La Federación Internacional de Periodistas ha reclamado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que renuncie a la acción judicial anunciada contra el diario Haaretz y el periodista Shlomi Eldar. El periódico sostiene que Netanyahu recibió una advertencia de Emiratos Árabes Unidos días antes del ataque de Hamás del siete de octubre de 2023.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) considera que la amenaza de una demanda por difamación puede intimidar a los profesionales de la información y obstaculizar investigaciones sobre asuntos de evidente interés público.
Netanyahu anunció este miércoles, nueve de septiembre, que había ordenado a sus abogados emprender acciones contra Haaretz, Eldar y otras personas relacionadas con la publicación de la información.
El primer ministro calificó el trabajo periodístico de «invención maliciosa» y lo vinculó con la campaña electoral de la izquierda israelí. El periódico, por su parte, mantiene la validez de su investigación.
Una supuesta advertencia anterior al ataque de Hamás
La información publicada el ocho de septiembre sostiene que el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, advirtió directamente a Netanyahu de que Hamás preparaba una operación de gran alcance.
Según la reconstrucción de Haaretz, la conversación se produjo diez días antes del ataque del siete de octubre de 2023. El dirigente emiratí habría alertado de un posible derramamiento de sangre y de las consecuencias que una ofensiva podía acarrear para la estabilidad regional y los Acuerdos de Abraham.
El periódico afirma también que Netanyahu no trasladó esa advertencia a los responsables de los servicios de seguridad israelíes.
La oficina del primer ministro niega tanto la conversación como la existencia del aviso. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos ha indicado que no comenta informaciones periodísticas ni especulaciones sobre conversaciones entre dirigentes.
Por tanto, la advertencia continúa siendo una afirmación de la investigación de Haaretz, rechazada expresamente por Netanyahu y no confirmada por las autoridades emiratíes.
La FIP advierte de un efecto intimidatorio
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, considera «profundamente preocupante» que el jefe de un Gobierno amenace con llevar ante los tribunales a un periódico y a un periodista por divulgar acusaciones relevantes para la ciudadanía.
Bellanger ha advertido de que la desigualdad de poder entre el primer ministro y los profesionales demandados podría generar «más intimidación, autocensura y un efecto disuasorio» sobre las investigaciones relacionadas con quienes ocupan posiciones de poder.
La organización internacional sostiene que los procedimientos judiciales no deben emplearse para intimidar a periodistas que desarrollan su trabajo. La FIP enmarca así el anuncio de Netanyahu en un problema de libertad de prensa y del derecho de la sociedad israelí a conocer cómo actuaron sus gobernantes antes del ataque.
La investigación resulta especialmente sensible porque aborda una de las principales controversias de la política israelí: la posible responsabilidad del Ejecutivo y de los servicios de seguridad en los fallos que precedieron al ataque de Hamás.
La controversia irrumpe en la campaña israelí
La publicación aparece a menos de dos meses de las elecciones legislativas del veintisiete de octubre, las primeras que celebrará Israel desde el ataque de 2023 y la posterior ofensiva sobre Gaza.
La fecha electoral ha sido confirmada por el Ministerio del Interior de Israel. Netanyahu aspira a renovar su mandato en una campaña marcada por el balance político y militar de los últimos tres años.
En este contexto, una información sobre una eventual advertencia previa puede alimentar el debate acerca de la gestión gubernamental. Esa dimensión electoral, sin embargo, no permite determinar por sí sola la veracidad o falsedad de la investigación, que deberá evaluarse a partir de las pruebas y fuentes aportadas.
El precedente de las tensiones con España
La denuncia de la FIP se refiere a la libertad de prensa dentro de Israel y no menciona directamente a España. No obstante, el episodio se produce tras un periodo de creciente confrontación entre el Gobierno de Netanyahu y el Ejecutivo español por la ofensiva sobre Gaza.
España reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024 y el Gobierno de Pedro Sánchez ha calificado de genocidio la actuación israelí en la Franja. Al mismo tiempo, el Ejecutivo español condenó los atentados de Hamás y reclamó la liberación incondicional de los rehenes.
En septiembre de 2025, Israel prohibió la entrada al país a dos integrantes del Gobierno español y formuló acusaciones de antisemitismo contra España. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación calificó aquellas acusaciones de «falsas y calumniosas» y aseguró que España no se dejaría amedrentar en su defensa del derecho internacional.
Ese enfrentamiento diplomático ayuda a explicar el interés que tiene para España la advertencia de la FIP. La presión judicial sobre periodistas que investigan al poder afecta a la fiscalización democrática de las decisiones adoptadas antes y después del siete de octubre, incluidas las que han condicionado las relaciones de Israel con sus socios europeos.
