La Delegación del Gobierno en Madrid presentó este lunes 6 de julio 2026 un Plan de Acción contra la Violencia Sexual 2026-2027 en la Comunidad de Madrid, una hoja de ruta con veinte medidas para reforzar la prevención, la protección de las víctimas, la atención especializada y la coordinación institucional.
La iniciativa, según la documentación remitida por la Delegación, responde al aumento de las denuncias por delitos contra la libertad sexual en la región. El plan se estructura en tres ejes estratégicos, seis objetivos y veinte medidas operativas, con evaluación semestral y una mesa técnica de seguimiento.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, vinculó la presentación con el décimo aniversario de la agresión sexual cometida por La Manada en Pamplona. En 2017, primer año con datos comparables, la Comunidad de Madrid contabilizó 368 denuncias por agresiones sexuales con penetración. A cierre de 2025, según los datos citados por la Delegación, fueron 685 denuncias por violación, un incremento del 86 por ciento en ocho años.
Martín sostuvo que esa evolución refleja una mayor sensibilización social y confianza de las mujeres en las instituciones, pero también una cifra que, a su juicio, obliga a «multiplicar» las acciones públicas contra el machismo.
Un plan contra la violencia sexual en Madrid con veinte medidas
El plan es el resultado de un proceso participativo con 53 reuniones y encuentros con entidades sociales, administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, colegios profesionales, expertas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
La sesión de trabajo se celebró el lunes 6 de julio en el Círculo de Bellas Artes y estuvo presidida por la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, y por Francisco Martín. Según la Delegación, acudieron alrededor de medio centenar de participantes en la elaboración del documento, además de nuevas incorporaciones al proceso.
Entre las instituciones y perfiles implicados figuran la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la Secretaría de Estado de Igualdad, la Secretaría de Estado de Justicia, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento de Madrid y entidades especializadas en violencia sexual.
El documento adapta al ámbito madrileño el I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027 del Ministerio del Interior. La adaptación territorial incorpora factores propios de la región, como el peso de la ciudad de Madrid y su área metropolitana, la diversidad municipal, los grandes eventos, el ocio nocturno, los entornos digitales y la necesidad de integrar recursos autonómicos y municipales.
Las denuncias subieron un 5,6 por ciento en 2025
Según el Balance de Criminalidad de 2025 citado por la Delegación, los delitos contra la libertad sexual en la Comunidad de Madrid aumentaron un 5,6 por ciento respecto a 2024, al pasar de 2982 a 3149 hechos conocidos.
Ese aumento se produjo en un contexto de descenso del total de infracciones penales en la región, que bajaron un 1,7 por ciento. En la evolución anual, las agresiones sexuales con penetración crecieron un 3 por ciento y el resto de delitos contra la libertad sexual subieron un 6,3 por ciento.
En el conjunto de España, los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 2,3 por ciento en 2025, por lo que el crecimiento madrileño superó la media estatal. La documentación aportada también cita el informe estatal de 2024 sobre delitos contra la libertad sexual, que situó a Madrid como la segunda provincia con mayor número absoluto de hechos conocidos, con 3212 delitos.
Ese informe, según la Delegación, señala que el 85 por ciento de las víctimas son mujeres y que el 32,5 por ciento de ellas son menores de edad. También indica que el perfil del agresor es mayoritariamente masculino: el 95,4 por ciento de las personas detenidas o investigadas son hombres.
El plan dedica especial atención al ámbito digital. En 2024 se contabilizaron 229 hechos conocidos de ciberdelincuencia sexual en la Comunidad de Madrid, con un incremento del 12,3 por ciento respecto al año anterior y una especial incidencia en mujeres jóvenes de dieciséis a veinte años.
Prevención, protección y atención a las víctimas
El primer eje del plan se centra en la prevención. Incluye campañas públicas sobre consentimiento, violencia sexual, acoso, violencia sexual digital, aplicaciones de citas, difusión no consentida de contenidos íntimos y rechazo del negacionismo de la violencia machista. También prevé una estrategia de contranarrativa frente a la misoginia digital.
En el ámbito educativo, la Delegación plantea reforzar el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, con sesiones sobre igualdad, consentimiento, relaciones sanas, pornografía, ciberviolencia sexual, grooming y detección temprana, especialmente en secundaria y formación profesional.
El segundo eje aborda la protección. La Delegación impulsará una mesa técnica territorial con participación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, instituciones competentes, operadores jurídicos, recursos especializados y entidades del tercer sector. El objetivo será concretar actuaciones, evaluar su ejecución e incorporar nuevas propuestas.
El plan también prevé circuitos de actuación y derivación desde servicios sanitarios, sociales, educativos, laborales, municipales, policiales y judiciales; formación policial específica; coordinación en la preservación de pruebas; conexión con el sistema Onvios; y protocolos de reacción en ocio nocturno, festivales, fiestas populares, grandes eventos, campus, transporte y espacios turísticos.
Refuerzo de la atención y reducción de listas de espera
El tercer eje del plan se centra en la atención a las víctimas de violencia sexual. La Delegación del Gobierno plantea ampliar y reforzar los recursos especializados, especialmente los dirigidos a menores, entre ellos CIASI, Barnahus, centros de crisis veinticuatro horas, redes municipales, atención psicológica y recursos autonómicos y locales.
El documento también prevé revisar el Protocolo VISEM, el procedimiento de asistencia sanitaria urgente y coordinada a mujeres víctimas de violencia sexual en la Comunidad de Madrid, y conectarlo con los recursos estatales. Según el plan, esa revisión deberá garantizar el acceso a datos, la participación efectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la presencia de la Delegación del Gobierno en los espacios de seguimiento y evaluación periódica.
Otra de las medidas consiste en asegurar que toda víctima reciba, desde su primer contacto con cualquier servicio público, información clara, acompañamiento y derivación inmediata a los recursos disponibles de asistencia jurídica gratuita y especializada, atención psicológica, apoyo social y atención sanitaria. El plan precisa que esa atención no debe quedar condicionada a la presentación de denuncia.
La atención incorpora además medidas de accesibilidad universal, con apoyos físicos, cognitivos, comunicativos y personales. El documento menciona intérpretes de lengua de signos, facilitadores, mediadores, lectura fácil y otros recursos para mujeres con discapacidad o necesidades específicas.
El eje de atención incluye fórmulas de proximidad para municipios con menor acceso a recursos, víctimas extranjeras y menores. Estas actuaciones contemplan información clara sobre derechos, interpretación, derivaciones seguras, colaboración con ayuntamientos y atención telemática segura cuando resulte adecuada.
Por último, el plan plantea implantar un sistema de evaluación de la calidad de la atención, con indicadores de tiempos, accesibilidad, satisfacción, resultados de intervención y participación periódica de entidades especializadas. También prevé itinerarios de acompañamiento integral para garantizar continuidad en el apoyo psicológico, social, jurídico, sanitario, educativo y laboral, y evitar la repetición innecesaria del relato de las víctimas o cualquier forma de revictimización institucional.
La Delegación pide la incorporación de la Comunidad de Madrid
Francisco Martín anunció que se dirigirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la Federación de Municipios de Madrid, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid para pedirles que se incorporen al desarrollo del plan.
El delegado afirmó que la Comunidad de Madrid no participó en la fase previa y pidió ahora que sume propuestas y esfuerzos en la ejecución. «Solo todos juntos, instituciones, entidades, profesionales y ciudadanía, seremos capaces de construir una respuesta como la que el terminar con el machismo en nuestra región merece», señaló.
Mesa técnica, seguimiento y evaluación
La implementación del plan se desarrollará de forma secuencial durante tres semestres, con seguimiento continuo, evaluaciones parciales y evaluación final. Según la Delegación del Gobierno, las veinte medidas se concretarán mediante actuaciones calendarizadas, evaluables y adaptadas al ámbito territorial o sectorial correspondiente.
Para coordinar ese despliegue, la Delegación impulsará una mesa técnica de seguimiento con participación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, instituciones competentes, operadores jurídicos, recursos especializados y entidades del tercer sector. El documento contempla también, cuando sea posible, mecanismos de escucha de víctimas.
La mesa técnica tendrá como finalidad concretar actuaciones, evaluar su ejecución, incorporar nuevas propuestas y adaptar el plan a la evolución de la violencia sexual en la Comunidad de Madrid.
Calendario de implementación hasta 2028
La primera fase será de presentación pública e institucional y puesta en común, entre julio y septiembre de 2026. Después, el primer semestre de desarrollo se extenderá entre julio y diciembre de 2026, con una primera evaluación parcial prevista para enero de 2027.
El segundo semestre de desarrollo abarcará de enero a junio de 2027, seguido de una segunda evaluación parcial en julio de 2027. El tercer semestre se ejecutará entre julio y diciembre de 2027.
La evaluación final y la presentación de resultados están previstas entre enero y marzo de 2028, de acuerdo con el calendario recogido en el plan.
