El Consejo de Ministros aprobó este martes la desclasificación de cuarenta documentos de los servicios de inteligencia y seguridad elaborados entre el uno de julio y el uno de agosto sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio. La medida afecta a tres notas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un informe de los servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y el contenido de conversaciones del CNI con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Unidad Central Especial número tres de la Guardia Civil.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explicó tras la reunión que a partir de este miércoles los documentos estarán accesibles en la web de Moncloa y que el Ejecutivo se compromete a desclasificar más informes si aparecen nuevos, alegando que no tiene «nada que esconder» en este asunto.
Saiz respondió también al presidente del PP, quien había cuestionado en una entrevista que los informes lleguen «recortados»: la portavoz le reprochó abrazarse a «teorías conspiranoicas» y le pidió actuar con la responsabilidad de un líder de Estado. El Ministerio de Defensa había advertido de que la exposición pública de documentación reservada podría incomodar a agencias de inteligencia extranjeras cuyos datos maneja el CNI, una fricción que enfrenta a la ministra Margarita Robles con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La crisis institucional se trasladó también este martes a Bruselas. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, inició una intensa agenda en las instituciones comunitarias que arrancó en el Parlamento Europeo junto al presidente del PPE, Manfred Weber, y continuó con encuentros con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, y con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, antes de la cita central con el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner.
El mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo una agenda paralela con Brunner, la primera vez que un miembro del Gobierno español se reúne con el comisario de Migraciones desde que estalló la crisis
En Ceuta, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, visitó el lunes la ciudad, donde se reunió con representantes de varios ministerios, jueces, fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entidades sociales, y recorrió instalaciones como la Hípica. Redondo señaló que la «preocupación principal» sigue siendo la situación de mujeres y niñas, por las barreras lingüísticas, culturales y administrativas que dificultan su atención
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció que la instalación de carpas en el puerto de Ceuta «a lo mejor puede afectar algo» a la actividad portuaria, aunque defendió que la ubicación elegida es «la opción más razonable» dentro del territorio disponible, según recogió Las Voces del Pueblo.
Actividad de oenegés
Voluntarios que atienden a menores y mujeres migrantes en campamentos improvisados —primero en una pista de fútbol y después, tras quejas vecinales, en carpas de la organización Luna Blanca— describen jornadas «agotadoras» pero aseguran que continuarán mientras puedan, según testimonios recogidos por Infobae. Uno de los voluntarios lamenta la falta de información de la Administración central sobre cuándo se organizará de forma definitiva la atención a estas mujeres.
ACNUR ha reiterado que sigue de cerca la situación, con especial atención a quienes puedan tener necesidades de protección internacional, incluidos los niños y niñas no acompañados, y se ha puesto a disposición de las autoridades para apoyar la respuesta.
Debate político
Vox ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno en la que acusa a diversas oenegés, entre ellas Cruz Roja, de favorecer la permanencia de los migrantes en Ceuta, y reclama información sobre la financiación pública que reciben.
Prensa oficialista marroquí
El diario digital Hespress informó con antelación de la decisión española de desclasificar los informes sobre la crisis de Sebta (Ceuta), en línea con el anuncio hecho en su día por Pedro Sánchez en el Congreso. Por otro lado, el portal Le Desk se hizo eco de un sondeo de El País y Cadena SER según el cual nueve de cada diez españoles atribuyen a Marruecos parte de la responsabilidad en la crisis migratoria, un dato ampliamente difundido en la prensa marroquí como muestra del deterioro de la imagen bilateral.
El secretario general del Movimiento Popular, Mohamed Ouzzine, reafirmó en Rabat que el futuro de Sebta y Melilla está «con Marruecos», y denunció lo que calificó de doble rasero de ciertas fuerzas políticas españolas, que respaldan la autodeterminación palestina pero no aplican el mismo criterio a los territorios españoles del norte de África, según recogió Article19.
Síntesis
La entrega del ocho de septiembre está marcada por el intento del Gobierno de recuperar la iniciativa política con la desclasificación de los informes de inteligencia sobre la crisis, en un día en que la respuesta institucional se despliega simultáneamente en Madrid y Bruselas: mientras Moncloa defiende ante la opinión pública que ningún servicio anticipó la avalancha, el presidente ceutí lleva el mismo argumento, en sentido contrario, ante las instituciones europeas.
En el terreno social, la atención a mujeres y menores no acompañados —confirmada como prioridad tanto por la ministra de Igualdad como por las organizaciones voluntarias— sigue siendo el punto más frágil de la respuesta humanitaria, mientras el debate político se endurece con las acusaciones de Vox contra las oenegés que trabajan sobre el terreno.
