El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, rechazó este domingo 16 de agosto comprometerse a que el Departamento de Justicia actúe siempre de forma independiente respecto a la Casa Blanca de Donald Trump.
Preguntado en el programa dominical de la cadena NBC News si podía prometer esa independencia, Blanche respondió: «No, no voy a prometer eso. Y ningún fiscal general debería prometerlo nunca». Añadió que, si el presidente pidiera «perseguir a todo criminal violento del país», negarse a hacerlo por una promesa abstracta de independencia sería absurdo, y aseguró que Trump «nunca» le pedirá cruzar una línea ética o legal.
Blanche, antiguo abogado defensor personal de Trump en el juicio por el caso de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels en Nueva York, fue confirmado por el Senado por un ajustadísimo 50 a 49 hace poco más de una semana, tras una batalla de confirmación marcada por el rechazo de dos senadoras republicanas moderadas: Susan Collins y Lisa Murkowski.
Collins declaró entonces que el Departamento de Justicia «se ha vuelto cada vez más político» y que Blanche «ha erosionado aún más la independencia del Departamento», citando el fondo de 1800 millones de dólares para compensar a supuestas víctimas de «armamentización» de la justicia y una orden que blindaba a Trump y su familia de auditorías fiscales del IRS.
El senador Bill Cassidy acabó votando a favor, pero calificó de «mal juicio» la aprobación de ese fondo por parte de Blanche. Los senadores John Cornyn y Thom Tillis, por su parte, condicionaron su respaldo a que Blanche revocara formalmente ese fondo, algo que reiteró el domingo.
Más de 1200 antiguos empleados del Departamento de Justicia, de administraciones tanto republicanas como demócratas, habían firmado antes una carta pidiendo al Senado que rechazara su nombramiento por crear una «cultura del miedo» dentro de la institución.
En el mismo programa, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó al Departamento de Justicia bajo Blanche de «filial en propiedad absoluta del cartel Trump y de la agenda extrema de Donald Trump».
La distinción entre ambas críticas resulta relevante: la resistencia a la fusión entre Casa Blanca y Departamento de Justicia no procede únicamente del Partido Demócrata, sino también de senadoras republicanas y de un colectivo bipartidista de exfuncionarios de justicia que invoca precedentes históricos —como la negativa del fiscal general republicano John Ashcroft a autorizar un programa de espionaje interno en 2004— para defender que la institución debe poder decir «no» al presidente cuando corresponda.
Blanche también adelantó el domingo que el Departamento de Justicia contempla llevar ante el Tribunal Supremo su disputa con varios estados sobre el acceso federal a los censos electorales, en un litigio que podría resolverse antes de las elecciones de mitad de mandato.
De cara al 3 de noviembre, este Observatorio seguirá si la negativa de Blanche a comprometerse con la independencia judicial se convierte en un argumento de campaña sobre el Estado de derecho, especialmente si el litigio sobre los censos electorales llega a los tribunales antes de los comicios.
