Marea de Residencias denuncia un «desahucio encubierto» en Casaverde Navalcarnero. «Vamos a pararlo», afirma su portavoz, Carmen López, en un reportaje de EL PAÍS publicado el 24 de octubre. El diario recoge también el compromiso posterior de la empresa de no trasladar a residentes con plaza privada sin su voluntad y el consentimiento de sus familiares.
Qué denuncia Marea y qué responde la Comunidad
La controversia ya había sido recogida el 21 de octubre por Europa Press. Según la denuncia del colectivo, las familias recibieron un mes de plazo para buscar otro recurso, con el argumento de que el centro debía disponer de plazas para la Administración desde el 1 de noviembre.
Marea reclama paralizar las salidas, proteger el arraigo y dar prioridad a los residentes actuales en la asignación de las nuevas plazas públicas. Su denuncia sitúa en primer plano las consecuencias de alterar el entorno cotidiano de personas con grandes necesidades de apoyo.
En esa misma información, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales niega que vaya a haber desahucios. Atribuye la contratación de nueve plazas a que siete residentes habrían aceptado trasladarse con el consentimiento de sus familias y sostiene que otros dos pueden permanecer en el centro.
Las dos versiones deben mantenerse diferenciadas: la organización denuncia presiones para abandonar la residencia; la Administración presenta los cambios como voluntarios. La garantía decisiva para cada afectado es poder elegir sin que una comunicación de salida condicione esa decisión.
Una ayuda económica no equivale a una plaza pública
Para entender el conflicto conviene distinguir la financiación del centro de la prestación que recibe cada residente. La guía de dependencia de la Comunidad de Madrid explica que la prestación económica vinculada al servicio (PEVS), conocida como cheque servicio, contribuye a pagar atención privada cuando no es posible acceder a un servicio público o concertado. La persona beneficiaria elige una entidad acreditada; recibir esta ayuda no equivale a tener adjudicada una plaza pública.
La guía contempla además que esa prestación pueda percibirse transitoriamente mientras se espera una plaza. Por tanto, financiar parte de una estancia privada y adjudicar una plaza de la red pública son mecanismos distintos. La prioridad para los residentes actuales que solicita Marea debe presentarse como una reivindicación del colectivo.
También requiere precisión la descripción del centro: la ficha oficial de la Residencia Centro Casaverde Madrid lo identifica como una residencia con centro de día para personas con discapacidad física, integrada en la red pública. El listado autonómico de enero de 2025 ya recogía su vinculación concertada. No resulta adecuado describir sin matices todo el centro como un establecimiento que pasa por primera vez de privado a público.
El núcleo de la denuncia es la continuidad de los cuidados y la posibilidad de conservar el lugar donde se vive. Para esclarecer lo ocurrido hacen falta garantías individualizadas de permanencia y una explicación verificable de las comunicaciones de salida y de las condiciones de cualquier traslado.
