Veinte días después de que entre 70.000 y 80.000 personas cruzaran a nado o a pie la frontera de Ceuta desde Marruecos, entre el 30 y el 31 de julio, la ciudad autónoma sigue gestionando dos crisis superpuestas: una humanitaria, centrada en los menores extranjeros no acompañados que continúan sin identificar, y otra jurídico-diplomática, sobre cómo devolver a Marruecos a quienes no tienen derecho a permanecer en España.
Mientras tanto, en Rabat, la prensa oficialista y afín al Majzén ha ido construyendo, día a día, un relato paralelo sobre Sebta (Ceuta) que apenas ha cruzado el Estrecho.
Lo que se sabe del dispositivo de protección a menores
El Ministerio de Política Territorial cifró el 10 de agosto en torno a 1400 los menores registrados en el sistema de protección de Ceuta, priorizando su reagrupación familiar. Una semana después, organizaciones como Save the Children estimaban que unos 1500 estaban ya dentro del sistema, mientras otras 4000 personas menores permanecían fuera de él, pendientes de identificación —una cifra que la capacidad ordinaria de tutela de la ciudad, con apenas veintinueve plazas antes de la crisis, no puede en modo alguno absorber.
El Ministerio de Juventud e Infancia envió el 16 de agosto un equipo a Ceuta para colaborar con las autoridades locales en las tareas de identificación, registro y acogida. Interior sitúa la cifra oficial de menores identificados en 1898, y una ayuda de 25 millones de euros se debatirá en la Conferencia Sectorial del próximo 27 de agosto.
El marco legal que ampara toda esta operación no nace de la crisis actual: se apoya en las sentencias del Tribunal Supremo de 2021 que condenaron las repatriaciones colectivas, el reconocimiento oficial de España ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU en 2024, y el Real Decreto-ley 2/2025 y el Real Decreto 743/2025, que regulan la derivación de menores entre comunidades autónomas en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
El punto más delicado se ha movido esta semana: el 18 de agosto, la Comisión Europea avaló expresamente el retorno a Marruecos de todos los migrantes irregulares que permanecen en Ceuta, incluidos los menores no acompañados, invocando la directiva de Retorno aprobada en junio. El portavoz comunitario de Asuntos de Interior, Markus Lammert, defendió que la expectativa de Bruselas es que «todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados», aunque reconoció que el proceso «no se limita a una decisión política»: exige identificar a cada menor, determinar las circunstancias de su caso y respetar las obligaciones legales existentes. Es, en la práctica, un mandato político sobre un procedimiento que la propia ley española obliga a individualizar caso por caso.
Los adultos: readmisión bajo un acuerdo de 1992
El grueso de los adultos ya ha regresado. Según Interior, al menos 48.300 de las aproximadamente 50.000 personas contabilizadas en el primer recuento habían vuelto a Marruecos en los primeros días, aunque las cifras están sujetas a revisión porque algunas personas cruzaron la frontera más de una vez.
El instrumento jurídico que sostiene esos retornos es el acuerdo bilateral de readmisión firmado por España y Marruecos en 1992, que obliga a Rabat, bajo ciertas condiciones, a readmitir a nacionales de terceros países que entraron irregularmente desde territorio marroquí. Ese acuerdo no automatiza nada: antes de activarlo, España debe identificar a cada persona, comprobar su nacionalidad, determinar cuándo y cómo entró, detectar posibles solicitudes de protección internacional y descartar impedimentos legales para el retorno. Si alguien ha solicitado asilo, la ley de extranjería impide ejecutar la devolución hasta que se resuelva la admisión a trámite de esa solicitud.
El relato oficial marroquí: del silencio al contraataque
Aquí está el ángulo que apenas ha llegado a la prensa española. Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, la agencia oficial Maghreb Arabe Presse (MAP) guardó silencio mientras Madrid, con Pedro Sánchez desplazado a la zona al día siguiente de iniciarse la crisis, marcaba en solitario el relato internacional del episodio —un patrón de opacidad inicial que ya se había documentado en la crisis de 2021.
Cuando Rabat rompió el silencio, el 2 de agosto, lo hizo con un comunicado del Ministerio del Interior que atribuía los cruces a una «instrumentalización tendenciosa» de las redes sociales, a redes de trata de personas y a una interpretación errónea de fallos judiciales españoles —en concreto, la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio que prohíbe las devoluciones en caliente por vía marítima.
El ministerio ofreció sus propias cifras, sensiblemente inferiores a las españolas: unas 40.000 personas habrían intentado llegar a Ceuta y 1135 a Melilla, frente a las 70.000-80.000 que maneja Madrid.
También hubo una brecha en el recuento de muertos: mientras las fuentes españolas hablaban de hasta 72 u 80 fallecidos, el propio Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí (CNDH, institución oficial) documentó ya el 29 de julio que las autoridades solo reconocían catorce decesos, y pidió un mecanismo conjunto y transparente con España para esclarecer los hechos.
El 8 de agosto, el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, llevó el relato a un terreno más estructural: en una entrevista en la televisión saudí Asharq News, confirmó que Marruecos sigue reivindicando la soberanía de Ceuta y Melilla «a largo plazo» y que la cuestión se plantea directamente en las reuniones bilaterales con España.
Es una declaración que rara vez se recoge en la prensa española pero que en Marruecos forma parte del discurso habitual: medios como Le360 —vinculado, según ha documentado la prensa internacional, al entorno del rey Mohamed VI— utilizan de forma sistemática la fórmula «el presidio ocupado de Sebta» incluso en crónicas puramente informativas sobre el dispositivo de seguridad fronterizo, como ocurrió en su cobertura del 14 de agosto sobre los controles reforzados en Fnideq.
A mediados de agosto se produjo el giro más significativo: el 15 de agosto, ante una segunda oleada de llamamientos en redes sociales para un nuevo cruce masivo —que terminó con 148 personas detenidas por las fuerzas marroquíes—, el portavoz de Interior, Rachid El Khalfi, aprovechó la comparecencia para trasladar la presión hacia España, exigiendo que Madrid «asuma sus responsabilidades» y «acelere los procedimientos de retorno de los menores marroquíes no acompañados» presentes en territorio español. El relato, hasta entonces defensivo, empezó a convertirse en ofensivo.
Una grieta en el propio relato oficial
El dato más incómodo para Rabat llegó, paradójicamente, a través de la propia prensa marroquí. El 18 de agosto, medios como H24info recogieron un informe del Ministerio del Interior español, según el cual las entradas irregulares terrestres en Ceuta habían aumentado un 191,1 por ciento desde enero respecto al mismo periodo de 2025 —sin contar siquiera la entrada masiva de finales de julio—.
Un policy paper del Policy Center for the New South, think tank marroquí próximo al poder, firmado por el analista Abdelhak Bassou, reconoció días antes que la presión migratoria por Ceuta mostraba ya una tendencia alcista desde enero, con 2582 entradas irregulares en el primer semestre, más del doble que en 2025. La conclusión de ese estudio, sin embargo, sigue enmarcando el problema casi exclusivamente como una cuestión de desinformación digital que exige «vigilancia permanente de redes sociales», más que como una crisis con raíces socioeconómicas de fondo.
Entre los propios migrantes varados en Ceuta hay, además, una voz que ni el relato español ni el marroquí recogen con la misma intensidad: el 17 de agosto, cientos de ellos se manifestaron en una playa de la ciudad pidiendo asilo a las autoridades españolas en lugar de la devolución a Marruecos, con pancartas que decían «también somos seres humanos». Es un recordatorio de que, veinte días después, el desenlace de miles de expedientes individuales —muchos de menores— sigue abierto.
Esta pieza inaugura un seguimiento diario de la crisis fronteriza entre España y Marruecos, con especial atención a los dispositivos de protección de menores, los mecanismos de retorno y el contraste entre la información oficial española y la que difunden la agencia MAP y la prensa marroquí afín.
- Pie de foto: Ceuta: fotograma migrantes en la playa 18AGO2026
