Una jueza federal ha vuelto a frenar, por segunda vez en menos de una semana, el intento de la Casa Blanca de imponer nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. La jueza Indira Talwani, del tribunal federal de distrito de Massachusetts, emitió el jueves una orden de restricción temporal de 14 días que impide al Servicio Postal de EEUU aplicar el reglamento que debía poner en marcha la orden ejecutiva de Donald Trump sobre voto por correo.
El vaivén judicial resume la incertidumbre que rodea a esta pieza central de la estrategia electoral republicana. El lunes, el Tribunal Supremo —integrado por nueve jueces vitalicios, nominados por el presidente y confirmados por el Senado, con una mayoría conservadora de seis a tres gracias a los tres magistrados que Trump nombró en su primer mandato— había levantado una orden anterior de Talwani, al considerar que había actuado antes de tiempo, cuando el Servicio Postal aún no había publicado su reglamento definitivo.
La propia jueza retiró el miércoles esa orden siguiendo ese razonamiento. Pero horas después, el Servicio Postal difundió el reglamento final, y un grupo de fiscales generales demócratas y la organización cívica League of Women Voters presentaron una nueva demanda que llevó a Talwani a dictar, el jueves, el nuevo bloqueo temporal.
La norma exige a los estados remitir al Servicio Postal listas de votantes con derecho a voto por correo y obliga a que las papeletas lleven códigos de barras individualizados. Talwani consideró que su aplicación resultaría «prácticamente imposible» para los estados apenas a dos meses de las urnas, ya que varios de ellos deben empezar a enviar papeletas la próxima semana; y ha fijado una vista para el 3 de septiembre, en la que decidirá si prolonga el bloqueo.
Este episodio permite distinguir con claridad los dos planos de resistencia que este Observatorio sigue por separado. Por un lado, la oposición institucional y cívica: los tribunales —Talwani ha fallado ya varias veces contra la orden—, la fiscal general de California, Rob Bonta, al frente de la coalición de unos veinticuatro estados, y League of Women Voters, organización históricamente no partidista. Por otro, la oposición partidista formal: el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y su homólogo en la Cámara, Hakeem Jeffries, junto al Comité Nacional Demócrata, presentaron esta semana una moción conjunta para pedir una medida cautelar permanente, calificando la orden de Trump de «intento ilegal» de interferir en unas elecciones que, subrayaron, corresponde administrar a los estados.
De cara a noviembre, cerca de un 30 por ciento de los votantes emitió su voto por correo en las últimas elecciones presidenciales, un método al que recurren en mayor proporción los votantes demócratas. La secuencia de bloqueos y desbloqueos judiciales no resuelve si la orden estará vigente para las midterms, pero sí traslada la pregunta electoral a un terreno donde la opinión pública observa, semana a semana, si las reglas del juego cambian a menos de setenta días de la votación. La vista del 3 de septiembre será la próxima señal a seguir.
