Durante treinta años nos enseñaron el fin del mundo en un gráfico. La curva de emisiones, el deshielo, los grados de más: una amenaza real, medible y planetaria que ponía —que pone— en juego el agua, el suelo y la energía. Y, sin embargo, nunca llegó a ser causa común.
Buena parte de la sociedad no la siente inminente: un dato se refuta, se aplaza o, sencillamente, se posterga a un mañana que siempre parece lejano. El fin del mundo por el clima es real, pero es difuso, no tiene rostro ni dirección postal, y contra una amenaza sin rostro cuesta convocar a un vecindario entero.
La inteligencia artificial amenaza exactamente los mismos recursos —el mismo acuífero, la misma red eléctrica, el mismo suelo— pero llega con algo que al cambio climático le faltó: un arquetipo y unas señas. Una nave que se bebe el agua de tu comarca. Un oligarca con nombre y apellidos.
Un demonio detrás del token. Y contra un demonio la gente sí se levanta. Esa es la paradoja de la que arranca todo lo demás: el miedo a la máquina está poniendo a salvo la materia que el miedo al carbono no supo defender. No porque se entienda mejor, sino porque por fin hay a quién señalar.
Enric Juliana lo vio venir, y hay que reconocérselo. En su columna sobre el reino patagónico de Peter Thiel —en La Vanguardia— captó la inquietud que recorre Estados Unidos, nombró al personaje y situó el tablero. Pero cometió los dos errores que este artículo quiere enmendar, y no son menores, porque son los mismos que comete el Estado europeo.
El primero es de perímetro. Juliana no ignora la materia: la deporta. Coloca el frente material en el desierto patagónico —el fracking de Vaca Muerta, los cursos de agua, la refrigeración de los servidores— como si fuera un espectáculo exótico y lejano, y deja fuera de plano lo que tiene debajo de casa: el acuífero del Ebro, la red de alta tensión saturada de solicitudes y el suelo que concede o deniega un plan urbanístico municipal.
El segundo es de frentes.
Juliana visualiza uno solo, el partidista: el mundo MAGA contra los tecnólogos, los demócratas virando a la izquierda. Reduce el agua, el suelo y la energía a decorado de una batalla electoral. Y así, sin quererlo, hace en versión analista lo mismo que hace la industria: desmaterializar.
Corregir esos dos errores obliga a mirar la película entera. Y la película, a un lado y otro del Atlántico, ha girado.
La sala americana
Estados Unidos lleva media película vista. Allí el rechazo a la IA ya no es una intuición: es un cuerpo social organizado. Y hay una razón física detrás de esa ventaja: en Estados Unidos la bestia ya está construida. Los gigantescos centros de datos no son un anuncio ni una maqueta; son naves operativas que ya zumban, ya consumen y ya se beben el agua de condados enteros.
El rechazo americano no protesta contra un proyecto en un folleto: convive con una realidad que puede ver, oír y medir. Se organiza, literalmente, contra el ruido de los ventiladores y contra la factura de la luz.
El movimiento se llama Humans First, en plural, y su primer titular fue una carta. En mayo de 2026, más de sesenta figuras del universo MAGA, con Steve Bannon a la cabeza, pidieron a Trump que examinara y aprobara los modelos de IA más potentes antes de su lanzamiento.
Bannon lleva más de un año agitando una cifra —veintisiete millones de empleos en riesgo en las dos mil mayores empresas— y haciendo teología política de manual: redefine la «élite corrupta» del populismo, que ya no es Wall Street sino los oligarcas tecnológicos. Pero sería un error de bulto —el error de Juliana— presentar el movimiento como criatura exclusiva de Bannon.
La coalición es transversal: progresistas, sindicatos y comunidades de fe firmaron una declaración conjunta de treinta y cuatro principios contra la concentración de poder de la gran IA. Etiquetar ese rechazo como reacción de ultraderecha es regalarle el terreno a la ultraderecha.
Y no es retórica de manifiesto. Es defensa material efectiva. Las protestas contra centros de datos bloquearon o retrasaron setenta y cinco proyectos por valor de 130.000 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2026.
Conviene detenerse en esa cifra, porque Juliana la maneja mal por defecto: atribuye a The Economist 42.000 millones en proyectos cancelados, cuando la propia revista habla de cerca de 100.000 millones frustrados y Data Center Watch documentaba 64.000 millones hasta mediados de 2025.
Curiosa inversión del vicio habitual del periodismo: aquí el analista no exagera, se queda corto. La materia que se defiende en Estados Unidos es mayor de lo que él mismo cuenta.
Y esa oposición no se estabiliza: crece. En el imaginario ciudadano que allí empieza a cuajar, el centro de datos ha dejado de ser una infraestructura neutra para convertirse en el altar donde se oficia el culto al diablo: el lugar físico, con nombre y coordenadas, donde la máquina se bebe el agua, la luz y el suelo del vecino. Esa imagen —el gigacentro como templo del token— es la que ha empezado a viajar hacia Europa, aunque aquí todavía no haya templo que señalar.
Pero la sala americana emite dos señales, no una, y quedarse con una sola sería tan ingenuo como quedarse con el frente partidista de Juliana. La segunda señal apunta en sentido contrario. Mientras la sociedad frena, el Estado —y la oligarquía— pisan el acelerador: dominio, desregulación, despliegue agresivo de la IA en fábricas y oficinas.
La orden ejecutiva que Trump firmó el 2 de junio de 2026 parece, a primera vista, una vacuna estatal; leída de cerca, es otra cosa. Es voluntaria: da al Gobierno acceso a los modelos más potentes hasta treinta días antes de su lanzamiento, pero prohíbe expresamente crear cualquier requisito obligatorio de licencia o autorización previa. Es una petición, no una norma.
Su motivo no son el empleo ni el agua, sino la ciberseguridad: nació del susto de un modelo capaz de explotar vulnerabilidades de seguridad a una velocidad sin precedentes. Y su propio preámbulo es un alarde desregulador —Estados Unidos lidera, dice, porque se niega a ahogar la innovación con regulación excesiva—, hasta el punto de que Trump había pospuesto una versión anterior por temor a frenar a sus empresas.
De modo que lo que Estados Unidos le manda a Europa no es una vacuna, sino la forma del roce: qué ocurre cuando el despliegue va por delante del consentimiento. Lo que se ha llamado «guerra civil» en el mundo MAGA no es ruido de fondo; es la señal misma. A Europa no le llega la victoria de la prevención. Le llega el seguimiento del conflicto.
La sala europea
Europa cree estar viendo otra película. Y su giro, a diferencia del americano, es bifronte.
Por un lado, un reflejo soberano contundente. En los últimos meses, un Estado tras otro ha cerrado el perímetro a Palantir, la empresa de análisis de macrodatos fundada por Thiel con apoyo de la CIA. Francia sustituye a Palantir por la francesa ChapsVision en su servicio de inteligencia interior, en nombre de la negativa a aceptar «nuevas dependencias estratégicas»; la inteligencia alemana ha tomado el mismo camino; el Reino Unido revisa el contrato de Palantir con su servicio de salud y su capital bloqueó un acuerdo con la Policía Metropolitana.
Y España, esta misma semana: la Moncloa ha instruido a las empresas de la SEPI —Telefónica, Indra, Navantia, Correos— para que no firmen nuevos contratos con Palantir, e Interior vetó un acuerdo casi cerrado con la Guardia Civil.
Por otro lado, y al mismo tiempo, un repliegue regulatorio. El Digital Omnibus sobre IA, pactado en mayo y adoptado en junio de 2026, retrasa dieciséis meses las obligaciones sobre los sistemas de alto riesgo —de agosto de 2026 a diciembre de 2027— y las de la IA embebida en productos hasta 2028. Se vendió como«simplificación»; sus críticos lo leen como desregulación silenciosa y concesión a las grandes tecnológicas, y su lógica es explícitamente competitiva: aflojar las reglas para no perder la «carrera de la IA» frente a Estados Unidos y China.
Ese doble movimiento no es incoherencia: es el mapa de una asimetría precisa. Thiel opera con dos instrumentos, y cada uno toca un órgano distinto.
Palantir es el ojo: quiere los datos del Estado —inteligencia, defensa, sanidad, policía—, el sistema nervioso soberano. Los centros de datos y el laboratorio de IA sin reglas son la boca: quieren suelo, agua, energía y vacío legal. Y Europa reacciona de manera opuesta ante los dos.
Contra el ojo, anticuerpos: Francia, Alemania, Reino Unido y España cierran filas por soberanía. Contra la boca, inmunosupresión: el Omnibus ablanda la ley y los mismos gobiernos cortejan a los centros de datos. El continente rechaza el trasplante que leería los datos de sus ciudadanos para el Estado, y acepta el que se bebe el agua de sus ciudadanos para la productividad. Defiende la cabeza y vende el cuerpo.
Conviene no cantar victoria ni exagerar el drama, porque el reflejo soberano tiene sus grietas. El desenganche de Palantir es lento —en Francia, el contrato se había renovado a finales de 2025 y la transición durará años— y, en el caso español, está sobre determinado: llega tras el choque entre Sánchez y Trump por la guerra de Irán, las bases de Rota y Morón y el gasto de la OTAN, de modo que hay en el gesto tanta represalia diplomática como doctrina de soberanía tecnológica.
Además, el veto es sobre contratos nuevos; Palantir conserva los que tiene con Defensa. Aun con todas esas grietas, la diferencia con la boca es abismal: contra el ojo hay reflejo; contra la boca, silencio.
Y aquí está el verdadero paso atrás de Europa, y tiene una causa material antes que política. En Estados Unidos la bestia ya está construida y opera; en Europa todavía es un anuncio. Los gigacentros de datos se presentan aquí como proyectos, envueltos en los parabienes de las inversiones que traen adjuntas —el empleo prometido, las cifras de miles de millones, la fotografía de la primera piedra—. Y contra una maqueta y una rueda de prensa no se manifiesta nadie.
Por eso a Europa le falta lo que Estados Unidos ya tiene: no es que legisle menos —de hecho, ha legislado más que nadie—, es que le falta el anticuerpo social. Quien perimetra y hace visibles los frentes materiales no es todavía un movimiento de masas, sino algún columnista suelto y alguna protesta local —Zaragoza, Villanueva de Gállego—: brotes que anuncian lo que llegará cuando llegue el hormigón.
El anticuerpo existe, pero disperso, sin nacionalizar. Europa no está dormida; está esperando, sin saberlo, a que la bestia aterrice para reconocerla. Cuando el primer gigacentro español pase del folleto al ruido de los ventiladores, la imagen que hoy viaja desde Estados Unidos —el centro de datos como altar del culto al diablo— encontrará por fin su templo, y con él su feligresía de opositores.
El nudo
Que las dos orillas coincidan en algo debería darnos que pensar. Tanto la orden de Trump como los vetos europeos a Palantir se disparan por la misma razón: la amenaza al aparato. Ciberseguridad, datos soberanos, control del sistema nervioso del Estado. Ninguno de los dos gestos se disparó por la amenaza al cuerpo: el agua de las confederaciones, la potencia de la red, el suelo de los municipios, el empleo de la gente.
El patrón es demasiado limpio para ser casual. El Estado se mueve cuando el peligro apunta a su maquinaria; permanece inmóvil cuando apunta a la base material que sostiene a sus ciudadanos.
El miedo abstracto e institucional legisla; el miedo material, no. Por eso la única señal que de verdad importa —la que defiende el acuífero— no baja de los despachos: sube de la calle. Al fantasma material solo le habla, por ahora, quien vive junto a la nave que se bebe su comarca.
El aterrizaje en España: la Magdalena
Para ver esa inmunosupresión europea en estado puro no hace falta cruzar el Atlántico. Basta con haber estado en Santander en junio de 2026.
En el seminario que la Asociación de Periodistas de Información Económica celebra cada año en el Palacio de la Magdalena, la élite financiera española entonó el hosanna del token. El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, lo presentó como una «necesidad de Estado» para no firmar la sentencia de irrelevancia económica de Europa; su country manager lo ofreció como garantía de que no habría despidos; el consejero delegado de Andbank, como el ariete que demolerá el modelo de comisiones; el presidente de MAPFRE lo enmarcó con cautela humanista —«la mejor IA es la que no sustituye la empatía»— sin dejar de celebrar su eficiencia.
Cuatro directivos, cuatro mensajes, un consenso: la IA es el futuro, y ese futuro es urgente y no admite dudas. En toda la jornada, nadie pronunció la única pregunta que importaba: «¿cuánto cuesta?». La conversación transcurrió como si los tokens brotaran del aire. (Lo conté con detalle en el anticipo de este artículo, Dios Salve el Token.)
Porque un token no es una metáfora. Es una unidad de procesamiento que consume electricidad en un servidor físico que necesita agua para no fundirse, alojado en un edificio que ocupa suelo y exige una línea de alta tensión.
Cada consulta de un empleado del BBVA a su asistente, cada análisis de riesgo que ejecuta el algoritmo de Andbank en milisegundos, tiene traducción directa en vatios, litros y metros cuadrados. El Banco Santander—ausente del panel, presente en los datos— ya desarrolla con IA agéntica el 40 por ciento de su código y ha dado acceso a estas herramientas a más de 185.000 empleados. Eso no describe una empresa de servicios financieros con apoyo tecnológico: describe una industria electrointensiva indirecta que nadie llamó por su nombre.
Y aquí Europa enseña la trampa en la que está metiendo el cuello, porque su rendición no es ingenua: es una adicción inducida. Las grandes tecnológicas norteamericanas llevan meses inundando el mercado corporativo con capacidad de cómputo a tarifas que no cubren sus costes.
No es generosidad, es estrategia: subvencionar el acceso para que las organizaciones reconviertan plantillas y anclen su operativa a una dependencia de la que luego resulte imposible salir. Cuando el banco haya desmantelado los equipos que la máquina reemplaza y sus procesos críticos dependan de que el modelo esté encendido, el precio del token subirá a su valor real —un valor que fijan recursos finitos: el silicio al borde de sus límites físicos, un oligopolio de dos o tres fábricas en Asia, una energía sin precio fijo en un mercado europeo tensionado, y un agua que no cotiza en bolsa—.
Es la misma película del tipo de interés al cero por ciento: lo que empezó como acceso barato terminó en dependencia estructural, y la resaca llegó cuando el precio volvió a reflejar la realidad. Europa se deja enganchar al cómputo barato como se dejó enganchar a la deuda barata.
Ahí se cierra el círculo de la asimetría, y se cierra en casa. El mismo Estado que veta a Palantir por depender de un proveedor extranjero en los datos duerme tranquilo mientras su banca ancla toda su operativa a un oligopolio de cómputo de la Costa Oeste. Se veta el ojo y se abraza la adicción de la boca.
Y, sin embargo, el Estado tiene la sartén por el mango sin saberlo: el agua para enfriar los servidores la concede una confederación hidrográfica; la potencia la raciona Red Eléctrica a través de permisos hoy saturados —según datos que el propio Juliana cita, el 30 por ciento de las nuevas conexiones son ya centros de datos—; el suelo lo ordena un plan urbanístico municipal. Los grifos son públicos. Lo que falta no es la llave: es la mano que la gire, y la voz que exija girarla.
Epílogo: el diablo busca su paraíso
Vuelve ahora la Patagonia, pero en su sitio. Porque el destino de Thiel a Buenos Aires no es la historia, como creyó Juliana: es su desenlace. Es lo que hace un demonio cuando lo cercan.
Cercado en las dos orillas —anticuerpos sociales que muerden en Estados Unidos, reflejo soberano que le cierra el ojo en Europa—, Thiel busca el único huésped que no opondrá defensa alguna: uno sin sistema inmunitario y, además, inmunodeprimido por decreto.
A través de su fondo Founders Fund invierte en capturar el gas de Vaca Muerta para convertirlo en electricidad que alimente centros de datos de alta densidad en las llanuras patagónicas, aprovechando sus cursos de agua y su refrigeración natural.
Quiere ensayar allí el sueño de la ciudad sin Estado que ya fracasó en Honduras. Y Javier Milei le ofrece exactamente lo que Europa le niega: acceso total a los datos del Estado sobre sus ciudadanos, tierra sin restricciones para el capital extranjero, centrales nucleares para alimentar las naves, figuras jurídicas para empresas gobernadas solo por IA e impuestos irrisorios.
Haz lo que quieras, compra lo que quieras, experimenta como quieras y paga lo que quieras. La inmunodeficiencia como oferta de Estado.
No sorprende que este hombre haya viajado a Roma a llamar Anticristo al papa León XIV por proponer, en su primera encíclica, «desarmar» la inteligencia artificial, ni que lo acuse de comportarse como agente del comunismo chino.
La angelología tiene su reverso perfecto: para nosotros, el demonio es el token; para Thiel, el demonio es quien se atreve a ponerle límites a la máquina, y ese demonio tiene cara, es el obispo de Roma. La disputa por quién encarna al exorcista ya no es una hipótesis de columnista: se juega, literalmente, entre un multimillonario y un Papa.
Y así volvemos al principio, la gente defenderá su acuífero contra el token con una fiereza que el carbono, difuso y sin rostro, nunca logró convocar, porque al fin le han puesto cara al enemigo. El anticuerpo anti-IA es, sin saberlo, un anticuerpo climático: salva la misma agua que el gráfico de emisiones no supo salvar.
Pero esa defensa corre sobre arquetipo, no sobre comprensión —es espíritu de campanario, defiendo mi comarca, no el planeta—, y por eso es tan eficaz como frágil.
La prueba está en la Patagonia. Allí, en la llanura vacía, no hay comarca que se defienda ni demonio al que nadie haya puesto cara. Por eso Thiel se muda allí. El paraíso del diablo —datos totales, suelo infinito, energía sin freno, ningún límite— es, mirado desde el agua y el suelo, el infierno del cuerpo. Y es el único lugar donde, de momento, nadie se levantará a impedirlo.
