El nuevo Plan General multiplica el suelo urbanizable de un municipio de 4868 habitantes y reserva más de 200 hectáreas para usos industriales. Pero sus propios informes sectoriales condicionan el salto: el Canal de Isabel II advierte de que la depuración actual no basta para el crecimiento, la distribuidora i-DE de que la red eléctrica existente tampoco, y casi seis de cada diez hectáreas del término están incluidas en Red Natura 2000.
Ajalvir cabe entera en una frase de sus vecinos: un pueblo agrario del Corredor del Henares, encajado entre Cobeña, Daganzo, Paracuellos y Torrejón, con 4868 habitantes según el censo del INE a 1 de enero de 2025 y una densidad de apenas 246 habitantes por kilómetro cuadrado. Sobre ese término de 1981 hectáreas, todavía regido por unas Normas Subsidiarias de 1991, el Ayuntamiento tramita un Plan General de Ordenación Urbana que cambia de raíz la escala del municipio.
La magnitud exige una primera cautela de cifras. El Avance municipal de febrero de 2023 dibuja 347 hectáreas de suelo urbanizable sectorizado: unas 270 para cinco sectores industriales, 74,5 para ocho sectores residenciales y 2,7 para un sector terciario.
En esos ocho sectores residenciales el propio Avance contabiliza 1341 viviendas. El Documento de Alcance ambiental de mayo de 2025 maneja después una cifra mayor —1871 viviendas— al incorporar también planeamiento ya previsto o en desarrollo. No son, por tanto, dos cifras intercambiables: una mide los nuevos sectores del Avance y la otra el escenario residencial más amplio que termina examinando el expediente. El suelo urbanizable, en cualquier caso, pasa de alrededor del 2,4 por ciento del planeamiento vigente a cerca del 19 por ciento propuesto. Para un municipio que hoy no llega a 5000 habitantes, el salto de escala es sustancial incluso tomando la cifra menor.
El agua: una depuradora que ya no da más de sí
La primera costura que salta es el agua. Ajalvir se abastece desde el sistema del Canal de Isabel II y la propia documentación municipal de 2023 reconoce que el crecimiento obliga a ampliar las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración. El Documento de Alcance posterior concreta el tamaño de parte de esa factura: para alcanzar el techo del plan habrá que ampliar el depósito municipal hasta 18.000 metros cúbicos y tender nuevas conducciones de aducción y transporte.
Pero el punto crítico está aguas abajo: hoy Ajalvir evacua hacia la EDAR de Casaquemada y el informe del Canal integrado en el expediente advierte de que esa depuradora no dispone de capacidad suficiente para asumir los desarrollos previstos. La salida que se estudia no es menor: nueva capacidad de depuración o derivación de caudales hacia Torrejón de Ardoz si colectores y emisarios lo permiten. El Ayuntamiento, por tanto, no ignora el problema; lo que el expediente deja escrito es que la infraestructura necesaria todavía no está disponible. Es infraestructura previa al crecimiento, no posterior.
La electricidad: la red no llega
La segunda costura es eléctrica y la puso por escrito la propia distribuidora. En la información pública del Avance, i-DE alegó que la red existente no tiene capacidad para asumir la demanda de los nuevos desarrollos y que serán necesarias nuevas instalaciones de muy alta tensión, con reserva de suelo y ejecución previa a la urbanización. Aquí tampoco cabe decir que el Plan no haya pensado en la red: la documentación reserva y ordena infraestructuras. La advertencia es más concreta. Quien tendría que alimentar viviendas y polígonos dice que no puede hacerlo con lo que existe hoy.
1177 dentro de Red Natura 2000
La tercera frontera es ambiental y exige una precisión jurídica. El 59,49 por ciento del término —1177 hectáreas— está incluido en la Zona Especial de Conservación «Cuencas de los ríos Jarama y Henares» y en la Zona de Especial Protección para las Aves «Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares». Eso no convierte automáticamente cada hectárea en suelo intocable. El Plan de Gestión distingue zonas con regímenes diferentes y, en la zona C, admite determinados crecimientos urbanos sujetos a autorización y a una evaluación adecuada de sus repercusiones.
El propio anexo municipal calcula una afección potencial de unas 54 hectáreas en esa zona C —residencial, industrial y de equipamientos— y otras superficies de equipamientos en zona B. La compuerta, por tanto, no es una prohibición abstracta: es demostrar, caso por caso, que la ordenación no perjudica la integridad del espacio protegido. A ello se suman hábitats de interés comunitario, avifauna esteparia, vías pecuarias y cauces. La protección europea no cierra por sí sola el plano, pero sí obliga a justificarlo mucho más de lo que una simple clasificación urbanística puede resolver.
¿Cuántas viviendas hacen falta?
Queda la pregunta de fondo: si la capacidad exige obras previas, ¿por qué crecer tanto? También aquí hay que separar escenarios. El Avance de 2023 cuantifica 1341 viviendas en sus ocho nuevos sectores residenciales. El Documento de Alcance de 2025 examina un escenario más amplio de 1871 al contar planeamiento incorporado.
A la vez, el expediente maneja proyecciones demográficas inferiores a las hipótesis más expansivas del propio planeamiento y exige justificar la necesidad residencial. La discrepancia no invalida el crecimiento, pero impide presentar una única cifra como si todo el expediente hablara de lo mismo. Y el motor declarado del Plan no es solo la vivienda: la Memoria identifica expresamente la oportunidad industrial y logística del Corredor del Henares como una de las razones para poner nuevo suelo en carga.
El vacío del Henares: nadie suma
Aquí Ajalvir ilustra con especial nitidez un patrón que recorre toda la serie. El expediente estudia sus conexiones y reconoce las infraestructuras que habrá que ampliar, pero no consta un instrumento que sume, antes de aprobar, la demanda simultánea de Ajalvir, Daganzo, Torrejón, Paracuellos y el resto de los desarrollos del corredor sobre las mismas depuradoras, subestaciones, carreteras y sistemas de residuos.
El municipio decide dónde quiere crecer; buena parte de la capacidad que hace posible ese crecimiento depende de operadores y administraciones supramunicipales. La cuestión no es que el Plan carezca de soluciones dibujadas, sino si esas soluciones están programadas, financiadas y dimensionadas frente a la demanda acumulada del corredor.
Un plan municipal, más expuesto al control
Hay un rasgo que distingue el caso. A diferencia de otros grandes desarrollos madrileños que buscan la vía regional, Ajalvir crece por la puerta municipal: un PGOU sometido a pleno, información pública, informes sectoriales, evaluación ambiental estratégica y aprobación definitiva de la Comunidad. Esa vía lo expone más al escrutinio administrativo y judicial.
Y conviene una cautela de método: las reformas en marcha sobre el suelo pueden reducir el efecto anulatorio de determinados defectos formales, pero las compuertas que aquí importan son materiales —evaluación ambiental, capacidad de depuración, suficiencia eléctrica, afecciones hidrológicas y compatibilidad con Red Natura—. No basta con que el trámite exista; debe acreditar que el crecimiento es física y ambientalmente viable.
La contradicción de Ajalvir no es abstracta ni ideológica. Tampoco consiste en que el Ayuntamiento haya olvidado el agua, la electricidad, las carreteras o los equipamientos: su propia Memoria los estudia y, en varios casos, reserva suelo o propone ampliaciones. La contradicción está un paso después. El Plan sabe que la nueva ciudad necesita más red, más depuración, más movilidad y más dotaciones; los informes sectoriales y el diagnóstico municipal muestran que parte de esa capacidad todavía debe construirse o reforzarse. El municipio puede elegir su futuro, pero varias de las llaves que lo hacen posible están fuera de su término.
La ciudad que tampoco cabe todavía en sus servicios
Hay otra forma de medir el salto de escala que propone el Plan General y no necesita tuberías ni subestaciones. Basta con mirar los servicios que utiliza hoy la población de Ajalvir. El municipio no llega a cinco mil habitantes, pero ya reclama refuerzos sanitarios, mejora instalaciones educativas y reconoce déficits dotacionales en partes de la ciudad consolidada.
El propio PGOU responde reservando nuevos suelos para equipamientos. La pregunta, por tanto, no es si el Plan se acuerda de ellos —se acuerda—, sino cuándo esa reserva se convierte en médicos, aulas, instalaciones y personal capaces de atender al crecimiento.
Aquí conviene mantener una jerarquía de prueba. En sanidad, la evidencia es directa y contemporánea; en educación, sólida pero limitada a centros y episodios concretos; en movilidad, la Memoria municipal ofrece un diagnóstico claro de dependencia del coche pero, al mismo tiempo, afirma que no aprecia problemas importantes de tráfico en la situación actual; en equipamientos, el propio Plan reconoce déficits de reserva y propone corregirlos; en medio ambiente existe un antecedente vecinal que no debe confundirse con una afección actual; y en transporte público la dependencia es estructural, aunque no toda necesidad equivale a una reclamación vecinal documentada.
Esa gradación importa: el objetivo no es fabricar un expediente de colapso, sino medir qué capacidad existe y qué parte de la ciudad futura sigue siendo una promesa de planeamiento.
La sanidad: la reclamación mejor documentada
El caso más claro es el consultorio médico. Ajalvir depende organizativamente del Centro de Salud de Paracuellos de Jarama y, con la población actual, el propio Ayuntamiento ya ha tenido que reclamar más capacidad. En marzo de 2025 llevó a la Gerencia de Atención Primaria dos problemas concretos: la necesidad de ampliar los espacios asistenciales y la elevada demanda de citas que soportaban los médicos titulares. Pocos meses después, en junio, la Concejalía de Sanidad hizo pública la falta de profesionales: las bajas de médicos de mañana y tarde obligaban a que personal de Paracuellos absorbiera parte de las agendas de Ajalvir.
La documentación es aquí muy fuerte, porque no procede de una interpretación externa ni de una denuncia sin respuesta: es el propio Ayuntamiento quien describe la presión y negocia con la Administración sanitaria. También consta que inicialmente no se consideró posible incorporar un tercer médico y que posteriormente se acabó habilitando esa tercera plaza para atender la demanda.
El dato no demuestra que el consultorio esté colapsado ni permite afirmar que la sanidad local sea insuficiente en todos sus aspectos. Sí demuestra algo más útil para este análisis: la capacidad sanitaria ya ha necesitado refuerzo antes del nuevo crecimiento. El Plan puede reservar suelo para equipamientos, pero esa reserva no equivale a una consulta abierta ni a una plantilla contratada. La llave sanitaria sigue dependiendo de la Comunidad de Madrid.
Educación: hay red y hay suelo; falta fijar el siguiente escalón
La situación educativa exige más cautela. Ajalvir dispone hoy del CEIPSO San Blas que integra Infantil, Primaria y Secundaria. Sería incorrecto presentar al municipio como una localidad sin enseñanza secundaria. Esa dotación tiene, además, detrás una historia de reivindicación municipal, adaptación de instalaciones y sucesivas obras de mejora.
La fortaleza documental es aquí alta en cuanto a la existencia y evolución de la red, pero no permite afirmar una saturación general. En 2026 la Escuela Infantil La Espiga abrió un proceso extraordinario para formar lista de espera entre familias que se habían quedado sin plaza. Eso acredita demanda no satisfecha en ese centro y en ese proceso, no un déficit cuantificado de toda la educación de Ajalvir.
La nueva documentación municipal obliga a corregir otra afirmación: el PGOU sí prevé nuevos equipamientos. La Memoria reconoce que determinadas áreas consolidadas no alcanzan los estándares actuales de reserva y fija como objetivo aumentar y repartir mejor las dotaciones. También dispone suelos para nuevos equipamientos junto a los existentes y deja para el planeamiento posterior parte de su definición concreta. La pregunta correcta, por tanto, no es «¿dónde está el suelo para el colegio?», sino otra: ¿qué equipamiento irá finalmente en esas reservas, ¿cuántas plazas añadirá, ¿cuándo entrará en servicio y qué Administración financiará y dotará de personal esa capacidad?
Las carreteras: dependencia del coche, no colapso acreditado
La movilidad proporciona el tercer aviso, pero también una advertencia contra la exageración. La propia Memoria municipal concluye que Ajalvir es un municipio de desplazamiento predominantemente privado y registra un índice de motorización superior al del Corredor del Henares y al promedio regional. Al mismo tiempo, el documento de 2023 dice que no aprecia problemas importantes de tráfico en la trama urbana ni en las conexiones existentes, con intensidades medias que considera asumibles.
La fortaleza documental es, por tanto, alta para hablar de dependencia del automóvil y de necesidad de mejorar la movilidad, pero no para describir una red actualmente colapsada. El propio Plan fija como objetivos mejorar las conexiones con las carreteras principales, el transporte urbano e interurbano y los desplazamientos no motorizados.
El salto aparece al proyectar el futuro. Las nuevas viviendas añadirán viajes cotidianos y los cinco sectores industriales —cerca de 270 hectáreas brutas en el Avance de 2023— incorporarán tráfico laboral, reparto y vehículos pesados. El Plan intenta anticiparlo con nuevas rondas y conexiones hacia R-2/M-50 precisamente para evitar que esa carga atraviese el casco. Eso es una respuesta urbanística real; lo que todavía debe comprobarse es si la infraestructura viaria y el transporte colectivo se ejecutarán al ritmo de la demanda que se pretende generar.
El paralelismo con el agua y la electricidad reaparece con un matiz: aquí no consta hoy un «no cabe», sino una dependencia estructural que el propio Plan reconoce y trata de corregir. El suelo se clasifica dentro de Ajalvir; una parte sustancial de la red que hará funcionar ese suelo depende de decisiones e inversiones de otras administraciones.
Industria y medio ambiente: un antecedente que obliga a mirar con cuidado
Existe además una memoria local de conflicto entre industria y calidad ambiental. En los años noventa se documentaron movilizaciones vecinales por olores, molestias y sospechas sobre emisiones industriales. Ese antecedente procede de fuentes ajenas al expediente de 2023 y debe tratarse como tal: sirve para explicar una sensibilidad local, no para probar que las mismas afecciones persistan hoy.
La documentación municipal actual no permite atribuir a los nuevos sectores industriales una contaminación o incompatibilidad acústica ya acreditada. El Estudio de Ruido parte precisamente de caracterizar las fuentes actuales —sobre todo tráfico e infraestructuras de transporte— y de comprobar después la compatibilidad de los usos. Tampoco puede trasladarse un episodio de hace tres décadas a empresas o actividades que aún no existen.
Su valor analítico es otro. Ajalvir pretende ampliar de forma muy importante la superficie industrial junto a un núcleo residencial pequeño y dentro de un territorio con fuertes afecciones ambientales. La pregunta pertinente no es si se repetirá lo ocurrido en los noventa, sino qué medidas y controles deberán impedir ruido, tráfico pesado, emisiones o afecciones acumulativas incompatibles con las viviendas y con los espacios protegidos.
En este punto sigue faltando una pieza útil para completar la fotografía social: el detalle de las alegaciones ciudadanas y de propietarios presentadas durante la tramitación. Hasta incorporarlas, debe hablarse de antecedente documentado y de riesgos evaluables, no de conflicto actual generalizado.
Los equipamientos: el Plan reconoce el déficit y reserva suelo
Este es el frente donde la nueva documentación municipal corrige con mayor claridad una lectura demasiado severa. El PGOU no se limita a reparar piscina, instalaciones deportivas o edificios educativos. Su Memoria diagnostica que en determinadas áreas consolidadas la repercusión de equipamientos y zonas verdes no alcanza los estándares exigidos y admite que esa situación es difícil de revertir dentro del casco ya construido.
La fortaleza documental es aquí alta, porque el diagnóstico está dentro del propio Plan. El propio DIE fija entre sus objetivos conseguir un «mayor número de equipamientos» y una distribución más equitativa entre las distintas zonas; la ordenación estructurante responde reservando una red general de equipamientos sociales y servicios junto a las dotaciones ya existentes. Las redes locales de los sectores se concretarán después mediante la ordenación pormenorizada.
Eso obliga a cambiar la pregunta. No puede decirse que el Plan «no prevea» equipamientos. Sí los prevé como suelo y como estructura urbanística. Lo que aún no equivale a capacidad efectiva es saber qué servicio ocupará cada parcela, cuándo se construirá, cuánto costará y quién pondrá el personal. Entre una reserva de suelo sanitario y un centro de salud abierto hay presupuesto, proyecto, obra y plantilla; entre una parcela educativa y un colegio funcionando ocurre lo mismo.
La factura diferida sigue existiendo, pero es más precisa de lo que parecía. El promotor urbanístico puede entregar suelo y urbanización; una parte de los servicios supramunicipales y del personal que convertirán ese suelo en ciudad llegará después desde otras administraciones. El riesgo no es que el plano no dibuje dotaciones, sino que se confunda la reserva urbanística con el servicio ya garantizado.
El transporte público: una dependencia reconocida
El sexto frente gana, con la Memoria municipal, más base documental. Ajalvir carece de conexión ferroviaria directa y su movilidad regional descansa sobre carretera y autobús. El propio Plan reconoce la fuerte dependencia funcional metropolitana y caracteriza el municipio como claramente orientado al transporte privado, al tiempo que fija como objetivo mejorar los sistemas de transporte urbano e interurbano.
Eso no equivale a acreditar una protesta vecinal concreta por frecuencias o líneas, ni permite afirmar que el servicio de autobús esté colapsado. Sí permite identificar una dependencia estructural. Si las nuevas viviendas y los nuevos polígonos multiplican los desplazamientos, la alternativa será aumentar la oferta colectiva o volcar una parte creciente de los viajes sobre la carretera. De nuevo, la decisión urbanística es municipal, pero una parte decisiva de la respuesta de transporte no lo es.
Seis avisos para una sola ciudad
Las seis cuestiones no forman un expediente de colapso. La documentación municipal obliga precisamente a evitar esa palabra. Forman algo más útil: un mapa de capacidad previa, de déficits reconocidos y de soluciones todavía pendientes de convertirse en infraestructura o servicio.
La sanidad ofrece la evidencia social más fuerte: el municipio ya ha reclamado espacio y profesionales. La educación dispone de red propia y el Plan reserva nuevas dotaciones, aunque no constan todavía capacidad, calendario y personal asociados al crecimiento. En movilidad no hay colapso actual acreditado, pero sí una dependencia del coche reconocida por la propia Memoria.
Los equipamientos presentan déficits en partes del tejido consolidado y el PGOU intenta corregirlos con nuevas reservas. La convivencia entre industria, vivienda y medio ambiente exige controles cuya eficacia habrá de comprobarse en el desarrollo. Y el transporte público continúa dependiendo de una escala supramunicipal.
Ninguno de esos seis frentes demuestra por sí solo que Ajalvir no pueda crecer. Juntos cuestionan algo más concreto: que la clasificación y la reserva de suelo basten para acreditar la ciudad resultante. El Plan sabe que la nueva ciudad necesita más carreteras, más equipamientos, más agua y más red eléctrica; lo que todavía no demuestra en todos los casos es que esas piezas estarán disponibles cuando lleguen las viviendas y las naves.
El expediente calcula hectáreas, edificabilidad y viviendas, y también incorpora reservas de redes y dotaciones. Mucho menos cerrada está la traducción de esas reservas a capacidad operativa: consultas médicas, plazas escolares, frecuencias de autobús, potencia eléctrica disponible, metros cúbicos de depuración o calendario de ejecución. Esa diferencia importa porque buena parte de esas capacidades depende de administraciones distintas de la que aprueba el plan.
Ajalvir puede decidir sobre su suelo. Pero también aquí, como con la depuradora y con la electricidad, las llaves de la ciudad futura están repartidas fuera de su término. El problema no es que el Plan no las nombre. Es comprobar, antes de que el crecimiento se materialice, que cada una de ellas existe, está financiada y se ha dimensionado sumando la demanda que llega al mismo tiempo desde todo el corredor.
