El Tribunal Supremo de Estados Unidos —integrado por nueve jueces vitalicios, con una mayoría conservadora actual de seis a tres tras los últimos nombramientos de Donald Trump— puso fin el jueves, sin votos discrepantes registrados, al intento del Partido Republicano de usar en las elecciones legislativas del 3 de noviembre un nuevo mapa congresual de Misuri diseñado para ampliar su mayoría en la Cámara de Representantes. Es la segunda derrota que sufren los republicanos ante el alto tribunal por este mapa en la misma semana.

El litigio arranca en 2025, cuando la Asamblea Legislativa de Misuri, bajo presión de la Casa Blanca para blindar la estrecha mayoría republicana de cara a las midterms, rediseñó a mitad de década el distrito quinto —que ocupa buena parte de Kansas City y representa el demócrata Emanuel Cleaver— repartiendo su electorado entre distritos de mayoría republicana. Opositores reunieron más de 300.000 firmas para forzar un referéndum que vetara el mapa, pero el secretario de estado, Denny Hoskins, rechazó validar la consulta alegando que la ley de redistribución no puede someterse a voto popular.

El 3 de septiembre, el Tribunal Supremo de Misuri —máxima instancia judicial del estado, sin relación con el tribunal federal de Washington— falló que el referéndum era constitucional y ordenó usar el antiguo mapa de 2022 (seis escaños republicanos y dos demócratas) mientras se resuelve la consulta. La fiscal general de Misuri, Catherine Hanaway, recurrió de urgencia al Supremo federal. El martes, el magistrado Brett Kavanaugh, encargado de los asuntos de urgencia procedentes de Misuri, rechazó reactivar el nuevo mapa. Horas después, el juez federal Stephen Clark, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Misuri, dictó en un litigio paralelo que el mapa republicano sí debía aplicarse, sembrando dos órdenes judiciales contradictorias a menos de dos meses de las elecciones.

El jueves, el pleno del Tribunal Supremo resolvió la contradicción a favor de los opositores al mapa, agrupados en la organización People Not Politicians y liderados por el activista Richard von Glahn. Tras el fallo, Hoskins confirmó que su oficina instruirá a las autoridades electorales locales para que usen el mapa de 2022, cerrando —según los abogados que litigaron contra el rediseño— un periodo de incertidumbre que había dejado a los funcionarios electorales de Misuri sin saber qué distritos aplicar a ocho semanas de la cita con las urnas.

El episodio se suma a otro frente institucional ya abierto en este Observatorio: el litigio sobre las restricciones del Servicio Postal al voto por correo, también pendiente ante el Observatorio Trump desde hace semanas. En ambos casos, la Casa Blanca ha buscado alterar las reglas del juego electoral meses antes de una cita que se presenta adversa para el partido en el poder, y en ambos casos los tribunales —estatales y federales— han actuado como freno, no siempre con el mismo resultado.

Para el seguimiento de opinión pública de cara al 3 de noviembre, el desenlace de Misuri añade un dato relevante: la maquinaria judicial que respondió a la presión de la Casa Blanca sobre el redibujado de distritos ha terminado por sostener, no alterar, el statu quo electoral.

En un ciclo en el que las encuestas agregadas siguen mostrando una ventaja demócrata de varios puntos en el voto legislativo genérico, la incapacidad republicana de imponer un mapa más favorable en Misuri reduce, aunque sea en un solo estado, el margen de maniobra con el que el partido de Trump afronta las legislativas.

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