La prestación de ayuda para morir alcanzó en 2025 su cifra más elevada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Según los datos provisionales presentados por el Ministerio de Sanidad, 565 personas recibieron esta prestación el pasado año, mientras que las solicitudes superaron por primera vez las 1200.
El balance coincide con el quinto aniversario de una norma que ha consolidado un nuevo derecho sanitario en España.
Cinco años de la ley de eutanasia en España
La ministra de Sanidad, Mónica García, clausuró este 17 de junio la jornada institucional «Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: Avanzando en derechos», en la que el Ministerio de Sanidad presentó el balance provisional correspondiente a 2025.
Según los datos remitidos por las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, durante el pasado año se llevaron a cabo 565 prestaciones de ayuda para morir. La cifra representa el 0,13 por ciento del total de fallecimientos registrados en España, lo que equivale aproximadamente a una prestación por cada 750 muertes.
El informe provisional refleja además un incremento continuado de las solicitudes desde la aprobación de la ley. Desde su entrada en vigor en 2021, un total de 1668 personas han ejercido este derecho y se han contabilizado 3716 solicitudes de ayuda para morir. De ellas, 1284 se presentaron durante 2025.
La jornada celebrada en Madrid reunió a representantes institucionales, profesionales sanitarios y especialistas para analizar la aplicación de la norma y examinar los desafíos pendientes en su desarrollo territorial.
Diferencias entre comunidades autónomas
Los datos publicados por Sanidad muestran importantes diferencias territoriales en la utilización de este derecho.
Cataluña registró la tasa más elevada de solicitudes de ayuda para morir durante 2025, con 6,14 solicitudes por cada 100.000 habitantes. La cifra supera ampliamente la media nacional, situada en 2,61 solicitudes por cada 100.000 habitantes.
Tras Cataluña se situaron Navarra, con una tasa de 5,41, y el País Vasco, con 5,13 solicitudes por cada 100.000 habitantes. También quedaron por encima de la media estatal La Rioja, Illes Balears, Cantabria, Asturias y Canarias.
Estas diferencias territoriales forman parte de uno de los aspectos más observados por las administraciones sanitarias desde la entrada en vigor de la ley, ya que permiten evaluar el grado de acceso efectivo al procedimiento en cada comunidad autónoma.
Las enfermedades neurológicas predominan entre quienes reciben la prestación
Uno de los datos más relevantes del informe se refiere al perfil clínico de las personas que solicitaron y recibieron la ayuda para morir.
Las patologías oncológicas continúan siendo la causa más frecuente entre quienes presentan una solicitud inicial. Representan el 37 por ciento del total de peticiones registradas durante 2025.
Sin embargo, la situación cambia cuando se analizan las prestaciones finalmente autorizadas y ejecutadas. En ese caso, las enfermedades neurológicas constituyen la principal causa, al representar el 46 por ciento de las prestaciones efectivas.
Entre las 1284 solicitudes presentadas durante el año, las patologías neurológicas supusieron el 31 por ciento del total. No obstante, una vez completado el procedimiento, estas enfermedades pasaron a concentrar casi la mitad de las prestaciones finalmente aplicadas, mientras que las patologías oncológicas descendieron hasta aproximadamente el 30 por ciento.
El dato apunta a una evolución distinta entre los distintos perfiles clínicos durante la tramitación del procedimiento previsto por la ley.
Casi la mitad de los procedimientos concluyeron con la prestación
Durante 2025 finalizaron 1187 procedimientos relacionados con solicitudes de ayuda para morir, independientemente del año en que se hubieran iniciado.
De ellos, 565 terminaron con la realización efectiva de la prestación, lo que representa el 47,7 por ciento del total de procesos concluidos.
El segundo desenlace más frecuente fue el fallecimiento de la persona solicitante antes de completar el procedimiento. Esta circunstancia afectó a 374 casos, equivalentes al 31,5 por ciento de los expedientes finalizados.
Según el informe, el 61 por ciento de estos fallecimientos correspondía a personas con patologías oncológicas. Además, 277 de ellas murieron antes de que la Comisión de Garantía y Evaluación emitiera su informe, tras una media de 32,7 días desde la presentación de la solicitud.
Otros 97 solicitantes fallecieron después de haber obtenido una resolución favorable de la Comisión. En estos casos, las personas ya podían acordar o aplazar la fecha de la prestación, pero murieron antes de que esta llegara a ejecutarse. El tiempo medio transcurrido desde la solicitud alcanzó los 104,9 días.
Denegaciones y revocaciones de solicitudes
El informe provisional también recoge 157 solicitudes denegadas, equivalentes al 13,2 por ciento de los procedimientos finalizados.
La mayoría de estas denegaciones, el 77 por ciento, se produjeron en la fase inicial del procedimiento por decisión del médico responsable.
Por otra parte, 91 procesos concluyeron por revocación voluntaria de la solicitud presentada por la propia persona interesada, lo que representa el 8 por ciento del total.
Estos datos reflejan que no todas las solicitudes culminan con la prestación y que el procedimiento incorpora distintos mecanismos de control, evaluación y reconsideración previstos en la legislación.
España mantiene cifras inferiores a otros países
El Ministerio de Sanidad también incluyó una comparación internacional con otros países que disponen de regulaciones similares.
Mientras que en España la ayuda para morir representó el 0,13 por ciento de los fallecimientos, en Países Bajos alcanzó el 5,96 por ciento, en Canadá el 5,10 por ciento y en Bélgica el 4 por ciento.
Las diferencias también aparecen en el número absoluto de prestaciones. Durante 2025 se contabilizaron 565 casos en España, frente a 16.499 en Canadá y 10.341 en Países Bajos.
Según destacó Sanidad, estos datos sitúan a España en niveles significativamente inferiores a los observados en otros sistemas donde la eutanasia o la ayuda médica para morir cuentan con una implantación más prolongada.
Un derecho consolidado en el sistema sanitario
La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia entró en vigor en 2021 y reconoció por primera vez en España el derecho a solicitar y recibir ayuda para morir en determinados supuestos establecidos por la norma. El procedimiento contempla garantías específicas, supervisión administrativa y la intervención de las Comisiones de Garantía y Evaluación de cada territorio.
Cinco años después de su aprobación, el balance provisional difundido por el Ministerio de Sanidad apunta a un incremento sostenido de las solicitudes y a una progresiva implantación del derecho en el conjunto del sistema sanitario público.
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Eutanasia en España: 565 personas recibieron ayuda para morir en 2025
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La eutanasia permitió a 565 personas recibir ayuda para morir en España durante 2025. Sanidad presenta el balance de cinco años de la ley.
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España registró 565 prestaciones de ayuda para morir en 2025, la cifra más elevada desde la aprobación de la ley. Los datos muestran un aumento sostenido de solicitudes y diferencias relevantes entre comunidades autónomas.
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