1. La foto de junio
El 22 de junio de 2026, en una mañana de calor espeso, Felipe VI inauguró en Pinto el Centro de Innovación de Agua y Energía del Canal de Isabel II, acompañado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El escenario no era un auditorio ni un pabellón ferial, sino la propia Estación Depuradora de Aguas Residuales Arroyo Culebro Cuenca Media Alta, la planta que trata la contaminación de más de un millón de habitantes del corredor sur.
La visita se enmarcaba en el 175 aniversario de la empresa pública, que cuenta con la Presidencia de honor del monarca: el 18 de junio de 1851 se había publicado el real decreto que ordenó traer el agua del Lozoya a la capital.
Conviene empezar por ahí, y sin ironía. Lo que el jefe del Estado inauguró es real. Dentro de esa depuradora funciona desde este año una planta que produce hidrógeno verde a partir de agua regenerada —no potable— y de electricidad renovable, y un proyecto experimental de biometano sintético que recombina ese hidrógeno con el CO₂ del propio biogás de la planta.
El complejo puede generar en torno a cuatrocientos kilos diarios de hidrógeno, casi la mitad destinados al repostaje de camiones para descarbonizar la movilidad pesada. Hay inversión, hay tecnología de frontera y hay una voluntad explícita de mostrarla al máximo nivel institucional. Negar cualquiera de esas tres cosas sería deshonesto, y este artículo no va a hacerlo.
Va a hacer otra cosa. Va a tomarse en serio cada una de las iniciativas que el Canal ha puesto en marcha —esta y las que la precedieron— y a preguntarles, una por una, lo único que la foto no responde: cuánto aportan hoy y cuánto haría falta para que aportasen lo que la próxima década va a exigirles. No es una pregunta hostil. Es la pregunta que separa un piloto de una solución, y la que ninguna inauguración se formula a sí misma.
Porque una inauguración es, por definición, un principio. Y un principio a escala de un electrolizador de un megavatio, dentro de un sistema que mueve más de cien, es exactamente eso: un germen. La cuestión no es si el germen es bueno —lo es—, sino si el organismo tiene tiempo, dinero y kilovatios para que crezca hasta el tamaño del problema. Ese es el hilo de las páginas que siguen.
2. El sistema que ya genera
Antes de medir lo nuevo hay que reconocer lo que ya está en pie, porque es mucho y casi nunca se cuenta junto. El Canal de Isabel II no es un abastecedor de agua que además coquetea con la energía: es, con diferencia, el mayor productor eléctrico de la región asociado al ciclo del agua, con más de ciento diecisiete megavatios de potencia instalada repartidos entre tecnologías distintas. Esa cifra, por sí sola, desmiente la caricatura del gestor pasivo.
Los números de 2025 lo confirman. La compañía generó algo más de 387 gigavatios hora y cubrió en torno al 80 por ciento de un consumo estimado en 488, el segundo mejor registro de su serie histórica, solo por detrás de los 419 de 2021.
El desglose importa y conviene retenerlo, porque va a ordenar todo el artículo: más de la mitad de esos 387 gigavatios hora salió de las plantas de secado térmico de lodos de Loeches y de la EDAR Sur; otros 95, de la veintena de depuradoras equipadas con motores y turbinas alimentados por su propio biogás; y 79, de la producción hidroeléctrica. El resto —fotovoltaica y microturbinas— completa un mosaico de más de cuarenta plantas solares y una docena de microturbinas integradas en la red.
Dentro de ese conjunto sobresale una instalación. La planta de Loeches, con capacidad nominal para 135.000 toneladas de lodo al año, produjo ella sola casi cien gigavatios hora en 2025. Es, por tanto, el corazón energético del sistema: una de cada cuatro unidades de electricidad que el Canal se atribuye nace ahí. Guarda ese dato, porque volveremos a él con otra luz.
El relato oficial envuelve todo esto en una etiqueta, la de «energía limpia, renovable y de alta eficiencia», y en una meta con fecha: ser en 2030 la primera compañía europea del sector del agua capaz de generar tanta electricidad como consume.
La meta es legítima y la trayectoria, real. Este capítulo la presenta como la presenta la empresa, en su versión más favorable y con sus propias cifras, porque solo desde ahí —desde el reconocimiento honesto de lo construido— tiene sentido la pregunta que abre el capítulo siguiente. Los números que acabamos de alinear no mienten. Simplemente, todavía no se han dividido por nada.
3. El sistema que ya depura mejor
La generación eléctrica es la mitad visible del esfuerzo. La otra, menos fotografiada, es la mejora de la depuración propiamente dicha, y aquí el inventario honesto es más amplio de lo que suele contarse. Conviene ordenarlo en tres registros, porque no todo lo que se presenta junto está en el mismo punto de madurez: lo que ya recupera recursos, lo que ya trata mejor el agua antes de devolverla al río y lo que todavía es piloto.
El ejemplo maduro, el que de verdad funciona a escala industrial, es la recuperación de fósforo. En la depuradora Sur de Getafe opera la mayor planta de España dedicada a fabricar estruvita, un fertilizante que se cristaliza a partir del fósforo disuelto en el agua residual. En 2024 produjo 643 toneladas, su récord, y acumula más de cuatro mil desde que arrancó en 2016.
Nació de una inversión de 2,3 millones de la mano de una ingeniería del agua, y su lógica es impecable: retira del efluente un nutriente que, vertido al río, lo eutrofiza, y lo convierte en un producto vendible. Es economía circular en el sentido estricto, no en el publicitario
El segundo registro, el del tratamiento avanzado, tiene en Madrid un protagonista que no es el Canal, sino el Ayuntamiento. En las estaciones de Viveros de la Villa y La Gavia se sustituyó la filtración de arena por microfiltración sobre malla textil seguida de oxidación avanzada con ozono y peróxido de hidrógeno y desinfección ultravioleta antes del vertido al Manzanares, mientras la ERAR Sur Oriental incorporaba la eliminación biológica de nitrógeno y fósforo, con proyectos en marcha para Valdebebas y Rejas sobre el Jarama. Es, en la práctica, oxidación avanzada funcionando ya sobre el río urbano.
No la llamamos tratamiento cuaternario, y la distinción es deliberada. El cuaternario que la Directiva (UE) 2024/3019 va a exigir persigue eliminar microcontaminantes—restos de fármacos y productos de cuidado personal— y se define por esa función. La oxidación avanzada de Viveros y La Gavia se ejecutó hacia 2015, una década antes de esa norma, y su finalidad declarada era la desinfección y el buen estado ecológico que reclamaba el Plan Hidrológico del Tajo. Emplea una tecnología —el ozono— que también sirve para el cuaternario, pero instalada y dimensionada para otro objetivo. Tener ozono en el río no equivale, por tanto, a tener cuaternario: es la misma herramienta puesta a otra tarea.
Y el motivo que el propio Ayuntamiento aduce enlaza de lleno con el eje de esta serie: lo describe como una protección suplementaria por los importantes caudales vertidos frente al escaso caudal circulante del Manzanares. El gestor reconoce, por escrito, que el río es casi todo efluente.
El tercer registro es el del ensayo, y su cara más reciente es el piloto de captación magnética de microplásticos que la Comunidad estrenó en enero de 2026 en la EDAR de Arroyo del Soto, en Móstoles. Es exactamente eso, un piloto: cien metros cúbicos por hora, con una eficacia que la propia nota sitúa por encima del ochenta por ciento y que aún se está validando. No es una línea de tratamiento, sino una prueba de concepto, y como tal debe contarse: ni humo ni solución, sino germen.
Lo que hemos inventariado en estos dos capítulos no es propaganda: es infraestructura real, algunas piezas maduras y rentables, otras en ensayo. El problema no aparece cuando se mira cada iniciativa por separado, donde todas defienden su sitio. Aparece cuando se les hace, a todas a la vez, una sola pregunta: ¿cuánto cuesta, cuánto rinde y qué tamaño tendría que alcanzar para estar a la altura de lo que viene?.
Es una pregunta que otras administraciones han sabido responder con números públicos —volveremos a ellas en el epílogo—, y que en Madrid, con un operador mucho mayor y más rico, no tiene respuesta publicada. A esa división dedicamos el capítulo siguiente.
4. La regla de tres
Cada una de las iniciativas del capítulo anterior es, vista de cerca, un acierto. El problema no está en ninguna de ellas por separado, sino en su tamaño relativo, y ese solo se ve al dividir. Hagámoslo tres veces, sin adjetivos: la aritmética es el único comentario que hace falta.
Primera división, la solar. El Plan Solar del Canal reúne una inversión superior a 55 millones de euros y sus 41 plantas fotovoltaicas produjeron en 2025 más de cinco gigavatios hora. Cinco. Ahora recupérese la cifra del segundo capítulo: la compañía generó 387 gigavatios hora y consumió en torno a 488. El hueco entre lo que produce y lo que gasta es de 101 gigavatios hora al año. La palanca solar entera —la más publicitada, la de los paneles flotantes de Torrelaguna— aporta cinco frente a un desfase de ciento uno. Es una relación del orden de uno a veinte, y ninguna expansión realista del parque fotovoltaico la cierra por sí sola: multiplicar la potencia instalada tropieza antes con el suelo disponible y con la latitud que con el hueco que pretende tapar. Y conviene recordar que el plan se anunció en su día con 45 millones y 34 plantas: ha crecido en dinero e instalaciones, pero su contribución sigue siendo la más pequeña del mosaico. No es un reproche a la fotovoltaica, que rinde lo que la latitud permite. Es una constatación de escala.
Segunda división, el hidrógeno. La planta de Pinto que inauguró el Rey monta un electrolizador de un megavatio dentro de un sistema que supera los 117 megavatios de potencia instalada: en torno al uno por ciento del conjunto. Pero la división esconde algo más importante que la proporción, y es de signo. El hidrógeno no genera electricidad: la consume. Es un vector, no una fuente. Convierte kilovatios en combustible para camiones, de modo que, en el balance que aquí importa —el de cerrar esos 101 gigavatios hora—, Pinto no suma: resta, y su mérito hay que buscarlo en otra contabilidad, la de la movilidad pesada, no en la de la autosuficiencia del ciclo del agua. Es un buen proyecto contabilizado en la casilla equivocada.
Tercera división, los microplásticos. El piloto de captación magnética de Móstoles trata cien metros cúbicos por hora, unos 2400 al día. El sistema al que pertenece declara capacidad para depurar hasta 3,20 hectómetros cúbicos diarios en sus 155 depuradoras: tres millones doscientos mil metros cúbicos. El ensayo opera, por tanto, sobre el orden de una milésima parte de la capacidad instalada. Es lo propio de una prueba de concepto, y está bien que exista; pero llamar a eso «Madrid elimina los microplásticos del agua» es confundir el germen con el organismo.
Tres divisiones, un mismo cociente. Ninguna de estas iniciativas es humo, y ninguna está, hoy, a la escala del problema que dice abordar. Las dos cosas son ciertas a la vez, y sostenerlas juntas es la única postura honesta: quien solo ve los anuncios celebra una autosuficiencia que no existe; quien solo ve las proporciones desprecia una infraestructura que sí es real y sí crece. Este artículo se niega a elegir entre las dos miradas.
Queda, además, un matiz que agranda el hueco en lugar de reducirlo, y que el capítulo siguiente desarrolla. Ese 80 por ciento de autoabastecimiento de 2025 se apoya en una producción hidroeléctrica de 79 gigavatios hora en un año de embalses excepcionalmente llenos, con marcas del 126 por ciento en marzo y del 131 por ciento en abril.
Es decir: el mejor dato reciente descansa en parte sobre la lluvia, que no se repite a voluntad. Y todo ello antes de sumar los dos grandes pesos que aún no han entrado en la balanza —el crecimiento de la población y la depuración que Europa va a exigir—. A esos dos pesos, y al modo en que mueven la meta mientras se corre hacia ella, dedicamos «El denominador que crece».
5. El denominador que crece
Todo el capítulo anterior dividía contra una cifra fija: el desfase de 101 gigavatios hora de 2025. Pero esa cifra no va a quedarse quieta, y aquí está la trampa que ningún balance anual cuenta, porque la meta que el Canal persigue no es un número, es un cociente.
La Directiva (UE) 2024/3019 fija un objetivo nacional de neutralidad energética para las instalaciones de tratamiento de al menos 10.000 habitantes equivalentes, que deben producir, sobre la energía total que consumen, un 20 por ciento de origen renovable en 2030, un 40 por ciento en 2035, un 70 por ciento en 2040 y el 100 por ciento en 2045. La palabra que importa es «objetivo»: se mide como porcentaje del consumo, no como una cantidad absoluta de kilovatios hora. Y un porcentaje tiene denominador. Cuanto más consuma el sistema, más energía renovable habrá que producir solo para mantener la misma cifra relativa. La meta no espera quieta a que se la alcance: se aleja cada vez que crece el gasto.
Y el gasto va a crecer por dos sitios a la vez. El primero es el tratamiento cuaternario. La misma directiva que exige la neutralidad exige eliminar los microcontaminantes —restos de fármacos y cosméticos— en las plantas grandes y en las que viertan a zonas sensibles, y ese tratamiento consume energía adicional: ozonización o carbón activo montados sobre la línea de agua. Cada kilovatio hora nuevo de cuaternario no solo se suma a la factura, sino que engorda el denominador y obliga a producir otro kilovatio hora renovable para no retroceder en el porcentaje. Depurar mejor, en términos energéticos, encarece dos veces: por lo que gasta y por lo que exige generar a cambio.
El segundo peso es demográfico. El escenario que da nombre a esta serie —una Comunidad camino de los ocho millones— añade del orden de 800.000 habitantes a la región, en torno a un 12 por ciento más de carga. No todo el consumo escala en esa proporción, pero el bombeo y la aireación, que son los grandes devoradores de electricidad de una depuradora, siguen de cerca al caudal. Más habitantes son más metros cúbicos, y más metros cúbicos son más kilovatios hora, sobre un denominador que el cuaternario ya estaba empujando.
Contra esa doble presión, la directiva cierra la salida fácil. La energía renovable que compute debe generarla el propio titular de la instalación; la adquirida a terceros no cuenta. No se cumple, por tanto, firmando un contrato de compra de renovable: hay que producirla. Existen excepciones, pero son tasadas y condicionadas —hasta cinco puntos porcentuales para el objetivo intermedio de 2040 y, solo si un Estado demuestra antes de esa fecha que no le queda otra pese a haber agotado todas las medidas de eficiencia y de generación propia, hasta un 35 por ciento para el objetivo final de 2045—. Son válvulas de escape estrechas y con llave, no una puerta abierta. Y para vigilar el avance, la norma impone auditorías energéticas cada cuatro años en cada instalación y colector.
Conviene, además, precisar algo sobre el punto de partida, porque el propio 80 por ciento de 2025 es más blando de lo que aparenta. Ya vimos que se apoya en una hidráulica de año lluvioso; añádase ahora que el objetivo es nacional y agregado —se calcula sobre el conjunto de las instalaciones de un Estado, no planta por planta—, lo que abre una pregunta de transposición nada menor: qué producción propia del Canal contará como renovable a estos efectos. Porque su mayor fuente de electricidad no es renovable en absoluto, y ese es exactamente el asunto del capítulo siguiente.
Dicho de otro modo, y con esto cierro: la autosuficiencia madrileña se está midiendo hoy contra un consumo que dos fuerzas —Europa y la demografía— van a empujar hacia arriba durante los próximos veinte años, con una regla que prohíbe comprar el atajo y obliga a fabricar cada punto porcentual en casa. La foto de la autosuficiencia no solo está incompleta: está tomada justo antes de que el denominador empiece a correr.
6. La paradoja del gas
En el segundo capítulo dejamos una instalación marcada para volver a ella: Loeches, el corazón energético del sistema, de donde sale, junto con la EDAR Sur, más de la mitad de los 387 gigavatios hora que el Canal presenta como energía limpia. Es hora de encender la luz sobre ese corazón, porque late con un combustible que la etiqueta no menciona.
El secado térmico de lodos no funciona con biogás ni con sol. Loeches monta tres grandes motogeneradores que funcionan con gas natural, y para alimentarlos —y para alimentar la línea gemela de la EDAR Sur— el Canal compra gas fósil en cantidades industriales. El último gran contrato conocido tenía por objeto el suministro de 811 gigavatios hora de gas natural: 300 para Loeches y 511 para la EDAR Sur, con una inversión en el entorno de los 22 millones de euros, cifra que en la licitación de 2022 se movió por encima de los 26 millones. Con ese gas, ambas plantas cogeneran una cantidad que cabe estimar del orden de 200 gigavatios hora eléctricos al año, porque el Canal no publica ese desglose planta por planta. Es decir: para producir la mayor parte de su electricidad «renovable», el sistema quema 811 gigavatios hora de un hidrocarburo.
Hay que ser justos con la ingeniería, y esto es importante para que el argumento no se rompa. El gas de Loeches no se despilfarra: su misión primera es aportar el calor que seca e higieniza los lodos —una obligación sanitaria ineludible—, y la electricidad es un coproducto de esa combustión mediante cogeneración de alta eficiencia. Aprovechar ese calor para generar corriente es lo correcto; sería peor quemar el gas solo para secar y comprar la electricidad aparte. Nada que reprochar al diseño. El reproche es a la etiqueta.
Porque esos 200 gigavatios hora se contabilizan dentro del titular de «un recurso limpio, renovable y de alta eficiencia», y de renovable no tienen nada: proceden de la combustión de gas natural. No sugiero que haya voluntad de engañar —las propias notas del Canal reconocen el gas cuando se las lee con atención—, pero la etiqueta agregada no sobrevive al desglose. Loeches, ella sola, aporta del orden de una cuarta parte de esos 387 gigavatios hora, y es cogeneración fósil pura. Sumada la línea gemela de la EDAR Sur, más de la mitad de la electricidad que el balance presenta como «renovable» procede en realidad de un proceso que arranca quemando gas natural. El dato que de verdad incomoda no es el cuarto, sino la mitad. El adjetivo «renovable» aplicado al conjunto es, en el mejor de los casos, generoso.
Y aquí la etiqueta deja de ser un problema de relato para convertirse en un problema de cumplimiento. El artículo 11 de la directiva, que fijamos en el capítulo anterior, solo cuenta como avance hacia la neutralidad la energía renovable generada por el propio operador. La cogeneración con gas natural no es renovable y, por tanto, no suma un solo punto en la escalera del 20 al 100 por ciento. La consecuencia es contraintuitiva y demoledora: la instalación que más «energía limpia» aporta al escaparate es, a efectos del objetivo europeo, energía que no cuenta. El buque insignia navega, mientras la transposición del artículo 11 no diga lo contrario, fuera de la regata.
De ahí la paradoja que da título al capítulo. Escalar Loeches —más población, más lodos, más secado, más gas, más cogeneración— agranda el número que el Canal exhibe cada enero, los 387 y subiendo, pero empeora el cociente que Bruselas va a exigir, porque añade generación fósil y consumo sin añadir un vatio renovable propio. Crecer por el lado que hoy más produce aleja de la meta en lugar de acercar a ella. Para cumplir de verdad, no basta con generar más:hay que sustituir ese gas por algo que compute, y eso es una inversión que no aparece en ningún plan publicado. A quién le toca pagarla, y por qué el dinero para hacerlo está saliendo del sistema justo ahora, es lo que veremos en «Quién paga lo ordinario».
7. Quién paga lo ordinario
Hasta aquí hemos medido kilovatios. Toca medir euros, y la pregunta cambia de naturaleza: no es cuánto se genera, sino de qué bolsillo sale lo que aún falta por hacer. Hoy ese dinero procede de cuatro bolsas, y conviene nombrarlas por separado porque no todas duran lo mismo.
La primera es la tarifa. El Plan Estratégico 2025-2030 financia sus inversiones con una actualización de las tarifas limitada a un 3 por ciento anual desde el segundo semestre de 2025 y hasta 2030, manteniéndolas por debajo de la media nacional, después de una década congeladas hasta 2024. La segunda son los fondos europeos —REACT-EU , FEDER, Next Generation—, que pagaron el Plan Solar y el hidrógeno de Pinto y que son, por definición, extraordinarios y finitos. La tercera es la responsabilidad ampliada del productor, que debería cubrir el 80 por ciento del cuaternario a cargo de farmacéuticas y cosméticas, pero que el sector de los genéricos ya discute por inviable para sus márgenes regulados mientras el anteproyecto español sigue en consulta. Y la cuarta son recursos propios y deuda. De las cuatro, solo la primera y la cuarta son estructurales, y la primera está topada.
Frente a eso, hay que reconocer el esfuerzo, porque es real y es récord. En 2025 el Canal invirtió cerca de 500 millones, con una media anual en el último trienio de 462,7 millones frente a los 172,2 del anterior, un 169 por ciento más, y su Plan Estratégico contempla más de 2000 millones hasta 2030. Nadie honesto puede decir que la empresa esté de brazos cruzados: invierte más que en toda su historia.
El problema no es cuánto invierte, sino contra qué. En el desglose publicado del plan aparecen 850 millones para captación y tratamiento, 450 para renovar tuberías, 500 para drenaje, 50 para alivios y 60 para energías limpias. No aparece ninguna partida identificada para tratamiento cuaternario, que es la única obligación con fecha cierta y con un coste ya estimado en su orden de magnitud: el CEDEX cifra en entre 611 y 1500 millones la inversión nacional en las plantas grandes, más entre 116 y 284 millones anuales de operación, dentro de una factura total para España que el MITECO sitúa por encima de los 24.500 millones. Cuánto de eso corresponde a Madrid no está publicado, y esa es una de las preguntas del capítulo siguiente; pero que no figure ni como línea en un plan a cinco años es, en sí mismo, el hallazgo.
Y cuando el plan sí nombra la energía, la escala vuelve a delatar. Esos 60 millones para energías limpias hay que leerlos junto a lo que ya sabemos: el Plan Solar costó más de 55 millones para producir algo más de cinco gigavatios hora al año. Si la nueva partida rinde en proporción parecida, comprará otros cinco o seis gigavatios hora frente a un desfase de ciento uno, y sin haber tocado todavía ni el crecimiento ni el cuaternario. No es una partida a la altura del problema: es una partida a la altura del anuncio.
Queda el dato incómodo, y lo planteo como pregunta porque como afirmación sería injusto. En 2025 el Canal obtuvo un beneficio de 141,3 millones, de los que 70,6 —la mitad— se reparten como dividendo entre la Comunidad de Madrid y 120 ayuntamientos, y desde su conversión en sociedad anónima en 2012 ha repartido más de 1500 millones. El reparto es legal, los accionistas son públicos y ese dinero regresa a los municipios en forma de servicios: no se «pierde». Pero sí sale del sistema del agua. Y la pregunta que ordena todo el artículo es esta: si la tarifa está topada al 3 por ciento, los fondos europeos se agotan y la responsabilidad del productor está en el aire, ¿por qué la mitad del beneficio abandona el sistema justo cuando entra la mayor exigencia regulatoria del saneamiento urbano en tres décadas? No pido una respuesta indignada; pido que alguien la formule en voz alta.
Hay, por último, un contaminante que ni siquiera tiene bolsa. La responsabilidad ampliada del productor asigna el 80 por ciento del cuaternario a farmacéuticas y cosméticas, pero los fabricantes de plástico quedan fuera del reparto. Si algún día la vigilancia de los microplásticos —hoy la única obligación que pesa sobre ellos— se convirtiera en obligación de eliminarlos, no habría un 80 por ciento ajeno que lo pagara, y el coste caería por defecto donde ya cae el saneamiento: en la cuota del recibo. El piloto magnético de Móstoles es, vista así, una tecnología que la tarifa financia para un problema que nadie está obligado a resolver, mientras el problema que sí es obligatorio espera pagador. Es, en miniatura, la asimetría que recorre toda esta serie: el vatio y el fármaco encuentran quien los pague; el litro y el plástico, todavía no.
Dicho de otro modo, y con esto cierro el capítulo: el sistema madrileño no va a quedarse sin invertir, va a quedarse sin decidir. Lo que falta no es dinero para un piloto más, sino una respuesta a quién financia lo ordinario y permanente cuando lo extraordinario europeo se acabe. Y esa respuesta, hoy, no está en ningún documento público. Las preguntas concretas que hay que hacer para obtenerla son el último capítulo.
8. Las preguntas que quedan sobre la mesa
Un diagnóstico que termina en veredicto se defiende peor que uno que termina en preguntas, porque el veredicto se discute y la pregunta se responde o se elude, y ambas cosas son noticia. Todo lo medido en estas páginas apunta a un desfase entre lo que el sistema madrileño hace y lo que la próxima década va a exigirle; pero en lugar de proclamarlo, conviene cerrar nombrando exactamente lo que confirmaría ese desfase o lo disolvería. Son preguntas concretas, con destinatario, y su mérito es que tienen respuesta. Que esa respuesta no esté publicada es, precisamente, el reportaje.
Al Canal de Isabel II le corresponde la mayoría. La primera es de contabilidad energética: cuánto de esos 387 gigavatios hora de 2025 es renovable propia y cuánto procede de la cogeneración con gas natural de Loeches y la EDAR Sur, planta por planta, porque de esa resta depende que el punto de partida real frente a Europa sea el 80 por ciento que se anuncia o algo bastante menor.
La segunda es de volumen: la serie completa del agua efectivamente depurada, no los meses de lluvia récord, para poder dividir el coste del cuaternario por un caudal verdadero.
La tercera es de umbrales: qué depuradoras del sistema superan los 150.000 habitantes equivalentes y cuáles vierten a zona sensible, porque de ese listado —y no del censo— sale el coste madrileño real de la obligación que viene.
La cuarta es tecnológica y decide dónde acaba el contaminante: si el cuaternario se hará con carbón activo, que lo manda al lodo y de ahí al campo, o con ozono, que deja sus subproductos en el río.
La quinta es el importe del contrato de gas natural en vigor, que hoy solo puede estimarse del orden de veinte a treinta millones anuales.
Y la sexta, la más pequeña y la más reveladora: qué se hace con el microplástico que el piloto magnético de Móstoles retira del agua —si el captador es reutilizable, ¿adónde va lo capturado?—, y cuál es el coste por metro cúbico y la naturaleza jurídica de ese ensayo, dato que ninguna nota ha ofrecido.
Al MITECO le corresponden dos, y una es decisiva. La primera, el desglose regional de esos más de 24.500 millones que costará adaptarse a la directiva: cuánto de esa factura nacional cae en Madrid.
La segunda, de transposición, y de ella depende medio artículo: si la cogeneración con gas natural y la producción hidroeléctrica en embalses computarán o no como energía renovable propia de las instalaciones a efectos del artículo 11. Según cómo se resuelva esa sola frase, la mayor fuente de electricidad del Canal entra en el marcador de la neutralidad o queda fuera de él, y con ella, el 2045 madrileño se vuelve alcanzable o quimérico.
Y hay una tercera categoría de preguntas que no son técnicas, sino políticas, y que ningún ingeniero puede responder. La proyección de la tarifa más allá de 2030, cuando el tope del 3 por ciento expire y los fondos europeos se hayan agotado.
La ausencia, en un plan de más de 2000 millones, de una sola partida identificada para la única obligación con fecha cierta. Y el reparto de la mitad del beneficio como dividendo en el umbral de la mayor exigencia regulatoria en treinta años. No son preguntas para el laboratorio de Majadahonda: son para la Puerta del Sol.
De modo que la conclusión de este artículo no es la que un titular fácil querría. No es que en Madrid no se haga nada: hemos dedicado seis capítulos a demostrar lo contrario, y a hacerlo con generosidad, porque el hidrógeno de Pinto, la estruvita de Getafe, los paneles de Torrelaguna y el piloto de Móstoles son infraestructura y esfuerzo reales.
La conclusión es más incómoda y exacta: que todo eso, sumado, no está dimensionado contra lo que viene, y que el desfase no se cubre con gérmenes financiados por fondos que se acaban, sino con una decisión —aún no tomada, ni siquiera formulada en público— sobre quién paga lo ordinario cuando lo extraordinario termine. El sistema madrileño no va a quedarse sin capacidad de depurar. Va a quedarse sin capacidad de depurar conforme, que no es lo mismo, y es justo lo que Europa va a medir.
Queda, además, una parte del sistema que toda esta contabilidad de kilovatios y euros ha dejado en la sombra, y que merece artículo propio. Los del orden de doscientos gigavatios hora con que se abre esta serie —el corazón del balance «limpio»— existen por una razón muy física: porque hay unas 415.000 toneladas de lodo que secar cada año.
La electricidad que celebramos y el residuo que callamos son el mismo hecho contado desde dos lados. Ahí, donde el contaminante deja de ser un porcentaje en el efluente y se convierte en una tonelada que se carga en un camión y se descarga en un campo, empieza el artículo siguiente.
