El Gobierno ha cumplido este miércoles su compromiso de hacer públicos los informes reservados sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta del 30 y 31 de julio. La publicación, prevista desde que el Consejo de Ministros aprobó la desclasificación el martes, coincide con un nuevo paso judicial: la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido la personación de la Abogacía del Estado como acusación particular en la causa que investiga los hechos.
Acciones institucionales
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con Félix Bolaños al frente, ha ejecutado este miércoles el acuerdo del Consejo de Ministros: la web de la Moncloa pone a disposición de la ciudadanía unos cuarenta informes y comunicaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), fechados entre el uno de julio y el uno de agosto.
Entre el contenido difundido figuran tres notas del CNI que, según ha revelado la propia documentación, detectaron el día anterior a la entrada masiva la existencia de grupos digitales —con hasta 180.000 usuarios— que compartían instrucciones para acceder a Ceuta a nado o bordeando el espigón, información que fue trasladada entonces a la Delegación del Gobierno.
Pedro Sánchez ha defendido la desclasificación este miércoles en una entrevista en el programa Mañaneros de TVE, donde ha insistido en que ningún informe anticipó una entrada de la magnitud registrada y ha negado cualquier chantaje por parte de Marruecos. El presidente ha reconocido, no obstante, dos aspectos de mejora: la preparación ante lo que ha llamado «ataques híbridos» y el refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla.
En el plano judicial, la jueza Tardón ha admitido este miércoles la personación de la Abogacía del Estado como acusación particular, después de haber aceptado el martes la de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advirtió el martes a su homólogo marroquí, Naser Burita, que las reclamaciones sobre Ceuta y Melilla formuladas por varios ministros marroquíes «degradan la relación bilateral» y afirmó que España no va a hablar «nunca jamás» sobre su integridad territorial, con independencia del contexto electoral en Marruecos.
Entre los documentos publicados este miércoles figuran también dos folios con aproximadamente el 75 por ciento del texto tachado, procedentes de fuentes abiertas y de los enlaces del Ministerio del Interior en las embajadas españolas en Marruecos y Argelia. Esa documentación recoge, además, un aumento de las interceptaciones atribuidas a la Marina Real marroquí en los intentos de entrada a nado a Ceuta y Melilla durante la semana previa a la avalancha, así como la detención en Nador de uno de los traficantes de personas más buscados.
El Gobierno ha reiterado que, si en el futuro aparecieran documentos adicionales que afecten a la seguridad nacional, se trasladarán a la comisión de secretos oficiales del Congreso en lugar de publicarse directamente.
Oenegés
Save the Children ha mostrado este miércoles su «profunda preocupación» por el aumento de las agresiones contra personas migrantes en Ceuta y ha reclamado a las autoridades que garanticen «de manera inmediata» una alternativa de acogida para quienes continúan durmiendo en la calle, con especial atención a niños, niñas, adolescentes y familias.
«La calle no es lugar para niños y niñas solas o familias con menores a cargo», ha señalado Jenifer Zuppiroli, especialista en migraciones de la organización, quien reclama además un mecanismo formal de coordinación entre administraciones y entidades sociales. La ONG subraya que, más de un mes después de la entrada masiva, persisten situaciones de calle que las administraciones no han resuelto.
Debate político
La sesión de control al Gobierno de este miércoles ha estado marcada por la desclasificación. Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de haber «desprotegido» a España y le ha advertido de que el país «se lo hará pagar» en las urnas; Santiago Abascal se ha sumado a la petición de elecciones anticipadas.
Prensa oficialista marroquí
Los medios marroquíes en francés han seguido con atención la desclasificación.
TelQuel ha informado este miércoles de que el Gobierno español «declassifie des rapports du renseignement» con el objetivo de disipar las dudas sobre lo que sabía el Ejecutivo antes de la crisis y sobre el papel de Rabat.
Hespress FR había anticipado el lunes el calendario de la medida, centrada en informes de policía, fuerzas de seguridad, ejército y CNI.
Alyaoum24 ha calificado a Ceuta de «ville occupée» al informar de la desclasificación, un encuadre que contrasta con el uso oficial español del nombre de la ciudad, y ha subrayado que la publicación de los informes podría ayudar a separar lo que se sabía antes del treinta de julio, lo que se estableció después y lo que sigue siendo hipótesis.
El diario marroquí L’Opinion también ha dedicado este miércoles una información a la desclasificación, poniendo el acento en las acusaciones sobre alertas previas que el Ejecutivo español habría infravalorado.
Síntesis
La jornada confirma que el eje de la crisis se ha desplazado del terreno humanitario al de la rendición de cuentas institucional: el Gobierno defiende la desclasificación como un gesto de transparencia frente a los bulos, mientras la oposición la usa como evidencia de una alerta desatendida y la Audiencia Nacional avanza en paralelo con una instrucción en la que el propio Ejecutivo se ha personado.
Sobre el terreno, las oenegés recuerdan que, pasado más de un mes de la entrada masiva, la situación de las personas que siguen sin techo continúa sin resolverse.
