El litigio sobre el voto por correo que domina el Observatorio Trump desde hace dos semanas ha sumado un nuevo capítulo adverso para la Casa Blanca: un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, rechazó el jueves la petición de la Administración de suspender el bloqueo judicial que impide al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) aplicar su nueva norma sobre papeletas por correo antes de las midterms del 3 de noviembre.
La resolución llega justo cuando, según el propio calendario presentado por el Gobierno ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos —nueve jueces vitalicios, nominados por el presidente y confirmados por el Senado, con una mayoría conservadora actual de seis a tres, que no debe confundirse con el Tribunal Supremo español—, al menos cinco estados adicionales a Carolina del Norte y Alabama comienzan esta semana a enviar sus papeletas.
Los jueces Gustavo A. Gelpí, Julie Rikelman y Seth Aframe —los tres nombrados por el expresidente Joe Biden— coincidieron por unanimidad con la jueza federal de Boston Indira Talwani, quien el 4 de septiembre bloqueó de forma preliminar la norma por considerarla probablemente inconstitucional.
Según recogió Democracy Docket, el panel escribió que la Administración «no ha demostrado de forma convincente que el tribunal de distrito se equivocara al determinar que la norma final es probablemente ilegal», y respaldó la conclusión de Talwani de que la regla del USPS regula «la manera de celebrar elecciones» para el Congreso, una competencia que la Cláusula de Elecciones de la Constitución reserva a los estados y al propio Congreso, no a una agencia federal como el Servicio Postal.
La norma obliga a los estados a remitir al USPS los diseños de los sobres para su aprobación y a incorporar códigos de barras únicos, además de volcar en un portal federal los datos de cada votante por correo; los sobres que no cumplan esos requisitos podrían ser rechazados. Es el tercer recurso de urgencia que la Administración presenta ante el Supremo en apenas diez días, tras sustituir Talwani su bloqueo temporal de finales de agosto por una orden indefinida. El fiscal general adjunto John Sauer advirtió de que cada día de bloqueo «corre el riesgo de sembrar confusión y caos». El recurso ante el Supremo sigue pendiente, y podría resolverse en cualquier momento.
El fiscal general de California, Rob Bonta, demócrata al frente de la coalición de estados que litiga contra la norma, calificó el fallo de rechazo al «último intento de la Administración Trump de perturbar el voto por correo». La disputa se produce además bajo la sombra de una denuncia de un empleado del USPS, difundida el 1 de septiembre por el senador demócrata Richard Blumenthal, según la cual la agencia habría adoptado un proceso «precipitado y descuidado» que podría dejar sin voto a lotes enteros de papeletas válidas por un simple fallo de código de barras.
El episodio se suma a una acumulación de reveses judiciales que, para el electorado estadounidense, empieza a leerse menos como un tecnicismo legal y más como un indicador de las reglas bajo las que se disputarán las midterms. Con papeletas ya en tránsito en varios estados, cada resolución judicial eleva la presión sobre el Supremo para zanjar cuanto antes un litigio que condiciona el terreno de juego electoral.
Según el Silver Bulletin de Nate Silver, los demócratas mantienen una ventaja de entre 6,6 y 7,6 puntos en el voto legislativo genérico, contexto en el que este litigio se ha convertido en uno de los ejes de la batalla por movilizar al electorado antes del 3 de noviembre.
