Mil habitantes y veintiocho kilómetros cuadrados. El nuevo Plan General de Santorcaz se presenta como prudente y restrictivo, pero sus documentos no se ponen de acuerdo sobre cuánto va a crecer el municipio: una memoria proyecta 1450 vecinos; otra, más de tres mil. Antes de preguntar si un pueblo puede cargar con lo que recalifica, conviene exigirle que decida cuánto recalifica. Y, después, que alguien sume lo que Santorcaz no controla
Santorcaz cabe en una frase y en un dato. Está a cincuenta kilómetros de la Puerta del Sol y a dieciséis de Alcalá, en el borde oriental de la Comunidad, casi tocando Guadalajara, y tenía 1015 habitantes a 1 de enero de 2025.
Es, por tanto, uno de esos municipios que esta serie llama pequeños en población y grandes en suelo: veintiocho kilómetros cuadrados de campiña y páramo para una densidad de apenas treinta y seis vecinos por kilómetro. Sobre ese cuerpo menudo, el Ayuntamiento tramita desde 2022 un nuevo Plan General que se presenta a sí mismo como restrictivo —dice desclasificar suelo urbanizable en zonas no sensibles y evitar afecciones a espacios protegidos—. El problema no está en esa declaración de prudencia. Está en que los propios papeles del plan no la sostienen.
La cifra que no cuadra
Aquí aparece el verbo que ordena todo el municipio: Santorcaz descuadra. No porque una infraestructura esté ya saturada, sino porque dos documentos del mismo expediente cuentan futuros distintos. La memoria económica trabaja con un horizonte de 1450 habitantes en 2042 y llama «mínimos» a sus crecimientos.
El anexo de saneamiento, en cambio, modeliza 891 viviendas nuevas a techo de planeamiento y un tope de población que rebasa los tres mil vecinos. Con 1015 habitantes reales, el segundo escenario no afina el primero: lo triplica.
Y hay un detalle que convierte la discrepancia en algo más incómodo: la propia multiplicación del anexo —891 viviendas por 2,4 habitantes cada una— no arroja la cifra que el documento maneja, de modo que el número del que cuelga todo el cálculo necesita, antes que nada, una aclaración oficial. Antes de preguntar si Santorcaz puede cargar con lo que recalifica, el expediente debe responder a una pregunta más elemental: cuánto recalifica.
Grande en suelo
La foto del suelo confirma el desajuste. El Avance ordena tres ámbitos de suelo urbano no consolidado —El Comisario, Las Perdices y la UE-8, 8,63 hectáreas en total— y siete sectores de urbanizable sectorizado que suman 31,81 hectáreas, uno de ellos, el SURZS-7, de uso industrial.
El destino dominante es residencial y de baja densidad, vivienda unifamiliar sobre todo. Un municipio que dice crecer poco abre, sin embargo, cerca de cuarenta hectáreas nuevas y se fija un techo de 891 viviendas: bastante para que la palabra «restrictivo» merezca comillas hasta que el plan unifique sus magnitudes en una sola tabla.
Lo que el plano no dibuja
Y aun resuelta la cifra, quedaría lo esencial, que es lo que Santorcaz no decide solo. Sus aguas residuales no se depuran en el término, sino en la EDAR de Torres de la Alameda, una estación diseñada para cien mil habitantes equivalentes que sirve a la vez a Torres, Valverde de Alcalá, Corpa, Anchuelo, Villalbilla y al propio Santorcaz.
El anexo del plan concluye que esa depuradora puede absorber las 891 viviendas previstas; pero es un juicio hecho en solitario, que mira el margen como si Santorcaz fuera el único que crece. Falta la operación que da nombre a toda la serie: sumar, a la vez, los desarrollos simultáneos de los seis municipios servidos.
El agua potable llega por el Canal de Isabel II; la basura va a la Mancomunidad del Este y termina en el complejo medioambiental de Loeches. Ninguno de esos sistemas lo gobierna el pleno de Santorcaz, y ninguno aparece sumado en la memoria económica del plan.
El vatio que pasa por encima
Sobre ese territorio ha caído además, en los últimos años, una infraestructura de otra escala. La línea de alta tensión de 220 kV «ST Hojarasca-ST Henares», que evacúa la energía de varias plantas fotovoltaicas del entorno, obtuvo su aprobación definitiva en 2025 y cruza los términos de Anchuelo y Santorcaz.
Conviene no confundir soportar una línea de evacuación con disponer de capacidad eléctrica otorgable para nuevos usos locales: son cosas distintas, y la segunda no se deduce de la primera. Bajo el suelo, un acuífero calizo de alta vulnerabilidad a la contaminación añade una cautela ambiental que el propio plan reconoce. Y en superficie, la movilidad se reduce a la M-213 y a la carretera local: sin Cercanías ni Metro, todo crecimiento se traduce en coches.
La resistencia está en el campo
Frente a ese despliegue, la contestación vecinal no se organiza en el casco urbano, sino en el campo. Santorcaz es uno de los municipios de la llamada Alcarria madrileña donde la avalancha de macroplantas fotovoltaicas —el término ve afectada casi el 40 por ciento de su superficie—, integrada en un nudo de unas 7700 hectáreas y 34 plantas repartidas entre San Fernando, Loeches, Anchuelo y Ardoz, ha puesto en pie de guerra a los vecinos.
La voz la llevan plataformas comarcales: Henares en Verde, que en noviembre de 2025 denunció el proceso de expropiación forzosa y organizó concentraciones y una colecta para la defensa jurídica; Ecologistas en Acción de Alcalá, que cita a Santorcaz entre los municipios amenazados, y Aliente, que llevó el conflicto hasta el Congreso.
Y su argumento central es, casi palabra por palabra, el de esta serie: denuncian que los proyectos se trocean y se tramitan por separado, con información «parcial, tardía y confusa», de modo que nadie evalúa el impacto acumulado. Los vecinos piden, en el fondo, lo mismo que pide este atlas: que alguien sume.
Hay una paradoja que lo resume todo. Mientras los vecinos presentan alegaciones, la institución que debería representarlos calla: en varias de esas autorizaciones —como la de la planta Pioz RT1— la Administración hizo constar que el Ayuntamiento de Santorcaz no contestó a la consulta, de modo que su silencio se entendió como conformidad. El mismo municipio que descuadra sus cifras deja también que otros decidan por omisión.
Y mientras ese frente arde, los demás —la sanidad, la escuela, el único autobús 275 que entra y sale del pueblo en un solo sentido— siguen siendo dependencias silenciosas, sin protesta propia. No por azar, el propio movimiento de la Alcarria reclama que las subvenciones millonarias a las grandes energéticas se reorienten a sostener justamente eso: sanidad, educación, transporte y agua en el mundo rural. La carencia, en Santorcaz, se soporta; no se pelea.
Quién decide y quién paga
El reparto de responsabilidades dibuja la asimetría de siempre. El Ayuntamiento —gobernado por Rubén Gómez Buil (PSOE), con mayoría absoluta desde las municipales de 2023— decide el modelo urbanístico; los propietarios pagarán la urbanización interior de cada sector.
Pero el agua y la depuración las sostienen el Canal y la Comunidad; los residuos, la Mancomunidad; las redes de evacuación, el sistema eléctrico; y, por debajo de los cinco mil habitantes, hasta los bomberos y la protección civil corresponden a la Comunidad, no al municipio, que ni siquiera figura con plan territorial propio en el listado autonómico y que en noviembre de 2025 constituyó una Comisión Local de Seguridad precisamente como pueblo sin policía local.
El presupuesto municipal de 2026, aprobado en 1.779.200 euros, con medio millón largo en inversiones, da la medida de lo que el pueblo puede costear por sí mismo frente a la factura estructural que rebasa su término.
Antes de aprobar, cuadrar
Aquí es donde el caso de Santorcaz deja de ser una anécdota de pueblo pequeño y se vuelve prueba de laboratorio para el debate que recorre la serie. La discusión útil no es si un defecto de forma tumbaría el plan en los tribunales —el precedente de Meco ya enseñó que la puerta ambiental puede devolver el suelo a su clase—, sino si una incoherencia sustantiva, la que va de 1450 a más de tres mil habitantes, debería bastar para exigir corrección antes de aprobar.
Esa es exactamente la compuerta que la reforma en marcha, la Ley LIDER —aprobada como proyecto en julio de 2026 y aún no en vigor—, pretende generalizar: si se acortan las vías de anulación por defectos formales, el control tiene que desplazarse a la coherencia material.
Y la primera exigencia material sería la más simple: que el plan fije una sola cifra de población y de vivienda y pruebe, para ese único escenario, que hay agua, depuración, energía y movilidad.
Santorcaz no va a tumbar por sí solo ninguna infraestructura del Henares. Su valor en este atlas es otro, y más revelador: demuestra que hasta un pueblo de mil habitantes depende de una suma regional que su plan local no controla, y que ni siquiera hace falta un gran consumidor para que el sistema falle.
Basta con que nadie sume. Por eso la primera obra pendiente de Santorcaz no está en ninguno de sus siete sectores: es una tabla única, honesta, en la que las cifras del propio plan dejen, por fin, de descuadrar.
Enlace con la ficha sobre urbanismo de Santorcaz
