Amnistía Internacional Madrid se ha concentrado este viernes 2 de octubre ante la Embajada de República Dominicana para reclamar al Gobierno de Luis Abinader que ponga fin a las expulsiones colectivas y la discriminación racial. La organización pide atención sanitaria sin discriminación y protección para quienes defienden los derechos de las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.
La movilización ha trasladado a Madrid las denuncias de Amnistía Internacional sobre las políticas migratorias dominicanas y sus efectos sobre las comunidades de origen haitiano. Según la nota remitida por la organización, durante el acto se entregaron a la Embajada las firmas recogidas en una campaña dirigida al presidente dominicano. La comunicación no precisa su número.
En la concentración intervinieron el activista haitiano antirracista Roudy Joseph, la activista dominicana antirracista Jeannette Tineo Durán y la presidenta de Amnistía Internacional Madrid, Charo García González.
Joseph denunció, según recoge la nota, detenciones arbitrarias, selección de personas por criterios raciales y deportaciones sin evaluación individual ni garantías procesales. También alertó de las expulsiones de mujeres que acababan de dar a luz, junto con sus bebés, y de otras personas en situación de vulnerabilidad.
«Debemos denunciar a viva voz y rechazar ese proyecto del gobierno dominicano», manifestó el activista, en una intervención que subrayó la importancia de dar a conocer estas denuncias desde España.
La atención sanitaria bajo control migratorio
Una de las principales reclamaciones de Amnistía es que la situación administrativa no impida el acceso a la salud. La organización sostiene que los controles migratorios en el ámbito hospitalario ponen especialmente en riesgo a las mujeres embarazadas y los recién nacidos.
El protocolo cuestionado fue anunciado por la Dirección General de Migración de República Dominicana el 20 de abril de 2025, con aplicación prevista desde el día siguiente en 33 hospitales públicos. La institución explicó que se comprobarían la identificación, la carta de trabajo y el domicilio de los pacientes extranjeros, además del pago de los servicios recibidos.
Según aquella comunicación oficial, quienes no cumplieran los requisitos recibirían atención médica y serían repatriados una vez recuperados. Migración defendió la medida como una forma de ordenar la atención y preservar los recursos del sistema sanitario, y aseguró que se aplicaría con respeto al debido proceso y a los derechos humanos.
Amnistía cuestiona los efectos de vincular la asistencia sanitaria con el control migratorio y reclama que todas las personas puedan acceder a los servicios sin discriminación por su origen o situación administrativa. La posición oficial citada corresponde al anuncio de 2025; no consta en las fuentes consultadas una respuesta específica de las autoridades dominicanas a la concentración de este viernes.
Nacionalidad y protección de activistas
La protesta también reclamó el respeto de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Amnistía señala que sus consecuencias siguen dificultando el ejercicio de derechos y el acceso a servicios sociales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicó en un informe presentado en 2016 que aquella sentencia redefinió retroactivamente los criterios de acceso a la nacionalidad y afectó de manera desproporcionada a personas de ascendencia haitiana, privándolas de su nacionalidad y situándolas en la apatridia.
La campaña de Amnistía añade una tercera demanda: proteger a quienes defienden la justicia racial y los derechos de las personas migrantes. La organización denuncia que estas personas sufren estigmatización y presiones para silenciar su trabajo, y pide al Gobierno dominicano que garantice su protección.
