A menos de dos meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, la administración de Donald Trump ha cambiado de estrategia: en vez de mantener al presidente al margen de la campaña, como suele hacerse en años de midterms, la Casa Blanca lo está situando en el centro del mensaje y movilizando a todo su gabinete para hacer campaña.

La decisión llega después de que asesores presidenciales revisaran en agosto unos datos de encuestas internas descritos como «sombríos» para las mayorías republicanas en el Congreso, informó NBC News.

El terreno económico ofrece munición a ambos bandos. La Oficina de Estadísticas Laborales publicó el viernes el informe de empleo de agosto: la economía sumó 162.000 puestos de trabajo, más del doble de lo previsto por los analistas, con la tasa de paro estable en el 4,1 por ciento. Los datos de junio y julio también fueron revisados al alza.

Se trata del mejor dato mensual desde marzo, aunque el propio informe matiza el optimismo: el porcentaje de desempleados que llevan más de quince semanas buscando trabajo alcanzó un máximo de cinco años, y varios analistas sostienen que el repunte de agosto es un rebote técnico tras dos meses flojos más que un cambio de tendencia, según recoge NBC News.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha usado el dato para presentarlo como validación de la agenda económica del presidente, insistiendo en televisión en que 2026 será «un año excepcional» y acusando a Wall Street y a la prensa económica de sembrar un pánico injustificado. Sus intervenciones de las últimas semanas —incluida su explicación de que, tras las deportaciones masivas y el cierre de la frontera, «no necesitamos producir tantos empleos» como antes— han generado críticas desde la oposición, que le acusa de minimizar la pérdida estimada de 75.000 empleos manufactureros desde el inicio del segundo mandato.

En el terreno propiamente electoral, la batalla legal se intensifica. La administración ha pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos —integrado por nueve jueces vitalicios, con una mayoría conservadora actual de seis-tres tras los últimos nombramientos de Donald Trump, que autorice una norma del Servicio Postal que otorgaría mayor control federal sobre el voto por correo, después de que la jueza federal Indira Talwani dictara una orden de restricción temporal bloqueando parte de la medida.

Los líderes demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries han presentado una demanda acusando a Trump de intentar «amañar» el voto por correo de cara a noviembre, según NBC News. En paralelo, el Tribunal Supremo de Misuri ha bloqueado el uso de un nuevo mapa congresual redibujado por los republicanos para este ciclo, un revés para el rediseño de distritos que impulsa el partido en varios estados.

El resultado es un mes de septiembre marcado por dos frentes que se retroalimentan: una economía con señales mixtas que la Casa Blanca intenta capitalizar políticamente, y una disputa creciente sobre las reglas mismas del proceso electoral, con litigios que probablemente no se resolverán hasta muy cerca del 3 de noviembre.

Para los estrategas republicanos, el reto sigue siendo el mismo de hace un mes: convencer a una base leal a Trump de que su participación en unas legislativas —sin el propio Trump en la papeleta— es tan decisiva como en una presidencial.

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