Cincuenta mil personas entraron en Ceuta en apenas dos días. Europa lleva años pagando por esa frontera y llamándola suya; el día que se rompe, vuelve a ser española. En el reparto de culpas que vino después hay un ausente permanente: el que la cruzó a nado.
En apenas cuarenta y ocho horas, a finales de julio, decenas de miles de personas cruzaron a nado o bordeando a pie los espigones de El Tarajal y Benzú. El Gobierno cifró las entradas en unas 50.000; el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, las elevó a 60.000. Para una urbe de poco más de ochenta y tres mil habitantes, la magnitud no admite eufemismos.
Al menos dieciocho personas murieron intentándolo. Y de todos los actores que en las horas siguientes discutirían la crisis con matices —ministros, comisarios, eurodiputados, líderes de partido—, uno careció de voz desde el primer minuto: el que estaba en el agua.
Empecemos por lo que casi nadie discute y casi todos olvidan a conveniencia.
Ceuta es Europa
Ceuta no es una avanzadilla, ni un protectorado, ni una anomalía colonial: es territorio de la Unión Europea a todos los efectos. Quien pisa su playa pisa suelo europeo, y sobre ese suelo rige el derecho de asilo comunitario. Lo sabe Bruselas mejor que nadie, porque paga por ello. La Unión comprometió alrededor de 500 millones de euros para Marruecos en el periodo 2021-2027 —gestión de fronteras, cooperación policial, readmisiones—, el mayor paquete concedido hasta entonces. Y cuando lo hizo, el propio ministro del Interior lo dijo sin rodeos: las fronteras de Ceuta y Melilla «son fronteras de la Unión Europea».
De modo que la frontera es europea cuando se trata de firmar el cheque que otro país cobra por custodiarla. La pregunta es qué ocurre el día en que la valla cede. Y la respuesta, que veremos, es que entonces —y solo entonces— vuelve a ser española.
Retengamos, de momento, al que acaba de llegar a la orilla. Está en Europa. En el debate que empieza, será el único sin asiento.
Pero Ceuta no es Schengen
Aquí está el nudo técnico que conviene desatar antes de que otros lo aten a su favor. Ceuta y Melilla son Unión Europea, pero España las excluyó del espacio Schengen mediante una declaración incorporada al ratificar el Convenio en 1993. En la práctica, la verdadera línea Schengen no es la valla de El Tarajal: es el Estrecho. Los controles de personas se ejercen en los puertos y aeropuertos de las dos ciudades, antes de embarcar hacia la península. España funciona, de hecho, como un doble filtro que blinda al resto de la Unión —y esa contención es justamente el servicio por el que Europa externaliza y paga—.
Esto importa porque, mientras Ceuta se desbordaba, Italia y Finlandia reclamaban la suspensión de España del espacio Schengen, Francia reforzaba su frontera y Marine Le Pen se sumaba al coro. El ministro italiano Antonio Tajani llegó a proponer el cierre de Schengen. Conviene decirlo con todas las letras: pedir la expulsión de España de Schengen por lo ocurrido en Ceuta es incoherente, porque Ceuta no está en Schengen. Amenazan con echar a España de un club por una frontera que, en este caso, España ya vigila por dentro.
Y conviene precisar quién amenaza: no es «Europa» ni «Bruselas», sino un movimiento de partidos de extrema derecha —Giorgia Meloni, la ministra finlandesa Mari Rantanen, Le Pen—, al que se agrega Tajani. Atribuirlo al continente sería regalarles la coartada de hablar en su nombre.
El que cruzó a nado no se beneficia de estas distinciones. Sea cual sea la geografía legal de la valla, en el relato que se está construyendo ya ocupa un único lugar: el del culpable.
El espejo finlandés
No hace falta imaginar cómo respondería Europa ante una entrada masiva provocada por un vecino hostil: ya sucedió, y con cifras mucho menores. A finales de 2023, Finlandia acusó a Rusia de conducir migrantes hasta su frontera como táctica de guerra híbrida y cerró los pasos; en abril de 2024 selló de forma indefinida los mil trescientos cuarenta kilómetros de linde. El detonante fueron alrededor de mil trescientas personas llegadas desde septiembre —no rusas, sino nacionales de terceros países: sirios, somalíes, yemeníes, iraquíes—, empujadas por Moscú. Mil trescientas. Póngase la cifra al lado de las cincuenta mil de Ceuta.
¿La respuesta de la Unión? Solidaridad sin matices. Finlandia aprobó una ley temporal para denegar la entrada —una excepción al derecho de asilo— invocando la seguridad nacional, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, respaldó la medida y agradeció a los guardias que protegían «nuestras fronteras europeas». Nadie propuso expulsar a Finlandia de Schengen. Nadie habló de «efecto llamada» finlandés. Nadie miró la política interior de Helsinki: la culpa tenía un domicilio claro, y estaba en Moscú.
También allí el migrante fue el instrumento del relato, nunca su interlocutor. La diferencia está en lo que Europa hizo con la culpa.
La culpa tiene domicilio
Con España, el reflejo es el contrario. El Partido Popular Europeo —la familia de Von der Leyen y del comisario que ofrece agentes de Frontex a Madrid— ha ido a por Pedro Sánchez con nombre y apellidos: atribuye la avalancha a la regularización de migrantes y al «efecto llamada», ha pedido un debate de urgencia en el pleno de septiembre y exige responsabilidades a Sánchez por no proteger la frontera exterior, con el argumento de que Europa no puede seguir pagando la inacción española. La vicepresidenta popular Dolors Montserrat reprochó al ministro Albares que confrontara con el Gobierno de Meloni; Feijóo censuró la debilidad de la reacción de Sánchez.
Aquí está la asimetría, y no es la que parece. No es solo solidaridad con Finlandia frente a castigo a España. Es dónde localiza Europa la causa. Cuando el vecino señalado es Rusia, la culpa es del agresor. Cuando el vecino señalado es Marruecos, el PPE la coloca en la política del propio Estado víctima: la regularización, el efecto llamada. Europa externaliza la culpa cuando quien presiona es Moscú y la internaliza cuando quien presiona es Rabat. La misma frontera que es europea para cobrarle a Marruecos se vuelve española para dejar sola a Madrid.
Y hay que añadir dos cosas, por rigor. La primera: ese vínculo entre la regularización y la avalancha se afirma, no se demuestra. Las propias crónicas atribuyen el repunte a una sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones por vía marítima, a factores socioeconómicos y a las mafias, no a un decreto de regularización. La imputación descansa sobre una causa supuesta. La segunda: la ofensiva no cae en el vacío. El PPE de Manfred Weber lleva tiempo acercándose a la agenda de Meloni y arrastra un pulso con Sánchez que precede a Ceuta. La crisis se enchufa a una guerra que ya estaba abierta.
Repárese en el detalle que lo resume todo: la ministra finlandesa Rantanen, quien defendió el cierre de su frontera como legítima defensa frente a la guerra híbrida, es la misma que ahora pide expulsar a España por no proteger la suya. La instrumentalización es agresión cuando la sufre Helsinki y negligencia cuando la sufre Ceuta.
El ausente
Todo lo anterior —Estado víctima, solidaridad o castigo, regularización, efecto llamada— son marcos discutibles. Tienen infinitos matices porque describen a quienes tienen poder: Estados que abren y cierran fronteras, comisiones que reparten fondos, partidos que negocian relatos. Todos ellos pueden defenderse, matizarse, sentarse a discutir.
El que salta la valla, no. Es la única variable fija de toda la ecuación, y es sobre él sobre quien cada relato proyecta la culpa. Cuando un dirigente de Vox afirma que «cada puñalada y cada violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez», no está describiendo un hecho: está atribuyendo por anticipado delitos que aún no existen a una categoría entera de personas. Eso no es un juicio; es su contrario. El «efecto llamada» es la versión con corbata del mismo gesto: convertir al que cruza en el responsable racional del flujo para no tener que mirar a quien lo provoca.
No se trata de idealizar a nadie. Quien cruza y delinque responde ante la ley, caso por caso, como cualquiera. Se trata de una diferencia elemental: entre «este individuo ha hecho esto» y «todos estos traerán aquello» media toda la distancia que separa la justicia del prejuicio. Y basta un puñado de datos para que la caricatura se derrumbe. De los que entraron, unas 25.000 personas ya habían regresado a Marruecos cuando aún se debatía la «invasión». Entre los que llegaron había mujeres y menores, no solo hombres jóvenes en edad de servicio militar. Personas concretas y heterogéneas, no una masa uniforme de futuros culpables.
Ceuta es Europa, en efecto. Lo es cuando Europa paga por su frontera y lo es cuando alguien la cruza a nado. Lo que cambia, según el día, es a quién se le pasa la factura. Y en el escalón más bajo de toda la cadena, sin abogado, sin portavoz y sin escaño, está siempre el mismo: aquel a quien la ecuación da por culpable antes de preguntarle el nombre.
