El Gobierno acaba de habilitar 17.900 millones de euros adicionales para las redes eléctricas hasta 2030, con nuevos controles sobre cómo se planifican y en qué se gastan. La tentación es preguntar si hay dinero suficiente, pero esa ya no es la pregunta pertinente: sumado a la inversión ordinaria, el esfuerzo es enorme. El paradigma es otro y tiene tres filos. ¿Basta ese despliegue para la demanda que de verdad se materialice? ¿Se gastará de forma eficiente, o levantará activos que nadie llegue a usar? Y, sobre todo, ¿podrán las eléctricas planificar y construir al ritmo que ya exigen los planes urbanísticos aprobados y los centros de datos proyectados, o llegará la red cuando las casas lleven años esperando enchufe? Es un cuento cuyo desenlace todavía no está escrito; este artículo trata de leer las señales antes de la última página.
Durante medio siglo, discutir sobre crecimiento en Madrid fue discutir sobre suelo: quién lo clasifica, quién lo recalifica, cuánto vale. Esa discusión sigue viva, pero ha quedado por detrás de otra más callada y más física. Hoy se puede tener el suelo, el plan aprobado y la licencia en la mano y, aun así, no poder enchufar lo que se construye. El recurso escaso ya no es la parcela: es el nudo, el punto donde el desarrollo urbano se encuentra con la red eléctrica y le pide sitio.
La escasez está medida. Según los mapas de capacidad que publica Red Eléctrica, tres de cada cuatro nudos de la red de transporte están ya copados, sin margen para conectar nueva demanda. La consecuencia para la vivienda es directa: los promotores con suelo finalista denuncian que en 2025 apenas se atendió una de cada ocho solicitudes de conexión a la red, y todo ello sobre un déficit de fondo que el Banco de España cifra ya en unas setecientas mil viviendas. El suelo existe; el vatio no llega.
Por ese mismo nudo, y a menudo por delante, pugna otro demandante de naturaleza muy distinta. La Comunidad de Madrid concentra cerca del 55 por ciento de la capacidad española de centros de datos, una industria que pide potencia en bloques que ninguna promoción residencial alcanza. La competencia por esa capacidad escasa no es una hipótesis: es ya un choque cotidiano en determinados puntos de la red.
Ante ese cuello de botella, la respuesta del Gobierno ha sido más red. El 28 de julio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que habilita casi dieciocho mil millones de euros adicionales hasta 2030 para reforzar el transporte y la distribución. Es una cifra histórica y, en parte, necesaria. Pero más red no es ni gratuita ni instantánea: se construye sobre previsiones de demanda y se paga en la factura durante décadas, la haya usado quien la pidió o no.
Y ahí está la pregunta que recorre este artículo. No es si Madrid necesita más red —la necesita, en nudos concretos—, sino qué ocurre con la distancia entre la potencia que se solicita y el consumo que de verdad se materializa. Cuando el sistema se adelanta a una demanda que llega tarde, o que no llega, alguien carga con el coste de esa apuesta. La red puede, y debe, anticiparse; la cuestión es si el consumidor debe ser, además, el asegurador ilimitado de todas las expectativas acumuladas sobre el mapa. En los próximos años, buena parte de lo que Madrid pueda o no pueda construir se decidirá, en silencio, en ese nudo. Conviene mirar quién paga la decisión.
Qué habilita realmente el decreto
Merece la pena deshacer el equívoco del titular. Lo aprobado el 28 de julio no es un cheque ni una partida que Madrid vaya a recibir: es un real decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución y autoriza una inversión adicional de 17.900 millones hasta 2030, acotando su destino —10.200 millones en distribución y 7700 en transporte, orientados a vivienda, industria, transporte electrificado y seguridad del sistema—. No es liquidez inmediata ni una transferencia territorial: es una autorización regulatoria que amplía el volumen de inversión que el sistema podrá reconocer y, por tanto, retribuir.
La diferencia no es cosmética, porque determina quién paga. En ausencia de una ayuda específica, las eléctricas adelantan el capital —recursos propios, deuda, emisiones— y lo recuperan después, si el activo se pone en servicio y supera la comprobación regulatoria, a través de la retribución de transporte y distribución que la Ley del Sector Eléctrico incluye entre los costes del sistema. Ese coste se traslada a los peajes. Dicho sin rodeos: el capital lo pone la empresa, pero la factura la termina pagando el usuario, y no en un ejercicio, sino a lo largo de la vida regulatoria del activo, que se cuenta en décadas.
Y conviene detenerse en la naturaleza de lo que se recupera, porque ahí ocurre una metamorfosis silenciosa. De cada euro que el consumidor paga por una red nueva, solo una parte remunera su desgaste real; la mayor, con diferencia, remunera el capital invertido en ella. En el propio modelo de este análisis, una base nueva del orden de 30.000 millones genera unos 2800 millones de coste anual, de los cuales apenas 857 son amortización —el activo gastándose— y cerca de 1974 son retribución financiera, es decir, el rendimiento del dinero puesto. Por cada euro que paga el desgaste de la red, el usuario paga más de dos de remuneración al capital.
Esa proporción convierte el negocio regulado de red en algo que se parece cada vez menos a una empresa industrial y más a una entidad financiera. Tender y operar cables sigue siendo su oficio, pero su cuenta de resultados descansa sobre todo en colocar capital a un tipo garantizado —el 6,58 por ciento que fija la Circular 9/2025— sobre una base de activos que apenas soporta riesgo de volumen, porque su recuperación está asegurada por regulación. Un rendimiento cuasi garantizado, muy por encima del coste de la deuda soberana, sobre un activo de riesgo mínimo: esa es, en esencia, la definición de una renta financiera. Y cuanto más crece la base —cuanto más se habilita—, mayor es esa renta. La expansión de la red no es solo una obra pagada por el consumidor: es también, de facto, la ampliación del capital sobre el que un puñado de compañías cobra un interés regulado durante décadas.
Y la cifra tampoco debe leerse sola. Los 17.900 millones son una capa extraordinaria que se suma —no sustituye— a la inversión ordinaria, la que cada año permiten los límites del 0,13 por ciento del PIB para distribución y el 0,065 por ciento para transporte. Solo esa base ordinaria, con el producto interior de 2025 mantenido constante, ronda los 3300 millones anuales: unos 16.000 millones en cinco años. Sumadas ambas capas, el esfuerzo agregado supera los 34.000 millones y, con el crecimiento nominal del PIB, se acerca a los 35.000. La conversación pública se ha fijado en los diecisiete mil novecientos; el orden de magnitud real es casi el doble.
Hay un matiz que juega a favor del decreto y conviene reconocerlo, porque la crítica llega después y llega más fuerte si se parte de lo cierto. La norma no solo habilita gasto: también endurece el control sobre él. Obliga a que los planes de inversión de las distribuidoras sean públicos y admitan las aportaciones de quienes deseen conectarse, y somete su destino a justificación. Es un paso hacia la trazabilidad que hasta ahora faltaba, y hay que decirlo antes de señalar lo que aún falta.
Porque un techo no es una obligación. La habilitación fija cuánto se puede invertir con derecho a retribución, no cuánto se debe. Y ahí asoma el primer riesgo del nuevo paradigma: que un límite pensado como tope acabe leyéndose como meta.
Del vatio a la factura
La cifra que importa para el bolsillo no es la inversión bruta, sino lo que esa inversión añade cada año a la retribución de las redes. Un activo no se paga de golpe: se reconoce y se remunera a lo largo de su vida regulatoria mediante tres componentes —la amortización del valor reconocido, una retribución financiera sobre lo aún pendiente y los costes de operación y mantenimiento—. Esa suma anual, y no los 17.900 millones de titular, es la que se reparte entre los usuarios a través de los peajes de transporte y distribución, cuya metodología fija la Circular 3/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El precio de ese dinero está tasado: la Circular 9/2025 fijó una retribución financiera del 6,58 por ciento para el periodo 2026-2031, que las redes cobran sobre el valor de sus activos. Y ahí está la mecánica que conviene entender: cada euro de red nueva que se construye y se pone en servicio se incorpora a esa base y engorda la retribución anual —y, con ella, el peaje que paga cada hogar—. Los peajes, además, reparten ese coste entre la potencia y la energía previstas, de modo que la demanda actúa como denominador: si el consumo crece, el coste unitario se diluye; si se retrasa, son los consumidores ya conectados quienes pagan durante más tiempo una porción mayor.
Ese mecanismo, tan abstracto sobre el papel, se puede tocar con el propio recibo. En la factura, bajo el epígrafe de los peajes de transporte y distribución —sumando la parte de potencia y la de energía—, cada hogar paga hoy su cuota de la red existente. Quien esto escribe abona algo más de seis euros al mes por esos dos peajes. Si de aquí a 2030 se ejecuta el grueso de la red habilitada, esa base de activos crecería lo suficiente para elevar la cuota hacia los nueve euros —el informe que acompaña estas líneas, más severo, la sitúa cerca de diez—, por el mismo consumo, solo para pagar una infraestructura que en buena parte todavía no se utiliza. No es una previsión oficial, sino un cálculo propio y condicionado a que la inversión se materialice; pero el orden de magnitud es ese, y cualquiera puede localizar en su recibo la cifra exacta que verá crecer.
Y esas cifras se quedan cortas, porque son del componente de red y antes de impuestos. Sobre el peaje se aplican después el impuesto especial sobre la electricidad —un 5,11 por ciento— y, encima, el IVA, de vuelta en su tipo general del 21 por ciento desde 2025, que juntos amplifican en torno a un cuarto cada euro añadido. Es decir, ese aumento de tres o cuatro euros en el componente de red antes de impuestos no se queda ahí: en el recibo que de verdad se paga, ya con impuestos, se acerca a cuatro o cinco. La fiscalidad no crea el sobrecoste de la red, pero lo multiplica; y como el IVA está ya en su tope, no hay margen fiscal que amortigüe la subida futura.
Y hay un matiz que el promedio esconde. Aun siendo una cifra de pocos euros, no pesa igual sobre un hogar vulnerable ni sobre una industria electrointensiva, y las compensaciones fiscales o de cargos con que a veces se amortigua no eliminan el coste: solo cambian de bolsillo. El vatio, al final, siempre se paga. La única pregunta abierta es quién, y por una capacidad que quizá pidió otro.
Dos planeamientos que no se hablan
En el fondo del atasco hay un desajuste de origen: dos sistemas de planificación que corren por vías separadas y no están obligados a encontrarse. El planeamiento urbanístico decide qué se puede construir y dónde; la planificación eléctrica decide dónde hay capacidad para enchufarlo. Un ayuntamiento puede clasificar suelo, aprobar un plan y otorgar licencias sin certeza de que la red dará servicio a lo que allí se levante; y, a la inversa, la red se dimensiona sobre previsiones que el planeamiento no siempre confirma. Así, la compatibilidad entre ambos no se resuelve antes, sobre el papel, sino después, en el nudo, cuando ya hay suelo, proyecto y a veces obra.
Esa colisión ha dejado de ser hipótesis. En las subestaciones de Sanchinarro y Fuencarral, en el norte de Madrid, un promotor de centros de datos ha llevado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la denegación de sus solicitudes de acceso y conexión por parte de la distribuidora. Cualquiera que sea el desenlace del expediente, su mera existencia dibuja el problema: en un mismo punto de la red concurren demandas de naturaleza y escala muy distintas, y no todas caben.
Porque las escalas no son comparables. Los centros de datos piden potencia en bloques que ninguna promoción residencial alcanza. Madrid concentra ya, según la propia Comunidad, el 54,8 por ciento de la capacidad española instalada, con 46 infraestructuras entre operativas y en construcción, y la curva que la región proyecta es vertical: de 216 megavatios en servicio a 522 cuando entren las que se están construyendo, con la previsión de alcanzar 1,7 gigavatios en 2030 y un potencial de hasta 3,9.
Frente a esa demanda, una promoción de viviendas solicita una fracción. Cuando ambas concurren al mismo nudo escaso, la aritmética de la potencia tiende a favorecer a quien llega con más megavatios y más certeza financiera, no a quien trae más casas.
El contraste tiene rostro y expediente. Mientras en unos nudos la red niega la conexión, el sistema institucional la concede a los grandes consumidores, y deprisa. En Alcobendas, la constructora Ferrovial —reconvertida también en promotora digital a través de su filial Ferrovial Digital Infrastructure— levantará un campus de centros de datos de más de cien megavatios y más de mil millones de inversión.
La Comunidad de Madrid lo ha declarado Proyecto de Especial Interés mediante su Aceleradora de Inversiones, un mecanismo que agiliza la tramitación de las grandes inversiones, y la distribuidora i-DE, del grupo Iberdrola, ya le ha concedido los permisos de acceso a la red.
No media aquí recalificación alguna —el suelo ya era terciario—, sino aceleración; y no es un caso aislado, sino un patrón: de los diecisiete proyectos que esa Aceleradora ha declarado de especial interés desde 2023, once son centros de datos. El territorio prioriza así, con toda legalidad, la demanda cuyo coste de red —como se verá— se reparte después por todo el país.
Y aquí el cruce con el planeamiento revela una anomalía. Para un recurso —el agua— el ordenamiento sí ha levantado una exigencia previa e infranqueable. El artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas obliga a la Confederación Hidrográfica a informar sobre la suficiencia de recursos antes de aprobar un plan que aumente la demanda; ese informe es vinculante, su silencio se entiende desfavorable y el Tribunal Supremo ha anulado planes enteros por no acreditar agua disponible. Sin agua garantizada, el plan no nace.
Para la electricidad no existe nada semejante: la capacidad de red no es condición previa del plan, sino algo que se ventila después, por la vía separada de los permisos de acceso y conexión que regula el Real Decreto 1183/2020, cuando el planeamiento ya está aprobado. Se exige acreditar el litro antes de clasificar el suelo; no se exige acreditar el vatio.
El real decreto del 28 de julio da un paso hacia esa coordinación —obliga a que los planes de inversión de las distribuidoras sean públicos y admitan las aportaciones de quien quiera conectarse—, pero no convierte la capacidad eléctrica en condición del planeamiento. La decisión sobre si un desarrollo podrá enchufarse se sigue tomando aguas abajo del plan, no dentro de él. Y mientras esa costura siga suelta, el suelo se aprobará contra una red que quizá no llegue, y la previsión de demanda con la que esa red se dimensiona se construirá, en buena parte, sobre expectativas. Ese es el terreno de la siguiente pregunta.
La previsión inflada
Toda la arquitectura anterior descansa sobre una cifra que parece firme y no lo es: la demanda prevista. Y conviene un principio que el sistema tiende a olvidar: una solicitud de conexión, e incluso un permiso concedido, no es un consumo. Es una reserva de capacidad —una intención respaldada por un depósito—, no un contador girando. Entre lo que se pide y lo que finalmente se enchufa hay una distancia que puede ser enorme, y esa distancia es la que decide si la red que se construya estará bien dimensionada o pagada de más.
Esa distancia ya está medida. En febrero de 2026, Red Eléctrica publicó por primera vez la capacidad de acceso de la demanda y dejó un dato revelador: desde 2022 se han otorgado 11,8 gigavatios de capacidad para nuevas demandas sin que ninguna se haya puesto todavía en servicio, con un plazo de cinco años para hacerlo. Puesto en perspectiva, ese volumen pendiente equivaldría, por sí solo, a un incremento del 25 % de la demanda actual del país. Once mil ochocientos megavatios con permiso y sin un solo vatio consumido: la reserva convertida en cola.
Parte de esa cola puede ser humo estadístico. Un mismo proyecto puede figurar a la vez en una nota de prensa, un registro autonómico, una solicitud de acceso, un plan de distribución y una propuesta de transporte, y presentarse además en varios nudos para asegurarse sitio. Sin un identificador único que ate cada solicitud a un promotor y a un emplazamiento, la necesidad se cuenta más de una vez y la previsión se hincha sola. A ello se suma una confusión de unidades nada inocente: no es lo mismo el megavatio de potencia que se solicita que el gigavatio-hora que de verdad se consume, y agregarlos como si midieran lo mismo abulta la foto.
La brecha entre lo previsto y lo pedido es tan grande que ha abierto una disputa sobre su propia naturaleza. La planificación vigente reservaba para demanda algo más de dos mil megavatios, y se ha concedido más de cinco veces esa cifra. El propio Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que lo que existe no es tanto saturación física como un acaparamiento indebido de permisos de conexión, y ultima una normativa para depurar proyectos especulativos y liberar capacidad. Las distribuidoras, en cambio, describen una saturación estructural real. Probablemente ambas cosas ocurran a la vez, y ahí está el nudo del asunto: sin trazabilidad no hay forma de separar la demanda firme de la reserva especulativa, ni de saber cuánta de la red que se financie responde a una y cuánta a la otra.
Porque el riesgo del nuevo paradigma no es solo quedarse corto. Si la red se dimensiona sobre una demanda inflada, se construye —y se reconoce, y se retribuye, y se paga en la factura durante décadas— capacidad para proyectos que acaso no lleguen. Y en lo urbanístico, esa misma previsión contaminada se filtra enel testde viabilidad: un desarrollo puede justificar su encaje eléctrico apoyándose en una demanda regional que, a su vez, está hinchada por duplicidades. Depurar esa cifra antes de convertirla en hormigón y cobre es, por eso, la primera línea de defensa del consumidor. La pregunta que sigue es quién debe hacerlo, y por qué hasta ahora no basta.
Quién controla y por qué no basta
Conviene descartar de entrada la caricatura del descontrol. No es que nadie vigile: sobre cada actuación de red se aplica una cadena larga de filtros. La planificación de transporte, que es vinculante; la evaluación ambiental; los planes de inversión de las distribuidoras, que el real decreto de julio obliga ahora a hacer públicos; los mapas de capacidad que Red Eléctrica publica desde febrero; el estudio individual de cada solicitud; los pagos y garantías; los hitos y la caducidad que libera capacidad; y, al final del recorrido, el reconocimiento retributivo, el momento en que se comprueba si la inversión merece pagarse. Ninguno de esos filtros es superfluo. El problema no es su ausencia, sino que ninguno, por sí solo, cierra el círculo.
Es más: dos de esos filtros acaban de reforzarse, y sería tramposo no decirlo. La publicación mensual de los mapas de capacidad ha puesto a la vista qué nudos tienen sitio y cuáles no. Y el paso de aquella garantía única —los 40 €/kW que exigía el artículo 23 bis del Real Decreto 1183/2020, un depósito pequeño frente al valor de reservar sitio en un nudo saturado— a una prestación periódica por mantener capacidad reservada endurece precisamente el punto más débil: encarece acaparar. El sistema se mueve en la buena dirección.
Lo que esos refuerzos no tocan es la debilidad de fondo, que es transversal y no de un filtro concreto. La información está repartida entre el Ministerio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Red Eléctrica, las distribuidoras, las comunidades, los ayuntamientos y los propios promotores, y ninguno ve el ciclo entero. Peor aún: buena parte de la información técnica la poseen las empresas de red, que son a la vez parte interesada. Sin un expediente único que siga cada proyecto desde el beneficiario efectivo hasta el consumoreal, los filtros no se hablan entre sí, las duplicidades sobreviven y no hay a quién imputar una previsión que falla.
De esa costura suelta cuelgan dos agujeros que la nueva prestación no cierra. El primero es el control posterior: el sistema vigila con mucha más intensidad la aprobación que el uso. Una vez reconocido el activo y puesto en la factura, rara vez se publica qué demanda lo justificaba ni qué porcentaje de su capacidad utiliza a los tres, cinco u ocho años. El segundo es la desalineación de incentivos: las administraciones territoriales cosechan el empleo, la inversión y el suelo revalorizado de cada desarrollo, mientras el coste de la red se reparte por peajes nacionales; y las empresas de red, remuneradas sobre sus activos, no tienen motivo para preferir la solución más barata a la más intensiva en capital. Nada de esto implica mala conducta, pero todo ello reclama un filtro independiente y una comparación obligatoria de alternativas que hoy no existe.
Ese último punto tiene nombre en la economía de la regulación. Cuando se retribuye un porcentaje garantizado sobre la base de activos, aparece un incentivo clásico: engordarla, porque cada euro invertidorindeaunque la demanda tarde. El regulador lo sabe —la CNMC introdujo un mecanismo de sostenibilidad que ata parte de la retribución al crecimiento real de la demanda, con el objetivo expreso de evitar sobreinversiones—, pero lo circunscribió a un subconjunto de las inversiones, de modo que el incentivo sobrevive allí donde el freno no alcanza.
En honor a la verdad, las eléctricas sostienen lo contrario: alegan que el modelo penaliza invertir y que la tasa del 6,58 por ciento, frente al 7,5 por ciento que reclamaban, es insuficiente. Pero que una renta garantizada durante seis años, muy por encima del coste de la deuda soberana, se juzgue escasa no altera su naturaleza: sigue siendo un rendimiento sobre capital, y el estímulo para ampliar la base sigue intacto.
Ese motor choca, además, contra un muro físico, y de la colisión sale lo más caro. La red no puede crecer al ritmo que el dinero permitiría: los fabricantes de transformadores, conductores y torres tienen los pedidos cubiertos para años, con plazos que se han ido a cuatro y precios de los grandes equipos un ochenta por ciento más altos. La consecuencia no es menos gasto, sino gasto más caro: unos pocos actores con retorno garantizado compiten por una oferta escasa y pujan por ella, y esa puja termina en el recibo.
Y aquí el cuadro encaja, porque los incentivos de los tres protagonistas apuntan en la misma dirección. El territorio recoge empleo, inversión, suelo revalorizado y recaudación; las constructoras —como se ha visto en Alcobendas— promueven además la demanda que después edificarán; y las eléctricas retribuyen, con retorno garantizado, la red que esa demanda exigirá. A los tres les conviene más red, y cuanto antes; el coste, en cambio, se reparte fuera, entre los consumidores de todo el país. No hace falta suponer concierto ni pacto alguno: basta con que los intereses coincidan para que el sistema empuje aconstruiraunque la demanda dude. Y lo más revelador es que el relato oficial lo cuenta al revés: presenta como respuesta a la demanda lo que es, en buena parte, una oferta levantada por delante de ella y financiada de raíz por su recuperación regulada. Primero se construye y se garantiza el activo; la demanda que lo justifique ya llegará —o no—, pero el consumidor pagará igual.
Queda así un sistema que controla mucho y cierra poco. Vigila el gasto y la aprobación con celo, y el uso apenas. Y mientras el éxito pueda medirse en euros habilitados y ejecutados —y no en capacidad que alguien de verdad utiliza—, el riesgo que describíamos al principio sigueen pie: llenar el cupo no es lo mismo que acertar. Cerrar el círculo exige atar cada euro reconocido a un consumo verificado y, sobre todo, repartir el riesgo antes de construir, no después. A eso responde la última parte.
El reparto del riesgo
Si la red debe poder anticiparse a la demanda —y debe—, la pregunta no es si se adelanta, sino quién responde cuando la apuesta falla. Hoy, por defecto, responde el consumidor: la inversión reconocida entra en la factura la use quien la pidió o no. Dar la vuelta a ese reparto no exige frenar la red; exige un principio sencillo, la causalidad: que quien se beneficia de la anticipación cargue también con su riesgo, en lugar de socializarlo sin más. De ese principio salen cinco palancas y una reforma de fondo.
La primera es la trazabilidad, porque sin ella las demás no funcionan. Un identificador único que ate cada proyecto —grupo empresarial, ubicación, solicitudes alternativas, permiso, obra de red, financiación y consumo real— convierte la cola de reservas en información utilizable: depura las duplicidades que hinchan la previsión y permite, por fin, imputar responsabilidades cuando una demanda prometida no aparece. Es la pieza que cierra el agujero de la fragmentación.
La segunda es la causalidad de los costes. El solicitante debe pagar su conexión y una parte relevante de los refuerzos que su proyecto causa, no solo la acometida; y en las infraestructuras compartidas, el primer promotor puede recibir devoluciones a medida que se conecten usuarios posteriores, dentro de un plazo definido. Así, un centro de datos que obliga a reforzar un nudo no traslada ese refuerzo entero a la factura de todos: lo adelanta y lo recupera si la demanda que prometió se materializa. El consumidor deja de ser el asegurador por defecto.
La tercera —y aquí toca recalibrar— es pagar por reservar. Ese pago ya existe: el Real Decreto-ley 7/2026 sustituyó la vieja garantía única por una prestación periódica por mantener capacidad reservada. La propuesta, por tanto, ya no es crearla, sino evaluar si su cuantía y su diseño bastan para disuadir el acaparamiento en un nudo escaso, y si la acompaña —como debería— una caducidad parcial que libere la potencia no materializada sin cancelar la parte del proyecto que sí opera.
La cuarta y la quinta protegen contra lo irreversible. Puertas de decisión y modularidad: trocear la inversión en fases —reservar suelo y obra civil, instalar un primer módulo y añadir equipos solo cuando la demanda alcance hitos verificables— para no hundir capital en una expectativa. Y prueba de alternativas: antes de aprobar un refuerzo convencional, comparar repotenciación, almacenamiento, gestión de demanda y acceso flexible, y elegir el de menor coste total, no el más intensivo en activos. A todo ello se suma una revisión pública a tres, cinco y ocho años, con consecuencias graduadas según la causa del fallo: ejecución de garantías al promotor, límite a los costes imputables a la empresa o mayor exigencia a las previsiones territoriales.
Y la reforma de fondo, la que da sentido a lo anterior desde lo urbanístico: llevar la capacidad eléctrica al test de viabilidad del propio plan. Todas esas palancas actúan aguas abajo, cuando el suelo ya está clasificado; el desajuste de origen —dos planeamientos que no se hablan— sigue intacto. Cerrarlo es exigir, antes de aprobar un desarrollo de cierta envergadura, uninforme sobre si la red prevista admite su demanda acumulada, sobre el molde del que ya rige para el agua en el artículo 25.4: vinculante, con silencio desfavorable y —esta es la clave— evaluando no cada proyecto aislado, sino la suma. No para prohibir el crecimiento, sino para que la colisión aflore antes, sobre el papel, y no después, en el nudo, cuando ya hay hormigón. Es un candado, sí, pero uno que se abre con la llave de la escala: si la demanda acumulada cabe, pasa.
Ese conjunto no congela la red: la deja anticiparse, pero traslada el coste de la apuesta a quien la provoca, la construye por fases y la somete a revisión. Devuelve el riesgo a su causa. Queda por ver cómo se traduce todo esto sobre el terreno, y ahí es donde conviene mirar los escenarios.
Madrid, entre la necesidad y la expectativa
Vuelvo al caso que abría el artículo, porque en Madrid se concentran a la vez las dos caras del problema: una necesidad real de refuerzos en nudos concretos y una acumulación excepcional de expectativas sobre el mapa. El riesgo, por tanto, es doble y conviene nombrarlo sin trampa. No está solo en no invertir y dejar la región sin capacidad; está también en construir infraestructura rígida y costosa para una demanda que llegue tarde, o que no llegue. Acertar no es elegir entre crecer o no crecer: es ajustar la red a lo que de verdad se materialice.
Los escenarios que se manejan —insisto, cálculo propio y condicionado a cómo se ejecute— cubren un abanico ancho. En el más favorable, la red se coordina con las fases de los proyectos, se utiliza pronto y el sobrecoste se reparte entre un consumo que de verdad crece, de modo que cada hogar apenas lo nota. En el de sobreestimación, parte de los proyectos se cae o se traslada, los activos quedan a medio uso y ese mismo sobrecoste, más abultado, recae sobre los consumidores ya conectados. Pero esos extremos no separan dos recibos: separan dos formas de gestionar la misma expectativa. Y lo decisivo es que la distancia entre uno y otro no la fija la física de la red, sino las decisiones que la rodean —si se depura la demanda, si el causante paga sus refuerzos, si se construye por fases, si se revisa el uso—. El desenlace, en buena parte, se elige.
Por eso importa que las señales de alarma estén definidas y, sobre todo, publicadas. Un activo que a los tres años se utilice por debajo de un cuarto de su capacidad, o a los cinco por debajo de la mitad, o el gran consumidor que lo justificaba y que finalmente se cae, no son accidentes imprevisibles: son avisos que el sistema puede leer si se obliga a mirarlos. La diferencia entre aprender del error y repetirlo durante décadas en la factura está, casi entera, en si alguien vigila la utilización con la misma constancia con que hoy vigila el gasto.
Madrid necesita más red, y nadie serio lo discute. Pero necesitar más red no obliga a firmar en blanco todas las expectativas acumuladas sobre el mapa. El nudo ha adelantado al suelo como frontera del crecimiento, y por ese punto callado —una subestación, una posición libre, un permiso que caduca— se decidirá buena parte de lo que la región pueda o no pueda construir en la próxima década. La red puede, y debe, anticiparse a la demanda. Lo que no tiene por qué es convertir al consumidor en el asegurador ilimitado de esa anticipación —ni en el rentista forzoso de un capital que, a tipo garantizado, remunera durante décadas a quien tiende la red—. Entre esas dos frases cabe todo el margen de una buena política. Y también el final de estecuento, que todavía se está escribiendo: lo sensato no es esperar a la última página para saber el desenlace, sino leer a tiempo las señales que ya están sobre la mesa.
Epílogo: de la red a la factura
Conviene cerrar donde todo esto termina notándose: en el recibo doméstico. La habilitación de miles de millones para ampliar las redes no se paga de una vez ni aparece con ese nombre en la factura. Las empresas construyen las líneas, las subestaciones y los transformadores; el valor reconocido de esas instalaciones se incorpora a la base de activos regulados y, a partir de ahí, el sistema remunera cada año su amortización, su mantenimiento y el capital invertido. Ese coste llega al consumidor a través de los peajes de transporte y distribución, repartidos entre la potencia contratada y la energía consumida.
Mi factura
En mi factura de consumo eléctrico doméstico de mayo de 2026, los peajes de transporte y distribución sumaron 6,12 euros, aproximadamente el 21 por ciento del importe antes de impuestos. No es una cifra teórica, sino la cantidad que aparece en un recibo real: el mío. Esa línea, relativamente discreta, es la puerta por la que las inversiones reguladas en la red entran en el bolsillo de cada usuario. Cuanto mayor sea la base de activos reconocida y menor sea el consumo sobre el que se reparte, mayor será el peaje unitario que soporten quienes ya están conectados.
¿Cuánto podría aumentar? Dependerá del volumen de inversión que llegue realmente a ejecutarse y de la rapidez con la que aparezca la demanda que la justifica. Como ejercicio orientativo, si esos 6,12 euros mensuales se aproximaran a nueve euros, el aumento sería de unos 2,88 euros antes de impuestos; una vez aplicados el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA, el incremento efectivo rondaría los 3,7 euros al mes, unos 44 euros al año. Si los peajes alcanzaran doce euros, la diferencia antes de impuestos sería de 5,88 euros y el impacto final se acercaría a 7,5 euros mensuales, alrededor de 90 euros al año. No es una previsión oficial, sino una forma de traducir una decisión regulatoria a una escala reconocible para cualquier hogar.
También conviene entender qué se remunera con ese aumento. Una parte paga la amortización de las instalaciones, es decir, el desgaste económico de la red que se construye. Otra cubre su operación y mantenimiento. Pero una proporción muy relevante remunera el capital invertido durante décadas. Por eso el coste empieza a trasladarse cuando el activo entra en servicio, aunque la demanda que lo motivó tarde en aparecer o nunca alcance la magnitud prevista. El consumidor no paga únicamente el cable o el transformador: paga también el rendimiento financiero asociado a haberlos construido por anticipado.
3,9 gigavatios más para centro de datos en la Comunidad de Madrid
En Madrid la necesidad de refuerzo no procede de una sola actividad. A los potenciales 3,9 gigavatios de los centros de datos de Madrid hay que sumar nuevas viviendas, desarrollos industriales, plataformas logísticas, electrificación del transporte y otros consumos que competirán por capacidad en los mismos corredores y nudos. Atender ese crecimiento exigirá ampliar líneas existentes, incorporar nuevos circuitos de alta tensión, reforzar subestaciones y añadir grandes transformadores capaces de entregar la potencia allí donde se concentre la demanda.
Si una parte relevante de la generación adicional se situara en Extremadura, la electricidad no viajaría por una conexión exclusiva hasta Madrid. Se inyectaría en la red mallada española y alcanzaría el centro peninsular mediante distintos corredores, mezclada con energía producida en otras regiones. El esfuerzo no consiste solo en disponer de nueva generación, sino en reforzar todos los elementos intermedios —transporte, transformación y distribución— que permiten llevarla con seguridad hasta cada desarrollo urbano, industrial o digital.
Considerando conjuntamente los nuevos circuitos de transporte, las ampliaciones de líneas y nudos existentes, las subestaciones, los transformadores y las actuaciones de distribución, un orden de magnitud cercano a 3000 millones de euros resulta razonable para ilustrar el esfuerzo necesario. No es un presupuesto de ingeniería ni puede atribuirse exclusivamente a los centros de datos: representa una aproximación al conjunto de infraestructuras requeridas por el crecimiento residencial, industrial, logístico y digital. El coste real dependerá de la longitud de los trazados, del aprovechamiento de instalaciones existentes, de la ubicación de los proyectos, de los equipos necesarios y de las restricciones ambientales y territoriales.
Lo decisivo es que esa inversión, una vez reconocida como regulada, no se paga únicamente en el territorio o por los proyectos que originan la necesidad. Su amortización, mantenimiento y remuneración se incorporan a los costes del sistema y se distribuyen mediante los peajes entre el consumo eléctrico del conjunto de España. Una infraestructura puede servir principalmente a nuevos desarrollos concentrados en Madrid y, sin embargo, acabar financiándose durante décadas a través de las facturas de hogares, comercios e industrias de todas las comunidades autónomas.
Ese reparto exige una contrapartida. Los grandes desarrollos que soliciten bloques extraordinarios de potencia no deberían limitarse a pagar su acometida inmediata. Su autorización y su reserva de capacidad deberían vincularse también a una contribución verificable a nueva generación renovable, proporcional a la demanda que incorporan y a los refuerzos que provocan. Los grandes operadores internacionales de centros de datos ya recurren a contratos de compra de energía, nuevas instalaciones renovables y acuerdos de suministro libre de carbono para acompañar el crecimiento de sus centros. El paso siguiente sería lograr que una parte de ese esfuerzo beneficiara directamente a las comunidades que comparten la red y terminan soportando su coste.
Esa contribución podría adoptar la forma de proyectos de autoconsumo colectivo financiados por los promotores: cubiertas solares para barrios, comunidades energéticas en polígonos, instalaciones compartidas en municipios rurales o programas capaces de abastecer una parte relevante del consumo de pueblos enteros. No se trataría de exigir que cada centro de datos o desarrollo industrial produjera físicamente toda su energía dentro de su parcela, algo poco realista para consumos continuos, sino de obligarlo a facilitar nueva capacidad renovable adicional y medible, preferentemente próxima o conectada a las mismas áreas de la red.
El criterio debería ser sencillo: a mayor potencia solicitada y mayor coste de refuerzo causado, mayor aportación a nueva generación y al autoconsumo colectivo. Así, quien obtiene elbeneficio de reservar capacidad contribuye también a aumentar la oferta energética, reducir el consumo que los hogares toman de la red y aliviar determinados tramos de distribución. La financiación privada no sustituiría la planificación pública ni eliminaría los peajes, pero corregiría una asimetría evidente: hoy los beneficios de los nuevos desarrollos se concentran, mientras buena parte de la infraestructura que los hace posibles se reparte entre todos.
El documento detrás de estas cifras
Este artículo no nació de una intuición, sino de un informe. Durante semanas fui reuniendo la habilitación de los 17.900 millones, la base de activos, las tasas de retribución, los mapas de capacidad y los escenarios en un documento de trabajo que ahora se publica íntegro junto a estas líneas. Lo que acabas de leer es su destilación: la parte que se puede contar como una historia. Lo que queda en el informe es la trastienda —las tablas, los supuestos, el detalle de cada cálculo y la fuente de cada número—, que en el cuerpo del texto habría convertido la lectura en un prospecto.
La he dejado fuera por respeto al lector, no por ocultarla. Un artículo que sostiene que el consumidor paga una apuesta que no eligió tiene la obligación de poder demostrarlo, cifra a cifra; y esa demostración no cabe —ni debe caber— en la lectura de un café. Por eso está el informe: para que quien dude de que su peaje de red pueda crecer la mitad, del valor de la base de activos o del reparto entre amortización y retribución no tenga que creerme, sino comprobarlo. Ahí están las hipótesis con las que trabajo, señaladas como tales, y las cotas de cada escenario, con sus rangos y sus incertidumbres a la vista.
Que lo lea, sobre todo, quien no esté de acuerdo. La parte más útil de un documento así no es la que confirma la tesis, sino la que expone los flancos por donde podría rebatirse: los supuestos que, si cambian, cambian el resultado. Si algo no encaja, esa discrepancia será bienvenida, y más fértil que cualquier titular. La red que Madrid está a punto de construir se pagará durante décadas; merece, al menos, que discutamos sus números a la vista de todos. Están ahí, enlazados bajo estas líneas.
- Nota de estimación. La referencia de 3000 millones de euros es un ejercicio de orden de magnitud destinado a explicar la escala económica del refuerzo conjunto de las redes de transporte y distribución. No constituye un presupuesto técnico ni una previsión oficial
