Un juez federal ha prohibido a la Administración Trump volver a retirar las credenciales permanentes de CNN, MS NOW y Politico mientras se resuelve la demanda presentada por los tres medios. La nueva medida cautelar sustituye la protección temporal que vencía este martes y concluye que los demandantes probablemente prevalecerán en sus reclamaciones sobre libertad de expresión y debido proceso.
El juez federal Timothy J. Kelly, del Tribunal del Distrito de Columbia, ordenó que los funcionarios demandados, salvo el presidente, no ejecuten ni hagan cumplir la decisión del 18 de septiembre que revocó los pases de prensa de los tres medios.
Kelly, quien fue nombrado juez por Donald Trump en 2017, ya había dispuesto el 24 de septiembre la devolución provisional de las acreditaciones durante catorce días. Como informó entonces este Observatorio, la Casa Blanca mantuvo inicialmente restricciones de acceso incluso después de recibir la primera orden.
De una suspensión temporal a una protección durante el proceso
La diferencia jurídica es sustancial. La primera orden de restricción tenía una duración limitada y pretendía evitar que la prohibición causara daños inmediatos mientras el tribunal examinaba los argumentos. La medida cautelar preliminar dictada ahora preserva el acceso mientras continúa el litigio, salvo que el propio juez la modifique o un tribunal de apelación la suspenda.
La resolución no constituye todavía una sentencia definitiva sobre la legalidad del veto. Para conceder la protección, sin embargo, Kelly concluyó que CNN, MS NOW y Politico han demostrado una probabilidad suficiente de éxito en sus reclamaciones constitucionales y que podrían sufrir un daño irreparable si la Casa Blanca recuperara la facultad de excluirlos durante el proceso.
El juez considera que los comentarios públicos de Trump permiten inferir que la retirada de las credenciales pretendía modificar la cobertura informativa. El presidente anunció el veto mediante una publicación en redes sociales en la que calificó de falsas las informaciones de los tres medios. Según Kelly, la Administración no les comunicó previamente que podían perder sus pases ni les ofreció un procedimiento para responder.
La decisión afecta a 78 periodistas de las tres organizaciones, según el recuento recogido por Associated Press. Los pases permanentes permiten entrar en el recinto de la Casa Blanca sin tramitar una autorización diaria y condicionan de forma directa la capacidad de los corresponsales para desarrollar su trabajo.
El argumento de seguridad nacional llegó después del veto
Los abogados del Gobierno sostuvieron que el acceso a la Casa Blanca es un privilegio y que el presidente puede limitarlo para proteger la seguridad nacional y contener la difusión de información falsa. Kelly admitió que el Ejecutivo conserva capacidad para actuar cuando exista una amenaza real o una revelación ilícita de material clasificado.
No obstante, el juez concluyó que la justificación de seguridad nacional apareció después de la decisión y no estaba respaldada por pruebas suficientes. El anuncio inicial de Trump vinculó expresamente el veto al contenido de la cobertura y no a un incidente de seguridad identificado.
El Departamento de Justicia, que representa a la Administración, no había comunicado inmediatamente si recurrirá. La medida cautelar abre esa posibilidad, pero continúa en vigor mientras no sea suspendida por el tribunal de distrito o por una instancia superior.
La orden no garantiza todos los puestos del grupo de prensa
El alcance de la resolución tiene límites. Restablece y protege las credenciales permanentes para acceder al recinto, pero no garantiza a los tres medios la participación en todas las rotaciones del grupo reducido de periodistas que entra en espacios como el Despacho Oval o viaja a bordo del Air Force One.
La Casa Blanca ha seguido excluyendo a periodistas de CNN y Politico de algunas asignaciones de ese grupo pese a la primera orden. Otro litigio promovido por Associated Press aborda hasta dónde puede llegar la discrecionalidad presidencial para seleccionar a los medios que acceden a los espacios más restringidos.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha defendido que la protección constitucional no depende de que el presidente apruebe la cobertura o las preguntas de un medio. Las organizaciones que integran el grupo de prensa también han rechazado sustituir a los medios apartados en varias rotaciones.
El conflicto se ha extendido al Departamento de Justicia, que investiga si la interrupción temporal de la cobertura televisiva compartida pudo vulnerar las normas antimonopolio. Esa investigación y el procedimiento sobre las acreditaciones son asuntos distintos: la primera examina la respuesta coordinada de varias cadenas, mientras la demanda decide si el Gobierno castigó a tres medios por su línea informativa y sin ofrecerles garantías procesales.
El litigio llega a la recta final de las legislativas
La protección judicial permanecerá vigente durante una campaña en la que la relación entre Trump y los medios forma parte del debate sobre los límites del poder presidencial. Ninguna encuesta disponible mide de forma directa el efecto electoral del veto, de la demanda o de esta resolución.
El promedio nacional de Track the Vote del 14 de octubre sitúa a los demócratas 8,7 puntos por delante de los republicanos en el voto genérico al Congreso. Es una agregación de encuestas nacionales, no una proyección de escaños, y no permite determinar el resultado en cada distrito.
La encuesta nacional más reciente del Pew Research Center, elaborada del 28 de septiembre al 4 de octubre, otorga a los candidatos demócratas a la Cámara un 44 por ciento entre los votantes registrados y a los republicanos un 36 por ciento. En el mismo estudio, un 30 por ciento de los adultos aprobaba la gestión de Trump y un 68 por ciento la desaprobaba.
Pew entrevistó a 5062 adultos, incluidos 3917 votantes registrados, mediante un panel probabilístico en línea y entrevistas telefónicas en inglés y español. El margen de error de la muestra completa es de 1,6 puntos.
En una de las contiendas decisivas del Senado, la encuesta de SurveyUSA para WRAL y WSOC-TV, efectuada del 7 al 11 de octubre, sitúa al demócrata Roy Cooper en el 54 por ciento y al republicano Michael Whatley en el 40 por ciento en Carolina del Norte. La muestra electoral comprende 643 personas que ya habían votado por correo o se consideraban votantes probables, con un margen de error de cinco puntos.
En los 37 distritos de la Cámara que el Battleground District Project de Cook Political Report clasificaba como competitivos, los demócratas alcanzaban el 49 por ciento y los republicanos el 47 por ciento. El sondeo entrevistó del 8 al 11 de septiembre a 1052 votantes probables y tiene un margen de error de 3,02 puntos, por lo que esa diferencia queda dentro del intervalo.
El contexto demoscópico muestra una campaña adversa para el partido presidencial, pero no permite atribuir esas cifras al conflicto con la prensa. El efecto concreto de la medida cautelar es institucional: CNN, MS NOW y Politico conservarán sus pases mientras el tribunal decide si la Casa Blanca vulneró definitivamente la Primera y la Quinta Enmienda.
