El responsable del mando único trasladó a unas vecinas que hará «todo lo posible» para desalojar los campamentos de las playas antes de mediados de octubre, aunque en su comparecencia no fijó una fecha vinculante. La Policía, mientras tanto, detuvo a tres personas tras localizar a veintiocho migrantes hacinados en dos inmuebles, entre ellos tres menores.

El ministro de Política Territorial y responsable funcional para resolver la crisis migratoria en Ceuta, Ángel Víctor Torres, se comprometió este jueves a intentar que las playas de El Trampolín y Benítez queden libres de campamentos antes del 15 de octubre. Lo hizo después de comparecer en la Delegación del Gobierno en Ceuta, donde había presidido una reunión del Comité Especializado de Situación junto al delegado, Miguel Ángel Pérez Triano.

La precisión importa. Durante la rueda de prensa, Torres habló de abrir nuevos espacios esta semana y la próxima y de retirar los recursos provisionales cuando termine la crisis, pero no señaló un día. El horizonte de mediados de octubre surgió después, en una reunión de alrededor de media hora con cinco vecinas. Fuentes oficiales confirmaron a Europa Press que el ministro prometió hacer «todo lo posible» para alcanzar ese objetivo.

No se trata todavía de un calendario operativo publicado. El Gobierno no ha detallado cuántas plazas deben abrirse, en qué fecha entrará en servicio cada emplazamiento ni qué ocurrirá si los recursos vuelven a llenarse. El compromiso sí introduce una referencia temporal allí donde hasta ahora solo había fórmulas como «cuanto antes» o «a la mayor brevedad».

Nuevos espacios para sacar a las personas de las playas

Torres situó en unas seis mil las personas adultas alojadas en recursos temporales. El viernes anterior, el dispositivo trasladó a 1700 personas desde El Trampolín y Benítez hacia parcelas del puerto, pero los asentamientos volvieron a ocuparse cuando se comprobó que no había plaza para todos. El ministro anunció nuevas aperturas durante esta semana y la siguiente, además de un emplazamiento adicional si los previstos resultan insuficientes.

El Ejecutivo sostiene que la acogida permite localizar a cada persona, identificarla y tramitar su solicitud de protección o el expediente que corresponda. Torres resumió esa lógica con un mensaje político: «Ceuta no va a ser un CETI». Añadió que las carpas se desmontarán cuando dejen de ser necesarias. La declaración es una promesa de temporalidad; no acredita por sí sola cuándo desaparecerá cada instalación.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó este mismo jueves un «horizonte temporal definido» y acusó al mando único de atender «muy poco» las peticiones locales. El contraste deja dos planos: el Gobierno central anuncia alojamientos provisionales y una meta para las playas; la Ciudad exige un plan completo para recuperar la normalidad.

Suben a 2383 los menores filiados

Torres elevó a 2383 los menores no acompañados filiados en Ceuta, 62 más que los 2321 comunicados el martes. La filiación identifica al menor, pero no equivale por sí sola a determinar definitivamente la edad, conceder una plaza estable o cerrar su expediente de protección.

El ministro confirmó las 54 reunificaciones familiares en la Península conocidas el miércoles y separó esos casos de otros 118 menores, presentes en Ceuta antes del 30 de julio, que han sido trasladados a otras comunidades mediante el mecanismo para territorios en contingencia migratoria. Cerca de 400 menores permanecen en recursos habilitados por el Estado, según el balance del mando único.

La prioridad declarada sigue siendo estudiar una posible reunificación familiar, tanto en la Península como en Marruecos. Torres aseguró que la Ciudad ha empezado a remitir los primeros expedientes para que continúen por Extranjería y lleguen al consulado marroquí. También recordó que ningún menor puede ser devuelto de manera automática: hay que escucharlo, comprobar su situación familiar y resolver conforme a su interés superior.

El balance de retornos deja una diferencia de setenta personas

El mando único cifró en 7533 las personas que habrían regresado a Marruecos desde comienzos de agosto. Sin embargo, el desglose divulgado después atribuye 7099 salidas a retornos voluntarios desde el 10 de agosto y 364 a expulsiones. Ambas cantidades suman 7463, setenta menos que el total anunciado.

Al cierre de esta edición no constaba una explicación oficial de la diferencia. Torres precisó además que las 364 personas expulsadas habían llegado a Ceuta antes de la entrada masiva de finales de julio. Por tanto, tampoco deben presentarse todas esas salidas como resolución de expedientes derivados de aquella jornada.

Los triajes de personas adultas ascienden a 2742, frente a los 2546 comunicados el martes: 196 más en dos días. El ministro estimó que entre 150 y 200 personas regresan diariamente a Marruecos y afirmó que numerosos expedientes de expulsión se encuentran en tramitación. La apertura del procedimiento no equivale a una resolución ni garantiza su ejecución.

Tres detenidos y veintiocho migrantes localizados en dos inmuebles

La Policía Nacional comunicó este jueves la detención de tres personas y la localización de veintiocho migrantes en dos inmuebles de la barriada del Príncipe y Loma Colmenar. Tres de las personas localizadas eran menores y fueron derivadas a recursos asistenciales, bajo la protección de los organismos competentes.

Según la nota policial publicada por el Ministerio del Interior, uno de los edificios estaba en construcción y carecía de agua corriente, electricidad, ventilación adecuada y cocina. Los agentes encontraron colchones en el suelo y describieron condiciones de hacinamiento. El segundo espacio también era reducido y, de acuerdo con los investigadores, servía para ocultar temporalmente a personas migrantes.

La Policía sostiene como hipótesis de la investigación que distintas personas gestionaban los inmuebles y cobraban cantidades variables. En algunos casos, el alojamiento se habría pagado mediante trabajos de reforma o ampliación. El beneficio atribuido a esta actividad superaría los 10.000 euros. Estas afirmaciones proceden de diligencias policiales: no consta en la nota una resolución judicial ni una condena, y debe preservarse la presunción de inocencia de los detenidos.

En una actuación separada, desarrollada el miércoles, la Policía desalojó sin incidentes un asentamiento junto a las dependencias fronterizas del Tarajal porque impedía acceder a acometidas de servicio público. Los servicios municipales limpiaron la zona y colocaron un vallado. El operativo resolvió ese punto concreto, pero no sustituye las plazas que el Gobierno necesita abrir para cumplir el objetivo anunciado sobre las playas.

La jornada deja así tres indicadores diferentes: un compromiso condicionado para mediados de octubre, nuevos avances administrativos y una operación contra alojamientos clandestinos.

La recuperación de la normalidad dependerá de que las plazas anunciadas estén realmente disponibles, los expedientes concluyan con garantías y las personas no vuelvan a quedar expuestas a la calle o a redes que se lucren de su precariedad.

  • Pie de foto: fotograma video policial sobre menores rescatados en Ceuta, con la imagen de uno de los camastros donde mantenían a los menores ©AqM-ChatGPT

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