Aunque quedan tres semanas, la votación del referéndum nacional en Islandia del próximo sábado 29 de agosto para reanudar o no las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), ya ha comenzado.
El voto se inició el pasado 27 de julio en embajadas, consulados generales y misiones permanentes islandesas. La pregunta: ″¿Deberían reanudarse las negociaciones sobre la adhesión de Islandia a la Unión Europea? Se ofrecen dos respuestas impresas, sí o no.
La campaña, pues, ya cuenta con un impulso práctico semanas antes del día exacto de la votación presencial que se desarrollará desde las 9.00 hasta las 22.00 horas.
Se han habilitado 130 colegios electorales en el extranjero por 50 dentro del propio país para el día de la votación. En el extranjero, por ejemplo, en los consulados de Winnipeg (Canadá), Tórshavn (Islas Feroe) y Nuuk (Groenlandia). Curiosamente la excepción es la capital comunitaria, Bruselas, donde no habrá mesa electoral.
Según la Comisión Electoral Nacional se prevé que el voto anticipado supondrá entre el 15 y el 20 por ciento del total. El censo se publicó el pasado 24 de julio. Los extranjeros residentes en Islandia no tienen derecho a voto, sólo los islandeses mayores de 18 años con residencia legal y aquellos que vivan en el extranjero en los últimos 16 años.
En esta consulta la distinción entre la reapertura de las conversaciones y adhesión a la UE es fundamental. Se pregunta a los votantes si las negociaciones de adhesión deben reanudarse, no se pide pronunciarse sobre la pertenencia.
No obstante, la votación es considerada consultiva y no vincula ni al Ejecutivo, ni al Parlamento (Alþingi). El llamado Gobierno de las valquirias (llamado así porque las tres formaciones que lo forman, Alianza Socialdemócrata, el Partido del Pueblo y el partido Reforma, las dirigen mujeres) apoya el voto afirmativo pero ha pedido a la UE que no intervenga.
La jefa de Gobierno, Kristún Frostadóttir, se comprometió a este referéndum que corresponde ″únicamente a los islandeses y la decisión final recae exclusivamente en el pueblo islandés”.
Previamente el 28 de mayo el Parlamento dio el visto bueno a la consulta por 34 votos a favor (la coalición gobernante controla 36 escaños), 8 en contra y 14 abstenciones.
Un voto del ‘sí’ permitiría al Gobierno de las valquirias buscar luego un acuerdo mucho más detallado. Los islandeses votarían de nuevo antes de que el posible ingreso pudiera entrar en vigor. Un voto de ‘no’ dejaría la relación actual del país con la UE sin cambios.
Este proceso de dos etapas tiene la intención de permitir que los votantes examinen los términos reales de la negociación, y es que, apoyar las conversaciones no equivale necesariamente a apoyar la posterior adhesión.
La ultima encuesta realizada entre el 22 y 29 de julio recoge un 43,8% por el sí, un 38,9% negativo y los indecisos alcanzan un 17,3%, otros apuntan que llegan a un 8%. Previamente, una encuesta de junio de la emisora pública islandesa RÚV muestra que el 53,1 por ciento de los votantes estaban a favor de la reapertura de las negociaciones frente al 46,9%.
El foco de los mensajes euroescépticos provienen de los sectores de la pesca y la agricultura. La oposición a la UE en las zonas más rurales alcanza el 80%, según algunas encuestas pero en Reikavik, la capital, el voto favorable es del 61%.
Las personas de mayor edad y los jóvenes son los más partidarios de reanudar las negociaciones con la UE mientras los euroescépticos abundan en la mediana edad.
El sector pesquero, clave
El Gobierno islandés ha dejado claro que cualquier futuro acuerdo protegerá la autoridad nacional sobre la pesca. La ministra de Asuntos Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, explicó que Islandia mantendrá un “control soberano” sobre la pesca ante un eventual acuerdo de adhesión a la UE.
Para Islandia, aceptar la Política Pesquera Común, un sistema diseñado para 27 estados podría limitar la discreción nacional sobre las aguas que durante mucho tiempo se han gestionado como un recurso estratégico.
El comisario de Pesca de la UE, Costas Kadis, ha indicado que Bruselas puede considerar disposiciones flexibles, en particular entre Islandia y sus aguas vecinas. Sin embargo, una exención completa y permanente de las principales partes de la legislación pesquera de la UE sería política y jurídicamente difícil de asegurar.
Los objetivos del Gobierno identifican la pesca junto con la energía, agricultura, desarrollo regional, empleo, moneda, impuestos, seguridad y la defensa como áreas que requieren una posición clara, para garantizar la soberanía nacional.
El ejemplo de Noruega, que rechazó a la UE en referéndum en dos ocasiones (1972 y 1994) básicamente por el temor de su importante sector pesquero y agrícola, sigue estando presente.
Islandia no obstante, no se acerca a Europa desde una posición de aislamiento. A través del Espacio Económico Europeo (EEE) ya participa en gran parte del mercado único de la UE y aplica una amplia legislación europea (un 75%) que regula los bienes, servicios, capital, competencia, protección de los consumidores, empleo y normas medioambientales. También forma parte del espacio Schengen y participa en varios programas europeos.
Reikiavik inició las negociaciones con la UE, tras el colapso de su sector bancario, en 2009, pero un gobierno de centroderecha cuatro años después, en 2013, las suspendió, habían abierto 27 de los 33 capítulos habiendo un acuerdo en once de ellos.
El Gobierno estima que las negociaciones podrían completarse entre 18 a 24 meses. Un proceso negociador no continuará simplemente desde el mismo punto. Los capítulos existentes tendrían que ser reevaluados porque la legislación de la UE y la política islandesa han cambiado durante estos últimos años.
El debate sobre la adhesión se desarrolla en un entorno internacional inestable. La guerra de Rusia contra Ucrania, la presión sobre la seguridad del Atlántico Norte y la ambición del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia han dado al Ártico una mayor importancia estratégica. Además, ″no es un hecho reconfortante que Trump haya pronunciado mal Groenlandia llamándola Islandia” señalan los partidarios de la UE.
El organismo islandés de seguridad digital, Netvis, colabora para solicitar la eliminación de bulos y desinformación, advirtiendo de que se usan cuentas falsas, bots automatizados y material generado con IA para crear confusión e influir en la opinión pública, señalando a ″entidades extranjeras”.
En este sentido, ya se denunció la presencia de la formación ultraderechista británica Reform, así como mensajes falsos y desinformación proveniente de Rusia.
La Unión Europea ha estado este año 2026 presente en la isla con la visita de siete miembros con diferentes cargos (entre ellos, viajó el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, el pasado junio, firmando cuatro acuerdos de cooperación), valora las rutas energéticas, recursos marítimos y seguridad ártica, con la ubicación de Islandia entre la Europa continental y América del Norte lo que le confiere una importancia estratégica considerable.
Por su parte, una gran cantidad de islandeses subraya la seguridad económica (el euro tiene mucho mayor peso que la la corona islandesa proclive a la alta inflación) y estabilidad que la UE ofrece a sus estados miembros y también valoran la seguridad internacional, lo que sería una oportunidad para una mejor integración en Europa.
