Los inquilinos de Tribulete 7, en el barrio madrileño de Lavapiés, anuncian que recurrirán el archivo de su querella por presunto acoso inmobiliario contra Elix. La resolución considera insuficientes los indicios de delito, mientras los residentes mantienen su defensa de la permanencia en el edificio.
La decisión, conocida este 26 de octubre, afecta a la investigación sobre las obras y las molestias denunciadas en el inmueble de Lavapiés, en Madrid. Según elDiario.es, que ha accedido al auto, la magistrada no aprecia que los trabajos acrediten delitos de acoso inmobiliario o contra la integridad moral. La defensa vecinal llevará el archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La defensa del hogar continúa
Los residentes habían denunciado ruidos, filtraciones y desprendimientos durante unas obras que interpretaban como presión para abandonar las viviendas. Público recoge su anuncio de recurso y su reclamación de que la Administración compre el edificio para proteger la continuidad residencial. Son dos vías de actuación que los vecinos quieren mantener abiertas.
La querella permitió investigar a responsables vinculados a Elix Rental Housing y detener temporalmente los trabajos, según relatan los inquilinos. Su defensa cuestiona que el archivo no conceda el peso que reclaman al impacto de las obras sobre la vida cotidiana y a la documentación psicosocial aportada.
Los representantes empresariales sostuvieron durante la investigación que las obras eran necesarias para mantener el edificio y negaron una campaña de acoso. El auto, según la información de elDiario.es, no considera probado que se ejecutaran para impedir el disfrute de las viviendas y forzar la salida de sus ocupantes.
Demandas de desahucio sin fecha pública de lanzamiento
Los vecinos también han comenzado a recibir demandas de desahucio. Público sitúa en quince los pisos que continúan habitados. Las informaciones publicadas no concretan una fecha de lanzamiento ni anuncian una convocatoria de apoyo vinculada a una ejecución determinada. La novedad judicial conocida este lunes es el archivo de la causa penal y la decisión vecinal de recurrirlo.
El arraigo y la continuidad del alquiler
El conflicto se desarrolla en un edificio adquirido con inquilinos cuyos contratos se acercaban al vencimiento. Para los residentes, defender la continuidad en sus viviendas significa conservar su hogar dentro de una operación de rehabilitación y cambio de rentabilidad del inmueble. La compra pública que plantean busca dar una salida residencial al conflicto, además de la respuesta que persiguen en los tribunales.
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