Una jueza federal ha dado la razón parcialmente a la Casa Blanca y parcialmente al estado de Nueva York en el pulso legal por el control de la inmigración, en un fallo que ilustra cómo los tribunales, y no solo el Partido Demócrata, se han convertido en el principal freno institucional frente a la Administración Trump.
El Observatorio Trump recoge hoy una resolución judicial que no encaja en el relato de bloque contra bloque que domina buena parte de la cobertura sobre estados demócratas y Casa Blanca. La jueza federal Mae D’Agostino, del Distrito Norte de Nueva York, emitió el lunes un fallo de 51 páginas que concede la razón al Gobierno de Donald Trump en un punto y al estado de Nueva York en otro, dentro de la misma demanda.
Según recoge el medio digital neoyorquino Gothamist, D’Agostino bloqueó de forma preliminar la ley estatal que prohibía a los agentes federales, incluidos los del [Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), cubrirse el rostro durante sus operativos. La jueza consideró que esa norma invade competencias exclusivas del Gobierno federal en virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución.
«Nueva York no puede imponer sus propios requisitos uniformes a agentes federales simplemente porque no está de acuerdo con la forma en que el Gobierno federal ejerce su autoridad», escribió D’Agostino, según reprodujo la cadena pública WXXI News.
Sin embargo, la misma resolución dejó en pie la otra pata de la ley neoyorquina: la que prohíbe a las policías locales firmar los llamados acuerdos 287(g), mediante los cuales ICE delega funciones de control migratorio en agentes locales. D’Agostino razonó que la participación de las agencias estatales y locales en la aplicación civil de las leyes migratorias es voluntaria bajo la legislación federal, y que Nueva York puede, por tanto, decidir que sus propios cuerpos policiales no participen.
El fallo confirma así una acción que la gobernadora demócrata Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James habían puesto en marcha apenas dos semanas antes, cuando su nueva Oficina de Confianza del Inmigrante notificó a doce agencias policiales del estado que debían romper sus acuerdos 287(g) antes del 25 de agosto.
Contexto y análisis
El episodio confirma un patrón que el Observatorio Trump ha documentado en jornadas anteriores: la resistencia institucional frente a la agenda migratoria de la Casa Blanca no avanza como un bloque monolítico, sino que se libra caso por caso ante jueces que, en ocasiones, dividen sus fallos entre ambas partes.
Según recogió el diario digital GV Wire, D’Agostino reconoció explícitamente que Nueva York «puede tener razón» al señalar que agentes enmascarados y sin identificación visible generan situaciones peligrosas, pero concluyó que esa era una cuestión de política preferible, no de constitucionalidad.
El fallo no es un caso aislado. Semanas antes, el Departamento de Justicia había demandado a Virginia por una ley prácticamente idéntica, firmada por la gobernadora demócrata Abigail Spanberger, que también prohibía a los agentes federales operar con el rostro cubierto y restringía la cooperación local con ICE. Según información de The Hill, el Departamento de Justicia argumentó entonces que las políticas de Virginia «regulan al Gobierno federal y están diseñadas para crear riesgo para nuestros agentes». Tribunales de California y Pensilvania ya habían anulado antes leyes similares invocando la misma Cláusula de Supremacía.
Aquí conviene distinguir, como hace habitualmente este Observatorio, entre dos planos de oposición. Por un lado está la oposición del Partido Demócrata: gobernadoras como Hochul o Spanberger, y fiscales generales como James, que han impulsado activamente estas leyes como parte de su agenda política frente a la Casa Blanca. Por otro, la oposición democrática en sentido amplio: el propio Poder Judicial federal, que no responde a lógicas partidistas y que en este caso ha fallado en direcciones opuestas dentro de la misma sentencia, mostrando que el sistema de contrapesos estadounidense sigue operando con una lógica jurídica, no exclusivamente política, incluso cuando ambas partes en litigio se presentan como bandos irreconciliables.
La coincidencia temporal con las primarias al Senado de Virginia, celebradas este mismo martes para determinar quién disputará en noviembre el escaño de Mark Warner, subraya además que estas batallas judiciales sobre inmigración se libran en el mismo calendario que definirá el control del Congreso tras las elecciones de mitad de mandato.
Cierre
El fallo de D’Agostino no cierra el litigio: Nueva York ha anunciado que estudia recurrir la parte que le resulta desfavorable, mientras que la prohibición sobre los acuerdos 287(g) entrará en vigor el 25 de agosto salvo que un tribunal superior la revierta antes.
El pulso entre Washington y los estados demócratas por el control de la aplicación de las leyes migratorias continuará, previsiblemente, en instancias superiores.
