La gestión de la crisis migratoria en Ceuta incorpora hoy una dimensión distinta: la de la contratación pública. Una investigación de eldiario.es revela que la Ciudad Autónoma que preside Juan Jesús Vivas formalizó el 27 de agosto, sin publicidad previa, dos contratos de emergencia por un total de 5,75 millones de euros para la adecuación y el equipamiento de espacios de acogida de menores, y que ambos fueron a parar a empresas dirigidas por familiares directos de cargos de máxima confianza del presidente ceutí.
El primero, por 3.267.698,08 euros, cubre las obras de habitabilidad de los espacios de acogida y recayó en Absercon, cuyo administrador único es Bartolomé Sánchez-París Contreras, hermano de Javier Sánchez-París Contreras, asesor de Presidencia. El segundo, por 2.483.175 euros, corresponde al mobiliario, electrodomésticos y productos de limpieza de esos mismos espacios, y fue adjudicado a Ferretería Doncel, dirigida por Manuel Jesús Doncel de Luna, primo hermano de Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta.
Ambas adjudicaciones se firmaron precisamente el 27 de agosto, una de las jornadas más violentas desde la entrada masiva del 30 de julio, marcada por manifestaciones bajo el lema «invasores, expulsión», ataques a la prensa y el incendio de los asentamientos de migrantes en la playa de Benítez.
El Gobierno ceutí reconoce que tramitó ambos contratos por la vía de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite prescindir de publicidad cuando la urgencia lo exige, y sostiene que la decisión se apoya en informes técnicos y jurídicos del Órgano de Contratación.
En un comunicado recogido por EFE e Infobae, la administración autonómica negó este lunes cualquier trato de favor y calificó de «torticero» el intento de «desacreditar» a Vivas «precisamente cuando» ha liderado, según su versión, «la defensa de Ceuta frente a la mayor crisis sufrida por nuestra ciudad». El Ejecutivo local insiste en que Vivas no seleccionó personalmente a las empresas adjudicatarias.
La reacción política no ha tardado. La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, acusó este lunes al PP y, en particular, a Vivas de hacer «negocio» con la crisis migratoria, mientras el Gobierno central «se vuelca» en la normalización de la ciudad. Se trata, sin embargo, de una declaración aislada de confrontación partidaria, sin propuesta concreta de contraste por parte del PP más allá de la defensa institucional ya citada.
En paralelo, y por vías administrativas distintas, el Gobierno central mantiene su propio calendario de habilitación de plazas. Según la agenda informativa de este lunes, ya hay habilitadas cerca de 4500 plazas para las personas que entraron de forma masiva los días 30 y 31 de julio, con el objetivo de alcanzar las seis mil en los próximos días; los trabajos se concentran ahora en un nuevo espacio en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek, previsto para unas trescientas mujeres con menores a su cargo.
Ese calendario se apoya en el dispositivo excepcional activado a comienzos de mes: el Real Decreto 681/2026 declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta al amparo de la Ley 36/2015, con un mando único de coordinación, mientras el Real Decreto-ley 22/2026 habilitó ayudas directas para empresarios y profesionales afectados por la crisis desde el 30 de julio.
Apenas un día antes, el 13 de septiembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en un operativo con Ángel Víctor Torres al frente y con apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, procediól traslado de 864 personas que vivían a la intemperie hacia un nuevo recurso temporal en el Barrio de Los Rosales, con lo que las plazas disponibles para atención de calle ascendieron a 4300.
Oenegés
igue en pie el llamamiento que CEAR y otras 140 organizaciones dirigieron el pasado 11 de septiembre reclamando una respuesta urgente ante lo que describen como una crisis humanitaria persistente, con unas diez mil personas que continúan en Ceuta, muchas en la calle, en asentamientos informales o en recursos improvisados.
La contradicción entre esa demanda de medios y la revelación de contratos millonarios adjudicados a allegados del entorno de Vivas añade una capa de tensión sobre la que las entidades sociales no se han pronunciado todavía de forma directa.
Prensa oficialista marroquí
La prensa marroquí en francés recogió hoy mismo la noticia de los contratos, con un enfoque que subraya la dimensión de gobernanza del caso. El digital Alyaoum24 presenta las dos adjudicaciones, atribuidas a empresas vinculadas al entorno de Vivas, como el síntoma de una pregunta más amplia sobre quién controla realmente el dinero de la emergencia en una ciudad donde la migración se ha convertido a la vez en crisis humanitaria, cuestión política y recurso presupuestario.
El medio, que emplea sistemáticamente la denominación «Sebta occupée», enmarca el episodio como prueba de que la crisis no se libra solo en la frontera, sino también en los despachos de la administración y en el reparto de fondos públicos.
Síntesis
La jornada añade a la crisis de Ceuta un frente que hasta ahora no había ocupado un lugar central en la cobertura institucional: el de la transparencia en la contratación pública de emergencia.
Mientras el Gobierno central prosigue con su calendario de habilitación de plazas —camino de las seis mil— y las entidades sociales insisten en que la respuesta sigue siendo insuficiente, la revelación de que dos contratos por 5,75 millones de euros destinados a la acogida de menores recayeron, sin concurrencia, en empresas de familiares directos de cargos de confianza de Vivas, coloca a la Ciudad Autónoma a la defensiva.
El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público habilita legalmente la vía de emergencia, pero no despeja la pregunta de fondo que empieza a formularse en Ceuta: si la excepcionalidad de la crisis está sirviendo, también, para eludir los controles ordinarios sobre el destino del dinero público.
