La Federación Internacional de Periodistas defiende en Madrid que la información fiable debe reconocerse como un servicio público esencial y universal. Su secretario general, Anthony Bellanger, pidió financiación estable, gobernanza ajena al control gubernamental y empleo digno para sostener medios públicos capaces de rendir cuentas a la ciudadanía.
El secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Anthony Bellanger, formuló esta reclamación sobre la independencia de los medios públicos durante la conferencia «Public Services Fightback», celebrada en Madrid los días dieciséis y diecisiete de septiembre de 2026.
El encuentro, organizado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP), reunió a dirigentes sindicales de distintos países para analizar la respuesta de los servicios públicos ante el autoritarismo, la desigualdad, el poder de las grandes plataformas tecnológicas y los ataques a los derechos laborales.
Bellanger sostuvo que la información permite a la población conocer cómo se emplea el dinero público, quién se beneficia de una privatización o qué intereses financian a responsables políticos. Desde esa premisa, resumió la posición de la organización con una afirmación: «Toda persona tiene derecho a estar bien informada».
La FIP, que según su propia información representa a 600.000 periodistas y profesionales de los medios mediante 187 sindicatos y asociaciones de cerca de 150 países, equipara el acceso a información fiable con otros servicios esenciales, como la sanidad o la educación.
Tres garantías para la independencia de los medios públicos
La federación articuló su propuesta en torno a tres garantías. La primera consiste en reconocer el acceso a información fiable como un derecho universal, sin excluir a territorios o comunidades menos atractivos para el mercado publicitario.
La segunda reclama separar del control directo de los gobiernos tanto la financiación como la gobernanza de los medios públicos. Para Bellanger, estas organizaciones deben recibir fondos públicos suficientes y responder ante la ciudadanía, no ante el Ejecutivo de turno.
La tercera se refiere a las condiciones laborales. La FIP considera que la independencia editorial se debilita cuando las redacciones trabajan con salarios insuficientes, precariedad o contratos de renovación frecuente. También exige que las grandes plataformas tecnológicas aporten una parte justa de los ingresos que obtienen mediante contenidos periodísticos y el control de las vías de acceso a la información.
El marco europeo exige financiación estable
La intervención situó estas demandas en el marco del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. La Comisión Europea señala que la norma protege el funcionamiento independiente de los medios de servicio público y exige una financiación adecuada, sostenible y previsible, además de salvaguardas frente a injerencias indebidas.
Bellanger citó conflictos abiertos en varios países para sostener que la presión adopta formas distintas. Aludió a la huelga de trabajadores de Radio France por una decisión editorial de France Inter, a los recortes que amenazan empleos y programas de la BBC, a la fragilidad financiera de CBC/Radio-Canada y a la crisis de confianza que afecta a la japonesa NHK.
También recordó las iniciativas de la FIP en defensa de los medios públicos de la República Checa, Deutsche Welle, la radiotelevisión kosovar RTK y los derechos sindicales en Montenegro. La federación interpreta que muchos de esos procesos se presentan como modernizaciones o ajustes técnicos, aunque pueden afectar a la autonomía y a la capacidad de servicio.
Un debate con antecedentes en Madrid
La celebración del encuentro en Madrid sitúa el debate en un territorio donde la independencia y el uso institucional de los medios públicos también han generado controversias. Aquí Madrid informó del rechazo de la Asociación de Usuarios de la Comunicación a cambios en el modelo de Telemadrid que, a juicio de la entidad, reducían garantías de pluralismo.
Más recientemente, el periódico recogió la controversia sobre el uso de los medios municipales de Pinto y las recomendaciones del Defensor del Pueblo para preservar la neutralidad institucional.
El comunicado de la FIP no plantea una reforma específica para España ni incorpora respuestas del Gobierno, de RTVE o de las radiotelevisiones autonómicas. Su contenido fija una posición sindical internacional: la información pública solo puede cumplir su función democrática si dispone de autonomía, recursos suficientes y profesionales protegidos frente a la precariedad.
