Una jueza federal de California ha declarado en desacato al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por retrasar deliberadamente la entrega de las comunicaciones de más de 800 agentes de inmigración, pruebas que organizaciones de derechos civiles quieren usar para demostrar perfilado racial durante las redadas migratorias del año pasado en Los Ángeles.
El Observatorio Trump recoge hoy una nueva escalada judicial en el litigio que enfrenta a organizaciones de derechos civiles con la política migratoria de la Administración de Donald Trump en Los Ángeles. La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, declaró el martes en desacato al Departamento de Seguridad Nacional por incumplir una orden que le exigía copiar digitalmente las comunicaciones de los teléfonos personales de más de ochocientos agentes que participaron en la llamada Operación At-Large, la ofensiva migratoria lanzada en la región de Los Ángeles el año pasado y que después se extendió a otras ciudades del país.
Según recoge The Hill, la jueza había ordenado ya en enero acelerar la entrega de esos datos, y en julio un juez auxiliar rechazó el argumento del DHS de que carecía de competencia sobre los teléfonos. Frimpong concluyó que el Gobierno había dispuesto de «tiempo de sobra» para cumplir, según recogió el medio especializado NOTUS, e impuso una multa de 500 dólares diarios hasta que el departamento entregue el material, además de obligarle a costear los honorarios legales de la parte demandante; el DHS pagó ya una primera sanción de 3500 dólares por el retraso acumulado.
Contexto y análisis
El litigio se remonta a las controvertidas redadas migratorias del verano de 2025 en Los Ángeles, bautizadas Operación At-Large y dirigidas por el entonces jefe de sector de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, que más tarde sirvieron de modelo para operativos similares en Chicago.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, que representa a los demandantes junto a Public Counsel, sostiene que las comunicaciones de los agentes contienen pruebas de perfilado racial, incluido el uso de insultos étnicos contra trabajadores latinos durante las detenciones.
«No solo los agentes federales están violando la Constitución en las calles: el Gobierno está violando órdenes judiciales al ocultar deliberadamente pruebas críticas sobre sus operaciones de aplicación de la ley migratoria», declaró la abogada Mayra Joachin, de la ACLU del Sur de California, según recogió el diario digital sin ánimo de lucro CalMatters.
El DHS, por su parte, ha respondido con una declaración idéntica a la emitida la semana anterior ante otro revés judicial en el mismo caso: que sus agentes están «centrados en proteger al pueblo estadounidense, no en atender indignación performativa».
El desacato llega, además, en un momento de recomposición en la cúpula del propio departamento: la Secretaría de Seguridad Nacional, que ejercía Kristi Noem cuando se abrió este litigio, está hoy en manos de Markwayne Mullin, confirmado por el Senado en marzo tras la salida de Noem.
Como es norma en este Observatorio, conviene separar los planos de la respuesta institucional frente a la Casa Blanca. Aquí no hay un actor partidista visible: quien impulsa el litigio es una organización de derechos civiles, la ACLU, no el Partido Demócrata; y quien ha impuesto la sanción es una jueza federal actuando dentro de un procedimiento de prueba ordinario, no una decisión de fondo sobre la legalidad de las redadas. Es, en ese sentido, un ejemplo depurado de cómo el sistema judicial puede operar como contrapeso técnico e independiente frente al Ejecutivo, al margen de la disputa política entre partidos.
Cierre
La multa diaria seguirá acumulándose hasta que el DHS complete la entrega de las comunicaciones, un proceso que, según reconocieron los propios abogados del departamento, avanzaba a un ritmo de solo tres teléfonos cada dos semanas. Mientras tanto, la ACLU ha pedido a la jueza Frimpong una orden adicional que prohíba a los agentes detener a personas por su raza, una petición que previsiblemente marcará la próxima fase de este litigio.
