La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos ha dictaminado que Donald Trump no puede mantener bloqueados hasta su vencimiento los 810 millones de dólares de gasto social, cuya retirada solicitó cinco días antes del cierre del ejercicio fiscal. La resolución refuerza el poder presupuestario del Congreso, aunque todavía puede desembocar en un litigio sobre el destino efectivo del dinero.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos ha dictaminado que Donald Trump no puede mantener bloqueados hasta su vencimiento los 810 millones de dólares cuya retirada solicitó cinco días antes del cierre del ejercicio fiscal. La resolución refuerza el poder presupuestario del Congreso, aunque todavía puede desembocar en un litigio sobre el destino efectivo del dinero.
El pronunciamiento de la GAO, fechado el 29 de septiembre, examina las once propuestas de rescisión enviadas por la Casa Blanca al Congreso. Todas afectan a partidas que caducan al terminar el ejercicio fiscal de 2026, este miércoles 30 de septiembre.
La Ley de Control de Embargos permite al presidente solicitar que el Congreso cancele un gasto aprobado y retener temporalmente los fondos mientras las cámaras estudian la petición. Sin embargo, si el Congreso no aprueba la rescisión, el Ejecutivo debe poner el dinero a disposición de los organismos responsables.
En este caso, el plazo parlamentario de 45 días no concluirá antes del 9 de noviembre. Esa fecha llega después de la caducidad de las partidas y de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Para la GAO, la Administración no puede aprovechar esa diferencia temporal para conseguir que los fondos expiren sin una votación.
La GAO protege el poder presupuestario del Congreso
El dictamen señala que cualquier retención de fondos más allá de su fecha de vencimiento altera tanto el procedimiento constitucional para aprobar leyes como la competencia del Congreso sobre el gasto público. «El presidente no puede forzar la expiración de una autoridad presupuestaria que el Congreso ya aprobó y no ha rescindido», concluye el documento.
La GAO es un organismo independiente y no partidista que trabaja para el poder legislativo. Sus conclusiones no equivalen por sí solas a una sentencia judicial, pero constituyen la interpretación oficial del órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Control de Embargos y asistir al Congreso en materia presupuestaria.
La oficina aclara que no adopta una posición sobre la utilidad de los programas afectados. Su resolución se limita a determinar si el procedimiento elegido por la Casa Blanca permite mantener retenidas las partidas hasta su caducidad. La respuesta es negativa.
La decisión modifica el estado de la controversia descrita por el Observatorio Trump el 26 de septiembre. Entonces, la Administración había comunicado su intención de retirar 810 millones aprobados por el Congreso sin esperar una votación. Ahora existe un pronunciamiento específico de la GAO que rechaza la validez de ese mecanismo.
Once partidas y 567 millones para servicios migratorios
La mayor parte del paquete corresponde a 567 millones de dólares del Departamento de Salud y Servicios Humanos destinados a programas para refugiados, solicitantes de asilo, menores no acompañados y otras personas migrantes.
Las propuestas también alcanzan programas del Departamento de Educación para estudiantes migrantes y enseñanza internacional, servicios de asesoramiento sobre vivienda, iniciativas de desarrollo empresarial dirigidas a minorías y una oficina del Departamento de Justicia dedicada a reducir tensiones raciales y comunitarias.
La Casa Blanca sostiene que las partidas financian programas innecesarios, duplicados o incompatibles con sus políticas migratorias y de eliminación de iniciativas de diversidad. También argumenta que el descenso de los cruces fronterizos reduce la necesidad de determinados servicios.
La GAO no analiza esas justificaciones políticas. Su dictamen establece que, si el Ejecutivo desea cancelar definitivamente las partidas, debe conseguir que las cámaras aprueben una ley de rescisión. La comunicación presidencial por sí sola no modifica el gasto autorizado.
Los tribunales pueden tener la última palabra
El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, ha señalado que comparte algunas de las reducciones propuestas, pero cuestiona el procedimiento empleado. A su juicio, es probable que los tribunales terminen pronunciándose sobre la controversia.
El principal demócrata de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, Brendan Boyle, sostiene que el dictamen confirma que ningún presidente puede cancelar unilateralmente fondos convertidos en ley. Boyle ha promovido una reforma que obligaría a la Casa Blanca a liberar las partidas al menos noventa días antes de que expiren.
La cuestión inmediata es comprobar si los organismos federales han tenido una oportunidad real de comprometer el dinero antes del cierre del ejercicio. Una liberación meramente formal, comunicada demasiado tarde para adjudicar subvenciones o contratos, podría abrir una nueva disputa sobre el cumplimiento efectivo del dictamen.
La Administración ya utilizó en 2025 una rescisión de bolsillo para bloquear 4900 millones de dólares de ayuda exterior. El Tribunal Supremo no suspendió entonces la operación y destacó el peso de las competencias presidenciales en política exterior. El paquete actual se diferencia porque afecta principalmente a programas nacionales.
Otro conflicto por el uso de los fondos públicos
El pronunciamiento coincide con la polémica por los anuncios protagonizados por Trump y pagados con fondos públicos. Ambos asuntos plantean preguntas diferentes —cancelar gasto en un caso y financiar publicidad en el otro—, pero sitúan al Congreso y a sus órganos fiscalizadores ante el mismo problema institucional: determinar los límites del Ejecutivo en la administración del dinero aprobado por las cámaras.
En la rescisión de los 810 millones, el contrapeso ya ha producido un resultado verificable: la GAO ha rechazado la interpretación jurídica de la Casa Blanca. Falta saber si el Gobierno liberará las partidas, si los fondos podrán emplearse a tiempo y si la Administración recurrirá a los tribunales para defender su facultad de retenerlos.
Elecciones del 3 de noviembre
No existe una encuesta que mida directamente la reacción ciudadana a esta disputa presupuestaria. El último sondeo nacional de Reuters/Ipsos sitúa la aprobación general de Trump en el 32 por ciento y otorga a los demócratas una ventaja de 43 a 35 por ciento entre los votantes registrados en la preferencia genérica para el Congreso.
La medición nacional no permite calcular el reparto de escaños ni aislar el efecto de los 810 millones. La relevancia electoral del dictamen reside, por ahora, en que proporciona a los candidatos demócratas un argumento sobre el poder constitucional del Congreso y obliga a los republicanos a diferenciar entre su apoyo a los recortes y su posición sobre el procedimiento empleado por Trump.
