La resaca de la desclasificación de los cuarenta informes reservados sobre la entrada masiva del 30 y 31 de julio marcó de nuevo este jueves la agenda institucional de la crisis de Ceuta. A la publicación de los documentos, ya recogida en esta serie, se sumaron este jueves dos movimientos que sí constituyen hechos nuevos: una aclaración pública del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el alcance real de su aviso previo, y una petición formal de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón para que Presidencia del Gobierno le remita los propios informes que ya había hecho públicos.
Inteligencia y justicia
Fuentes del CNI, difundidas desde Moncloa, precisaron que la información trasladada antes del 30 de julio «no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo», al tratarse de un «fenómeno inusual» sin precedentes entre las crisis migratorias conocidas hasta la fecha. El organismo sostiene que sí emitió información, el 29 de julio, sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto de la valla, dirigida a un grupo de Facebook con unas 180.000 personas, pero que ese aviso llegó únicamente por mensaje y una breve llamada telefónica al gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil, sin activar una alerta de mayor nivel hacia las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa.
Pedro Sánchez defendió esa versión en una entrevista en TVE, donde insistió en que ningún informe anticipó una entrada de esa magnitud y pidió mejorar la capacidad de anticipación de los servicios de inteligencia. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, añadió que él mismo no tuvo conocimiento formal del aviso del CNI, al tratarse de una «comunicación informal».
En paralelo, la instrucción judicial avanzó por una vía distinta. La magistrada María Tardón, quien el martes había admitido la personación de la Ciudad Autónoma de Ceuta como acusación particular y el miércoles hizo lo propio con la Abogacía del Estado, solicitó oficialmente a Presidencia del Gobierno los informes que el Ejecutivo ya había colgado en su web.
El auto del 8 de septiembre en el que se admite a Ceuta como parte perjudicada no se limita a esa cuestión procesal: la jueza describe los hechos del 30 y 31 de julio como una situación «sostenida y creciente» en las entradas, y apunta a la «utilización y manipulación» de la sentencia 814/2026 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que, según recoge el auto, habría alimentado entre parte de los migrantes la idea distorsionada de que «si entras nadando no pueden devolverte».
El texto añade que el reciente proceso de regularización en España, ya finalizado, «debe evaluarse como un factor concurrente de carácter secundario», en la medida en que reforzó el mensaje de que España estaba «cerca de cerrar la puerta» a la regularización y que el 30 de julio era el «último plazo».
Conviene precisar que estas son afirmaciones contenidas en un auto judicial, dictado en una fase de instrucción en la que aún no se ha identificado a los investigados ni se han fijado responsabilidades. La causa, con el CENIF como una de las piezas de la investigación policial, sigue abierta y sus conclusiones —incluidas las relativas al papel de agentes marroquíes— no están confirmadas.
Oenegés
Los dispositivos humanitarios desplegados por Cruz Roja, CEAR y Accem en semanas anteriores siguen operativos, según la información disponible hasta la fecha, pero no se ha confirmado ninguna actuación específica en las últimas veinticuatro horas.
Debate político
El episodio con mayor repercusión mediática en el terreno político fue ajeno a la gestión institucional: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue recibido con abucheos e insultos —«traidor», «vendepatrias», «sinvergüenza»— por un grupo de ciudadanos a su llegada a la Delegación del Gobierno en Ceuta el martes, en su tercera visita a la ciudad desde el 30 de julio. La protesta transcurrió sin incidentes físicos, según los relatos disponibles.
Sobre la desclasificación en sí, Vox calificó los documentos de prueba de una «mentira criminal» y una «traición» por parte de Sánchez, mientras que Sumar sostuvo que los informes «evidencian» que las autoridades marroquíes «bajaron los brazos» ante los intentos de cruce. Ninguna de las dos lecturas se sostiene, por sí sola, en el contenido íntegro de los cuarenta documentos publicados, que el propio Ejecutivo insiste en que no acreditan una actuación deliberada de las autoridades marroquíes.
Prensa oficialista marroquí
La desclasificación tuvo amplio eco en medios marroquíes, con un enfoque marcadamente distinto al de buena parte de la prensa española.
Le360 tituló que los documentos «censados a hacer luz» en realidad «amplifican la confusión» sobre lo ocurrido.
InfoMaroc destacó que los propios informes de Madrid muestran que los servicios españoles detectaron señales de convocatorias de cruce antes del 30 de julio sin prever, sin embargo, la magnitud excepcional que acabarían alcanzando, y subrayó que esa información fue compartida en su momento con los servicios marroquíes.
Hespress, que había anticipado el calendario de la desclasificación desde el 7 de septiembre, recordó que el Gobierno español intenta separar la cuestión de las alertas de seguridad de las acusaciones políticas dirigidas contra Marruecos.
TelQuel se limitó a constatar la publicación de los documentos como un intento de Madrid de «disipar las dudas» sobre lo que sabía el Ejecutivo antes de la crisis y sobre el papel de Rabat en los hechos.
Síntesis
La jornada deja una paradoja de fondo: cuanto más documentación pública ofrece el Gobierno, más se multiplican las lecturas contrapuestas sobre esos mismos papeles.
El CNI reconoce haber tenido información previa pero niega haber podido calcular su alcance; la jueza Tardón, en sede judicial, apunta a una dimensión organizada de los hechos que todavía no ha probado; la prensa marroquí utiliza los mismos documentos para relativizar la responsabilidad de Rabat; y la política española los interpreta, una vez más, en clave partidista.
Entre todo ello, el hecho más concreto de la jornada es procesal y menos vistoso: una magistrada que pide oficialmente al Gobierno los papeles que el propio Gobierno ya había hecho públicos, un trámite que retrata la distancia de comunicación entre el Ejecutivo y la Audiencia Nacional en una causa que sigue, mes y medio después, sin imputados.
