Una pequeña firma de ciberseguridad que la Administración de Donald Trump contrató para analizar máquinas de votación en Puerto Rico vio cancelado su contrato federal después de no confirmar las denuncias de fraude electoral del presidente. Sus responsables, hasta ahora en silencio, expusieron el caso este mes en la mayor conferencia de ciberseguridad de Estados Unidos, a menos de tres meses de las midterms del 3 de noviembre.
La empresa, Mojave Research, fue contactada en la primavera de 2025 por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), entonces dirigida por Tulsi Gabbard, dentro de una investigación más amplia sobre equipos electorales. El encargo: analizar una máquina de voto fabricada por Liberty Vote (antes Dominion Voting Systems) que la ODNI había obtenido en Puerto Rico. Tras seis semanas de trabajo, según relató el consejero delegado de Mojave, Jason Wareham, en la conferencia DEF CON de Las Vegas, el equipo halló al menos una docena de vulnerabilidades de gravedad alta o crítica —contraseñas reutilizadas, cortafuegos desactivados, protecciones criptográficas deficientes—, pero ninguna evidencia de que se hubiera manipulado algún voto.
Ese hallazgo, sin fraude que confirmar, no gustó a un grupo de aliados de Trump «vinculados a la Casa Blanca», según relató Wareham. El abogado Kurt Olsen, figura central del intento de revertir el resultado electoral de 2020 y entonces asesor de la Casa Blanca en seguridad electoral, llegó a acusar a Mojave de estar financiada en secreto por el magnate liberal George Soros, blanco habitual de teorías conspirativas antisemitas. Wareham tuvo que remitir a la ODNI una declaración jurada y sus estados financieros para desmentirlo.
Pese a ello, la colaboración parecía encaminada a ampliarse: el Gobierno pidió a Mojave que multiplicara su equipo de diez a sesenta personas para una revisión más profunda antes de las elecciones. El plan se truncó con el cierre prolongado de la Administración federal a finales de 2025: el día en que Wareham esperaba la firma de la ampliación del contrato, recibió en su lugar una orden de paralización de los trabajos, sin financiación adicional.
El filtro de la lealtad política
El episodio se inscribe en una pauta más amplia documentada por el Observatorio: la búsqueda, alentada por Trump desde su derrota de 2020, de pruebas de fraude que ningún tribunal ni auditoría ha corroborado hasta ahora. Olsen, sancionado en el pasado por un tribunal de Arizona por afirmaciones «falsas, engañosas e infundadas» sobre elecciones, se trasladó en junio de 2026 desde la Casa Blanca a la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, donde integra un equipo que investiga a supuestos «enemigos» del presidente. Gabbard, por su parte, dejó la ODNI el 30 de junio de 2026 por motivos familiares; tras un breve interinato, Jay Clayton juró como noveno director de Inteligencia Nacional el 3 de agosto.
La reacción visible a este episodio concreto no ha venido, de momento, del Partido Demócrata en el Congreso, sino de la propia comunidad técnica: Wareham anunció en DEF CON la creación de un instituto independiente, el Machine Assurance Institute, para verificar la seguridad de las máquinas de voto al margen de la presión política. «Estoy un poco molesto de que estemos tan cerca de las midterms y hayamos tenido un año entero para resolver esto», declaró.
Meses antes, cuando se conoció el nombramiento de Olsen, el senador Alex Padilla (demócrata de California), junto a otros colegas, sí había advertido formalmente de que la maniobra podía servir de antesala a una declaración de emergencia nacional sobre las elecciones —un ejemplo, este sí, de oposición partidista formal previa al episodio de esta semana.
Seguimiento de cara a noviembre
El caso de Mojave Research añade un matiz relevante al seguimiento de opinión pública que seguimos en el Observatorio de cara al 3 de noviembre: la resistencia más concreta a la narrativa de fraude electoral de Trump no procede, en este episodio, de la oposición partidista, sino de actores técnicos e institucionales —una pequeña empresa de ciberseguridad, la comunidad de DEF CON— que se han negado a validar afirmaciones que sus propios datos no respaldan, incluso a costa de perder financiación federal a las puertas de unas elecciones legislativas decisivas.
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