El Tajo: quién se lleva el agua y quién se queda el cauce seco

1. El río al que todos le quitan agua

El Tajo es el río más largo de la península Ibérica y, seguramente, el que menos manda sobre su propia agua. Mil kilómetros desde la sierra de Albarracín hasta el Atlántico, y en casi todo ese recorrido alguien ha decidido antes qué se hace con su caudal. Nace y, antes de coger cuerpo, ve cómo el agua de su cabecera se desvía cientos de kilómetros hacia el sureste por el trasvase Tajo-Segura.

Cruza después la mayor aglomeración urbana del país, que le toma agua limpia y le devuelve la suya. Y cuando, ya exhausto, reclama lo mínimo para seguir siendo un río —eso que la ley llama caudal ecológico—, resulta que hasta esa parte hay que ganarla en los tribunales.

Porque esa es la paradoja de la que trata este artículo. El Tajo lo gobiernan todos menos el Tajo: la política hidráulica del Estado, que administra el trasvase; el regadío de exportación del Levante, que lo recibe; la gran región metropolitana del centro, que lo atraviesa; los regantes de sus propias vegas, que pleitean por sus dotaciones. Cada uno de esos actores tiene su porción apuntada y defendida.

La única porción que no tiene quien la defienda de oficio, la que siempre queda para el final, es la del propio río. No es una metáfora: es un dato jurídico. El caudal ecológico del eje del Tajo es obligatorio por ley desde 2016, y ha hecho falta que el Tribunal Supremo lo ordene una y otra vez —cinco sentencias desde 2019, y dos más en 2025 y 2026— para que la Administración empiece, a regañadientes, a implantarlo.

Conviene medir de qué reparto hablamos. La cuenca del Tajo abastece a más de ocho millones de habitantes, recorre sesenta y tres mil kilómetros de cauces y toca más de mil cien municipios; y de toda el agua que se le pide, alrededor del sesenta por ciento va al regadío y en torno al veinte por ciento al abastecimiento urbano.

Es un río de trabajo, exprimido en cada tramo. En otra pieza de esta serie seguimos la carga que arrastra esa agua —lo que lleva dentro cuando sale de Madrid—; aquí seguimos la pregunta anterior, la de la cantidad: quién se la lleva, con qué argumento, y por qué la parte que la propia ley reserva al río es siempre la última de la cola.

La respuesta, adelantada, es la misma que recorre toda esta serie: el agua fluye hacia donde está el peso político y económico, y el mínimo ecológico es el residuo que todos pleitean por no conceder. Solo que aquí, a diferencia del asfalto o de los presupuestos, el reparto no se decide en un pleno ni en un plan urbanístico. Se decide en una tubería de cien kilómetros construida hace medio siglo, en unas reglas de explotación que se renegocian cada sequía, y en una sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

2. El trasvase: el Tajo que riega Levante

La primera detracción ocurre antes de que el río sea siquiera un río. En la cabecera, en Guadalajara, los embalses de Entrepeñas y Buendía regulan el agua del alto Tajo; y desde 1979 una parte de esa agua no sigue el cauce hacia el oeste, sino que gira hacia el sureste por el acueducto Tajo-Segura, casi trescientos kilómetros de canales, túneles y embalses de tránsito hasta las tierras de Murcia, Alicante y Almería.

La idea la formuló Lorenzo Pardo en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933: llevar el «excedente» del centro húmedo al sureste seco. Medio siglo después, sobre ese trasvase se ha levantado la mayor agricultura de exportación de Europa.

El volumen máximo que la ley autoriza trasvasar es de seiscientos hectómetros cúbicos al año, aunque en la práctica se envía menos y de forma muy desigual según la hidrología: en el año hidrológico 2025-2026, para el mes de junio ya se habían derivado cuatrocientos treinta y cinco de esos seiscientos.

La palabra que sostiene todo el edificio es «excedente», y es precisamente la que ha ido perdiendo sentido. El Tajo del que se predica un sobrante es el mismo cuyas aportaciones caen, cuyos embalses de cabecera pasaron años convertidos en llanuras de barro —el agravio de los pueblos ribereños, que vieron su «mar de Castilla» reducido a esqueleto— y que solo en 2025, tras un ciclo de lluvias, recuperó en Entrepeñas y Buendía la cota que reabre los trasvases máximos. El excedente, cuando lo hay, es coyuntural; la detracción es estructural.

Quien recibe esa agua no es una población sedienta, sino un modelo económico: el regadío intensivo de frutas y hortalizas del Levante, que produce para los supermercados de media Europa. No es un juicio moral —es una actividad legal, próspera y que emplea a mucha gente—; es una constatación de geografía política. El agua de la cabecera de un río que desemboca en Lisboa se ha asignado, durante casi cincuenta años, a regar la vertiente de otro mar.

Y esa asignación, hecha en origen como si el agua sobrara, se defiende hoy como un derecho adquirido.

Aquí es donde el trasvase choca de frente con la parte del río. Para garantizar el caudal ecológico que la ley exige en el eje del Tajo —un primer escalón de siete metros cúbicos por segundo en Aranjuez y trece en Talavera de la Reina—, el Ministerio tiene que elevar el volumen que debe quedar embalsado en la cabecera antes de poder trasvasar, hacia los mil seiscientos hectómetros cúbicos. Y ahí la aritmética es implacable: cada hectómetro que se reserva para que el Tajo siga siendo un río es un hectómetro que el trasvase no puede enviar. No es un conflicto de matices: es un juego de suma cero entre el caudal ecológico y el trasvase, y por eso se dirime, sequía tras sequía, en una comisión de explotación y en un real decreto de reglas.

El resultado es que la primera y mayor decisión sobre el agua del Tajo no la toma nadie en su cuenca. La toman una obra hidráulica concebida hace noventa años, una comisión que se reúne cada pocos meses para autorizar envíos, y un Gobierno que reescribe las reglas bajo la presión cruzada de dos territorios. El río llega a Madrid ya mermado desde arriba; lo que Madrid le añade —el asunto del otro artículo— cae sobre un caudal que otros ya han repartido.

3. El caudal ecológico y la década de condenas

El caudal ecológico es la parte del río que la ley reserva al propio río: el mínimo de agua que debe circular por el cauce para que siga siendo un ecosistema y no una simple canalización. No es un adorno ambiental ni una aspiración; es una obligación vinculante de la Directiva Marco del Agua y de la legislación española, que exige fijarlo en todas las masas de agua, con todos sus componentes, y garantizarlo.

En el Tajo, esa obligación es exigible desde 2016. Y en el Tajo, esa obligación se ha incumplido durante casi una década, de forma tan sistemática que ha hecho falta que el Tribunal Supremo la imponga una y otra vez.

La razón del incumplimiento es la del capítulo anterior: reconocer el caudal que el río necesita obliga a dejar más agua en la cabecera, y dejar más agua en la cabecera reduce lo que puede irse por el trasvase. De modo que, sucesivamente, la planificación hidrológica optó por no fijar los caudales, o por fijarlos por debajo de lo debido, o por aplazarlos. Cada una de esas decisiones terminó en los tribunales, y en los tribunales perdió.

El historial es contundente. Desde 2019, el Supremo dictó cinco sentencias que anularon parcialmente la planificación anterior por no establecer los caudales ecológicos con todos sus componentes. En enero de 2023, el plan del tercer ciclo los fijó por fin —por primera vez en el río más largo de la península—, pero con truco: pospuso a 2027 los caudales mínimos en un tramo de masas de agua entre los embalses de Bolarque y Valdecañas que, según esas mismas sentencias, deberían estar implantados desde 2016.

Las plataformas ciudadanas —la Red Ciudadana del Tajo, la Plataforma por los ríos de Madrid y el río Tajo, con Ecologistas en Acción— lo denunciaron como un incumplimiento más, disfrazado de calendario.

Y el Supremo volvió a darles la razón, cerrando las salidas una tras otra. En mayo de 2025 dictaminó que los caudales del eje Bolarque-Valdecañas deben alcanzarse de forma inmediata, no escalonada hasta 2027, y tumbó ese aplazamiento en la totalidad de las trece masas de agua tipo río situadas en zonas protegidas de la Red Natura 2000 —justo el tramo de Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina—.

Un año después, en mayo de 2026, desestimó el recurso con el que los regantes del trasvase intentaban frenar esos caudales, y dejó fijado que el mínimo de siete metros cúbicos por segundo en Aranjuez es un suelo, no un techo. La reacción política midió el alcance: el presidente de Castilla-La Mancha llegó a afirmar que la sentencia de 2025 significaba que el trasvase, «tal y como se concibió», era historia.

Este es el hallazgo que distingue al Tajo de casi cualquier otro coste de esta serie. En los demás capítulos, el problema es que lo que se mide no se corrige, o que lo que se decide no se debate.

Aquí es peor: lo que se ha sentenciado no se cumple. La parte del río no la concedió una política ambiental valiente ni un plan bien hecho; hubo que arrancársela a la Administración en la sala de lo contencioso-administrativo, sentencia a sentencia, contra su propia resistencia a tocar el trasvase. Cuando el mínimo vital de un río de mil kilómetros solo se consigue litigando diez años, la pregunta de quién manda sobre esa agua ya está respondida: manda todo el mundo antes que el río, y el río solo gana en los tribunales, de la mano de organizaciones vecinales y ecologistas.

4. Cuatro frentes por un mismo caudal

Si un solo número condensa el conflicto del Tajo, es el del caudal ecológico. Y lo revelador es que ese mismo número —siete metros cúbicos por segundo en Aranjuez, trece en Talavera— es, a la vez, demasiado poco y demasiado, según quién lo mire. No es una historia de buenos y malos, sino un reparto de suma cero en el que, cuando una parte gana agua, otra la pierde. Conviene oír a las cuatro antes de concluir.

Para los colectivos ambientales y ciudadanos —la Red Ciudadana del Tajo, la Plataforma por los ríos de Madrid y el río Tajo, con Ecologistas en Acción dentro— el caudal fijado es insuficiente y, sobre todo, llega tarde y a la fuerza.

Su argumento es el más sólido en derecho: el río tiene reconocida por ley una porción mínima desde 2016, la Administración la incumplió durante una década, y solo el Supremo, fallo tras fallo, ha ido obligando a respetarla. Para ellos, discutir si trece metros cúbicos son muchos o pocos es secundario frente a que ni siquiera esa cifra se aplicaba.

Para los regantes de las propias vegas del Tajo, agrupados en federaciones como FERTAJO, el mismo caudal es un límite fijado sin calcular antes lo que cuesta. Su queja no es contra el río, sino contra el método: sostienen que los caudales se establecieron sin un estudio económico real de su repercusión sobre un regadío de más de cien mil hectáreas y miles de familias.

Y no les falta munición jurídica: en 2025 el propio Supremo anuló las dotaciones de riego del almendro, el pistacho y el nogal de la cuenca por carecer de justificación técnica. La misma arbitrariedad que los ecologistas denuncian en un sentido, la denuncian ellos en el contrario.

Para el Levante —los regantes del Segura agrupados en el SCRATS, y los gobiernos de Murcia y la Comunidad Valenciana— lo que está en juego no es un matiz ambiental, sino la base de su economía. Sobre el agua del trasvase se ha construido en medio siglo una enorme huerta de exportación, un sector que ellos cifran en cientos de miles de empleos y en buena parte del abastecimiento de varias ciudades.

Cada recorte del caudal trasvasable, argumentan, los aboca a un dilema caro: sustituir esa agua por desalación —más costosa e intensiva en energía— o renunciar a cultivos y a puestos de trabajo. Su recurso contra el plan lo perdieron en 2026, pero su caso —que la ley les asignó esa agua y que su territorio depende de ella— es real y no se disuelve con una sentencia.

Y por encima de los cuatro late un pulso territorial que lo tiñe todo: Castilla-La Mancha, que reclama para su río el agua que ve marcharse —su presidente llegó a dar por muerto el trasvase «tal y como se concibió»—, frente a Murcia y la Comunidad Valenciana, que lo defienden como supervivencia; y, dentro de la propia cabecera, los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía, que solo piden volver a ver llenos sus embalses. Cinco voces, cinco porciones, cinco abogados.

La única parte sin abogado de oficio es la del propio río, y por eso su porción es la única que ha habido que ganar en los tribunales. El reparto del Tajo no lo fija un consenso: lo fija, provisionalmente, quien gana el último pleito.

5. La salida que se aplaza: desalación, depuración y quién paga

Las propias sentencias que obligan a dejar más agua en el Tajo señalan, en su reverso, cuál es la salida: que la cuenca del Segura sustituya el agua que deje de recibir del trasvase por recursos propios. Y esos recursos no son una utopía tecnológica; en buena parte ya existen.

El sureste español es, a la vez, uno de los territorios con mayor capacidad de desalación de Europa y uno de los que más agua depurada reutiliza del continente. La pregunta, como en toda esta serie, no es si la alternativa existe, sino a qué precio, con qué energía y a cuenta de quién.

El pilar es el mar. En Torrevieja está la mayor planta desaladora por ósmosis inversa de Europa, construida por unos trescientos millones de euros, que duplicó su producción hasta ochenta hectómetros cúbicos anuales —la misma cantidad, se ha subrayado desde el Ministerio, que el trasvase envía cada año a la provincia de Alicante— y que está proyectada para llegar a ciento veinte.

A esa capacidad se suman otras plantas a lo largo de la costa y, desde 2026, los anteproyectos de dos desaladoras nuevas que la Confederación del Segura ha puesto en marcha precisamente porque el agua del Tajo se va a quedar en Castilla-La Mancha. Físicamente, el mar puede sustituir al río.

Pero aquí reaparece la letra pequeña de siempre, y es doble. La primera: el agua desalada es mucho más cara y mucho más intensiva en energía que la trasvasada, de modo que desalar no elimina el problema, lo traslada del litro al vatio —el mismo desplazamiento que recorre toda esta serie, del agua que se ahorra a la electricidad que cuesta ahorrarla—. Por eso los regantes desconfían: para una agricultura de exportación que compite en céntimos, el agua del mar puede no salir a cuenta, y la planta solar que debía abaratar la de Torrevieja se anunció y no se construyó. La solución existe, pero no se financia hasta hacerla utilizable, que es una forma elegante de no tenerla.

La segunda: quién paga. Si el agua desalada es más cara, o la asume el agricultor —y entonces el cultivo deja de ser rentable— o la subvenciona el Estado —y entonces la paga el conjunto del país, para que el Levante conserve su huerta—.

Es, punto por punto, el mismo mecanismo del aeropuerto de Madrid en otra pieza de esta serie: un coste que se socializa en todos para sostener la actividad de un territorio. Y hay una complicación que impide simplificar el dilema: el trasvase no riega solo; también abastece de agua de boca, a través del Canal del Taibilla, a unos dos millones y medio de personas en Murcia y Alicante. Cortar el grifo, sin más, no es una opción; sustituirlo cuesta dinero que nadie ha comprometido del todo.

Así que la alternativa está, como la depuración avanzada de Tarragona, técnicamente resuelta y políticamente aplazada. Se anuncia cada sequía, se proyecta, se deja a medio financiar, y mientras tanto el trasvase sigue funcionando por inercia y a golpe de sentencia. La decisión sobre el agua del Tajo no se pospone por falta de solución, sino porque cada año es más cómodo prorrogar el reparto de siempre que asumir quién paga el nuevo. Y cada prórroga la firma, otra vez, alguien que no es el río.

6. Quién decide el reparto

Recojamos el recorrido. El Tajo nace y, antes de coger cuerpo, se le detrae la cabecera hacia otro mar; cruza después Madrid y recibe su efluente; y su parte mínima, la que la ley le reserva para seguir siendo un río, ha tenido que arrancarla en los tribunales, sentencia tras sentencia, durante una década.

Tres operaciones sobre un mismo cauce —una detracción, una carga y una omisión—, decididas por actores distintos, ninguno de los cuales es el río. Sumadas, dibujan un principio que no está escrito en ninguna ley pero las gobierna todas: el agua va hacia donde está el peso.

El peso tiene nombres concretos. El regadío de exportación del Levante, que sostiene una economía y un empleo reales y defiende su agua como supervivencia. La gran región metropolitana del centro, que crece, se abastece y devuelve al cauce lo que consume. Cada uno de esos pesos tiene su porción asignada, su representación y su relato. Frente a ellos, la porción del río no la reclama nadie de oficio: no hay una consejería del caudal ecológico ni un sindicato de la desembocadura.

Por eso es la única que ha habido que ganar litigando, y por eso es siempre la última de la cola —la misma posición que ocupa, en otra pieza de esta serie, frente a los usos que se reparten el agua regenerada—.

Lo que distingue a este reparto de los demás costes del crecimiento es dónde se decide. El coste de un anillo o de un hospital se aprueba, al menos, en un pleno o en un plan que alguien puede leer y recurrir. El del Tajo, no. Se decide en una obra hidráulica proyectada en 1933, en una comisión de explotación que se reúne cada pocos meses para autorizar envíos, en un real decreto de reglas que se reescribe bajo presión y en una sala del Tribunal Supremo.

Es poder sobre un recurso esencial ejercido sin foro, sin un debate público a la altura de lo que se dirime, repartido entre despachos y tuberías. Los ocho millones de habitantes que dependen de la cuenca no votan nada de esto.

Y ese es el hilo que une esta pieza con el resto de la serie. En el primer artículo, Madrid exportaba tierra adentro el coste de su crecimiento: los anillos hacia las dos Castillas, la renta del aeropuerto capturada por la capitalidad.

Aquí, con el agua, el patrón se completa: el recurso fluye hacia el centro y hacia el Levante productivo, y el pasivo —el cauce menguado, el mínimo ecológico negado, la carga que llega a Toledo— se queda en el territorio que lo aporta.

El agua, como la renta, sube hacia el peso; el coste, como el efluente, baja hacia quien no tiene con qué defenderse. El Tajo es el río más largo de la península y, por atravesarla entera, es el que mejor enseña esa mecánica: quien tiene con qué, se lleva el agua; quien no, se queda el cauce seco y la factura de limpiarlo. La parte del río sigue esperando a que alguien la considere, algún día, tan digna de defensa como la de todos los demás.