El Tribunal Supremo de Estados Unidos —nueve jueces vitalicios, nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, con una mayoría conservadora de seis a tres desde que Trump colocó a tres de sus miembros durante su primer mandato— levantó el lunes una de las dos medidas cautelares que bloqueaban su orden ejecutiva para restringir el voto por correo antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.
Según informó NBC News, la decisión, no firmada y dividida por líneas ideológicas, suspendió el fallo de la jueza federal Indira Talwani, nombrada por Barack Obama, que en junio había bloqueado partes clave de la orden en veintirés estados —la mayoría gobernados por demócratas— y el Distrito de Columbia. El Supremo no se pronunció sobre el fondo del asunto: consideró que la demanda de los estados era prematura, porque las agencias federales todavía no habían terminado de definir cómo aplicarían la orden.
La orden, firmada por Trump en marzo, obliga al Departamento de Seguridad Nacional a remitir a cada estado listas de ciudadanos mayores de edad y exige a los estados que envíen al Gobierno federal sus propios registros de votantes por correo; el Servicio Postal, que publicó sus normas definitivas el viernes pasado, dejaría de entregar papeletas en los estados que no faciliten esa lista. Una segunda medida cautelar de Talwani, dictada el 11 de agosto a instancias de organizaciones civiles lideradas por la League of Women Voters, sigue en vigor y bloquea esas normas postales en todo el país; el Supremo no la tocó.
El procurador general D. John Sauer, en representación de la Administración, había advertido de que retrasar la aplicación de la orden «agotaría el reloj» antes de noviembre. Frente a la mayoría, la jueza Sonia Sotomayor, a la que se sumó Elena Kagan, firmó un voto particular en el que, según recogió Axios, sostuvo que la sentencia «solo pospone la resolución» de las demandas de fondo. Ketanji Brown Jackson, en un voto aparte, acusó a la mayoría de centrarse en un tecnicismo procesal en lugar del objetivo real de la Administración.
Argumento central: a diferencia de otros frentes de este Observatorio, aquí la disputa no es sobre política exterior o comercio, sino sobre las reglas mismas del voto del 3 de noviembre.
Conviene distinguir con precisión quién se opone: la demanda original la interpusieron veintirés estados y el Distrito de Columbia —instituciones de gobierno, no el aparato del Partido Demócrata—, junto a organizaciones de la sociedad civil como la League of Women Voters; en paralelo, comités del propio Partido Demócrata litigan por separado en un tribunal federal de Washington.
Es esa oposición amplia —estados, tribunales, sociedad civil y ahora tres juezas del propio Supremo en sus votos particulares— la que sostiene, por ahora, el único freno real que queda en pie: la medida cautelar del 11 de agosto sobre el Servicio Postal.
Para este Observatorio, la pregunta de cara al 3 de noviembre ya no es solo qué opina el electorado, sino en qué condiciones podrá votar.
