiento conjunto de estos litigios puede consultarse en Just Security.
La limitación no elimina la presencia federal ni impide la observación electoral autorizada. Reduce el riesgo de que personal con apariencia o capacidad policial intimide a votantes o funcionarios locales.
La oposición democrática y el Partido Demócrata
Las resoluciones permiten distinguir otra vez dos dimensiones diferentes. La oposición democrática en sentido amplio está formada aquí por administradores electorales, el Estado de California, organizaciones de derechos civiles, sindicatos, tribunales y grupos que han aportado análisis verificables de los datos federales.
La oposición partidista del Partido Demócrata también litigó, pero no obtuvo todo lo que solicitaba. El mismo Boasberg desestimó por falta de legitimación una demanda separada del comité senatorial demócrata y otros dirigentes. Que otros demandantes consiguieran protección no convierte cualquier pretensión partidista en jurídicamente válida.
La diferencia también aparece en la campaña. Los candidatos demócratas llegan con ventaja en la mayoría de las mediciones nacionales, pero el partido mantiene fracturas importantes. En Michigan, la excandidata demócrata Haley Stevens respaldó al republicano Mike Rogers frente al demócrata Abdul El-Sayed, en una de las carreras que pueden decidir el Senado.
La última encuesta amplía la ventaja demócrata
La encuesta final de Reuters/Ipsos, elaborada entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, sitúa a los candidatos demócratas en el 52 por ciento y a los republicanos en el 44 por ciento entre 1212 votantes probables. El margen de error de esa submuestra es de 2,9 puntos.
En la muestra general de 1765 adultos, la aprobación de Trump se sitúa en el 32 por ciento. El coste de la vida es el principal factor electoral para el 50 por ciento de los entrevistados, muy por delante de la inmigración o la delincuencia. Las normas y valores democráticos aparecen en segundo lugar, con el 21 por ciento.
El sondeo confirma un clima favorable al Partido Demócrata, pero no distribuye escaños. El voto genérico nacional no refleja las particularidades de cada distrito, la participación efectiva ni las diferencias entre las carreras al Senado. Tampoco corrige por sí solo el riesgo de que determinados grupos republicanos estén infrarrepresentados en las encuestas.
El resultado puede tardar varios días
La Cámara de Representantes quedará en manos del partido que alcance 218 escaños. En el Senado, los demócratas necesitan llegar a 51, mientras que a los republicanos les bastaría con 50 porque el vicepresidente JD Vance puede deshacer un empate.
No hay garantía de que el control del Congreso se conozca durante la noche electoral. Associated Press recuerda que en 2022 tardó cuatro días en atribuir el Senado y ocho en determinar la mayoría de la Cámara. California cuenta millones de votos por correo después de la jornada electoral, mientras Alaska y Maine pueden necesitar rondas de voto preferencial.
El primer examen de este martes no será solo quién gana. También medirá si los límites judiciales se cumplen, si los administradores pueden contar sin coacciones, si los observadores respetan sus funciones y si las impugnaciones posteriores presentan pruebas concretas. La oposición democrática habrá protegido el procedimiento; corresponde ahora a los votantes decidir la distribución del poder.
