El Departamento de Seguridad Nacional afirma que no enviará agentes de inmigración a patrullar los colegios electorales durante las elecciones del 3 de noviembre. La Administración Trump, sin embargo, mantiene abierta la posibilidad de efectuar operaciones concretas. Organizaciones civiles, autoridades electorales y abogados preparan respuestas ante una presencia federal que consideran potencialmente intimidatoria.
El DHS ha asegurado que no prepara un despliegue general de agentes del ICE en los lugares de votación, cuando el sufragio anticipado ya ha comenzado en varios estados y falta un mes para las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
La declaración reduce la posibilidad de que los agentes federales patrullen sistemáticamente los colegios electorales, pero no excluye su intervención en todos los supuestos. El departamento sostiene que podría actuar ante una amenaza concreta para la seguridad pública o para detener a una persona buscada mediante una orden judicial.
La Administración califica de «alarmismo» las advertencias sobre una posible vigilancia migratoria de las urnas. Las organizaciones de derechos civiles responden que la formulación oficial sigue permitiendo operaciones en lugares de votación y puede disuadir a ciudadanos estadounidenses pertenecientes a familias inmigrantes.
Trump no excluyó expresamente el envío de agentes
El presidente Donald Trump no ha anunciado una orden para enviar al ICE a los colegios electorales. Tampoco ha descartado de manera inequívoca esa posibilidad.
Cuando en mayo le preguntaron si recurriría al ICE o a la Guardia Nacional durante las elecciones, Trump respondió que haría «todo lo necesario» para garantizar, según sus palabras, unos comicios honestos. En una entrevista publicada este jueves, contestó «no lo he pensado» al ser preguntado de nuevo por un posible despliegue.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había afirmado en septiembre que los agentes no acudirían a patrullar o vigilar de forma general los centros de votación. Añadió, sin embargo, que podrían intervenir para cumplir una orden de detención o responder a una amenaza.
El fiscal general Todd Blanche también defendió anteriormente la eventual presencia de agentes al relacionarla con la prevención del voto de personas sin ciudadanía. Las investigaciones electorales disponibles indican que el voto de no ciudadanos es excepcional y no constituye un fenómeno generalizado.
La ley limita la presencia de agentes armados
El principal límite jurídico se encuentra en la sección 592 del título 18 del Código de Estados Unidos. La norma prohíbe a los funcionarios federales ordenar o mantener tropas o personas armadas en lugares donde se celebran elecciones, salvo cuando resulte necesario para repeler a enemigos armados de Estados Unidos.
La infracción puede castigarse con multa, hasta cinco años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos federales. Especialistas en derecho electoral interpretan que la protección alcanza los colegios electorales, centros de votación anticipada, buzones y oficinas donde se reciben las papeletas.
David Becker, director ejecutivo del Center for Election Innovation & Research, sostiene que la aparición de agentes armados en un colegio electoral provocaría inmediatamente una actuación judicial. Jonathan Diaz, responsable de derechos electorales del Campaign Legal Center, considera jurídicamente dudosa incluso una intervención para ejecutar una orden ordinaria dentro de un lugar de votación.
Además de esa disposición federal, existen normas estatales contra la intimidación de los votantes y restricciones sobre la distancia que deben mantener los cuerpos policiales respecto a los centros electorales.
Dos demandas y preparativos en los estados
La incertidumbre ya ha llegado a los tribunales. La LULAC, Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver presentaron el 10 de septiembre una demanda para impedir que agentes federales armados efectúen operaciones en los lugares donde se emiten o recogen votos.
Una segunda coalición, formada por organizaciones de derechos civiles, sindicatos y asociaciones de defensa de los votantes negros, latinos y asiáticos, presentó otra demanda el 18 de septiembre. Ambas actuaciones buscan una prohibición judicial preventiva; no consta todavía una resolución definitiva sobre el fondo.
Las demandas y las declaraciones oficiales amplían la información publicada anteriormente por el Observatorio sobre la movilización judicial contra la presencia de agentes federales en las urnas. La novedad consiste ahora en el compromiso del DHS de no efectuar patrullas generales, aunque las excepciones anunciadas no han despejado por completo el conflicto.
Funcionarios electorales estatales y locales preparan protocolos para documentar cualquier presencia federal y recurrir a los tribunales si fuera necesario. Organizaciones de Arizona desarrollan incluso sistemas de aviso para informar de agentes situados cerca de los centros de votación.
Elecciones del 3 de noviembre
En este caso existe una medición directa de la opinión pública. Una encuesta de Strength In Numbers y Verasight, entre el 16 y el 21 de septiembre, muestra un rechazo neto de treinta puntos a la presencia de agentes del ICE en los lugares de votación. El 49 por ciento de los entrevistados se declara firmemente contrario.
El estudio consultó a 1528 adultos y presenta un margen de error de 2,6 puntos porcentuales. Sus resultados no permiten determinar cuántos ciudadanos dejarían de votar por temor a los agentes, pero sí muestran que la medida sería impopular. La encuesta también detecta un mayor entusiasmo electoral entre los votantes de Kamala Harris en 2024 que entre quienes apoyaron a Trump.
La cuestión enfrenta dos mensajes antes del 3 de noviembre. El Gobierno insiste en la seguridad electoral y en perseguir cualquier voto ilegal; las organizaciones civiles sostienen que la presencia de agentes migratorios puede intimidar a votantes habilitados. El compromiso de no organizar patrullas reduce el riesgo de un despliegue general, pero las excepciones, los litigios pendientes y la ausencia de una prohibición presidencial expresa mantienen abierto el conflicto.
