Un juez federal ordenó el jueves a la Administración de Donald Trump notificar con treinta días de antelación cualquier cambio físico de importancia en el Kennedy Center, «incluida, sin limitarse a ello, cualquier demolición» del edificio principal, informó PBS News. La orden llega en plena escalada de un pulso que enfrenta desde hace meses a la Casa Blanca con el Congreso por el control del centro cultural más emblemático de Washington.
El juez Christopher Cooper, del Tribunal de Distrito de Columbia, dictó la medida horas después de que Trump fuera fotografiado a bordo del Air Force One observando un cartel con las palabras «Kennedy Center DEMOLISHED» superpuestas a una imagen de derribo. Cooper explicó que buscaba «evitar cualquier confusión al respecto, dados los acontecimientos más recientes», en referencia al cierre repentino del edificio principal el miércoles.
El cierre, que la dirección del centro atribuyó a «riesgos agudos para la seguridad pública» derivados del deterioro estructural, llega apenas dos días después de que el propio Cooper bloqueara un intento de la junta directiva —presidida por Trump y controlada por sus aliados— de inscribir el nombre del presidente en la fachada del edificio. El magistrado ya había ordenado en mayo retirar el nombre de Trump del centro por vulnerar la ley que lo bautizó en honor al expresidente John F. Kennedy, y reiteró esta semana que ningún cambio de ese tipo puede producirse «sin el visto bueno del Congreso».
La representante demócrata Joyce Beatty, de Ohio y miembro de oficio de la junta del centro, había pedido una vista de urgencia para frenar lo que calificó de «cierre ilegal». Sus abogados alegaron ante el tribunal que la justificación de un cierre «temporal» era «un pretexto evidente» para clausurar el centro de forma permanente. Cooper denegó la vista urgente, pero accedió a dejar «meridianamente claro» que su orden prohíbe cualquier demolición sin ese aviso previo de treinta días.
El Congreso ya ha destinado 257 millones de dólares a las reparaciones del edificio, pero Trump ha condicionado públicamente su ejecución a que la junta pueda seguir adelante con la inscripción de su nombre. «Si no hacemos eso, va a cerrar. Acabará siendo derribado. Está en muy, muy mal estado», declaró el presidente el miércoles.
El episodio ilustra bien la distinción que este Observatorio Trump mantiene entre la oposición democrática amplia y la oposición formal del Partido Demócrata: junto a Beatty, que actúa desde su cargo institucional, se han sumado voces del mundo cultural —la actriz y cantante Barbara Streisand, homenajeada por el centro en 2008, calificó la disputa de «lacerante y dolorosa de presenciar»—, ajenas por completo al calendario electoral demócrata pero igualmente críticas con lo que consideran un uso personalista de una institución pública.
Con la aprobación presidencial rondando el 38 por ciento según el promedio de encuestas, el pulso por el Kennedy Center añade a la campaña hacia las midterms del 3 de noviembre un frente distinto a los habituales de política exterior o economía: el de una institución cultural federal convertida en símbolo del choque entre el poder presidencial y los límites que le imponen tanto los tribunales como el propio Congreso que financia sus reparaciones.
Según el promedio de Silver Bulletin, la aprobación neta de Trump se sitúa en -19.5 puntos a 16 de septiembre —una leve mejora sobre el mínimo histórico de su mandato, -20.6—, mientras la ventaja demócrata en la papeleta genérica del Congreso permanece estable en 6,6 puntos, prácticamente sin cambios respecto a los 6,5 de principios de agosto.
En ese contexto, el pulso por el Kennedy Center añade a la campaña hacia las midterms del 3 de noviembre un frente distinto a los habituales de política exterior o economía: el de una institución cultural federal convertida en símbolo del choque entre el poder presidencial y los límites que le imponen tanto los tribunales como el propio Congreso que financia sus reparaciones.
