Alcobendas tiene las cuentas más saneadas del área metropolitana: deuda cero, superávit, un barrio nuevo de miles de viviendas. Unos números impecables. Pero esta serie no audita la contabilidad de un ayuntamiento, sino si su crecimiento alivia o estresa el conjunto; y ahí los números perfectos de Alcobendas hacen lo mismo que los de toda la región: esconder los déficits —de suelo, de agua, de luz, de sanidad, de escuelas— que van por detrás de las necesidades. Alcobendas es el espejo de Madrid, y su modelo, por bien hechas que estén las cuentas, es insostenible. Porque crecer sin sumar es depredar: el león está lustroso porque se ha comido las gacelas y quiere más.
1. La vara equivocada
Empecemos reconociendo lo que es verdad, porque lo es y sin trampa. Alcobendas cierra sus cuentas mejor que casi ningún ayuntamiento de la región: presupuesto de 2026 de 248,9 millones con 36 de inversión, y una deuda financiera cero que no es eslogan, sino un acuerdo de Pleno de 2024 que amortizó anticipadamente lo que quedaba. Tiene plan urbanístico moderno, bomberos y protección civil sobre el terreno, y una economía terciaria que el gobierno regional exhibe como escaparate. Si «hacerlo bien» fuera tener la casa en orden, Alcobendas sacaría matrícula.
Pero esa no es la vara de esta serie, y conviene decirlo antes de seguir, porque medir con la vara equivocada es la forma más limpia de equivocarse. «El Madrid de los 8 millones» no audita la contabilidad de cada ayuntamiento; audita otra cosa: si el crecimiento de cada localidad alivia o estresa el conjunto de la región. Y son dos ejes que no tienen por qué coincidir. Un vecino puede tener el piso impecable y ser, a la vez, quien más ruido mete en la comunidad. Que una localidad no entre en contradicción consigo misma —que le cuadren las cuentas— no dice absolutamente nada sobre lo que le hace al sistema que comparte con las otras ciento setenta y ocho.
¿Cuál es entonces la vara buena? La de la autosuficiencia y el balance. Un municipio lo hace bien, en la escala que importa, cuando tiende a cerrar sus propios ciclos: cuando recicla al máximo, cuando produce buena parte de lo que consume en lugar de tirar del enchufe común, y cuando cubre con recursos propios las necesidades de su gente —la vivienda, la sanidad, la educación, los servicios— sin descargarlas sobre el conjunto. El diez, en esta serie, es el municipio que no exporta ni sus necesidades ni sus externalidades: el que se basta y no estorba. No es una nota de buena gestión; es una nota de no-exportación.
Y con esa vara, el balance de Alcobendas no es ni el elogio ni el reproche fácil. La ciudad hace una cosa de verdad bien —y le haremos justicia—, pero la hace dentro de una expansión que consume, sin generarlos, recursos que son de todos: se está volviendo electrointensiva sin producir un vatio, depende por completo del agua común, y crece —vivienda, oficinas, centros de datos— sobre unos sistemas finitos que nadie suma. De modo que la pregunta deja de ser cuánto de bien se gestiona Alcobendas y pasa a ser otra, más incómoda: de todo lo que consume y necesita, ¿cuánto resuelve por sí misma y cuánto se lo carga al conjunto? Las secciones que siguen recorren ese balance eje por eje, sin rebajar lo que hace bien ni maquillar lo que descarga sobre los demás.
2. El suelo: la ciudad también se expande
Conviene deshacer un malentendido cómodo: el de que Alcobendas «crece hacia dentro», reconvirtiendo suelo ya urbanizado sin estirar el perímetro. Los números del propio plan lo desmienten. Alcobendas no es una ciudad rematada que solo se recicla por dentro: es una ciudad con casi un tercio de su término reservado a expansión.
El Plan General prevé del orden de 1267 hectáreas de suelo urbanizable —cerca del 29 por ciento de las 4400 del municipio—. De ellas, 356,9 hectáreas ya están sectorizadas y en desarrollo, repartidas en cinco sectores; y del orden de novecientas más siguen como suelo urbanizable no sectorizado, esperando turno —el área de Buenavista, setenta hectáreas junto a la M-12, ya se está sectorizando—. Eso no es crecer hacia dentro: es el mismo crecimiento hacia fuera que esta serie viene documentando en media región, solo que sobre suelo que el plan clasificó como urbanizable ya en 2009.
Y el sector estrella lo dice todo. El S-1 «Los Carriles-Valgrande» ocupa 217 hectáreas junto al Monte de Valdelatas: el «nuevo barrio de Alcobendas». No es la reconversión de una oficina vieja; es suelo que se urbaniza. Los sectores S-2 y S-3 son terciarios; el S-5, dotacional; y el S-4 tiene un nombre que, en un artículo sobre energía, es casi una confesión: se llama «Ampliación de Red Eléctrica», y es suelo que el plan reserva para las instalaciones de la propia Red Eléctrica. Hasta el suelo de la ciudad guarda sitio para la malla.
De modo que, en el eje del suelo, Alcobendas no es una excepción virtuosa: se expande, y bastante. La reconversión de usos hacia dentro —los tres millones de metros de oficinas reprogramados— es real, pero convive con una expansión clásica sobre urbanizable. Lo que sí hay que reconocerle, y con nota, es otra cosa: a qué destina buena parte de ese suelo. A ello va la sección siguiente.
3. La vivienda: mucha, pero ¿para quién?
Empecemos por la cara buena, que es real y hay que reconocerla sin rebaja: vivienda, y mucha. El sector de Los Carriles prevé unas 8600 viviendas, más de la mitad con algún tipo de protección pública —básica y de precio limitado—, en régimen de venta y de alquiler. En volumen, Alcobendas edifica más vivienda, y más protegida, que casi ningún municipio de la serie.
Pero «protegida» nombra un régimen y un precio máximo, no a quién llega, y ahí empieza la letra pequeña. Alcobendas está en la Zona A, la más cara del mapa de vivienda protegida de Madrid, la de los municipios más ricos de la región, donde el precio máximo de 2026 es de 2591,64 euros el metro útil en protección básica y 2983,03 en la de precio limitado: casi tres mil euros el metro «protegido». Un piso tasado de noventa metros ronda así los 233.000 euros el básico y los 268.000 el limitado, y con garaje y trastero pasa de 250.000. Para comprarlo hacen falta unos setenta mil euros ahorrados de entrada y una renta que aguante la hipoteca; y el propio tope de acceso —hasta 46.200 euros al año en la básica y 63.000 en la limitada— confirma para quién es: hogares que llegan bien entrada la clase media. El trabajador con un salario cercano al mínimo, o la pareja joven sin ese ahorro, se queda fuera. Protegida, en Zona A, no significa asequible.
Y tres detalles lo rematan. El módulo que fija ese precio se subió en 2024 un 26 por ciento en la Zona A «a petición del sector privado», porque a los promotores no les salía a cuenta construir: el precio protegido se acerca al de mercado para que compense edificarlo, y protege el margen del promotor tanto como el bolsillo del comprador. Buena parte se vende, no se alquila, con una protección que caduca a los quince años: pasado el plazo, la vivienda se descalifica, se vende a precio libre y el esfuerzo público sale del parque. Y el propio desarrollo recibió el premio de la industria inmobiliaria al «mejor desarrollo urbanístico»: cuando quien aplaude tu vivienda social es el mercado, conviene preguntarse para quién es.
Aun con esa letra pequeña, hace algo que otros no: mientras Galapagar levanta urbanizaciones de lujo que no fijan población, o el corredor del Henares entrega su suelo servido a naves y centros de datos, Alcobendas al menos destina suelo a vivienda, y una parte a alquiler público de verdad. El volumen edificado y ese trozo social son un mérito que hay que reconocerle; lo que no cabe es llamarlo asequible.
Dicho lo cual, el rigor obliga a dos notas al pie que impiden convertir el elogio en propaganda. La primera: dentro del propio sector residencial, el plan parcial reserva una manzana de 308.813 metros cuadrados exclusivamente para un centro de datos. El barrio de vivienda protegida trae su propio CPD dentro; la casa y el megavatio crecen enredados, no en carriles separados. La segunda: esas 8600 viviendas beben del mismo sistema de agua y se enchufan a la misma malla que todo lo demás. Son necesarias, son buenas, y —este es el nudo del artículo— se suman a una demanda común que nadie está sumando.
4. Electrointensiva sin generar: la tensión que se exporta
Llegamos al renglón donde el buen alumno suspende sin paliativos, y conviene enunciarlo con precisión: Alcobendas se está volviendo una ciudad electrointensiva que no genera un solo vatio. Aloja un consumo del tamaño de una ciudad mediana y no produce la energía que ese consumo necesita. La diferencia entre lo que demanda y lo que genera no desaparece: se la traslada a otros.
Los números del consumo son grandes y están fechados. El campus de Ferrovial declara más de cien megavatios, con una primera fase de sesenta —cuarenta de ellos para los equipos informáticos— y conexión ya concedida por i-DE, la distribuidora de Iberdrola; una fuente de prensa energética eleva el techo del emplazamiento hasta doscientos cuarenta megavatios en cinco centros de datos —cifra que aún hay que desempatar y que doy, por tanto, como declaración del promotor, no como hecho—. Súmese Equinix. Y todo ello aterriza sobre una malla que ya no tiene holgura: la saturación de los nudos madrileños superaba el 85 por ciento a comienzos de 2026, y Red Eléctrica reconoce que solo una cuarta parte de sus nudos de transporte conserva capacidad para nueva demanda. Cada megavatio que Alcobendas compromete y no produce es un megavatio que detrae de una capacidad compartida por la que compite toda la región.
Pero el consumo es solo la mitad de la cuenta, y la menos incómoda. La otra mitad es la huella de la malla que sostiene ese consumo, y aquí es donde la tensión deja de ser una metáfora y se vuelve suelo. Alimentar cien o doscientos megavatios continuos no se resuelve con un cable: exige subestaciones, líneas de alta tensión, refuerzos de red y, aguas arriba, la propia generación que inyecta esa energía. Nada de eso cabe en los 45 kilómetros cuadrados de Alcobendas. La subestación puede estar dentro de la parcela, pero la línea que la alimenta cruza términos ajenos; el nudo del que cuelga se planifica a escala regional; y los parques —solares, eólicos— y las plantas que producen el vatio que aquí se gasta ocupan hectáreas y, a menudo, agua en otras comarcas de Madrid y en otras regiones de España. Ese es el sentido exacto en el que la factura se paga fuera: no solo la de la tarifa, que se socializa entre todos los abonados, sino la del territorio, que se salda en suelo que no es el de Alcobendas.
Lo digo con la cautela que merece, porque es marco de escala y no lo cierro con un catastro: no dispongo todavía de la relación fechada de qué subestaciones y qué líneas concretas conectarán los megavatios de Valdelacasa, ni del mapa de la generación que los respalda —queda en la investigación pendiente—. Pero el principio no necesita esa precisión para sostenerse: un consumo que no se genera donde se consume tiene, necesariamente, una huella territorial que recae sobre terceros. La electrointensidad sin generación local no es un problema que Alcobendas pueda resolver de puertas adentro por bien que se gestione; es, por definición, una carga que se reparte.
Y esto ilumina el balance de manera cruda. En vivienda, Alcobendas al menos construía; en la energía hace lo opuesto: abre un ciclo enorme y deja el otro extremo —la producción, la red, la huella— en manos y en tierras ajenas. Consume aquí; que se genere y se soporte, allá. No es mala gestión: es el reparto insolidario en su forma más física.
5. El agua no cierra ciclo: se resta del conjunto
Con el agua, la vara de la autosuficiencia da su lectura más nítida, porque el agua no admite el equívoco de la energía. Alcobendas no genera electricidad, pero al menos podría imaginarse haciéndolo. Agua no tiene ninguna: no hay río propio, ni embalse, ni acuífero que gestione la ciudad. Cada gota que bebe y cada gota que necesitará para crecer sale del sistema del Canal de Isabel II, que es uno solo y es de todos: el mismo del que beben los otros ciento setenta y ocho municipios. Aquí no hay ciclo que cerrar de puertas adentro, porque la puerta no existe. Hay un único depósito común y muchas manos en el mismo grifo.
Y ese depósito no es infinito. La prueba la dio la propia ciudad: su documentación urbanística reconoció que la depuradora de Arroyo de la Vega «no podrá soportar nuevos vertidos» por superar su capacidad de carga. Para poder crecer, no bastó con gestionarse bien: hizo falta que la región pusiera 86 millones de euros en ampliar depuradoras, interconectarlas y tender colectores —obras dimensionadas, precisamente, para los nuevos desarrollos, Los Carriles incluido—. Conviene leer bien lo que eso significa. Alcobendas no liberó capacidad hídrica: consumió la que había y obligó al conjunto a fabricar más. Su crecimiento no se sostuvo con recursos propios, sino con una inversión regional que amplió el tope común un poco más allá —y ese tope, por mucho que se empuje, sigue siendo un tope—.
De ahí sale la pregunta que de verdad ordena esta sección: en un sistema único y sin holgura, ¿de dónde sale el agua que Alcobendas necesita, y a quién deja de llegarle? Porque el agua garantizada no se crea de la nada al firmar un convenio. La garantía que el sistema compromete con los desarrollos de Alcobendas es garantía que, en ese mismo sistema finito, no queda disponible para otro sitio: para la vivienda que otro municipio quiere levantar, para el polígono que otro pretende enganchar, para el regadío de la vega que lleva ahí generaciones. No existe un reparto administrativo explícito que asigne cupos pueblo a pueblo —conviene no fingir que lo hay—, pero la competencia es real y opera por la vía de los hechos: cada metro cúbico de capacidad de depuración y de garantía de suministro que se dedica a un crecimiento es un metro cúbico menos para el siguiente. En un conjunto saturado, el crecimiento deja de ser aditivo y se vuelve competitivo. Alcobendas no crece además de los demás; crece, en parte, en vez de los demás.
La tensión se afila todavía más si el uso que se alimenta es un centro de datos, porque su sed depende de cómo se refrigere. Si el campus tira de agua regenerada —la opción sensata sobre el papel—, la pregunta inmediata es de dónde sale esa agua reciclada. Si es la que hoy produce la depuradora de Alcobendas y devuelve al arroyo de la Vega, retirarla no es gratis: ese caudal depurado sostiene el propio arroyo y, aguas abajo, al Jarama, y compite con el caudal ecológico del río y con los regadíos de la vega. Y si no es propia y hay que traerla de otro punto del sistema, entonces es agua importada que se le resta a otro usuario. En los dos casos, refrigerar servidores en Valdelacasa significa quitarle agua a alguien: al río o al vecino. Cuál de las dos opciones elige el campus está por confirmar —lo dejo marcado como tal—, pero no hay una tercera en la que el agua salga de ningún sitio.
Este es, por fin, el sentido preciso de la palabra que veníamos rodeando: insolidario. No como reproche moral a una ciudad que gestiona mejor que casi nadie, sino como descripción exacta de un mecanismo. En un sistema de recursos finitos y compartidos, captar más de lo común —aunque sea para lo mejor, para vivienda— no es una operación neutra: es llevarse plazas de un cupo que es de todos. El crecimiento de Alcobendas, en el agua como en la luz, no ocurre en el vacío ni solo a su costa: ocurre, en buena medida, a costa del crecimiento posible de otras localidades que piden de la misma tubería y de la misma malla.
6. El acelerador: crecer primero, comprobar después
Queda una pregunta que las secciones anteriores dejan en el aire: ¿cómo una ciudad modelo —transparente, solvente, bien gestionada— acaba comprometiendo más de cien megavatios y miles de viviendas sobre unos sistemas que nadie ha sumado? La respuesta no es la mala fe, sino la aceleración. Toda la maquinaria urbanística madrileña está construida para ir deprisa, y Alcobendas la usa entera.
El campus no hizo cola. Se declaró proyecto de especial interés de la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad, que otorga tramitación preferente sin sustituir la licencia municipal: el proyecto estratégico entra por arriba, por una vía rápida, mientras el resto espera en la ordinaria. Y por debajo operan las otras palancas del sistema —la declaración responsable, las entidades colaboradoras urbanísticas— que adelantan la licencia y desplazan el control a un momento posterior.
A eso se suma la anticipación. Alcobendas diseñó su flexibilización de usos «en línea con» una reforma de la Ley del Suelo que aún se debate en la Asamblea: actúa conforme a un marco que todavía no es derecho vigente. Y la lógica de fondo del acelerador es siempre la misma: dejar que el suelo y el proyecto avancen primero, y comprobar después que hay agua y luz para sostenerlos. En Alcobendas esa lógica se ve en crudo: el campus progresa con su conexión ya concedida mientras la propia depuradora de la ciudad está declarada al límite y ningún instrumento suma la red. Primero el proyecto; la comprobación, si llega, llega después.
Y aquí está lo que vuelve el caso instructivo en lugar de escandaloso. Alcobendas no es un municipio que esconda sus planes —los publica, y hasta admite que su depuradora no da más— ni que los trocee para esquivar controles. Es una ciudad transparente y capaz que usa aceleradores enteramente legales. Por eso el «nadie suma» es aquí un asunto de diseño, no de incompetencia ni de ocultación: la maquinaria está hecha para acelerar, y hasta el municipio mejor gestionado, jugando con las reglas puestas, termina comprometiendo lo que nadie ha sumado. El eslabón débil no es un ayuntamiento débil; es el desajuste de escala, una licencia local con consecuencias regionales que ninguna compuerta está diseñada para pesar.
La aceleración, además, deja hechos sobre el terreno. El movimiento de tierras y las obras de habilitación empiezan antes de que el expediente cierre del todo; la reparcelación del nuevo barrio avanza mientras un recurso espera sentencia en el Tribunal Superior de Justicia. Cuando el hormigón está echado, dar marcha atrás deja de ser realista. El acelerador no solo adelanta la decisión: la vuelve irreversible antes de que nadie haya sumado si cabía.
7. La prueba limpia: ¿produce lo que consume?
Toda la discusión anterior se puede destilar en un único test, y es justo porque es el mismo para los 179 municipios: ¿produce cada localidad lo que consume y cubre lo que necesita, o tira del cupo común? Apliquémoslo a Alcobendas ciclo por ciclo, sin indulgencia y sin ensañamiento.
Vivienda. Aprobado a medias. Los Carriles aporta 8600 viviendas, más de la mitad protegidas: en volumen, más que casi nadie de la serie. Pero la protegida de Zona A cuesta entre 2590 y 2980 euros el metro útil —de 230.000 euros en adelante el piso—, en su mayoría en venta y descalificable a los quince años: alcanza a la clase media, no a la trabajadora. Construye mucho; asequible de verdad, bastante menos.
Suelo. Sin nota especial, ni buena ni mala. No es un modelo de crecimiento hacia dentro: casi el 29 por ciento del término es urbanizable, con 357 hectáreas en desarrollo y unas 900 pendientes. Se expande como los demás. La reconversión de usos hacia dentro suaviza el relato, pero no sustituye la expansión clásica sobre urbanizable.
Energía. Aquí el test es implacable: consume como una ciudad y no genera un vatio. No consta un balance municipal de autoconsumo fotovoltaico, ni mucho menos una generación al nivel de lo que demandan los centros de datos. En el renglón que más pesa, la autosuficiencia es cero. Suspenso.
Agua. Sin recurso propio, dependencia total del sistema del Canal, depuradora que necesitó una ampliación regional para no reventar. Si la regenerada llegara al proceso de refrigeración cerraría medio ciclo; pero que llegue está por confirmar. Mientras tanto, consumidor neto del recurso común.
Servicios. El eje que suele olvidarse. La sanidad no depende del municipio sino de la red autonómica, y esa red da señales de tensión: la Plataforma por la Sanidad Pública Zona Norte se concentró en mayo de 2026 frente al Centro de Salud Miraflores por el colapso de la salud mental. Sumar 8600 viviendas de población futura sobre unos servicios que ya se movilizan por saturación es añadir a una cola común, no cubrirla con lo propio.
Sumado el test, el balance es claro: el mérito no está en el suelo, sino en la vivienda; y el problema no es que Alcobendas no construya, sino que todo lo que construye —vivienda incluida— cae sobre unos sistemas finitos que nadie suma. Cada casilla donde no produce lo que consume —la energía que no genera, el agua que no tiene— es una casilla que alguien, fuera de sus 45 kilómetros cuadrados, sostiene por ella. La autosuficiencia no es una manía de contable verde: es lo único que evita que el bienestar de una ciudad se construya con recursos que son de todas.
8. El león lustroso
Volvamos a la ciudad que lo hace todo bien, ahora con la vara completa. Alcobendas exhibe unas cuentas que deslumbran —deuda cero, superávit, un plan al día, un barrio nuevo—, y son ciertas. Pero conviene preguntarse de qué está hecho ese brillo. El león de la sabana también está hermoso y lustroso, con el pelaje reluciente, y lo está precisamente porque se ha comido tres o cuatro gacelas y quiere más. La salud del depredador no desmiente su dieta: la explica. Los números perfectos de Alcobendas no niegan lo que consume del común; lo lucen.
Porque debajo de esos números va la lista entera de lo que llega tarde. En vivienda, mucho volumen —8600 casas—, pero protegida a precio de la zona más cara, que alcanza a la clase media y no a los trabajadores. En suelo, una expansión como la de cualquiera. En energía, un consumo de ciudad sin generar un vatio. En agua, dependencia total de un sistema con tope que necesitó una ampliación pagada por la región. Y en sanidad, en escuelas, en atención primaria, unos servicios que ya se movilizan por saturación antes de que llegue la población nueva. El número que se enseña —el superávit, la deuda cero— es la tapa que oculta el déficit que se calla.
Y aquí está lo que hace de Alcobendas algo más que un caso: es el espejo de toda la región. Lo que la ciudad hace a su escala —tomar del cupo común más de lo que devuelve— lo hace la Comunidad de Madrid a la suya. Alcobendas no genera un vatio de los cien que demanda; Madrid entera importa más del 95 por ciento de la electricidad que consume y produce con renovables apenas el 1,8 por ciento, hasta el punto de que el sector la llama «un agujero negro de energía». La luz que sostiene el brillo de la región se genera en el suelo de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, y llega por líneas que ocupan su territorio. Alcobendas es Madrid en pequeño; Madrid es Alcobendas en grande. El mismo depredador, dos tallas.
Por eso «hacerlo bien» es aquí la vara equivocada, en las dos escalas. Un crecimiento que no suma —que compromete agua y luz sin comprobar si el conjunto puede— no es solo insolidario con el pueblo de al lado que se queda sin cupo; es, un escalón más arriba, insolidario con las comunidades que ponen el suelo y el agua para que Madrid brille. La depredación de recursos y la insolidaridad son la misma cosa vista de cerca y de lejos. Y un consumo sin freno, que no cierra sus ciclos ni suma sus cuentas, no es sostenible por impecable que sea su contabilidad: es un modelo que solo funciona mientras haya gacelas.
La salida no es dejar de crecer ni de construir vivienda —al contrario—. Es cambiar la condición: que quien consuma agua y luz genere y reutilice lo que pueda; que la vivienda protegida sea de verdad asequible; y, sobre todo, que antes de autorizar cada pieza alguien sume el conjunto —el del corredor, el de la región, el del país— y diga en voz alta a qué crecimiento de qué otro sitio se está renunciando. Mientras nadie haga esa suma, seguiremos llamando «bien gestionada» a una ciudad, y «próspera» a una región, por lo lustrosas que están. Sin preguntar por las gacelas.
Acceso a la ficha extendida de Alcobendas
Nota de método
Este artículo se apoya en los datos del planeamiento de Alcobendas —del orden de 1.267 hectáreas de suelo urbanizable, 356,9 sectorizadas, el sector residencial de Los Carriles con unas 8600 viviendas, cerca de la mitad protegidas—. Se aplica una vara explícita —la autosuficiencia y el balance de una localidad respecto del conjunto regional—, distinguiendo el dato del razonamiento de escala. La crítica se apoya en la voz atribuida de las movilizaciones ciudadanas, no en el juicio del autor. Cada cifra procede de fuente primaria enlazada en el punto de cita: INE, Ayuntamiento de Alcobendas, Comunidad de Madrid y Canal de Isabel II, Ferrovial e i-DE (atribuidas al operador) y Red Eléctrica. El marco de «suma cero» se sostiene como topes reales de garantía y de depuración de un sistema único, sin presuponer un reparto administrativo de cupos entre municipios.
La investigación pendiente
Quedan por confirmar, y no se publican como hechos hasta entonces: la potencia real del campus de Ferrovial —más de cien megavatios según el promotor, hasta doscientos cuarenta según la prensa energética—; qué línea y qué subestación conectarán esos megavatios propios de Valdelacasa, es decir, la huella eléctrica de salida de Alcobendas; el origen del agua regenerada que refrigeraría los centros de datos —propia, y entonces detraída del arroyo de la Vega y sus regadíos, o importada de otro punto del sistema—; el porcentaje real de reciclaje municipal; el autoconsumo fotovoltaico en edificios públicos; y el desenlace del sector de Los Carriles, hoy paralizado por un recurso de Ecologistas en Acción ante el TSJM. La movilización vecinal contra el trazado de las nuevas líneas de alta tensión se aborda en el informe de movilización ciudadana. Alcobendas es el primer municipio del Clúster 4 · Norte-A-1.
