A veces el poder económico llama operación inmobiliaria a lo que, visto desde la acera, se parece mucho más a una herida. Maricarmen, de 87 años, ha salido en camilla de la casa en la que vivió durante siete décadas mientras, al otro lado, todo puede explicarse como una compraventa, una recuperación de la posesión o una decisión ajustada a derecho. Ese contraste resume bien el pellizco de monja de estos días: pequeño en el expediente, enorme sobre la piel de quien lo recibe.
Hay una modalidad de pellizco que pertenece casi a la memoria familiar. Es pequeño, discreto, casi decoroso. Quien lo propina podría acompañarlo incluso de una sonrisa y asegurar que no ha sido nada. Lo interesante es que su tamaño nunca depende únicamente de los dedos que aprietan. También depende de la piel.
Quizá por eso estos últimos días han resultado especialmente fértiles en situaciones que responden a esa misma lógica. Las hay administrativas, judiciales, parlamentarias, mediáticas, fronterizas e inmobiliarias. No son equivalentes ni en gravedad ni en naturaleza, y sería absurdo pretenderlo. Lo que comparten es una relación de escala: desde el lugar donde se toma una decisión o se ejecuta una acción, ésta puede parecer pequeña, técnica, reglada o fácilmente justificable; desde donde se reciben sus consecuencias, el tamaño puede ser muy distinto.
Uno de los ejemplos más limpios está en la compra por parte de la Comunidad de Madrid, a través de Planifica Madrid, de un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros. Después llegó la decisión de ponerlo a la venta y la primera licitación quedó desierta.
En torno al inmueble se han sucedido explicaciones sobre su utilidad y sobre la necesidad de la adquisición. Una Administración puede comprar patrimonio, venderlo, modificar previsiones sobre su utilización y sacarlo a licitación. Cada decisión, tomada por separado, puede tener una explicación administrativa. La cuestión aparece cuando el ciudadano deja de mirar cada movimiento de forma aislada y contempla la secuencia completa: por qué aquel inmueble, qué necesidad concreta justificaba gastar 6,3 millones de euros, para qué se pretendía utilizar y por qué pocos meses después resultaba conveniente venderlo.
Responder que una Administración tiene derecho a comprar y vender propiedades responde a una pregunta. No necesariamente a todas.
El mecanismo es todavía discreto. Nadie necesita levantar la voz. Basta con fragmentar el relato hasta que cada pieza parezca insignificante.
Algo parecido ocurre en el ámbito judicial. El juez Juan Carlos Peinado abrió el 21 de septiembre juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra Cristina Álvarez por presunta malversación, después de una instrucción prolongada durante casi dos años y medio.
Desde una perspectiva estrictamente procesal, un juez investiga hechos denunciados, practica diligencias y, si considera que existen elementos suficientes, abre juicio oral. Desde otra, la duración del procedimiento, los recursos, las decisiones controvertidas y las correcciones parciales de la Audiencia Provincial terminan formando algo mucho más voluminoso que una simple sucesión de trámites.
No hace falta atribuir al juez intenciones que no podemos demostrar para observar la diferencia. Para quien entiende que Peinado se ha limitado a cumplir su función jurisdiccional, cada actuación pertenece al funcionamiento normal de la Justicia. Para quienes consideran desproporcionada la instrucción, cada movimiento se suma al anterior hasta adquirir una dimensión política y personal muy superior a la aparente pequeñez de cada decisión procesal.
Todavía estamos dentro del expediente, de la resolución, de aquello que puede explicarse técnicamente. Pero el paso siguiente ya empieza a abandonar el papel.
La diputada del PP Ana Vázquez mostró en el Congreso un bote de espray de pimienta durante una intervención parlamentaria y posteriormente un asesor de su grupo reconoció haber manipulado el recipiente en uno de los baños de la Cámara. Al presionarlo salió gas y hubo que cerrar varias dependencias.
El objeto cabía en una mano. El gesto duraba segundos. Podía presentarse como una escenificación destinada a ilustrar una posición política sobre la inseguridad en Ceuta. Mientras permanecía en la tribuna era, para quien quisiera verlo así, poco más que atrezo parlamentario.
Cuando su contenido terminó liberándose dentro del edificio, la escala cambió.
La eventual existencia de responsabilidades jurídicas tendrá que determinarse por los cauces correspondientes. Para nuestro relato interesa otra cosa: observar el momento exacto en que aquello que parecía pequeño deja de serlo porque empieza a afectar a terceros. La intención puede seguir discutiéndose; la consecuencia ya está ahí.
El caso de Vito Quiles añade un elemento todavía más importante: la repetición. La Mesa del Congreso le retiró definitivamente la acreditación de prensa el 22 de septiembre después de tres expedientes por difundir imágenes grabadas en zonas no permitidas e interrumpir ruedas de prensa. Quiles acumulaba ya dos retiradas temporales anteriores y el PP se abstuvo en la decisión definitiva.
Vistas una a una, las actuaciones podían parecer menores: una interrupción, una grabación donde no corresponde, otra confrontación en un pasillo. Cada incidente dura unos segundos y puede presentarse como una forma especialmente incómoda de ejercer una actividad informativa.
Pero la reiteración modifica la naturaleza del conjunto.
La sanción final no es necesariamente el pequeño golpe que nuestra metáfora pretende señalar. Los pequeños golpes son precisamente los episodios anteriores cuando se minimizan uno tras otro. Desde la perspectiva de diputados, trabajadores o periodistas que tienen que desarrollar allí su actividad, lo que se normaliza no es la sanción, sino la sucesión de comportamientos que termina haciéndola necesaria.
Ese matiz importa porque rompe una idea demasiado cómoda: no siempre quien recibe una sanción es quien ha recibido el daño. A veces el problema está precisamente en convertir cada episodio previo en una insignificancia hasta que la acumulación deja de ser sostenible.
De la repetición de comportamientos pasamos casi naturalmente a la repetición del lenguaje.
En Ceuta, tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, un informe policial remitido a la Audiencia Nacional describió aquella entrada como planificada y señaló la posible participación de personas relacionadas con las fuerzas de seguridad marroquíes. Son conclusiones policiales sometidas todavía al recorrido judicial correspondiente y no una determinación definitiva de responsabilidades.
Sobre esa crisis extraordinaria se ha desarrollado después una disputa política igualmente intensa. El PP ha endurecido su discurso sobre inmigración, seguridad y fronteras. Alberto Núñez Feijóo calificó lo ocurrido como una «invasión tolerada y auspiciada» por Marruecos y, días después, prometió una mayor presencia militar en Ceuta y Melilla y una respuesta más dura ante nuevas entradas irregulares. Para quienes defienden esa posición, ese lenguaje expresa la gravedad de una crisis real y la necesidad de reforzar el control fronterizo. Para quienes temen la generalización sobre las personas migrantes, la acumulación de esos términos desplaza el debate desde conductas concretas hacia la construcción de un colectivo percibido fundamentalmente como amenaza.
En ese contexto de tensión se produjo un episodio violento el 20 de septiembre. Un grupo de manifestantes concentrados en el puerto atacó con piedras y huevos el coche de Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!, en el que también viajaban el activista Rafael Borrego y la abogada de derechos humanos Sofía Cánovas. Los atacantes confundieron a los ocupantes con integrantes de un colectivo cuya llegada rechazaban; rompieron lunas y causaron graves daños al vehículo, que tuvo que ser escoltado por la Policía. La investigación de los hechos ha dado lugar a detenciones y continúa su recorrido judicial.
La propia Ferreras relacionó posteriormente lo ocurrido con los discursos «populistas» de las semanas anteriores y afirmó que estaban «inoculando el odio» entre la población; también acusó al PP de alimentar la tensión. Esa es su interpretación política y no una relación causal establecida judicialmente. Al mismo tiempo, el Gobierno de Ceuta, presidido por el PP, expresó su «más firme condena» a la agresión y trasladó su apoyo a las personas afectadas. Lo que sí puede observarse es que, en esas mismas semanas, coexistieron un lenguaje político cada vez más áspero, una creciente hostilidad hacia migrantes y quienes les prestan ayuda y, finalmente, un ataque violento contra un coche y sus ocupantes.
Establecer una relación causal entre esos elementos corresponde a la investigación y al análisis posterior; para este relato basta constatar que las palabras tampoco existen al margen del clima social en el que se repiten y se normalizan.
Desde esa distancia entre el lenguaje utilizado y el daño que finalmente se produce, volvemos entonces a Maricarmen.
Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda madrileña en la que había vivido durante 71 años y salió del edificio en camilla.
Sobre el papel resulta posible describir toda la secuencia con palabras impecablemente neutras: propiedad, contrato, posesión, renta, lanzamiento, resolución judicial. Ninguna de ellas levanta la voz. Son palabras capaces de vivir tranquilamente dentro de un expediente.
Cuando el expediente se abre en la calle, encontramos a una mujer de 87 años cerrando por última vez la puerta de la casa en la que ha pasado prácticamente toda su vida.
La documentación puede ser fría; la consecuencia, no.
Los denominados fondos buitre rechazan habitualmente esa expresión por su evidente carga peyorativa. Podemos hablar de fondos de inversión, sociedades patrimoniales, socimis o propietarios institucionales, según corresponda. La discusión de fondo no depende del nombre. Una operación puede ser jurídicamente válida y, al mismo tiempo, producir consecuencias que susciten una discusión legítima sobre justicia social, derecho a la vivienda o protección de las personas vulnerables.
La legalidad y la justicia social no son preguntas idénticas, aunque demasiadas veces intentemos contestar la segunda utilizando exclusivamente la primera.
Aquí ya no se trata sólo de que una decisión parezca pequeña. Se trata de que el vocabulario técnico puede permitirnos contemplar un daño humano sin necesidad de nombrarlo como tal. Decimos «lanzamiento» y evitamos decir que una anciana pierde la casa en la que ha vivido durante siete décadas. Cambiamos la palabra y, con ella, parece cambiar también nuestra obligación de mirar.
Y entonces llegamos a Oviedo, donde la metáfora empieza incluso a resultarnos incómoda.
Durante las fiestas de San Mateo, dos integrantes de Asamblea Moza d’Asturies, Rubén Rosón y Jorge Fernández, fueron golpeados por un grupo de jóvenes después de que intentaran arrancar una bandera arcoíris y una pancarta antirracista de la caseta en la que se encontraban. Las imágenes muestran golpes y patadas, también cuando las víctimas habían caído al suelo, y ambos necesitaron asistencia hospitalaria. Cinco sospechosos fueron detenidos y la Policía Nacional atribuyó inicialmente a los hechos, entre otros, un posible delito de odio; será la justicia la que determine finalmente las responsabilidades y su calificación.
Pero para este relato hay otra escena todavía más significativa. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, del PP, se refirió inicialmente a la agresión como una «anécdota», describió a los autores como «chavales jóvenes» y dijo que no creía que fueran «tan mala gente».
Ahí hemos cruzado una frontera
Dos personas han recibido golpes y patadas y el lenguaje institucional reduce inicialmente lo sucedido hasta acercarlo a una travesura juvenil. Ya no estamos hablando sólo de la diferencia entre el tamaño de una acción y sus consecuencias. Estamos hablando de la capacidad de las palabras para disminuir retrospectivamente la gravedad de un daño que ya se ha producido.
Canteli rectificó tres días después. Condenó «de forma rotunda y sin ningún tipo de matiz» cualquier violencia, trasladó su apoyo a las víctimas y afirmó que nunca puede ser una forma de defender ideas ni de enfrentarse a quien piensa diferente. Esa rectificación debe formar parte del relato con la misma claridad que sus primeras declaraciones.
Pero la rectificación tampoco vuelve irrelevante la reacción inicial.
Entre calificar una paliza de «anécdota» y condenarla después «sin ningún tipo de matiz» hay una distancia considerable. Y justamente en esa distancia empieza la parte más inquietante de nuestra historia.
Hay un momento en el que llamar pellizco a lo sucedido deja de describir el hecho y empieza a describir exclusivamente la manera en que alguien intenta reducir su importancia. Una agresión física no se convierte en un pellizco de monja porque alguien decida verla así.
Precisamente ése es el problema.
Llegados aquí, quizá lo verdaderamente preocupante ya no sea ninguno de estos episodios considerado por separado. No es sólo Maricarmen saliendo de su casa, ni el ático de Chamberí, ni una instrucción judicial controvertida, ni un espray en el Congreso, ni las reiteradas provocaciones de Vito Quiles, ni el ataque al coche de una diputada en Ceuta después de semanas de tensión política, ni una agresión a dos activistas en Oviedo reducida inicialmente a una «anécdota». Lo inquietante aparece cuando comenzamos a acostumbrarnos a todos ellos.
Porque la normalización del daño casi nunca se presenta diciendo que el daño es bueno. Funciona de una manera mucho más sencilla: diciendo que no ha sido para tanto.
Era una broma. Una salida de tono. Una exageración. Una provocación. Una noticia falsa que ya se desmentirá. Un insulto propio del fragor político. Unos chavales que se calentaron. Un periodista haciendo su trabajo. Un político hablando demasiado fuerte. Una operación empresarial. Una decisión técnica. Un procedimiento perfectamente legal. Una anécdota.
Y mañana otra
La falsedad repetida deja de sorprender. El insulto pierde gravedad. La humillación termina convertida en espectáculo. De la primera provocación nos indignamos; de la décima nos reímos; de la número cien pasamos de largo. No porque necesariamente hayamos aceptado aquello que se dice o se hace, sino porque hemos aprendido a convivir con ello.
Ése es quizá el peligro que asoma detrás de nuestros pellizcos de monja.
Hay una vieja imagen que el cine de Ingmar Bergman convirtió en una poderosa advertencia: El huevo de la serpiente. En la película, situada en el Berlín de 1923, el desastre todavía no se ha producido, pero se están formando las condiciones que permitirán reconocerlo cuando nazca. A través de la fina membrana del huevo ya puede intuirse la criatura que crece dentro.
No hace falta trasladar mecánicamente aquella historia a nuestro presente ni anunciar catástrofes inevitables. La Historia nunca se repite de manera tan sencilla. Pero la metáfora conserva una pregunta incómoda: ¿en qué momento empieza una sociedad a acostumbrarse a aquello que antes habría considerado intolerable?
La investigación contemporánea sobre polarización, discurso de odio y deshumanización lleva años examinando precisamente mecanismos de este tipo. No establece una carretera inevitable que conduzca de una frase ofensiva a una agresión, pero sí advierte de algo mucho menos espectacular y quizá más peligroso: la repetición puede rebajar nuestros umbrales de rechazo. Lo extraordinario se vuelve familiar; lo familiar, tolerable; y aquello que toleramos deja de exigirnos una reacción.
Por eso mirar hacia otro lado no es siempre neutral.
Tampoco lo es reír la gracia cada vez que el adversario es insultado porque esta vez el insultado pertenece al otro bando. Ni aceptar un bulo porque perjudica a alguien que no nos gusta. Ni considerar simpática una humillación porque la víctima nos resulta antipática. Ni disculpar la intimidación como temperamento, la persecución como periodismo, la patada como pelea de chavales o el desprecio hacia un colectivo como simple incorrección política.
Hay quien se parapeta en el Estado de derecho para no mirar de frente lo que ocurre con Maricarmen. Incluso hay quien contempla con buenos ojos el negocio de los fondos buitre, pero después resulta incapaz de mirar a una mujer de 87 años y explicarle las líneas rectas de la justicia mientras ella pierde la casa en la que ha vivido durante siete décadas. La legalidad puede explicar un procedimiento; no siempre alcanza para explicar sus consecuencias.
Aquí el caso de Vito Quiles resulta especialmente útil. Si una interrupción se minimiza, después otra y después otra, llegará un momento en que la reiteración termine pareciendo parte natural del paisaje parlamentario. Lo mismo sucede cuando la burla sustituye al argumento o cuando una falsedad continúa circulando después de haber sido desmentida. No todas estas conductas tienen la misma gravedad, pero todas pueden beneficiarse del mismo mecanismo: nuestra progresiva capacidad para acostumbrarnos.
Y Oviedo marca una frontera todavía más visible. Cuando dos personas han recibido golpes y patadas y la primera reacción consiste en rebajar lo ocurrido a una «anécdota», ya no estamos hablando solamente de cómo nació la violencia. Estamos hablando de cómo la recibimos una vez que ha ocurrido. Que el alcalde rectificara después y condenara sin matices la agresión era necesario; que antes hubiera podido contemplarla con semejante condescendencia es precisamente aquello que debería preocuparnos.
El huevo de la serpiente no se incuba necesariamente en grandes salones oscuros ni mediante conspiraciones extraordinarias. A veces necesita mucho menos: indiferencia, cansancio, tribalismo y pequeñas renuncias cotidianas. Que el insulto nos divierta mientras sea contra los nuestros. Que el bulo nos parezca útil mientras golpee al contrario. Que la intimidación nos resulte soportable mientras no seamos nosotros quienes tengamos que soportarla. Que la violencia nos parezca una exageración hasta que alguien cercano acaba en el suelo.
No significa que detrás de cada exabrupto se esconda inevitablemente una violencia futura. Significa justamente lo contrario: que no sabemos cuál será el último gesto pequeño antes de que aquello que han normalizado una parte de la ciudadanía española les deje de parecer pequeño.
Por eso estos pellizcos importan
No sólo por lo que hacen hoy, sino por aquello a lo que podemos acostumbrarnos mañana.
Una sociedad democrática no se protege únicamente reaccionando cuando llega el gran golpe. También se protege conservando la capacidad de incomodarse ante el pequeño abuso, de desmentir el bulo aunque beneficie a los propios, de rechazar el insulto aunque haga gracia, de no convertir la humillación del adversario en entretenimiento y de llamar violencia a la violencia antes de que necesitemos encontrarle un nombre todavía más grave.
Quizá ésa sea finalmente la enseñanza de estos días: mirar hacia otro lado, sonreír con condescendencia o minimizar el daño de hoy puede contribuir a hacer tolerable el daño de mañana.
Y entonces el pellizco de monja deja de ser una metáfora amable.
Porque el verdadero dolor de un pellizco siempre está en quien lo padece, y es ahí donde tenemos que prestar atención.
Sobre todo antes de acostumbrarnos a verlo.
