Dos noticias, casi el mismo día, invitan a un juicio rápido. En una, el Gobierno central anuncia que llevará la inteligencia artificial a la sanidad pública madrileña. En la otra, una constructora levantará un campus de centros de datos en el norte de Madrid.
La lectura cómoda las ordena enseguida: lo público, por el buen camino; lo privado, por el otro. Basta enfrentar las dos cifras para intuir que algo no cuadra en esa moraleja: 12,8 millones de euros públicos para la primera, 1000 millones de capital privado para la segunda.
El que pone la calderilla es el Estado; el que invierte en serio es el mercado. Conviene, pues, desconfiar de la moraleja y mirar despacio las dos iniciativas, porque el reparto de aprobados y suspensos no está donde parece.
La primera: el convenio que mira bien y no pisa suelo
El convenio entre el Ministerio de Sanidad, el de Transformación Digital y la Comunidad de Madrid, canalizado a través de Red.es, destina 12,8 millones a servicios digitales inteligentes en la sanidad madrileña: monitorización remota de patologías crónicas, analítica avanzada, ayuda al diagnóstico, telecuidados. Se inscribe en un programa nacional de 223 millones —139,3 de fondos FEDER y 84,1 del propio Ministerio—, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027. La ministra promete una innovación que llegue a todos los ciudadanos, «vivan donde vivan», y movilizar 223 millones hasta 2029 para una inteligencia artificial «útil, segura y responsable». El ministro de Transformación Digital lo remata: la IA, «como infraestructura de país, es una oportunidad con todas las letras».
Digámoslo sin rodeos: el convenio mira bien. El Estado se postula como agente, invoca la infraestructura de país e incluso gesticula hacia lo que de verdad importa cuando promete «compartir imágenes médicas entre comunidades autónomas». Pero esa frase, leída con atención, es una confesión antes que una promesa: solo tiene sentido comprometerse a compartir si hoy no se comparte.
Y ahí asoma el límite. El convenio financia la aplicación —el diagnóstico, la analítica, los telecuidados— y deja intacto el sustrato: no dice sobre qué máquinas correrá esa inteligencia artificial, ni de quién será el cómputo, ni qué agua y qué energía consumirá, ni cómo se mancomuna y se protege el dato clínico que la alimenta. Peor aún: el vehículo es un convenio bilateral, comunidad por comunidad, que profundiza el silo que la propia ministra dice querer romper. El convenio apunta hacia la soberanía del sustrato. No la construye.
La segunda: Alcobendas, todo suelo y ninguna soberanía
La otra noticia es de signo inverso. Ferrovial invertirá mil millones en un campus de centros de datos en el parque empresarial de Valdelacasa, en Alcobendas, con una capacidad superior a los cien megavatios; la primera fase, bautizada MAD 01, alcanzará sesenta megavatios y algo más de veinte mil metros cuadrados construidos. La Aceleradora de Inversiones de la Comunidad lo ha declarado «Proyecto de Especial Interés», la etiqueta que agiliza la tramitación de las grandes infraestructuras. Se presenta como la consolidación de la región como referencia digital del sur de Europa y, en boca de la alcaldesa, como prueba de que las políticas liberales «atraen empleo, riqueza, innovación».
Importa dejar meridiano por qué este proyecto va por el mal camino, porque la razón no es la que la moraleja fácil supone. No lo es por ser privado, ni por ser un centro de datos: si lo fuera, habría que meter en el mismo saco a la nube pública del Estado, y no procede.
Va por el mal camino por tres motivos concretos. Primero, cede el sustrato al capital: el cómputo, y cuanto se aloje en él, es de Ferrovial y sirve a una demanda global, no soberana. Segundo, su escandallo es opaco justo donde más importa.
El proyecto se anuncia por su inversión y su empleo, pero el coste real de lo que consumirá —el agua y la electricidad— no se desglosa ni se audita; y se omite una partida aún más invisible: el sobrecoste de la infraestructura eléctrica sobrevenida, lo que cuesta llevar cien megavatios hasta la puerta del campus.
Enganchar semejante carga a un nudo ya saturado obliga a reforzar líneas y subestaciones, y no se sabe cuánto de esa factura acaba pagando el promotor y cuánto la absorbe el sistema —y, con él, el resto de los abonados—. Sin ese desglose completo no hay ponderación posible.
Y tercero, jamás alcanzará el blindaje que un sustrato soberano exige, porque no puede: endurecer un centro de datos al nivel de la resiliencia de Estado —la protección electromagnética de los estándares OTAN, la gobernanza criptográfica— dispara el coste de construcción y operación hasta hacerlo inviable para cualquier modelo de negocio privado. No es que el mercado no quiera; es que ese grado de seguridad no tiene retorno, y lo que no tiene retorno el capital no lo levanta.
Esa huella material es el gran ausente del anuncio, y conviene ponerle cifras. La Comunidad de Madrid no oculta su ambición: quiere multiplicar por seis la potencia instalada en centros de datos, pasar de unos cien megavatios a 621 para 2026, con seis mil millones de inversión.
El problema es que esa curva de demanda —continua, inflexible, ininterrumpida— aterriza sobre una red y un territorio en tensión. En España, más del 80 por ciento de los nudos eléctricos están saturados en Madrid, Aragón y Valencia, y el 74 por ciento del territorio es susceptible de desertificación. Un centro de datos proyectado en Talavera de la Reina tendría un pico de 120 litros por segundo, más de la mitad del consumo de la ciudad; en Aragón, el agua que los centros consumen en julio equivale a la de una población de 95.000 personas, y Amazon llegó a solicitar un incremento del 48 por ciento en su dotación hídrica. El precio del suelo industrial se ha multiplicado hasta por cinco en menos de una década.
Y aquí la cifra que lo condensa todo. El campus anuncia medio centenar de empleos directos en su primera fase; el conjunto de la cartera regional —diecisiete proyectos declarados de Especial Interés desde 2023, once de ellos centros de datos— suma cerca de nueve mil millones de inversión para poco más de cinco mil empleos. Mil millones por medio centenar de puestos no es que sea poco empleo: es que el retorno local por litro de agua y por megavatio no se calcula en ninguna parte. No se pondera. Y lo que no se pondera puede presentarse como pura ganancia.
Un solo camino roto
Llegados aquí, la tentación es repartir aprobados y suspensos: el convenio público por el buen camino, el macrocentro privado por el otro. Es una lectura cómoda y es falsa. Ni separa lo correcto de lo incorrecto la titularidad —pública o privada— ni la naturaleza del edificio —los dos son centros de datos—. Lo que de verdad los distingue es hacia dónde miran, y el hallazgo incómodo es que ninguno de los dos pisa el suelo que dice defender.
El convenio tiene intención soberana y ningún sustrato. El campus tiene sustrato y ninguna soberanía. Y basta con unir las dos noticias para ver el abismo. La inteligencia artificial diagnóstica que pagan esos 12,8 millones públicos —los casos de uso, la analítica sobre datos clínicos— ¿sobre qué máquinas va a correr? Sobre nubes de hiperescala, sobre campus como el de Alcobendas. La iniciativa que celebramos acaba alimentando a la que lamentamos. La intención soberana flota, sin suelo soberano donde posarse.
Las cifras enfrentadas dicen el resto: mil millones de capital privado para el sustrato, doce coma ocho de dinero público para la aplicación. El que invierte en grande —en el megavatio, en el metro cuadrado, en la máquina— es el mercado; el que aporta la calderilla emotiva —salud, diagnóstico, detección precoz— es el Estado.
Es la soberanía exactamente del revés. Y no hace falta buscar la prueba lejos: en el mismo acto de Alcobendas, la presidenta madrileña justifica el centro de datos apelando a la Tarjeta Sanitaria Virtual y a las vidas que salva. El mismo registro emotivo, la misma coartada sanitaria, puesta esta vez al servicio del ladrillo privado. El token, otra vez, para no hablar de la central.
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