Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos han expresado su preocupación por los procesos penales abiertos en Chile contra el juez Álvaro Mesa Latorre, presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, por decisiones dictadas en causas sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Según una información publicada por IPS, firmada por Estrella Gutiérrez, los expertos que actúan bajo mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertaron este martes 7 de julio de 2026 de que el uso de la vía penal contra un magistrado por su interpretación jurídica puede afectar a la independencia judicial y al Estado de derecho.
La ONU defiende la independencia judicial en Chile
La declaración pública de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) se refiere a las actuaciones iniciadas contra Mesa Latorre por el contenido de resoluciones adoptadas en procesos vinculados a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros crímenes de lesa humanidad.
Los expertos sostienen que los desacuerdos con las resoluciones judiciales deben canalizarse mediante los recursos previstos en la ley y no mediante procedimientos penales contra jueces. En su criterio, la apertura de causas de este tipo puede generar un efecto disuasorio sobre magistrados, fiscales y abogados que intervienen en procesos de rendición de cuentas por crímenes de la dictadura chilena.
Mesa Latorre cuenta con treinta y un años de carrera judicial y, según la comunicación remitida por los procedimientos especiales de la ONU al Gobierno chileno el 31 de marzo de 2026, ejerce desde 2011 como ministro en visita extraordinaria en causas de derechos humanos.
La causa El Polvorín y la denuncia por prevaricación
El caso se vincula con la denominada causa El Polvorín, relativa a la ejecución de siete militantes comunistas en 1973 en el regimiento Tucapel, en Temuco. Según IPS, en ese procedimiento fueron condenados veintitrés militares en retiro y colaboradores del Ejército por homicidios calificados y apremios ilegítimos.
La denuncia contra el juez fue presentada por la defensa de exagentes del Estado condenados en esa causa. La acusación sostiene que el magistrado habría incurrido en prevaricación por la forma en que valoró la prueba y aplicó estándares de derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional.
Los expertos de la ONU rechazan ese enfoque. Según la comunicación oficial de los procedimientos especiales, la denuncia intentaría convertir en materia penal el uso de doctrinas y estándares internacionales aplicados en Chile durante décadas en causas sobre graves violaciones de derechos humanos, incluidas decisiones respaldadas por tribunales superiores.
Riesgo para los procesos de memoria y justicia
La preocupación de Naciones Unidas no se limita a este caso concreto. Los expertos aluden a un posible patrón de presión e intimidación contra operadores de justicia que participan en causas relacionadas con crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar chilena.
En ese contexto, recuerdan que la inmunidad judicial por actos cometidos de buena fe en el ejercicio de la función jurisdiccional constituye una garantía esencial para proteger la imparcialidad de los jueces frente a presiones externas.
La declaración está suscrita, entre otros, por Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados; Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y miembros del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Para los expertos, cualquier intento de disuadir a jueces, fiscales o abogados de aplicar normas internacionales en casos de graves violaciones de derechos humanos puede debilitar el acceso a la justicia de las víctimas y los procesos de rendición de cuentas.
