El Sindicato Reformista de Policías (SRP) ha expresado su «más absoluto rechazo» al auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La organización sindical considera que la resolución judicial pone en cuestión «la honorabilidad, profesionalidad y rectitud» de los agentes de la Policía Nacional encargados de la protección de Gómez.
La reacción del sindicato se produce después de que el magistrado acordara la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, además de imponerle medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Según distintas informaciones publicadas tras conocerse el auto, el juez justificó parte de esas medidas por un supuesto riesgo de fuga, llegando a aludir a la posibilidad de que los agentes encargados de la escolta de Gómez pudieran facilitar una eventual salida del territorio nacional. Según confirma El País Esa referencia ha generado una intensa polémica tanto en el ámbito policial como en el político.
El sindicato defiende la profesionalidad de los agentes
En un comunicado difundido el 20 de junio, el SRP sostiene que los funcionarios afectados pertenecen a unidades especializadas que desarrollan su labor bajo protocolos estrictos, supervisión permanente y criterios técnicos orientados a garantizar la seguridad de las altas personalidades del Estado.
La organización sindical afirma que cuestionar la integridad de estos profesionales «sin fundamento sólido» supone un ataque injustificado contra quienes desempeñan una función esencial para el funcionamiento normal de las instituciones democráticas.
Asimismo, recuerda que los agentes de protección desarrollan su trabajo con neutralidad, rigor y plena sujeción a la legalidad, y advierte de que cualquier insinuación sobre una posible colaboración en una hipotética fuga perjudica tanto a los funcionarios afectados como a la imagen del propio Cuerpo Nacional de Policía.
El sindicato también subraya que las denominadas órdenes ilegales dejaron de estar amparadas por el principio de obediencia debida en España desde 1995 y reivindica que los policías «no son moneda de cambio» ni actúan al servicio de intereses partidistas.
Las medidas cautelares adoptadas por el juez
La resolución judicial de Juan Carlos Peinado se conoció el pasado 20 de junio, cuando el instructor acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Además, impuso medidas cautelares a Gómez y Álvarez consistentes en la retirada de sus pasaportes, la prohibición de abandonar España y comparecencias quincenales en sede judicial.
La decisión se adoptó pese a que la Fiscalía había solicitado el archivo de la causa y no había reclamado medidas cautelares. Las restricciones fueron solicitadas por la acusación popular encabezada por la asociación de extrema derecha Hazte Oír, que alegó riesgo de fuga.
El auto también ha suscitado críticas por las referencias a la situación política del presidente del Gobierno y por las menciones a la actuación de los agentes encargados de la seguridad de su esposa. Medios como LaSexta han destacado que la resolución contiene numerosas alusiones a Pedro Sánchez y a la Presidencia del Gobierno.
Marlaska también reclama una respuesta institucional
La controversia no se limita al ámbito sindical. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una queja formal por las afirmaciones contenidas en el auto respecto a los policías que integran la escolta de Begoña Gómez.
Según informó la Cadena SER, el titular de Interior considera que las referencias incluidas por el magistrado constituyen una acusación grave contra la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces que estudie posibles actuaciones dentro de sus competencias.
El SRP pide eliminar o rectificar las referencias a los escoltas
Ante esta situación, el Sindicato Reformista de Policías solicita que las referencias contenidas en el auto respecto a los agentes de la Policía Nacional encargados de la protección de Begoña Gómez sean eliminadas o rectificadas.
La organización considera que las dudas expresadas sobre la actuación de los escoltas generan alarma social y erosionan la confianza ciudadana en instituciones fundamentales del Estado. Por ello, reclama que cualquier valoración sobre la actuación policial se sustente exclusivamente en hechos acreditados y no en interpretaciones que puedan afectar a la credibilidad de los profesionales implicados.
El sindicato concluye que continuará defendiendo la dignidad profesional de los agentes de la Policía Nacional y reclamando el respeto institucional hacia quienes desempeñan funciones de protección y seguridad al servicio del Estado.
