El drama de la familia ante la subida sin freno del alquiler

Una familia que trabaja, cobra más que hace siete años y paga algo menos de IRPF debería vivir mejor. Pero a Lola y Juan las cuentas les dicen otra cosa. El alquiler de su vivienda en Fuenlabrada ha crecido mucho más deprisa que sus ingresos y se lleva ya cuatro de cada diez euros que entran limpios en casa. Su historia muestra una paradoja cada vez más difícil de esconder: ganar más no garantiza avanzar cuando el precio de tener un techo absorbe casi todo el progreso.

Me llamo Lola. En 2019, cuando decidimos con Juan quedarnos en Fuenlabrada, no pedíamos gran cosa. Los dos trabajábamos, vivíamos de alquiler y creíamos que los años siguientes nos dejarían avanzar. No queríamos hacernos ricos. Queríamos que nuestros sueldos crecieran, que pagar menos impuestos nos diera algo de desahogo y que, con tiempo, ahorrar para una vivienda propia no fuera una fantasía. Cuando oíamos hablar de una fiscalidad más ligera, la idea encajaba con lo que esperábamos: si el trabajo sostiene la casa, cualquier euro que se quede en ella cuenta.

Siete años después ganamos más y nos beneficiamos de la rebaja en los tipos autonómicos del IRPF. Sobre el papel, íbamos en la dirección esperada. Pero cuando Juan se sienta —como hace cada mes— a calcular cuánto queda después de pagar el alquiler, descubre que casi todo el progreso se ha ido por la puerta de la vivienda. No es una contradicción matemática, dice. Es la distancia entre una mejora que se lee en la nómina y una vida que se mide a final de mes.

Juan lleva la cuenta de todo: la gasolina, la cesta de la compra, los gastos escolares, la ropa y un largo etcétera. Yo prefiero contar cómo lo vivimos.

En 2019 los dos sueldos sumaban unos 31.500 euros brutos al año —dos veces y media el salario mínimo de entonces—. Nuestra renta neta familiar rondaba los 29.500 euros. Pagábamos 688 euros de alquiler al mes por una vivienda que nos permitía estar los cuatro: algo más de 8250 euros al año. La casa se llevaba alrededor del 28 por ciento de lo que entraba limpio en el hogar.

Era un presupuesto estrecho, pero tenía algo que solo se aprecia cuando falta: margen. Juan hacía la cuenta y, después del alquiler, quedaban unos 21.244 euros para llenar la nevera, pagar suministros, transporte, ropa y los gastos de los niños; también, si nada se torcía, para apartar algo. No sobraba mucho. Pero podíamos pensar que cada mejora salarial iría ensanchando esa pequeña zona de seguridad.

La vivienda propia no estaba a la vuelta de la esquina. Tampoco nos parecía una idea absurda. Trabajar, cobrar algo más con los años y pagar algo menos de impuestos formaba, para nosotros, una secuencia de progreso reconocible. Quizá no inmediata; sí plausible.

Ahí entraba la promesa fiscal. Madrid redujo los tipos autonómicos del IRPF y aprobó otras medidas tributarias. Para nuestra familia, la rebaja tiene un efecto real: si a nuestros ingresos actuales se les aplicara la escala madrileña anterior, pagaríamos entre los dos unos 220 euros más al año de impuesto autonómico. Juan lo tradujo enseguida a su lenguaje: unos 18 euros al mes.

—Dieciocho euros, Lola —me dijo una noche, señalando la calculadora—. Con eso llenamos media nevera. No está mal. Pero no nos va a salvar de nada.

Sería injusto despreciarlos. Pero tampoco se les puede pedir un trabajo imposible: compensar el encarecimiento de un gasto que vuelve todos los meses y que no podemos aplazar. La reducción fiscal afecta a una parte de nuestras cuentas; el alquiler ha cambiado la estructura entera de esas cuentas.

En 2026 los niños son ya mayores y los dos seguimos trabajando. El salario mínimo anual ha subido de 12.600 a 17.094 euros. Nuestros ingresos conservan la misma proporción respecto al salario mínimo, ganamos ahora unos 42.735 euros brutos —un 35,7 por ciento más que en 2019—. Nuestra renta neta alcanza aproximadamente 36.938 euros.

Visto así, de forma aislada, es un aumento apreciable. También es un aumento cercano al encarecimiento general acumulado en estos años. El salto en euros no se convierte, sin más, en un salto semejante de poder adquisitivo. Eso también lo dice Juan, mientras repasa las columnas.

La cuenta decisiva llega con la vivienda. Para una casa familiar de tres dormitorios en Fuenlabrada, el alquiler de referencia en 2026 es de 1250 euros al mes: 15.000 euros al año. Respecto a los 688 euros de 2019, la factura ha subido un 81,6 por ciento. Mientras nuestros ingresos netos crecen alrededor de una cuarta parte, la vivienda se encarece mucho más deprisa.

—¡Cuatro de cada diez euros, Lola! —me dice Juan, y no hace falta que levante la voz para que suene a alarma—. Cuatro de cada diez euros que entran limpios en esta casa se van solo en el techo. Antes eran menos de tres.

Yo puedo ver el cambio sin necesidad de hablar de índices. En 2019, tras pagar el alquiler, nos quedaban unos 21.244 euros para todo lo demás. En 2026 nos quedan 21.938. La diferencia es de 694 euros al año: unos 58 euros al mes. Y esos euros de más tienen que afrontar precios más altos en alimentación, energía, transporte y todo lo demás. Han pasado siete años, los dos seguimos empleados y cobramos bastante más, pero el dinero disponible después de la vivienda apenas ha crecido en términos nominales.

Ahí es donde el relato deja de ser una tabla de cifras. Este verano no hubo vacaciones fuera de casa —«el año que viene», dijo Juan, y los dos supimos que lo decía más para cerrar la conversación que porque lo creyera—.

—No podemos con las extraescolares este año, Lola. Hay que recortar —me dijo, sin levantar la vista de los recibos.

A nuestra hija tuvimos que quitarle una de las dos; eligió ella cuál, y eso quizá fue lo peor, tener que elegir. Las zapatillas de nuestro hijo aguantan un curso más de lo que aguantarían si sobrara para cambiarlas. Y el ahorro, ese fondo pequeño que en 2019 empezábamos a construir con ilusión, hace tiempo que no crece.

—Si no fuera por mis padres —me dijo Juan una tarde, y se quedó callado un momento, como si le costara decirlo en voz alta— no sé cómo habríamos llegado algunos meses. Que estén vivos y puedan echarnos una mano de vez en cuando es la única red que tenemos. No todo el mundo la tiene.

Ahí cambia el significado de una subida salarial. Antes podía abrir la posibilidad de ahorrar. Ahora una parte muy grande llega ya comprometida. Nosotros no decidimos cada mes si necesitamos vivienda. Podemos ajustar las vacaciones, cambiar de supermercado o posponer una compra; no podemos sacar el alquiler del presupuesto. Tampoco recibimos ninguna parte de la revalorización del piso que ocupamos: si el inmueble vale más, nuestro patrimonio no aumenta; si el mercado pide más renta por él, sí aumenta nuestro gasto.

Esa diferencia entre poseer una vivienda y necesitarla lo atraviesa todo. Para quien es propietario, el encarecimiento inmobiliario puede significar riqueza, aunque también traiga costes. Para nosotros, que vivimos de nuestros salarios y alquilamos, significa una exigencia adicional para seguir donde trabajamos y donde crecen nuestros hijos. Incluso la idea de comprar se aleja si ahorrar una entrada resulta cada vez más difícil. No hemos dejado de trabajar ni hemos perdido ingresos. Se ha desplazado el precio de aquello que necesitamos para convertir esos ingresos en una vida estable.

Por eso las preguntas que nos hacemos ya no son las mismas. En 2019 me preguntaba cuánto mejoraríamos si los sueldos subían y los impuestos bajaban. En 2026 me pregunto cuánto quedará después del próximo alquiler. No es una renuncia ideológica a cualquier rebaja fiscal. Es una jerarquía que imponen las facturas. El ahorro de unos 220 euros anuales asociado a los tipos autonómicos convive con un alquiler que, en esta comparación, cuesta 6744 euros más al año que en 2019.

—No las mezcles, Lola —me corrige Juan cuando le comento esto—. Una cosa es comparar dos escalas de impuestos sobre lo que ganamos hoy. Otra muy distinta es comparar dos alquileres de dos años diferentes. No miden lo mismo. Pero yo sé lo que sentimos, y eso tampoco es mentira.

Tiene razón en las dos cosas. Las cifras no deben confundirse. Y, aun así, explican por qué vivimos de forma tan distinta ambas variaciones. Una nos deja algo más de dinero. La otra absorbe una parte creciente de todo lo que ganamos.

La Comunidad de Madrid ha anunciado otra reducción de medio punto de la escala autonómica del IRPF para 2027. El Gobierno regional calcula que ahorraría cerca de 500 millones de euros al conjunto de contribuyentes. Para nosotros podría suponer un nuevo alivio, cuyo importe todavía no conocemos.

Pero la pregunta que de verdad nos inquieta al mirar hacia delante sigue siendo otra: qué ocurrirá cuando tengamos que renovar o buscar vivienda. Una rebaja repartida entre millones de declaraciones no elimina la incertidumbre de enfrentarnos a un mercado de alquiler más caro.

La inseguridad económica no siempre aparece como una caída de ingresos. Puede llegar cuando los ingresos suben y, pese a ello, el margen para afrontar un imprevisto se estrecha. Una avería, un periodo de desempleo, los estudios de los niños o una mudanza pesan de otra forma cuando la vivienda reclama de antemano más del 40 por ciento de la renta neta. Cumplimos todos los meses con nuestras obligaciones y, aun así, siento que progresamos menos de lo que prometían nuestras nóminas.

Nuestro caso no pretende describir a todos los hogares madrileños. Tampoco demuestra que una rebaja tributaria haya causado la subida del alquiler, ni que eliminarla resolvería el problema. Plantea algo más cercano a lo que vivimos cada día: para juzgar si una familia trabajadora vive mejor hay que mirar el dinero que puede usar después de pagar aquello de lo que no puede prescindir.

En 2019, quedarnos en Madrid parecía compatible con trabajar, criar a dos hijos y ganar seguridad poco a poco. En 2026 conservamos el empleo, y cobramos más; sin embargo, nuestro alquiler se lleva una fracción mucho mayor de los ingresos.

Esa es la paradoja que no cabe en un eslogan sobre impuestos ni en una cifra salarial aislada: ganar más no siempre significa poder construir un futuro con más tranquilidad. Para nosotros la pregunta central ya no es cuánto figura en la nómina. Es cuánto queda cuando se ha pagado por seguir viviendo en Fuenlabrada.

Últimamente pienso en Maricarmen, ingresada en el hospital tras el desahucio. Se me escapaba alguna lágrima al verla contar su historia —que también es, en el fondo, la nuestra—.

Pienso también en los jóvenes que llenan las noticias, los que no logran independizarse porque ningún alquiler de Madrid se ajusta a un sueldo de entrada. Siempre había mirado esas historias con una distancia cómoda, como algo que le pasa a otra generación, a los que vienen detrás, y que a nosotros —ya instalados, con hijos, con un contrato de alquiler que empezamos hace años— no debería alcanzarnos.

Pero esta vez no consigo poner esa distancia. Cuando hago la cuenta de lo que nos queda cada mes, no me veo tan lejos de Maricarmen. Me veo a poco tiempo de estar del otro lado, del lado de los que no encuentran dónde quedarse. Y hay noches en que, mientras Juan repasa los recibos, me imagino haciendo lo mismo que hizo ella: plantando una tienda de campaña en la Puerta del Sol, con una pancarta improvisada, para que alguien, en algún despacho, se entere de que una familia que trabaja también puede quedarse sin casa.