Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha pedido a la comunidad internacional que actúe ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba. Los especialistas atribuyen a las sanciones de Estados Unidos un agravamiento de la escasez de combustible, alimentos y medicamentos, así como de los problemas que afectan a la electricidad, el transporte y los servicios sanitarios.
Expertos en derechos humanos que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenaron el jueves 6 de agosto las últimas medidas adoptadas por Estados Unidos contra Cuba. También reclamaron una respuesta internacional para impedir que la crisis derive en lo que cuatro congresistas estadounidenses denominaron una «Gaza silenciosa».
La advertencia figura en una información firmada por el corresponsal de IPS desde Ginebra.
«Los alimentos nunca deben utilizarse como instrumento de presión política», sostuvieron los expertos. A su juicio, las medidas que privan deliberadamente a una población de medios esenciales para sobrevivir afectan al derecho a la vida y a la dignidad humana.
Las sanciones agravan la crisis humanitaria en Cuba
La declaración señala que Estados Unidos ha ampliado desde junio de 2026 las sanciones dirigidas a sectores estratégicos de la economía cubana. Las medidas anunciadas el veintitrés de julio incluyen empresas energéticas y dificultan todavía más la adquisición de combustible, incluso para fines humanitarios, según la información difundida por IPS.
Los expertos ya habían remitido a Washington una comunicación oficial de los procedimientos especiales de Naciones Unidas sobre los efectos de la orden ejecutiva estadounidense del veintinueve de enero. En ella advertían de su repercusión sobre los derechos a la alimentación, la salud, la educación, el agua, el saneamiento y el desarrollo.
La falta de combustible coincide con los repetidos colapsos de la red eléctrica cubana. La isla ha sufrido recientemente su tercer gran apagón nacional, mientras los cortes prolongados interrumpen la atención médica, dificultan la conservación de alimentos y medicamentos y reducen la capacidad para tratar enfermedades como el cáncer.
Según la declaración, los fallos simultáneos en el suministro energético, el transporte, el riego y otros servicios básicos afectan especialmente a mujeres, menores, personas mayores, campesinos y habitantes de zonas rurales.
Los expertos también mencionan informes sobre la acumulación de residuos sin recoger en algunas áreas de La Habana. Esta situación elevaría el riesgo de propagación de enfermedades.
Alimentos, medicinas y transporte bajo presión
Los relatores sostienen que «las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla» que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo.
Los datos recogidos en su declaración reflejan una subida acelerada de productos básicos. El precio del arroz habría aumentado un cincuenta por ciento en tres meses, el aceite comestible habría duplicado su coste y la bombona de gas para cocinar sería un sesenta por ciento más cara que al comenzar el año.
Todas estas cifras proceden de la documentación citada por los expertos y no de estadísticas comprobadas de forma independiente por este medio.
La crisis económica cubana, sin embargo, es anterior a las últimas sanciones. A las restricciones estadounidenses se suman el deterioro de las infraestructuras, la pérdida de financiación exterior, las dificultades para efectuar pagos internacionales, la inflación y los problemas estructurales de la economía nacional.
La Administración estadounidense rechaza que las sanciones sean la causa principal del deterioro. En una comparecencia de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos atribuyó la crisis al modelo económico y a la gestión de las autoridades cubanas. También aseguró que determinadas ventas de combustible y suministros humanitarios al sector privado continúan autorizadas.
Por su parte, una orden ejecutiva de la Casa Blanca aprobada en mayo amplió la capacidad de sancionar a personas y entidades vinculadas con sectores como la energía, la defensa, las finanzas y la seguridad. Washington sostiene que las políticas del Gobierno cubano representan una amenaza para su seguridad nacional y su política exterior.
El origen de la expresión «Gaza silenciosa»
La comparación surgió durante una visita realizada a Cuba en julio por los congresistas demócratas Mark Pocan, Teresa Leger-Fernández, Maxine Dexter y Delia Catalina Ramírez. Los cuatro se reunieron con el presidente Miguel Díaz-Canel, autoridades, profesionales sanitarios y representantes de distintos sectores sociales.
Pocan explicó que uno de sus interlocutores cubanos había descrito la situación como una «Gaza silenciosa» y consideró acertada la expresión. «Puede que no haya atentados con bomba, pero sin duda existen condiciones que impiden a la gente llevar una vida normal», afirmó.
La comparación pretende subrayar los efectos de la privación de alimentos, energía y suministros médicos sobre la población civil. No equipara, sin embargo, dos contextos sustancialmente distintos: Gaza ha sufrido una guerra, bombardeos y una destrucción masiva de infraestructuras, mientras la crisis cubana se desarrolla bajo sanciones económicas, escasez energética y graves deficiencias internas.
Aquí Madrid ha informado tanto sobre la reducción del respaldo internacional a Cuba en la última votación de la ONU como sobre la persistencia de la violencia y la escasez en Gaza.
Los expertos reclaman una respuesta internacional
Los firmantes consideran que las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contravienen los principios de soberanía, no intervención y autodeterminación recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Washington disputa esa interpretación y defiende las sanciones como una herramienta de presión sobre el Gobierno cubano.
Entre los firmantes figuran George Katrougalos, experto sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Zaina Jallad, relatora sobre medidas coercitivas unilaterales; Sofía Monsalve Suárez, relatora sobre el derecho a la alimentación, y Surya Deva, relator sobre el derecho al desarrollo.
También respalda la declaración el Grupo de Trabajo sobre Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.
Los expertos piden al Gobierno estadounidense que revoque las medidas que, según su valoración, vulneran el derecho internacional. Asimismo, reclaman que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU examinen con urgencia sus consecuencias humanitarias.
La documentación facilitada no incluye una respuesta específica de la Administración estadounidense a esta última declaración.
- Pie de foto: Una mujer en La Habana utiliza un fogón a carbón durante uno de los recurrentes cortes del servicio eléctrico ©Jorge Luis Baños / IPS
