Los transforma. Una planta de biometano promovida por tres multinacionales del gas, la basura y el agua, y subvencionada con fondos europeos, se levanta sobre suelo de orientación ganadera en la linde entre Colmenar Viejo y Tres Cantos. Vendida como economía circular, no hace desaparecer la basura orgánica del noroeste madrileño: la convierte en gas y en decenas de miles de toneladas de digestato. Y no avanzó por una gran decisión, sino por una cadena de trámites —una calificación urbanística, una declaración de utilidad pública, una modificación «no sustancial»— que fue fragmentando el sí hasta que ningún momento obligó a rendir cuentas en público. Esta serie lo reconstruye plano a plano: quién decide, quién gana y quién paga.
Pórtico. La tecnología ya existe: lo que enseña Valdemingómez
Antes de entrar en el expediente conviene despejar un equívoco: el biometano a partir de basura orgánica no es un experimento. Lleva más de una década funcionando en el propio Madrid. Y eso, lejos de tranquilizar, cambia la pregunta.
Toda polémica ambiental arrastra la tentación de convertirse en un relato de miedo: la fábrica desconocida, el gas invisible, la amenaza nueva a las puertas de casa. Conviene resistirla desde la primera línea, porque en este caso el relato del miedo es, además de injusto, falso. La tecnología que se instalará en Colmenar Viejo no es nueva ni rara: es la misma que el Ayuntamiento de Madrid explota desde hace más de una década en Valdemingómez, al sureste de la región.
Allí, la capital fue pionera en España en producir biometano a partir de residuos y la primera en inyectarlo en la red gasista, en 2012. El proceso es idéntico al de Colmenar: se digiere en ausencia de oxígeno la fracción orgánica del contenedor marrón, se depura el biogás resultante y se inyecta como biometano. En 2022 esa instalación se amplió de 100 a 180 GWh anuales —más del triple de los 53 que promete Colmenar—, y la opera PreZero, uno de los tres socios de la planta que nos ocupa. España rondaba, además, la sesentena de plantas de biometano en explotación, y Europa cuenta con miles. La novedad, sencillamente, no existe.
Pero esa constatación no cierra el debate: lo reordena. Si la tecnología está probada, la pregunta pertinente deja de ser «¿es peligrosa esta planta?» y pasa a ser «¿por qué aquí, a esta escala y en estas manos?». Y el propio Valdemingómez, precisamente por ser el referente, contesta en tres direcciones incómodas para el proyecto.
La primera es la ubicación. Valdemingómez no está a kilómetro y medio de un colegio: ocupa un recinto que concentra, desde 1978, todas las instalaciones de residuos de la ciudad, deliberadamente apartado. El modelo maduro de esta industria mete las plantas grandes en parques dedicados y aislados, no en la linde de dos municipios. El referente no ampara la localización de Colmenar: la desautoriza.
La segunda es la propiedad. Valdemingómez es pública: Madrid trata su propia orgánica en una instalación municipal. La del noroeste, en cambio, irá a un consorcio privado y subvencionado con fondos europeos. Cuando la capital hizo lo mismo, lo hizo en casa y con lo público.
La tercera afecta al lenguaje. Si el referente nacional mueve 180 GWh y Colmenar apenas 53, llamar «macroplanta» a la segunda por su tamaño técnico es discutible: es un tercio del modelo. Lo «macro» no está en la máquina, sino en su desproporción con el sitio —dos pueblos que juntos no llegan a mucho más de cien mil habitantes— y con la distancia a las casas. Esta serie procurará ser escrupulosa con esa diferencia, porque atacar el tamaño en abstracto es débil; señalarlo en relación con el emplazamiento es inapelable.
Ahí está, en germen, la tesis de todo lo que sigue. Lo que se dirime en Colmenar Viejo no es un problema de ciencia, sino de escala: qué ocurre cuando una infraestructura de alcance regional se decide, se emplaza y se privatiza justo en el punto donde menos se puede sopesar y más se padece. La tecnología es vieja y conocida. Lo que falla —lo veremos plano a plano— es todo lo demás: el suelo donde se posa, las manos que la explotan, las instituciones que la bendicen y el trámite que evitó mirarla de frente.
Empecemos, pues, por el principio: por el suelo.
1. El plan urbanístico vigente
Un suelo de orientación ganadera, un plan de 1987 y una cadena de calificaciones: cómo se autoriza una fábrica de gas donde el planeamiento solo preveía pastos.
La planta se levanta en las parcelas 69 y 70 del polígono 41, en el paraje de Era de Montoya, al este del casco de Colmenar Viejo y pegada al vertedero. De los 179.899 metros cuadrados de la finca, el proyecto ocupa unos 36.000. Todo lo que viene después —la licencia de obras, la Declaración de Utilidad Pública, la calificación urbanística— descansa sobre una pregunta previa que rara vez se formula: ¿qué permite hacer el plan en ese suelo?
Poco, y nada que se parezca a una fábrica de gas. La Revisión del Plan General de 2002 clasifica esas parcelas como Suelo No Urbanizable sin protección, categoría N1, «Orientación Ganadera». La propia revisión dejó además el ámbito «aplazado», de modo que siguen rigiendo las condiciones de edificación del PGOU de 1987: las de una explotación pecuaria —vivienda afecta al uso ganadero, ocupación máxima del suelo del 1,5 por ciento, siete metros de altura—. Es, sin metáfora, un planeamiento pensado para el ganado.
De la vaca al digestor: ¿cómo se autoriza entonces una industria energética sobre suelo de pastos? Por una cadena de encajes. Al ser suelo no urbanizable común —no protegido—, la disposición transitoria primera de la Ley 9/2001 del Suelo de Madrid le asigna el régimen del suelo urbanizable no sectorizado. Y en ese régimen, el artículo 26 permite «legitimar, mediante la previa calificación urbanística» determinadas construcciones. Ahí aparece la palabra que vertebra todo el expediente: calificación urbanística. No modifica el plan —lo «completa»—, autorizando un uso que la ordenación no había previsto.
El problema es qué usos enumera ese artículo en primer lugar: los «de carácter agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo». Una planta que trata 75.000 toneladas anuales de biorresiduos para inyectar gas en la red no es una ganadería, y el propio Ayuntamiento tropezó con su técnico: el informe del arquitecto municipal de 2023 advirtió de que el proyecto «no se adecua a las condiciones de edificación para usos pecuarios» del planeamiento. La costura que la calificación trata de coser es exactamente esa: meter una industria en un suelo de orientación ganadera.
Para salvar el desajuste aparece la segunda pieza: la Declaración de Utilidad Pública e Interés Social que aprobó el Ayuntamiento, la figura que permite emplazar en el medio rural instalaciones no agrarias declaradas de interés general. Es lo que convierte un «esto no encaja» en un «esto es necesario». Y no por azar es la pieza recurrida: su vista oral está señalada para octubre. Si cae la declaración, se tambalea el resto del andamiaje.
Conviene, en honor a la verdad, dar su versión al consistorio. El Gobierno local sostiene que el expediente ha completado todos los trámites y que reúne cerca de medio centenar de informes técnicos favorables; su tesis es que negar la licencia «sin base jurídica» sería prevaricar. La discrepancia, por tanto, no versa sobre si el procedimiento existe, sino sobre si ese procedimiento puede forzarse hasta hacer pasar por «análoga a una granja» una fábrica de metano.
El terreno, además, no llega virgen a esta historia. La parcela 70 ya albergaba, por una calificación urbanística de 2007 —entonces competencia de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad—, una planta de valorización de residuos de construcción. El sitio era ya, de facto, suelo de residuos; la planta de biometano no inaugura el uso industrial, lo multiplica.
El plan urbanístico vigente, en suma, no ampara la planta: la tolera a fuerza de regímenes transitorios, calificaciones y declaraciones apiladas sobre un planeamiento de 1987 que solo contemplaba pastos. Lo que el resto del reportaje debe dilucidar no es si el encaje es posible —lo es—, sino si resiste leído en voz alta.
2. El proyecto y sus dueños: quién gana, quién pierde
Una sociedad de tres mil euros de capital pone la cara; detrás, tres multinacionales del gas, la basura y el agua. La factura ambiental, en cambio, tiene código postal.
Si el capítulo anterior mostró el suelo sobre el que se posa la planta, este muestra las manos que la levantan. La promotora se llama Smart Farm Biogas Madrid, S. L., una sociedad limitada constituida en julio de 2022 con un capital social de tres mil euros. Detrás de esa cifra modesta —el capital de una furgoneta— se alinean tres de los mayores operadores de servicios esenciales del país. La Comisión Europea autorizó en febrero de 2024 la alianza que los une: Enagás Renovable, PreZero y ACES, del grupo Agbar. Gas, basura y agua, concentrados sobre 36.000 metros cuadrados de Colmenar Viejo.
El socio que opera es PreZero, la división de residuos del Grupo Schwarz —el dueño de Lidl—, que en 2021 compró a Ferrovial su negocio medioambiental en España, Cespa, por más de mil cien millones de euros. El dato cierra el círculo que abrí en el capítulo anterior: la calificación urbanística de 2007 sobre la parcela 70 la había obtenido, precisamente, Cespa. Es decir, el mismo operador —con otro nombre y otro dueño— lleva casi veinte años en ese suelo. La planta no aterriza en terreno ajeno: amplía el de casa.
El dinero. Según los propios datos de Enagás Renovable, la inversión ronda los 21,5 millones de euros, de los que 7,9 se consideraron financiables con fondos públicos. Sobre esa parte recayó una subvención de unos 3,3 millones del Plan de Recuperación —los fondos Next Generation—, canalizada por la Comunidad de Madrid.
Conviene fijar bien la proporción, porque circula redondeada al alza: la ayuda cubre en torno al 40 por ciento del presupuesto financiable, no del proyecto; sobre la inversión total pesa bastante menos. Y es una subvención que las plataformas han denunciado ante Bruselas por presuntas irregularidades en su concesión, un extremo que examinaré en el capítulo tres.
El negocio tiene dos grifos. Uno, el canon por tratar 75.000 toneladas anuales de biorresiduos: quien produce basura orgánica paga por que se la gestionen. Otro, la venta del biometano resultante, que se inyecta en el gasoducto de Enagás a través de un ramal de menos de dos kilómetros. No es casual que Enagás esté en la sociedad: controla la tubería por la que el producto sale al mercado. Quien gana, en suma, gana por partida triple: cobra por recibir la basura, cobra por vender el gas y ha cobrado, antes, la subvención.
En el reparto local, el Ayuntamiento de Colmenar figura como beneficiario: promete unos tres millones para las arcas, calefacción gratis en los colegios y tasa cero en el contenedor marrón. La plataforma vecinal replica que esos tres millones salen del ICIO y de impuestos que se pagarían por cualquier obra, inocua o no; no son, dicen, un dividendo de la planta, sino el peaje de cualquier ladrillo. La Comunidad, por su parte, se anota el rédito político: una pieza más de su relato de economía circular y biometano.
¿Quién pierde? Los que no aparecen en ninguna cuenta de resultados. Los vecinos más próximos —a menos de kilómetro y medio en Colmenar, a poco más de dos kilómetros en Tres Cantos— cargan con el olor potencial, el tráfico y la depreciación; Tres Cantos, además, sin voto. Ahí asoma, en su forma más nítida, la desproporción que recorre toda esta serie: el valor se privatiza y se exporta —el gas se va por un tubo a la red nacional, el beneficio a tres multinacionales, la subvención vino de Europa—, mientras el coste se queda, con código postal, en unas cuantas hectáreas y sus lindes.
Queda una pregunta que este capítulo solo puede dejar apuntada, porque es la columna de los siguientes: ¿de dónde salen esas 75.000 toneladas? Si fueran solo los restos orgánicos de Colmenar, el trasiego sería modesto. Si son, como sospechan los vecinos, los de buena parte del noroeste madrileño —esa gestión de basuras presupuestada en más de mil millones hasta 2045—, el número de camiones y la presión para ampliar cambian de orden de magnitud. Lo veremos en el cuatro y el cinco.
3. ¿Respetuosa? El estudio ambiental y la etiqueta que lo cambió todo
La planta se vende cerrada, sin olores y sin tóxicos. La pregunta no es si la tecnología puede ser limpia, sino por qué su cambio más importante esquivó una nueva evaluación ambiental.
Conocidos los dueños y el reparto, queda la pregunta que ellos responden con un folleto: ¿a qué coste ambiental? Empecemos por darle la palabra al proyecto. Según el folleto que las promotoras repartieron en los buzones, la planta será una instalación cerrada, sin nave de compostaje —lo que, dicen, reduce su tamaño y elimina los olores, porque todo el proceso ocurre en atmósfera cerrada con biofiltros de última generación—; no emplea compuestos tóxicos ni, aseguran, produce gases contaminantes. Tratará 75.000 toneladas anuales de restos orgánicos domésticos, comerciales e industriales. Es, en su relato, lo contrario de una amenaza: economía circular a la puerta de casa.
La discusión, sin embargo, no se juega en ese folleto, sino en una etiqueta administrativa de dos palabras: «no sustancial». El 30 de junio de 2026, la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular modificó la Autorización Ambiental Integrada de la planta y calificó los cambios de no sustanciales, con una consecuencia decisiva: al no serlo, el proyecto modificado no tuvo que someterse a una nueva evaluación ambiental, ni publicarse en el Boletín Oficial, ni notificarse a los más de mil vecinos que habían alegado.
Y los cambios no son menores. La modificación elimina el proceso de compostaje y lo sustituye por una higienización por pasteurización del digerido; reduce la superficie, cambia los residuos admitidos, sustituye el biofiltro convencional por uno «avanzado», altera la recepción y el pretratamiento y suprime la planta de tratamiento de lixiviados y la balsa de excedentes, entre otras cosas. Las promotoras lo presentan como una planta más pequeña y más limpia. Los recurrentes lo leen justo al revés.
Porque al quitar el compostaje, lo que iba a convertirse en compost —un producto con salida— se transforma ahora en digestato residual: «decenas de miles de toneladas… sin destino conocido», según los recursos. La portavoz de la plataforma, Marie Claude Belda, cifró en una entrevista el salto: un volumen previsto que habría pasado de algo más de 14.000 a unas 53.000 toneladas. Si es así, la modificación vendida como «reducción» genera, en su producto de desecho, un problema mayor que el que resuelve —y un problema que, además, sale de la planta en camiones, materia del capítulo siguiente—. Ese es el corazón del recurso: un cambio de esa magnitud no puede ser «no sustancial».
Sobre el olor y las emisiones, la honestidad obliga a matizar. La digestión anaerobia en recinto cerrado con biofiltración puede, en efecto, contener los olores: no es una fábrica de purines a cielo abierto. Pero la instalación se levanta a menos de kilómetro y medio de viviendas y colegios de Colmenar y a poco más de dos kilómetros de Tres Cantos, y la garantía de que «no habrá olores» descansa hoy en la palabra del promotor y en una autorización que, en su versión decisiva, no volvió a evaluarse. Respetuosa, en este expediente, es un adjetivo afirmado por etiqueta, no demostrado por un informe independiente y actualizado.
Hay, además, dos puertas entreabiertas. Una, temporal: el propio folleto reconoce que la autorización permitiría incorporar otros residuos a partir del quinto año, aunque los promotores prometan que no lo harán —volveremos sobre esa promesa en el capítulo 5—. Otra, física: el emplazamiento afecta a una vía pecuaria que hubo que «adecuar» —ironía fina en un suelo de orientación ganadera— y a un entorno que los vecinos señalan como de interés arqueológico.
A todo ello se suma una denuncia ante Bruselas por la subvención europea, en la que las plataformas sostienen que el proyecto omitió en su tramitación una actividad industrial relevante para valorar su impacto y que, con ello, se habría vulnerado el principio comunitario de «no causar un perjuicio significativo» y los derechos de participación pública. Es una denuncia, no una sentencia; conviene decirlo con esa cautela.
La pregunta del capítulo tenía trampa. No es si una planta de biometano puede ser respetuosa con el entorno —puede serlo—, sino si esta lo ha demostrado o simplemente lo ha declarado. Y la respuesta, a la vista del expediente, es incómoda: el cambio más consecuente del proyecto se aprobó por la vía que evita mirarlo de cerca. El respeto, aquí, no se ha medido; se ha rotulado.
4. La tubería y la carretera: las cuentas del camión
El gas sale por un tubo; la basura entra por la M-607 y el digestato vuelve a salir por ella. El número depende de qué preguntes y a quién.
El argumento estrella de las promotoras contra el temor al tráfico es que el biometano se inyecta en el gasoducto de Enagás: sale por un tubo, no en camiones. Es cierto, y es también una respuesta a una pregunta que nadie ha hecho. Porque lo que preocupa no es cómo sale el gas, sino cómo entra la materia prima y cómo sale lo que sobra. Y ahí no hay tubería que valga: la masa se mueve por carretera.
Son dos flujos, no uno. Por un lado, las 75.000 toneladas anuales de biorresiduos que hay que traer —una cifra que, conviene recordarlo, es el techo: la planta arranca tratando 20.000 toneladas y crece hasta esas 75.000—. Por otro, el digestato que hay que llevarse: al haberse eliminado el compostaje, ese residuo sólido ya no se convierte en un producto con salida, sino que debe trasladarse a otro lugar de tratamiento, lo que «duplica el tráfico» asociado a la planta. El capítulo anterior lo dejó apuntado; aquí se paga en camiones.
Las promotoras cifran ese movimiento en una media de uno a dos camiones por hora, «por debajo del 0,1 por ciento del tráfico» de la carretera de acceso, y subrayan que reutilizan la ruta del vertedero, desviándose apenas cien metros. Los vecinos manejan otras cifras: entre ocho y dieciséis camiones diarios en las estimaciones tempranas, y una mucho mayor extraída del expediente. La portavoz Marie Claude Belda sostiene que el propio informe describe «unos 55 camiones al día a partir del sexto año», a los que «habría que sumar» los que traen los biorresiduos.
Hagamos la cuenta con las cartas boca arriba, porque estas cifras no se contradicen tanto como parece. A plena capacidad —75.000 toneladas—, suponiendo camiones de entre veinte y veinticinco toneladas y una recepción de unos doscientos sesenta a trescientos días al año, entran del orden de diez a quince camiones cargados al día.
El digestato de salida, del orden de cincuenta mil toneladas, añade otros siete a nueve. Y como cada camión que entra vuelve a salir, contar «movimientos» —idas y vueltas— casi duplica la foto: unas tres o cuatro decenas diarias. Ni catástrofe ni goteo inocuo: es el mismo dato mirado por el lado que más adelgaza.
Ahí está el origen del baile. Las estimaciones vecinales bajas retratan la fase inicial, cuando la planta trata 20.000 toneladas; los 55 del expediente retratan el otro extremo, la planta a pleno rendimiento y con el digestato ya en circulación. No se llevan la contraria: describen dos puntos de la misma curva de crecimiento. Y el «uno o dos por hora» del promotor encaja, más o menos, con el flujo de entrada a tope… siempre que no se cuenten ni los retornos ni la salida del digestato.
Queda el marco, que es donde el 0,1 por ciento se desinfla. Ese porcentaje compara los camiones con el tráfico total —coches incluidos— de una vía que ya arrastra atascos y cortes por accidente con regularidad, la M-607; pero un tráiler no equivale a un turismo ni en ruido ni en desgaste del firme.
Y hay una contradicción de fondo que la propia oposición señala: como Colmenar y Tres Cantos no generan bastante materia orgánica para llenar la planta, el residuo hay que importarlo de otros municipios —incluso de otras provincias—, de modo que parte del CO₂ que el gas ahorra se vuelve a gastar en la carretera que lo alimenta.
La tubería, en definitiva, saca del pueblo la historia limpia; la carretera mete la real. Todo lo anterior, además, cuenta con un supuesto de partida: que la planta se quede en 75.000 toneladas. Y de ese flujo —cuánto entra, de dónde y qué sale que no sea gas— va el capítulo siguiente.
5. El flujo: cuánta materia, de dónde y con qué sobrante
La tranquilidad del proyecto se apoya en un número —75.000 toneladas—. Pero un flujo se define por tres cifras, y las otras dos no están escritas: de dónde entra y qué sale que no sea gas.
Toda la calma que ofrece el proyecto cabe en una cifra: 75.000 toneladas al año, y solo orgánicos. Pero una planta de tratamiento no es un número, es un flujo, y un flujo se define por tres: cuánto entra, de dónde y qué sale. La primera está escrita —quizá con lápiz—; las otras dos, no. Este capítulo mira las tres.
Cuánta. Las 75.000 toneladas no son el punto de partida, sino el de llegada: la planta arranca en 20.000 y crece hasta ahí. El crecimiento no es una amenaza futura: es el diseño. Sobre esa cifra ronda el fantasma de las 150.000, que las asociaciones denuncian como ampliación posible. Aquí la honestidad obliga a dar la réplica del promotor, que es sólida: el responsable de biometano de Enagás sostiene que la planta «no es ampliable» y que el máximo «está definido en la autorización ambiental». Tomo esa palabra y bajo las 150.000 al rango de sospecha, no de dato.
Pero el número es lo de menos, y aquí está el nudo de todo el reportaje. Una cifra tope solo vale lo que valga el trámite necesario para superarla. ¿Y cuál haría falta? El mismo que ya vimos funcionar en el capítulo tres: la modificación «no sustancial».
Si la Comunidad pudo calificar así el cambio que eliminó el compostaje —sin nueva evaluación, sin Boletín, sin avisar a los alegantes—, la garantía de las 75.000 está escrita con el mismo lápiz que se borra marcando una casilla. A ello se suma una puerta temporal: el propio folleto admite que la autorización permitiría otros residuos a partir del quinto año. El tope no es un muro: es una promesa con fecha de revisión.
De dónde. Y aquí aparece lo que el proyecto no cuenta. La planta pide 75.000 toneladas de orgánica recogida separadamente, pero el territorio que debe alimentarla apenas la separa. Es más: ni siquiera los dos pueblos que la acogen lo hacen por igual. Colmenar, al menos, cuenta con contenedor marrón —el convenio de la planta lo premia con tasa cero—; pero Tres Cantos, el municipio que convive con la instalación sin decidir sobre ella, ni siquiera lo tiene: allí la recogida separada no pasó de un piloto para un solo barrio.
Si la vecina que más padece la planta no separa su orgánica, la materia prima ha de venir, por fuerza, de más lejos. En la Comunidad, donde no hay marrón la orgánica va al gris, mezclada; y la Mancomunidad del Noroeste, según la propia administración, aún «proyecta» sus instalaciones. Solo caben tres orígenes, y los tres incomodan: que la orgánica no sea limpia, sino rascada del contenedor gris —más sucia—; que se importe de donde sí hay marrón, sobre todo de la capital, con más camiones; o que la planta se haya construido por delante del sistema que debe nutrirla —lo que explicaría el arranque en 20.000—. ¿Está cifrado el origen? No. El destino se detalla al gramo; la procedencia, «se ignora». Saber cuánto se produce pero no de dónde sale la materia es, por sí solo, una anomalía.
Con qué sobrante. La tercera cifra no está en ningún folleto. La planta no hace desaparecer la basura: la transforma. De las 75.000 toneladas, una fracción se va como gas —los 53 GWh, que la convierten en productora neta de energía, aunque menos de lo que el bruto sugiere: calentar, bombear, depurar y ahora pasteurizar consume, y al CO₂ que el gas ahorra hay que restarle el de los camiones—.
La mayor parte sale como digestato: del orden de cincuenta mil toneladas, según la plataforma. Y aquí «¿metaboliza o genera residuo?» depende de una decisión administrativa. Mientras ese digestato se convertía en compost, era un producto. Desde que la modificación de junio eliminó el compostaje, es «residuo sin destino conocido». Los promotores lo llaman «subproductos de uso agrícola»; los recurrentes, desecho. Y las dos preguntas se abrazan: si la materia entra sucia —porque no hay marrón—, el digestato sale peor, más difícil de valorizar como fertilizante y más probablemente residuo. El agujero del origen y el problema del sobrante son el mismo, por sus dos extremos.
Sobre todo ello empuja, además, una fuerza ajena al pueblo: la planta es una pieza del sistema que debe colocar la basura del noroeste durante dos décadas. En un engranaje así, una instalación a 20.000 toneladas es una tentación permanente de llenar, y una a 75.000, de ampliar. La presión para crecer no depende de la buena fe del promotor: es la lógica del sistema en que la planta encaja.
Resumido el flujo, la planta se revela como un nodo con las tres cifras al revés de lo que la tranquilidad exigiría: una entrada sin procedencia documentada, una salida que la última modificación empeoró y un tope que se puede levantar sin ruido. Crecer, aquí, no necesita anunciarse con una fase nueva ni una manifestación: bastan una casilla, una importación y un camión más. Y esa —no las 75.000— es la verdadera cifra que vigilar.
6. Solo el PP: el mapa de un consenso que no existe
Tres administraciones del mismo partido no producen una política, sino un reparto de papeles. Y cuando llegó la hora de votar, el PP se quedó sin nadie al lado, ni siquiera su socio.
Vigilar, dice el capítulo anterior. ¿Pero quién? Porque de las tres administraciones llamadas a ponderar todo esto, ninguna la frena. Uno esperaría, ante una obra que gobiernos del mismo color impulsan en tres niveles —Colmenar, Tres Cantos y la Comunidad—, un consenso de derechas bien trabado. Lo que hay es lo contrario: un partido cada vez más solo sosteniendo, desde el poder, algo que casi nadie más respalda.
El dato que lo prueba es de junio de 2025. En el Pleno de Colmenar, la moción para estudiar la revocación de la Declaración de Utilidad Pública salió adelante con los votos de PSOE, Ganemos, Más Madrid y hasta Vox —socio de gobierno del PP—, con el PP como único voto en contra. «Ni siquiera Vox les apoya», resumían. El consenso no está a favor de la planta: está aislado a favor.
Colmenar Viejo, el que firma. Es el único con competencia sobre el suelo, y la ha ejercido a favor sin fisuras. Su alcalde, Carlos Blázquez, condensa la defensa en una frase —«No podíamos denegarla con cincuenta informes favorables»— y sostiene que negarse sería prevaricar; a cambio promete retorno: tres millones para las arcas, calefacción gratis en los colegios, tasa cero en el contenedor marrón.
El episodio que mejor lo retrata es el «pleno del tamayazo» —así lo bautizó Ganemos, por el eco del transfuguismo de 2003 en la Asamblea—: el 29 de mayo de 2025 una edil socialista se abstuvo, y esa abstención bastó para tumbar el recurso vinculante y dejar vivo el expediente. Más Madrid acusó al PSOE de estar «plegado» al PP a cambio del «dinero de las tres liberaciones». La moción de junio, esa que el PP votó solo en contra, el Ayuntamiento la considera no vinculante y no ha movido ficha.
Tres Cantos, el que se lamenta… a medias. Mismo partido en la Alcaldía —Jesús Moreno, con mayoría absoluta—, y un papel más ambiguo de lo que aparenta. Sí, pidió a las promotoras otra ubicación porque el emplazamiento «no es el más idóneo». Pero en el mismo gesto defendió el proyecto: afirmó que «no se trata de una macroplanta», que cuenta con impacto ambiental positivo y que no habrá purines, y reprochó a los vecinos difundir «informaciones falsas». Su grupo, con mayoría absoluta para haber hecho más, dejó caer la moción de paralización del PSOE y no admitió a trámite la consulta popular que pedía otro grupo.
Es oposición de boquilla: reproduce el argumentario del promotor mientras pide, en voz baja, correr la planta unos metros. Los vecinos lo dicen crudo —el alcalde «se desentiende» escudándose en la linde—.
La Comunidad, el que respalda. El nivel que pone el marco. La Dirección General de Transición Energética y Economía Circular —Cristina Aparicio— defendió la planta en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea; es la Comunidad la que tiene la Autorización Ambiental Integrada y la que bendijo la modificación «no sustancial» del capítulo tres. La oposición sí llevó el asunto al Parlamento regional: una diputada socialista preguntó por el proyecto a esa misma directora.
Pero por el PP no hubo grieta: la reserva de Moreno jamás subió, ni la trasladó al partido regional ni la convirtió en gesto autonómico. Se quedó en una nota de prensa municipal. Y hay un detalle que ata el respaldo con lo electoral: en abril de 2026, Ayuso y Blázquez se fotografiaron juntos anunciando ciento ochenta millones para Colmenar, lo que la oposición leyó como precampaña. La firmeza tiene, además de convicción, un componente de calendario.
El retrato final no es el de un bloque, sino el de una responsabilidad que se difumina por estar tan repartida entre manos del mismo color. Colmenar dice estar obligado; Tres Cantos, que no es su suelo; la Comunidad, que es economía circular europea.
Cada escalón señala al de al lado, y en el hueco cabe entera la planta. Ese es el salto de escala en su versión institucional: una decisión de alcance regional tomada por el municipio con menos capacidad para sopesarla, aplaudida por quien no paga sus costes, padecida por quien no pudo votarla —y sostenida, a la hora de la verdad, por un solo partido que se ha quedado sin compañía, incluido su socio de gobierno—.
7. El complejo que ya existía: ¿para qué esta planta?
Junto al mismo vertedero, lo público ya proyecta tratar la basura orgánica del noroeste. Y quien preside ese sistema público es el mismo que, como alcalde, ha licenciado la planta privada.
Si un solo partido la sostiene contra todos, conviene preguntar qué sostiene exactamente. Y la respuesta incomoda. En el capítulo uno vimos que la planta no aterrizaba en suelo virgen; conviene añadir que tampoco lo hace en un vacío institucional.
El vertedero de Colmenar Viejo recibe la basura de unos ochenta municipios y más de setecientas mil personas: es la instalación central de la Mancomunidad de Municipios del Noroeste de Madrid. Y la materia orgánica que tratará la planta privada es, precisamente, la de esa mancomunidad.
Aquí aparece el dato que obliga a detenerse. Lo público ya tenía un plan para esa basura. En 2020, la Mancomunidad del Noroeste decidió construir, junto al macrovertedero, un complejo ambiental y una planta de compostaje; en noviembre de 2023 licitó la concesión —veinte años, más de mil millones de euros, fondos europeos— para tratar las más de trescientas mil toneladas anuales de residuos del noroeste, incluida la fracción orgánica. Es decir: existía —existe— una solución pública, sobre el mismo suelo, para la misma basura.
Esa solución, sin embargo, está encallada. La adjudicación del contrato a Urbaser fue impugnada por FCC y Acciona, y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad anuló el proceso en marzo de 2025. Mientras el complejo público espera —quizá años, si hay recurso ante el Tribunal Superior—, la planta privada avanza.
Un lector benévolo dirá que la segunda llena el hueco que deja la primera. Uno suspicaz se preguntará por qué la orgánica del noroeste acaba, subvención europea mediante, en manos de tres multinacionales, en lugar de en la infraestructura pública que se estaba licitando para lo mismo.
Los promotores tienen una respuesta razonable: no es lo mismo. El complejo público hace compostaje y trata la fracción resto; la planta privada hace biometanización, convierte la orgánica en gas. Serían, en esa lectura, complementarios. Puede ser. Pero nadie, en toda la tramitación, ha explicado públicamente por qué el noroeste necesita a la vez un complejo público de compostaje y una planta privada de biometano sobre la misma orgánica y el mismo vertedero. El «interés social» que justificó la Declaración de Utilidad Pública —capítulo 1— se apoya en que la planta cubre una necesidad que, de otro modo, quedaría sin atender. Si lo público ya estaba construyendo para atenderla, ese interés social deja de ser evidente y pasa a exigir una explicación que no se ha dado.
Y hay un hecho que lo vuelve todo más delicado. El presidente de la Mancomunidad del Noroeste —la que gestiona esa basura y licita el complejo público— es Carlos Blázquez Rodríguez, que es, a la vez, el alcalde de Colmenar Viejo: el mismo cuyo Ayuntamiento ha concedido a la planta privada la calificación urbanística y la licencia de obras.
Una sola persona sostiene los dos extremos del asunto: preside el sistema público de residuos que alimentará la planta y firma los permisos municipales que la hacen posible. No hace falta atribuir mala fe para ver el problema: cuando quien pondera el interés general y quien preside al beneficiario de ese interés coinciden en la misma persona, la imparcialidad del juicio deja de poder darse por supuesta.
Queda un cabo, el decisivo, que este reportaje aún no puede atar: cómo, exactamente, la basura de la Mancomunidad llegará a una planta privada. Si media un contrato, sus términos —quién paga a quién, y por cuánto tiempo— dirían más sobre el interés social que todos los folletos juntos. Ese hilo, cuando se pueda tirar de él, es el que cierra la historia.
8. Qué puede hacer la ciudadanía
Las herramientas existen, pero ninguna es una palanca mágica. La más fuerte no es un recurso: es obligar a que la decisión se tome a la vista.
Frente a un tablero tan trabado —competencias cruzadas, una pieza pública encallada y un contrato que no se ve—, ¿qué le queda a quien vive al lado? Conviene empezar por la parte incómoda, porque este reportaje no vende esperanza barata. La ciudadanía llega tarde y cuesta arriba: las obras arrancaron a finales de agosto, la suspensión cautelar solicitada no ha sido concedida y la moción municipal que pedía revocar el proyecto no es vinculante. El expediente ha superado, además, medio centenar de informes favorables. Nada de esto es un muro infranqueable, pero cualquier honestidad obliga a decir que se juega en desventaja.
Dicho esto, las cartas existen y son de tres barajas. La judicial es la más avanzada: hay recursos de alzada contra la resolución de 30 de junio —la del capítulo tres—, y las asociaciones estudian demandas contra la calificación urbanística y la licencia de obras. Sobre todas ellas planea el reloj más cercano: el juicio oral contra la Declaración de Utilidad Pública, en octubre.
Y aquí está el argumento más fuerte, porque no depende de opinar sobre el biogás, sino de un defecto de forma: la modificación decisiva no se publicó en el Boletín ni se notificó a los más de mil vecinos que habían alegado. No es una cuestión de gusto, sino de si se dejó entrar al público. Ese es el flanco por el que el expediente es más vulnerable.
La segunda baraja es política, y tiene una carta sin jugar. El Ayuntamiento reconoce que la moción aprobada no vincula, pero que la oposición podría forzar un pleno extraordinario que sí vincularía… y no lo ha solicitado. Es, quizá, la palanca más desaprovechada. A ella se suman la consulta popular que Más Madrid mantiene abierta y las preguntas en la Asamblea.
Y hay una vía que corresponde en propiedad a Tres Cantos, y que su propio Gobierno ha dejado sin usar. Conviene recordar de dónde viene: la moción que reclamaba un informe ambiental independiente la presentó el PSOE, y la mayoría absoluta del PP la dejó caer, mientras el alcalde defendía el proyecto y pedía, en voz baja, moverlo de sitio.
Frente a esa inacción, la palanca ciudadana es directa y no exige competencia urbanística ninguna: presentarse en el salón de plenos y reclamar, en persona y en voz alta, que el Ayuntamiento exija ese informe ambiental independiente —el que Moreno no quiso aprobar—.
«Un pleno con las gradas llenas es mucho más difícil de despachar con una nota de prensa que un debate entre concejales».
Los vecinos de Tres Cantos no mandan sobre el suelo de Colmenar, pero sí sobre su propio Consistorio: pueden obligarlo a dejar de mirar hacia otro lado.
La tercera es la cívica, y es la que sostiene a las otras dos. Las alegaciones, la personación como interesados, las asambleas abiertas y la coordinación entre asociaciones de ambos municipios son las que mantienen viva la presión.
En ese terreno se inscribe la manifestación del 20 de septiembre, en la que el científico Fernando Valladares dirige unas palabras. Y ahí conviene una precisión que da fuerza al movimiento en lugar de restársela: Valladares no rechaza el biogás, sino que defiende las plantas pequeñas para no dañar a las poblaciones cercanas. El argumento más sólido de la protesta no es «no al biogás», sino «no a esta escala en este sitio». Lo primero es tecnofobia; lo segundo, urbanismo.
Y aquí se cierra el hilo de toda la serie. Si algo hemos visto capítulo a capítulo es que el proyecto no avanzó por una gran decisión, sino por muchas pequeñas: una calificación, una declaración, una casilla marcada «no sustancial». Se fragmentó la decisión hasta que ningún momento obligara a un sí o un no público y responsable.
Por eso la herramienta más poderosa de la ciudadanía no es ningún recurso concreto, sino su efecto común: volver a juntar la decisión. Un pleno vinculante, una sentencia sobre la Declaración de Utilidad Pública o una publicación en el Boletín que reabra la participación hacen lo mismo —arrastran de vuelta a un solo lugar visible lo que se diseñó para estar disperso—.
Ese es, en el fondo, el sentido de bajar a la calle un domingo por la mañana. Una decisión repartida entre escalas y trámites solo puede combatirse devolviéndola a una escala donde un vecino pueda
plantarse delante. Las obras han empezado y el gas quizá acabe fluyendo. Pero que lo haga a la vista o por una casilla depende, todavía en parte, de quienes no pudieron votarlo.
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