El Consejo de Ministros saca adelante por decreto ley un paquete de prestaciones de la Seguridad Social, 180 millones para vivienda en zonas tensionadas —de los que Madrid queda fuera— y 45 millones para residencias universitarias.
El Consejo de Ministros de este martes, 20 de octubre, ha aprobado un real decreto ley que amplía la acción protectora de la Seguridad Social con nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal, mejoras en las pensiones de viudedad y orfandad y un refuerzo del anticipo por impago de pensiones alimenticias. La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo ha presentado como una norma que «amplía derechos» y «refuerza la protección de las familias».
Bajas por menopausia y por violencia de género
La principal novedad es la creación de dos situaciones especiales de incapacidad temporal: para las mujeres con patologías incapacitantes relacionadas con la menopausia y para las trabajadoras víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar. Ambas se cobrarán desde el día siguiente a la baja y no exigirán periodo mínimo de cotización.
La cuantía, según explicó Saiz, será del sesenta por ciento de la base reguladora y del 75 por ciento a partir del vigésimo día. Son los mismos porcentajes que la baja común, que paga el sesenta por ciento desde el cuarto día y el 75 por ciento desde el 21. La mejora real está, por tanto, en el cobro de los tres primeros días y en la eliminación de los 180 días cotizados en los cinco años previos que hoy se exigen. El precedente es la baja por menstruación incapacitante, en vigor desde 2023.
La ministra recordó que más de 10,5 millones de mujeres están afiliadas a la Seguridad Social. Lo que la referencia no aclara es cómo se definirá una «patología incapacitante relacionada con la menopausia», quién la acreditará —atención primaria, especialista o inspección médica—, si los primeros días los abona la empresa o la Seguridad Social y cuál es el coste estimado de la medida.
Catástrofes sin decretos extraordinarios
El decreto equipara la baja de las personas afectadas por acontecimientos catastróficos a la derivada de accidente de trabajo, lo que supone cobrar el 75 por ciento desde el día siguiente. Hasta ahora esta protección se activaba con normas excepcionales; a partir de ahora podrá aplicarse de forma ordinaria, incluso, dijo Saiz, en situaciones como las que vive estos días la Comunitat Valenciana. Queda por saber quién declara un suceso como «catastrófico», con qué criterios y desde qué fecha surte efecto.
Familias, viudedad y víctimas
La prestación por cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves podrá ser percibida por ambos progenitores, de forma alternativa o simultánea, y se extenderá más allá de los veintiséis años cuando la persona tenga una dependencia de grado III o una discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
En viudedad, las parejas de hecho con hijos en común podrán acceder a la pensión con dos años de convivencia acreditada, aunque no estén inscritas en un registro. La ley general vigente exige la inscripción con al menos dos años de antelación al fallecimiento y cinco años de convivencia. La norma abre además una ventana de un año para fallecimientos anteriores, aunque solo para quienes ya hubieran reclamado.
Los huérfanos por violencia contra las mujeres recibirán una prestación equivalente al doble del Salario Mínimo Interprofesional. Con el SMI de 2026, fijado en 1221 euros mensuales en catorce pagas, serían 2442 euros; la referencia no precisa si la cuantía es por huérfano o por unidad familiar. El decreto equipara también las indemnizaciones a víctimas del terrorismo con y sin sentencia penal.
Por último, el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos triplica su anticipo máximo, de cien a 300 euros mensuales por menor, y deja de estar limitado a dieciocho meses: se mantendrá hasta que se extinga la obligación de pago.
180 millones para zonas tensionadas: Madrid, sin acceso
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado un real decreto de subvenciones directas por 180 millones para las comunidades con zonas de mercado residencial tensionado declaradas conforme a la Ley 12/2023, de vivienda. Hoy son 317 municipios de cinco comunidades, con más de nueve millones de habitantes. El reparto se hará según la población afectada y el esfuerzo que exige el alquiler; Cataluña, con más declaraciones, recibirá la mayor cuantía. Los fondos podrán destinarse a promover o rehabilitar vivienda para alquiler social o asequible, comprar suelo o viviendas del mercado libre para el parque público y cubrir avales o seguros para jóvenes.
Para los lectores madrileños, el dato clave es otro: a 30 de septiembre ningún municipio de la Comunidad de Madrid figuraba en la lista del BOE, según recoge Taxdown. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado declararlas, incluida la petición del Ayuntamiento de Getafe, como informó Vivir Ediciones, y once municipios madrileños promovieron una iniciativa legislativa para poder hacerlo ellos mismos, según el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Con el criterio de reparto aprobado, la región no recibirá nada de esta partida.
2000 plazas universitarias, una en la Autónoma de Madrid
El segundo decreto de Vivienda destina 45 millones a alojamientos para estudiantes y personal universitario, con unas 2000 plazas previstas. Participan la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete), la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Burgos, la Universitat Jaume I, la Universidad de Jaén y la Universidad de Lleida. Rodríguez sostiene que el Ejecutivo ha ido «mucho más allá» de sus competencias.
La aportación media es de 22.500 euros por plaza, lejos del coste habitual de construir una residencia. No se ha informado de cuántas plazas corresponden a la UAM, quién financia el resto, qué precio pagarán los residentes ni cuándo estarán disponibles.
Campo: incendios, sanidad animal y fertilizantes
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado hasta nueve millones para complementar los seguros agrarios frente a los incendios de 2026, que han afectado a unas 270.000 hectáreas, 60.000 de ellas agrarias. La subvención a la prima del seguro sube hasta el setenta por ciento, el máximo que permite la normativa europea, y se compensan daños no indemnizados: 3500 euros por hectárea de frutales, 1900 de cítricos, 450 por cabeza de vacuno y 120 por colmena.
El contraste es claro: repartidos entre las 60.000 hectáreas agrarias, los nueve millones dan 150 euros por hectárea, y al módulo de frutales alcanzarían para unas 2570 hectáreas. El Ministerio ya ha destinado este año 344 millones al seguro agrario.
Además, el Gobierno transfiere 19,1 millones a las comunidades para sanidad animal y mañana acordará en conferencia sectorial el reparto de 50,1 millones de fondos europeos para fertilizantes, que se suman a 635 millones ya dedicados a este fin.
Ceuta: retornos, menores y un desfase de 27 personas
Saiz ha actualizado los datos de Ceuta a 19 de octubre. Se han desalojado la barriada de Poblados Regulares, la explanada y las naves del Tarajal y el entorno del CETI, tras las actuaciones previas en las playas del Trampolín y del Guano. Desde el 10 de agosto han regresado a Marruecos 12.705 personas: 12.142 retornos voluntarios y 536 expulsiones. La suma de ambas cifras es 12.678, por lo que 27 retornos quedan sin clasificar en la información oficial. La Administración General del Estado ha habilitado 7477 plazas temporales.
En el sistema autonómico de protección permanecen 3331 menores. Han sido reubicados 181 en otras comunidades por el artículo 35 de la Ley de Extranjería, en torno al 5,4 por ciento, y otros 107 se han trasladado a la península por reagrupación familiar; a Marruecos se han remitido 63 expedientes. Hay 5237 efectivos desplegados y se han realizado 11.375 patrullas. La asistencia escolar ronda el noventa por ciento, el 83 por ciento de las personas migrantes alojadas está vacunado y de las 211 camas hospitalarias de la ciudad hay cien ocupadas, veinte por personas migrantes.
DANA Adam
La portavoz trasladó la solidaridad del Gobierno con los afectados por la DANA Adam, que ha causado al menos cuatro muertes —tres en la Comunitat Valenciana y una en Cabrera de Mar (Barcelona)—, según el recuento de Climática. La referencia de este martes no incluye ninguna declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
- Pie de foto:
- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Sandra Armada. La Moncloa, Madrid – 20.10.2026
