Torrejón de Ardoz casi no tiene sitio: ha llenado su término con ciudad, industria y un aeropuerto militar que ocupa dos de cada cinco kilómetros. Le queda una última gran bolsa de suelo al noroeste, y esa bolsa se está tramitando dos veces a la vez —por el Ayuntamiento y por la Comunidad de Madrid, para el nuevo campus de Indra—. Mientras tanto, el agua, la luz y las carreteras que tendrían que sostener ese salto no son solo de Torrejón: son de todo el corredor del Henares, y nadie los está sumando.
Una ciudad casi sin territorio libre
Empecemos por el tamaño, porque explica casi todo. Torrejón de Ardoz cabe en 32,49 km²: un término pequeño para una ciudad de 143.526 habitantes (INE, 1-1-2025). Y por dentro está aún más apretado de lo que parece. La Base Aérea y el INTA —el instituto aeroespacial— ocupan 12,90 km², cerca del 40 por ciento del municipio, según el inventario del Plan de Economía Circular. Si a eso le sumamos lo que ya es ciudad (6,56 km² de vivienda), industria (3,15) y comercio (0,30), queda poco suelo grande sin estrenar.
Ese poco se concentra en una sola pieza, al noroeste, detrás del Parque Corredor. En la jerga urbanística se llama SUNP T-1 «Noroeste»: unas siglas para un suelo que el plan reserva para crecer, pero que todavía no está ordenado ni urbanizado. No es suelo para viviendas: es la última reserva productiva de Torrejón. Sobre ella se juega el siguiente salto de la ciudad, y de ella trata todo lo que sigue.
La misma frontera, dos carriles
Lo llamativo de Torrejón no es que recalifique suelo —eso lo hace medio corredor—, sino cómo lo hace: la misma bolsa se está transformando por dos caminos administrativos a la vez. Conviene detenerse aquí, porque es la clave de la historia.
El primer camino es el municipal. El Ayuntamiento tramita el Plan de Sectorización del T-1, que es el documento que ordena esa bolsa por dentro —calles, parcelas, usos— y la prepara para urbanizar. Su primera versión, el llamado Avance, está en información pública desde el 7 de mayo de 2026: expuesta para que cualquiera pueda consultarla y presentar alegaciones. Delimita 2.115.199 m² —unas 211 hectáreas contando zonas verdes y viales— para usos industriales, tecnológicos y logísticos, y lo impulsan los propios dueños del suelo, agrupados en una junta que reúne más de la mitad del ámbito.
El segundo camino es el regional. Sobre buena parte de ese mismo suelo, la Comunidad de Madrid tramita el Indra Technology Hub, el gran campus con el que la empresa quiere juntar en Torrejón sus sedes del corredor, y lo hace por una vía especial: la de los Proyectos de Alcance Regional, reservada a actuaciones que la Comunidad considera de interés más que municipal y que aprueba ella misma. La Comisión de Urbanismo de Madrid lo aprobó inicialmente el 25 de junio de 2026 y abrió un plazo de alegaciones de 45 días hábiles, hasta el 16 de septiembre. El ámbito ronda las 77,6 hectáreas entre Torrejón y Paracuellos de Jarama —la mayor parte dentro del propio T-1—, con hasta 300.000 m² construidos, 200 millones de inversión respaldados por un préstamo de 385 del Banco Europeo de Inversiones y unos 3000 empleos (ficha del proyecto).
Y aquí está el matiz que da nombre a todo. No son dos proyectos sobre dos suelos distintos, sino dos tramitaciones sobre el mismo suelo. Como una carretera que se desdobla en dos carriles paralelos, Torrejón desdobla la vía por la que decide su última frontera. Eso no es un tecnicismo, porque cada carril cambia tres cosas a la vez: quién decide —el T-1 se resuelve en el Ayuntamiento; el campus, en la Comunidad—, qué controles se activan en cada puerta y qué se puede hacer con el suelo de quien no quiera vender. Y los dos carriles avanzan mientras el proyecto todavía puede recurrirse ante los tribunales: se decide deprisa y en paralelo, antes de que se cierren todas las puertas de reclamación.
La resistencia empieza en el suelo
Esa duplicidad ya ha dado su primer conflicto, y en un sitio inesperado. La primera resistencia al proyecto no viene de un grupo ecologista, sino de los propietarios sobre cuyo suelo debe levantarse el campus. Varios pequeños dueños llevan meses negándose a vender sus parcelas a Indra, una negativa que, según elEconomista, ha ralentizado la operación: unas fuentes la describen en marcha pero con retrasos y otras, directamente, como «paralizada». La prensa local lo cuenta igual.
El motivo no es ideológico, sino de dinero. Desde finales de 2025 circula entre los afectados una valoración de unos cuatro euros por metro cuadrado, muy por debajo de la que ellos consideran justa para suelos parecidos del entorno; lo que piden, más que parar el campus, es que se les pague bien y se les informe. Y aquí vuelve a asomar el desdoblamiento: si el acuerdo por las buenas se atasca, la etiqueta de «alcance regional» abre una posibilidad que un promotor privado corriente no tendría, la expropiación. Según el mismo diario, Indra preferiría no llegar a ese punto para evitar un pleito largo.
Vox Torrejón ha llevado el asunto al terreno político. El 2 de junio de 2026 cifró el suelo en torno a cuatro euros el metro y lo comparó con unos 42 que atribuye al mercado —son cuentas del partido, no una tasación independiente— y acusó al gobierno local de favorecer a una empresa privada (El Telescopio Digital). Añadió una duda de más calado: que mover las fábricas del casco urbano al T-1 acabe sirviendo para recalificar como residenciales los viejos polígonos que queden vacíos. No es solo sospecha de la oposición: el propio alcalde explicó en octubre de 2025 que el Ayuntamiento prepara ese traslado de industrias a la periferia, y que el suelo liberado podría destinarse luego a viviendas, dotaciones o servicios.
El PSOE, muy duro con el gobierno del PP en materia de vivienda —por ejemplo, a cuenta del contrato anulado de 150 viviendas asequibles en Fresnos—, no ha fijado hasta ahora una postura equivalente sobre el T-1 o Indra; y esa ausencia es, en sí misma, un dato. Falta, además, lo que sí ha aparecido en Alcalá, Ajalvir o Meco: una plataforma vecinal o ecologista organizada contra el modelo. Hay malestar en Torrejón, pero disperso, sin un frente común.
Con todo, la historia no está cerrada: el proyecto sigue en información pública hasta el 16 de septiembre, y hasta que no se conozcan las alegaciones no sabremos si el conflicto de Torrejón seguirá siendo de dinero —precio y expropiación— o se volverá de territorio: agua, energía, movilidad, suelo. Vale la pena mirar esas piezas una a una.
El agua: un margen que ya tiene dueño
La primera pieza es el agua, y aquí está el hallazgo. Sobre el papel, Torrejón va sobradísima de depuración. Su estación depuradora, la EDAR, puede tratar 75.000 metros cúbicos de agua al día —ampliables a 100.000— y está dimensionada para 450.000 habitantes equivalentes, una medida técnica que traduce a personas la carga que soporta la planta. Para una ciudad de algo más de 143.000 habitantes, es muchísimo margen. Funciona desde 1986 y se amplió en 2009.
Pero ese colchón engaña si solo se mira a Torrejón. La depuradora de al lado, la de Casaquemada, en San Fernando de Henares, no puede crecer: está atrapada entre el Parque Regional del Sureste, el río Jarama y el cementerio, y no dará abasto con lo que verterán en el futuro los municipios que dependen de ella. ¿La solución que Canal de Isabel II ha dejado por escrito? Desviar ese caudal —el de San Fernando, Ajalvir, Daganzo y Paracuellos— precisamente a la depuradora de Torrejón, que es donde queda hueco. Traducido: el margen que parecía libre para el T-1 y para Indra ya está en parte reservado para absorber el crecimiento de los vecinos. La pregunta deja de ser cuánta capacidad tiene Torrejón y pasa a ser cuánta le quedará cuando todo el sistema descargue sobre su planta.
La red que se rehace en voz baja
Con la electricidad pasa algo parecido: el corredor se está recableando pieza a pieza, casi sin ruido. En Torrejón está autorizada la reforma de la subestación «Ardoz Nueva» —señal clara de que hay que reforzar la red—, y el municipio tramita además una planta solar, «Casablanca», con sus líneas para evacuar la energía. A mayor escala, la Comunidad aprobó en la misma sesión en que dio luz verde a Indra un gran plan de plantas solares y subestaciones que afecta a Loeches, Pozuelo del Rey, San Fernando, Torres de la Alameda, Valverde de Alcalá y Villalbilla. Lo que no aparece por ninguna parte es un dato básico: cuánta potencia eléctrica firme van a necesitar el campus y el T-1, y cuánta quedará libre después de todos esos refuerzos. Sin esa cifra, decir «hay red» es un acto de fe.
Lo que nadie suma
Y llegamos al fondo del asunto, que es el hilo de toda esta serie en el corredor del Henares. Torrejón no se puede medir en solitario. Comparte el agua con Casaquemada y con media docena de municipios; comparte la basura con la Mancomunidad del Este, que la lleva al complejo de Loeches, fuera del término; comparte las carreteras y el tren de cercanías con toda la A-2; y comparte el corredor eléctrico con vecinos que también están sumando viviendas, naves y grandes consumos, desde centros de datos hasta plantas solares. Cada uno resuelve su enganche por su cuenta. Lo que no existe es alguien que sume todas esas demandas a la vez —el agua de todos, la luz de todos, los coches de todos— antes de aprobar cada proyecto por separado. Ese hueco no es un papeleo que falte: es el punto ciego del modelo. Si una misma bolsa de suelo ya se tramita dos veces sin sumarse ni siquiera consigo misma, difícilmente hay alguien sumando el corredor entero.
El atajo regional, y lo que no atajará
Conviene subrayar algo que, en esta serie, no había aparecido tan a las claras: aquí la Comunidad de Madrid no es un actor de reparto. Al llevar el campus de Indra por la vía del Proyecto de Alcance Regional, la Comunidad no solo informa: decide. Y no es un matiz de trámite, sino un cambio de manos. Por el camino municipal, Torrejón resolvería en su pleno y el proyecto tendría que encajar en el plan de la ciudad; por el regional, quien aprueba es la Comisión de Urbanismo de Madrid —el acuerdo se funda en el artículo 37 de la ley autonómica del suelo—, y la etiqueta de «interés regional» le da al proyecto una legitimación propia que no depende de que el plan municipal lo hubiera previsto.
Esa vía es, además, más expeditiva frente a lo que suele frenar una operación así. Tres obstáculos habituales se sortean mejor desde arriba: la lentitud o la reticencia del ayuntamiento, la incompatibilidad con el plan vigente y la resistencia de los propietarios. La aprobación regional se salta el filtro municipal, el interés regional sortea la exigencia de encajar en el plan y la declaración de utilidad pública abre, si hace falta, la expropiación contra quien no quiera vender: la misma capacidad que asomaba en el pulso por el suelo de Indra.
Pero hay un límite que ningún atajo salva, y es el corazón de esta serie: se puede acelerar el papel, no el agua ni los vatios. La vía regional despeja los obstáculos de procedimiento; no despeja los físicos. De hecho, el propio expediente obliga a pedir informe a quienes guardan esas barreras materiales: la Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II, Red Eléctrica, Aviación Civil, el Ministerio de Defensa, Patrimonio y los ayuntamientos afectados, además de las organizaciones ambientales. Una depuradora que ya reserva su margen para los vecinos y una red cuya potencia firme nadie ha publicado siguen ahí, decida quien decida y por rápido que se decida.
Torrejón, en resumen, parece tener suelo. La pregunta —la de toda la serie— es si tiene, al mismo tiempo y a escala de corredor, las cinco llaves que convierten ese suelo en actividad de verdad: agua, saneamiento, electricidad, movilidad y capacidad de emergencia. Tener el solar no es lo mismo que poder encender la luz.
Cuando los carriles se estrechan
Hay, por último, una consecuencia que va más allá de Torrejón y que conviene dejar anotada, porque reaparecerá en cada capítulo de esta serie. Cuando la decisión sube de escala y gana velocidad, se estrechan también los cauces por los que un ciudadano puede intervenir. Por la vía municipal, un vecino discutía el proyecto en el terreno más cercano: el debate y el voto en el pleno de su ayuntamiento, la exigencia de que la operación encajara en el plan de su ciudad. Por la vía regional, ese terreno se aleja.
Le quedan, en lo esencial, tres caminos. El primero está abierto ahora mismo: las alegaciones durante la información pública, hasta el 16 de septiembre, que cualquiera puede presentar ante la Comisión de Urbanismo. El segundo no lo activa el ciudadano, pero puede apoyarse en él: esos informes sectoriales —agua, energía, defensa, aviación, patrimonio— que la ley obliga a pedir y que, cuando son desfavorables o vinculantes, funcionan como verdaderas compuertas del proyecto. El tercero es el último y el más costoso: el recurso ante los tribunales, la vía contencioso-administrativa, una vez aprobado el plan.
Y aquí el proyecto de ley que la Comunidad tramita cobra un sentido más preciso. La Ley LIDER, aprobada como proyecto por el Consejo de Gobierno el 22 de julio de 2026 y todavía en trámite —con una reforma estatal del suelo avanzando en paralelo en el Congreso—, busca, entre otras cosas, hacer los planes más resistentes a las anulaciones por defectos de forma; es decir, estrechar precisamente la rendija por la que más veces han entrado los tribunales a tumbar desarrollos. Sus defensores lo llaman el fin de las nulidades por tecnicismos y seguridad jurídica para quien invierte; sus críticos, el recorte del último control judicial que le quedaba a la ciudadanía. Las dos lecturas describen el mismo efecto desde orillas opuestas: si prospera, el tercero de esos caminos se hace más angosto. Lo que en Torrejón es hoy una excepción proyecto a proyecto, LIDER quiere convertirlo en norma.
Por eso Torrejón, más allá de su campus y de su depuradora, es un buen sitio para empezar a mirar esto: es la primera vez en la serie en que la Comunidad no acompaña la decisión, sino que la toma. Y lo que aquí se ensaya —una escala mayor, un trámite más rápido y unas vías de contestación más estrechas— es la pregunta que el corredor del Henares tendrá que responder proyecto a proyecto: no solo si hay agua y luz para crecer, sino quién puede decir algo, y ante quién, cuando se decide crecer.
