En Alcobendas la ciudadanía se moviliza: por una torre de alta tensión plantada a treinta metros de las casas, por el colapso de la salud mental, por las ratios de las aulas, contra los nuevos desarrollos. Pero casi todo su malestar comparte dos rasgos: cruza la raya que la separa de San Sebastián de los Reyes, y golpea el efecto visible —la torre, la lista de espera— más que la causa que lo genera. Contra el plan que reconvierte la ciudad en megavatios, en cambio, todavía no protesta nadie. Este es el mapa de esa voz, verificada, fechada y atribuida.
1. Un malestar que cruza la raya
En Alcobendas la protesta ciudadana existe, es reciente y es intensa. Lo interesante no es que la haya —la hay en casi todas partes—, sino la forma precisa que tiene.
Porque el malestar de Alcobendas comparte la anatomía de su infraestructura: cruza los límites del municipio. Alcobendas forma con San Sebastián de los Reyes un continuo urbano tan cosido que las dos ciudades comparten depuradoras, corredor eléctrico, mancomunidad de basuras, hospital y equipo de atención temprana; y comparten, cada vez más, sus plataformas vecinales. La sanidad se organiza como «Zona Norte»; la educación, como «Sanse-Alcobendas»; el urbanismo, en binomio con la vecina. La protesta, como las tuberías y los cables, no respeta la raya administrativa.
Y de ahí nace la paradoja que recorre todo este mapa. El vecino se moviliza, con toda la razón, contra lo que le duele y tiene delante. Pero muchas veces la decisión que le duele no se tomó en Alcobendas: la tomó Madrid, o la Comunidad, o Red Eléctrica, al otro lado de una raya administrativa o de una competencia. El ciudadano llama a la puerta del Ayuntamiento por un hospital que gestiona la región, por una torre que plantó otro municipio, por unas aulas que dependen de la autonomía. La decisión vive, casi siempre, al otro lado de la raya. Recorramos el mapa por frentes.
2. La torre: cuando el megavatio llega disfrazado de salud
El frente más vivo del verano de 2026 fue eléctrico, y es el que mejor resume la tesis. En el límite entre Madrid y Alcobendas, junto a La Moraleja y La Carrascosa, se levantó una torre de alta tensión de cuarenta y siete metros. La reacción vecinal fue inmediata y doble: una petición en Change.org abierta el 17 de julio que a finales de agosto reunía 1068 firmas verificadas, y las asociaciones de vecinos de Camino de los Jardines. El motivo que alegan es sanitario —el miedo a los campos electromagnéticos cerca de niños y mayores—; conviene datarlo como lo que es, la preocupación atribuida de los vecinos, y añadir que la torre, a unos treinta metros de las viviendas, cumple con holgura la distancia legal, que se fija entre cinco y siete. El conflicto no es de legalidad: es de proximidad.
La política lo asumió entero. El Pleno aprobó por unanimidad —PP, Vox, PSOE y Ciudadanos— una moción de rechazo el 22 de julio; la propia alcaldesa reconoció que las dimensiones y la cercanía eran «inadecuadas para un entorno residencial». De una reunión a cuatro bandas —Ayuntamiento, asociaciones, Red Eléctrica y la Junta de Compensación— salió el compromiso de la operadora de estudiar el soterramiento o el desvío de los apoyos T-25N y T-24 y presentar una propuesta técnica a mediados de septiembre.
Y aquí está el giro que lo convierte en el caso emblemático. Esa torre no la levantó Alcobendas ni alimenta a un vecino de Alcobendas: se asienta en suelo de Madrid —distrito de Hortaleza— y da suministro a La Solana de Valdebebas, un desarrollo madrileño de más de un millón de metros con unas 1400 viviendas. El Ayuntamiento de Alcobendas asegura que no recibió comunicación previa del trazado y que no presentó alegaciones cuando el plan de Madrid estuvo en información pública. De modo que tres mil vecinos de Alcobendas se movilizan contra una infraestructura que otro municipio plantó, para servir a un crecimiento que no es el suyo, y a una puerta —la del Ayuntamiento— que no fue quien decidió. El megavatio del crecimiento llegó a su borde disfrazado de pregunta sanitaria, y la decisión estaba al otro lado de la raya.
3. La sanidad, en clave de Zona Norte
El segundo frente es la sanidad, y su nombre ya delata su escala. La Plataforma por la Sanidad Pública Zona Norte, junto con las asociaciones de vecinos, se concentró el 19 de mayo de 2026 frente al Centro de Salud Miraflores para denunciar el colapso de la salud mental —escasez de profesionales y listas de espera de hasta cuatro meses—, con Miguel Ángel Fernández como portavoz. No es un estallido aislado: detrás hay un tejido asociativo veterano, como AFASAME, tres décadas trabajando la salud mental en el norte.
El malestar se organiza a escala comarcal porque a esa escala está el problema. Alcobendas, con 123.000 habitantes, no tiene hospital propio: depende del Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, que atiende a más de 306.000 personas de 52 municipios, y para lo complejo, de La Paz, en Madrid. El centro de salud mental es compartido con Sanse. La ciudadanía, con buen instinto, se moviliza a la escala del sistema que la atiende —la Zona Norte— y no a la del municipio, que aquí es solo el escenario, no el gestor. De nuevo, la decisión vive fuera del término; y de nuevo, el lenguaje del malestar es la salud.
4. La educación: ratios, listas y una red que crece a parches
El tercer frente es más callado, pero sigue el mismo patrón supramunicipal. La Plataforma Ciudadana Sanse-Alcobendas ha reivindicado ayudas municipales suficientes y la reducción de las ratios de alumnos por aula —una reclamación recurrente en cada inicio de curso, cuya continuidad y actividad reciente conviene verificar antes de darla por viva—. Y hay una presión que aún no ha cuajado en plataforma, pero que asoma en los datos: las escuelas infantiles arrancaron el curso 2026/2027 con lista de espera, con plazas libres solo en el tramo de dos a tres años; los de bebés, llenos.
Que la red aguante se nota en cómo crece: en lugar de abrir institutos nuevos, la ciudad está metiendo la Educación Secundaria dentro de colegios de Primaria —los llamados CEIPSO, ya cuatro—, una solución pragmática que absorbe la demanda encajándola donde ya hay centro. Es un parche eficaz, no una holgura. Y todo ello antes de que aterrice la población de las 8600 viviendas de Los Carriles, que traerá su propia cola de aulas. La movilización educativa es hoy de baja intensidad; la presión que la alimentará, en cambio, va en aumento.
5. El urbanismo: Salvemos Los Carriles, y el freno que vino de los tribunales
El cuarto frente es el del suelo, y guarda la lección más reveladora del mapa. Contra los últimos desarrollos urbanísticos se movilizaron, desde 2023, la plataforma «Salvemos Los Carriles» de Alcobendas y «Dehesa Viva» de San Sebastián de los Reyes, otra vez en binomio a un lado y otro de la raya. Pero el freno más eficaz al mayor desarrollo de la ciudad no lo puso la calle: lo pusieron los tribunales. El sector de Los Carriles-Valgrande —el nuevo barrio de 8600 viviendas— está hoy temporalmente paralizado por un recurso de Ecologistas en Acción admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Y aquí aparece el silencio que más dice de todo el mapa. La ciudadanía se ha movilizado contra el barrio residencial —visible, cercano, con nombre—, pero frente al campus de centros de datos de Valdelacasa, el uso que de verdad tensa la red y el agua de la ciudad, no consta a la fecha una plataforma organizada y verificada. No la inventamos: la decisión del campus es de julio de 2026 y su rastro cívico está aún por consolidar. Pero el contraste es elocuente: se protesta contra las casas que se ven, no contra los servidores que consumen.
6. El punto ciego: nadie protesta contra el plan
Dibujado el mapa, su forma es nítida. Donde el daño es visible y está cerca —una torre a treinta metros, una lista de espera de cuatro meses, una ratio de aula, un barrio que crece al lado— la movilización es real, fechada y a menudo intensa. Donde la causa es abstracta y está aguas arriba —la reconversión de la ciudad en megavatios, los tres millones de metros de suelo reprogramados, el campus de datos que compite por el mismo agua y la misma luz que las viviendas— no hay todavía nadie. La calle protesta contra los síntomas, uno a uno, con toda la legitimidad del mundo; pero no contra el plan que los produce a todos.
Y a esa asimetría se le suma la de la puerta. El vecino que firma contra la torre, el que se concentra por la salud mental, el que reclama por las ratios, se dirige casi siempre a un Ayuntamiento que, en esos asuntos, no es el que decide: la torre la plantó Madrid, el hospital lo gestiona la Comunidad, las aulas dependen de la autonomía, la red la planifica el Estado. El malestar cruza la raya, pero la competencia para resolverlo vive al otro lado. Por eso la protesta, legítima y viva, tiende a golpear el efecto y a errar la puerta.
En Alcobendas, como en todo el corredor, «nadie suma»: ningún instrumento agrega la demanda de agua, luz, residuos y servicios antes de autorizar cada pieza. La movilización ciudadana tiene su reflejo exacto en ese vacío. Si nadie suma la causa, nadie puede protestar contra ella: solo contra sus consecuencias sueltas. Al «nadie suma» institucional le corresponde un «nadie responde» cívico —el ciudadano no encuentra la puerta porque la decisión que le perjudica se tomó donde nunca fue convocado—. El día en que alguien conecte la torre, la lista de espera y la ratio con su causa común —un crecimiento que nadie suma—, el mapa cambiará. Hasta entonces, Alcobendas se moviliza contra los síntomas, con razón, y de uno en uno.
Investigación pendiente
Quedan abiertos: la propuesta técnica de soterramiento o desvío de la torre que Red Eléctrica se comprometió a presentar a mediados de septiembre; el desenlace del recurso de Ecologistas en Acción contra Los Carriles-Valgrande ante el TSJM; la eventual aparición de una plataforma organizada frente al campus de datos de Valdelacasa; y la continuidad actual de la Plataforma Ciudadana Sanse-Alcobendas. Alcobendas es el primer municipio del Clúster 4 · Norte-A-1.
