El Congreso Católico Mundial anunció en Roma este 22 de octubre de 2026 su apoyo a la campaña contra el matrimonio infantil de Just Rights for Children, según un reportaje de Inter Press Service (IPS). El compromiso pretende movilizar a comunidades religiosas
para prevenir estas uniones y proteger la educación y la autonomía de las niñas.
El periodista Kizito Makoye informa de que el congreso reúne representación de 44 países. Se trata del alcance de esa organización, no de un tratado suscrito por 44 gobiernos ni de una decisión atribuible automáticamente a toda la Iglesia católica.
Según IPS, los participantes respaldaron una campaña con horizonte en 2030. El presidente del congreso, Rajeev Kochuparambil, reclamó la participación de familias, comunidades e instituciones religiosas. La agencia recoge su afirmación: «Todos los niños y niñas merecen una infancia llena de dignidad, educación, seguridad y esperanza».
La iniciativa busca intervenir antes de las ceremonias, implicar a los progenitores y facilitar el acceso de hogares vulnerables a ayudas y becas, según la descripción de sus promotores recogida por la agencia. El compromiso no aporta en la documentación consultada un presupuesto ni indicadores públicos de seguimiento.
El matrimonio infantil retrocede a un ritmo insuficiente
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estimó en su evaluación de 2023 que 640 millones de niñas y mujeres vivas entonces se habían casado durante la infancia. Una de cada cinco mujeres de veinte a veinticuatro años había contraído matrimonio antes de los dieciocho, frente a casi una de cada cuatro una década antes.
La fecha de esa estimación es relevante: no constituye un recuento actualizado a octubre de 2026. El mismo informe advertía de que el ritmo de reducción era insuficiente para eliminar la práctica en 2030 y de que los avances resultaban desiguales.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas define el matrimonio infantil como un matrimonio formal o una unión informal que involucra a una persona menor de dieciocho años. Lo considera una vulneración de derechos que puede interrumpir la educación y restringir la autonomía.
El organismo recomienda combinar legislación y programas centrados en las niñas con cambios en las normas sociales. El respaldo anunciado en Roma se inscribe en esa dimensión comunitaria; sus resultados deberán evaluarse por la prevención efectiva y la protección ofrecida, no solo por la adhesión pública.
