Esta entrega del Observatorio Trump recoge la denuncia interna que una exabogada de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia presentó este martes 18 contra el grupo de trabajo que el Gobierno de Donald Trump creó para investigar el antisemitismo en las universidades. La denunciante, Haley Van Erem, con casi una década de carrera en la división antes de ser asignada al grupo de trabajo, sostiene que las conclusiones contra Harvard, Brown y Columbia estaban «predeterminadas, sin atención a las pruebas».
Según el escrito, presentado ante los inspectores generales del Departamento de Justicia y del de Sanidad y Servicios Humanos, así como ante la Oficina de Consejo Especial, cientos de millones de dólares en financiación federal fueron suspendidos antes de que concluyeran las investigaciones por posibles infracciones del Título VI de la ley de derechos civiles. El texto añade que el grupo de trabajo también dirigió su atención hacia profesores musulmanes y de estudios de Oriente Medio.
El grupo de trabajo, puesto en marcha en febrero de 2025 bajo la entonces fiscal general Pam Bondi y dirigido por el consejero del Departamento de Justicia Leo Terrell, reúne a personal de Justicia, Educación y Sanidad. De las tres universidades investigadas, Harvard optó por litigar el caso, mientras que Brown acordó destinar 50 millones de dólares a programas de empleo en Rhode Island y Columbia aceptó pagar 200 millones en tres años, ambas sin que el grupo de trabajo formulara una conclusión formal de infracción.
Una portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, respondió que Van Erem «no trabajó en las investigaciones universitarias» durante su etapa en el departamento y que la institución «respalda la integridad» de las pesquisas. Van Erem dejó su puesto en mayo de 2025 porque, según su denuncia, no estaba dispuesta a seguir expuesta a «investigaciones motivadas políticamente, sin respaldo fáctico y contrarias a la ley».
El episodio distingue con nitidez los dos planos que este Observatorio sigue por separado.
Por un lado, la resistencia institucional: una funcionaria de carrera, sin filiación partidista declarada, que documenta desde dentro presuntas irregularidades del propio Gobierno que la empleaba.
Por otro, la oposición partidista formal: el representante demócrata Jamie Raskin, portavoz de la minoría en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, exigió por carta a la responsable de la División de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, que comparezca ante el comité y entregue documentación sobre las pesquisas a Harvard, Brown, Columbia y también Cornell.
Raskin calificó la investigación de «montaje prefabricado, de naturaleza plenamente política», una valoración partidista que este Observatorio registra como tal, separada de los hechos documentados en la denuncia de Van Erem.
El caso se suma a un precedente ya conocido: según una investigación previa de ProPublica, el Departamento de Justicia había presionado a sus propios abogados para «encontrar» pruebas de antisemitismo sistémico en la Universidad de California en Los Ángeles.
De cara al 3 de noviembre, este Observatorio seguirá si el cuestionamiento a la integridad de las investigaciones federales sobre derechos civiles erosiona la confianza de los votantes independientes en la imparcialidad de las instituciones del Estado, o si, por el contrario, la Casa Blanca logra imponer su relato de que se trata de un ataque partidista contra una política que considera exitosa frente al antisemitismo en los campus.
